POLITICA
Misiones: La Libertad Avanza busca eliminar un impuesto que se cobra a cada camión que ingresa con mercadería
POSADAS.– La Libertad Avanza (LLA) de Misiones presentó un proyecto de ley para eliminar el polémico sistema por el cual el fisco provincial le cobra anticipo de Ingresos Brutos a cualquier camión que ingresa al territorio provincial.
Estos puestos de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) se asemejan a controles fronterizos y están en los tres límites que la provincia tiene con Corrientes: Ruta Nacional 2, Ruta Nacional 12 y Ruta Nacional 14.
“Queda terminantemente prohibido exigir cualquier pago como condición para ingresar mercadería a la provincia”, indicó el comunicado de LLA-Misiones, sobre el poryecto de Ley presentado por Adrián Nuñez.
Nuñez es el jefe político de LLA-Misiones y vicepresidente de la Legislatura. Su intención es impulsar el tema en la agenda en las sesiones ordinarias que arrancan el próximo 1° de mayo.
Hace una semana, Nuñez, presentó otro proyecto que apunta desarmar el esquema electoral que el Frente Renovador de la Concordia, liderado por Carlos Rovira, utiliza con éxito para ganar elecciones en forma ininterrumpida hace más de 20 años: la Ley de Lemas.
Tanto la eliminación de la Ley de Lemas como ahora esta iniciativa para desarmar el polémico y eficaz esquema tributaria de Misiones, cuentan con aval explícito de la Casa Rosada, le dijo Nuñez a LA NACIÓN.
Misiones es la 8° provincia que más recauda en Ingresos Brutos, y la eficacia de su sistema recaudatorio es tal, que su recaudación iguala a las de Corrientes, Chaco y Formosa juntas por este gravamen, que en cualquier provincia no petrolera explica más del 90% de los ingresos.
Conocido como la “Aduana Paralela”, este régimen es legendario en los ámbitos empresariales, políticos y tributarios que tienen algún vínculo con Misiones, porque no se replica en ninguna de las otras 23 jurisdicciones del país.
Muchas empresas extra zona, generalmente marcas de consumo masivo o proveedoras de insumos como cemento o acero, han cuestionado el sistema y hasta lo han llevado a los tribunales, obteniendo fallos a favor.
Saldos a favor
Misiones es conocida por la enorme acumulación de “saldos a favor” de Ingresos Brutos, que la tienen como la número 1° en el ranking, por lejos, desde hace años.
¿Qué son los saldos a favor? Las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cobran Ingresos Brutos y para percibirlo van realizando cobros por cualquier giro en una cuenta bancaria. A lo que, en el caso de Misiones, se suma los cobros de la “Aduana” por ingresar la mercadería física.
La única forma de achicar este saldo a favor es que el fisco lo devuelva (nunca lo hace en tiempo y forma) o conseguir la “exclusión”, que significa una suerte de permiso por el cual el fisco se abstiene de retener Ingresos Brutos por un tiempo. Misiones es conocida a nivel país por ser muy remisa a dar la “exclusión”.
“Pagás de