Luego de objetar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli que impulsa el Gobierno, Patricia Bullrich puso a disposición de Javier Milei su renuncia a la jefatura de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado. Sin embargo, el Presidente desestimó la propuesta.

Según pudo saber TN, Bullrich ofreció dar un paso al costado durante la conversación privada que mantuvo con Milei este lunes para comunicarle que no iba a acompañar el retiro del pliego de Michelli.

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, comunicó la exministra de Seguridad en sus redes tras la reunión.

Cerca de la legisladora aseguraron que ella mantuvo una conversación “razonable” con el Presidente donde le explicó que no podía ir en contra de sus valores personales. En ese sentido, debido a que esa diferenciación del lineamiento de la Casa Rosada podía generar ruido político, decidió poner a disposición su renuncia.

“Por supuesto, toda persona de bien cuando tiene que darle a conocer al Presidente una posición distinta a la suya pone su renuncia a disposición. El presidente siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración que hice”, ratificó luego la propia Bullrich tras disertar en un foro de ciberseguridad en Mendoza.

Y agregó: “No hay internas, hay una objeción de conciencia. Hoy ha salido con toda claridad una comunicación del mismo partido de que la divergencia en el seno de una fuerza política amplia es importante”.

Los paños fríos del Gobierno para aplacar el ruido de una nueva diferenciación de Bullrich

Pese a que el Presidente no le manifestó ningún reproche, la postura de Bullrich fue leída como un nuevo gesto de autonomía. Semanas atrás, la senadora porteña le había reclamado a Manuel Adorni que presentara inmediatamente su declaración jurada para frenar el desgaste que generaba la causa judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, en Casa Rosada y cerca de Karina Milei evitaron abrir un nuevo frente contra la jefa de la bancada oficialista. Por eso, sostuvieron que en este caso “son miradas que no comprometen el rumbo ni la eficacia de la gestión”.

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“Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades”, aseguró un funcionario que orbita la Secretaría General de la Presidencia.

En sus redes, Bullrich insistió en su compromiso con el Gobierno, y aclaró que “en una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”.

Luego, remarcó: “El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”.

La polémica por el pliego de una jueza que es familiar de un periodista

Pese a que su pliego ya había reunido las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos del Senado, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Javier Milei enviaron un pedido para retirar la postulación de la jueza María Verónica Michelli.

La objeción central gira alrededor de su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.

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Ahora, el retiro del pliego de Michelli deberá ser convalidado en el recinto del Senado con mayoría simple. El objetivo podría complicarse por la negativa de Bullrich y otros bloques aliados como la UCR y el PRO, que ya anticiparon su negativa a dar marcha atrás con el pliego.

La polémica se definirá este próximo jueves 4 de junio, cuando el Senado se reúna para discutir, entre otros proyectos, los más de 70 pliegos para cubrir vacantes judiciales enviados por Mahiques.

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La tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y la Legislatura bonaerense volverá a materializarse en las próximas horas cuando en la Cámara de Diputados provincial se discuta en comisión un proyecto de ley que interviene en la transferencia de recursos a los municipios, producto de la deuda que tome el Poder Ejecutivo. Como dio cuenta este medio, los intendentes instaron a que los fondos que llegarán a los distritos a partir del endeudamiento que se le aprobó a Kicillof sean en su totalidad de libre disponibilidad. Actualmente la ley aprobada establece que un 70% será bajo esta condición, mientras que el 30% restante será ejecutado a través de tres áreas específicas: el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el de Transporte o el Instituto Cultural. Pero la coyuntura económica, según los intendentes, obliga a cambiar los planes.

En este marco, hay dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados bonaerense. Ambos, impulsados por dos sectores del radicalismo, les otorgan a los intendentes la potestad de decidir libremente para qué usar los fondos que vayan a percibir, aunque uno de ellos faculta a una comisión bicameral para que autorice el pago. Esa iniciativa, que lleva la firma del diputado UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, es la que corre con ventaja dentro de la Legislatura y se discutirá este miércoles en la reunión de comisión de Presupuesto.

Pero Kicillof quiere otra cosa. “Se puede hacer más simple”, planteó el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. El funcionario explicó: “La ley tenía previsto que el 70% de los fondos que iban a los municipios fueran de libre disponibilidad y un 30% se asociara a distintos proyectos de algunos ministerios de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que lo que plantea el proyecto es que van a ser de libre disponibilidad, pero que van a estar definidos por una bicameral”. Y sentenció: “Que los fondos sean 100% de libre disponibilidad y por el CUD”.

Bianco apunta a que sean sin la intervención de la comisión bicameral que solo se atañará a monitorear el nivel de deuda del Poder Ejecutivo. El CUD es el Coeficiente Único de Distribución, un índice matemático oficial que utiliza la provincia de Buenos Aires para determinar qué proporción de los fondos de coparticipación recibe cada uno de sus 135 municipios. Es un cálculo anual basado en la población de cada distrito, la superficie territorial, el nivel de prestación de salud, la capacidad de recaudación tributaria y la vulnerabilidad social del mismo, entre otros factores.

“Me parece que esa es la forma más razonable para que los fondos lleguen de manera más equitativa”, consideró Bianco en una conferencia de prensa. Es decir, mediante el CUD y sin participación de legisladores, aclarando —además— que esa es “la posición del Poder Ejecutivo”.

La situación actual vuelve a poner énfasis en la diferencia de criterios entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires y en la tensión con la que transita la relación interpodere, atravesada, además, por la interna del peronismo. Cuando, a fines del año pasado, Kicillof giró el proyecto de ley para solicitar endeudamiento por una suma nominalizada en dólares de USD 3.685 millones, la negociación política derivó en la creación de un fondo destinado a los municipios y la conformación de una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda.

Se acordó que el fondo fuera el equivalente al 8% del total obtenido mediante el endeudamiento, garantizando, además, un monto fijo de $250.000 millones. En lo que respecta a la bicameral, Diputados designó a sus integrantes una vez aprobada la ley. Se nombró a los peronistas Mariano Cascallares, Mayra Mendoza, Carlos Puglielli, Juan De Jesús, Rubén Eslaiman; mientras que de la oposición los elegidos fueron el radical Garciarena y el jefe del bloque PRO, Alejandro Rabinovich. En el Senado aún no hay novedades sobre quiénes integrarán dicha bicameral. La mayoría de ellos, junto a las autoridades de la Cámara baja, Alejandro Dichiara (presidente) y Alexis Guerrera (vicepresidente), recibió a una comitiva de intendentes que fueron a pedirle que los fondos a percibir sean de libre disponibilidad.

El rol que vaya a tener ese ámbito, es decir, la comisión bicameral, es el que se discutirá este miércoles. Los movimientos legislativos son seguidos con atención por los intendentes. Además del proyecto de Garciarena para darle libre disponibilidad a los recursos pero autorizados por la bicameral en cuestión, se suma otra iniciativa de similares características, pero donde la bicameral no interviene en la ejecución de recursos y solo se ata al seguimiento de la deuda y al pedido de información al Ejecutivo referido al endeudamiento. Propone —como quiere el Ejecutivo— que la transferencia de fondos sea automática y mediante el CUD. Lleva las firmas de las diputadas del bloque UCR Radicalismo, Alejandra Lordén, Priscilia Mineaard y su compañero de bancada, Valentín Miranda.

En Diputados responsabilizan a Kicillof de la actual situación y la falta de certezas que tienen los intendentes. Los jefes comunales reconocen que, si bien la creación de un fondo específico fue una demanda sectorial, cuando el proyecto se debatió, “estaba bien” la caracterización que se le dio, solo que “la coyuntura económica cambió en seis meses. Ahora hay muchos distritos que no pueden pagar sueldos ni aguinaldos. Por eso necesitamos darle celeridad”. Un grueso de intendentes aboga por el proyecto que no le da facultad a la bicameral para la autorización en el giro de fondos; sin embargo, y probablemente, la iniciativa que avance este miércoles tiene otras características. Lo explicita su artículo 2 que detalla las atribuciones de la comisión bicameral y remarca una de ellas será “autorizar el pago a cada municipio de los fondos estipulados en el inciso b) del artículo 3 de la ley 15.561″

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El Gobierno nacional oficializó este miércoles una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita la incorporación de nuevos talleres para realizar las inspecciones técnicas y establece que los precios del servicio serán de libre acuerdo entre usuarios y prestadores.

Cómo funcionará el nuevo sistema de revisión técnica

La reforma crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). El objetivo es facilitar el ingreso de nuevos prestadores al sistema y ampliar la oferta de centros habilitados para realizar los controles.

Según la normativa, cualquier Taller de Revisión Técnica (TRT) que cumpla con los requisitos técnicos y de equipamiento podrá solicitar su incorporación. Además, los establecimientos inscriptos estarán habilitados para inspeccionar vehículos particulares y comerciales, tanto de pasajeros como de carga.

La resolución también simplifica los trámites de habilitación. Si la autoridad de aplicación no formula observaciones dentro de los plazos previstos, el taller quedará autorizado provisoriamente para operar hasta que se realicen las auditorías correspondientes.

Tarifas libres y más competencia entre prestadores

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de los valores regulados para la revisión técnica. A partir de ahora, cada usuario podrá acordar el precio del servicio directamente con el taller elegido, en un esquema de libre competencia.

El Gobierno sostiene que esta apertura permitirá aumentar la cantidad de prestadores, reducir tiempos de espera y generar mejores condiciones para los conductores a través de una mayor oferta de servicios.

La normativa también mantiene las exigencias técnicas de control sobre frenos, luces, emisiones contaminantes y otros sistemas de seguridad. Las inspecciones deberán realizarse en un único acto y en un mismo predio, bajo la supervisión de un director técnico responsable.

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Además, se profundiza la digitalización del sistema mediante la emisión del Certificado de Revisión Técnica (CRT) en formato digital, aunque continuará utilizándose una identificación física para acreditar la aprobación del control.

Desde la administración nacional remarcaron que la iniciativa forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno y apunta a modernizar el esquema de revisiones técnicas mediante una mayor participación de prestadores privados.

Otros cambios que incorpora la reforma de la VTV

• Concesionarias e importadores también podrán realizar las revisiones técnicas, siempre que acrediten capacidad técnica suficiente.
• Un mismo taller podrá inspeccionar todo tipo de vehículos, incluidos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.
• Se aplicará un sistema de habilitación más ágil para nuevos prestadores: si no hay observaciones dentro de los plazos establecidos, podrán quedar autorizados de manera provisoria hasta las auditorías posteriores.
• El Gobierno creará una base de datos nacional que concentrará la información y los resultados de todas las revisiones técnicas realizadas por los talleres inscriptos.
• La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar y auditar el funcionamiento de los establecimientos habilitados.
• La reforma no modifica la frecuencia de las revisiones técnicas, cuyos plazos continúan regidos por la normativa vigente.

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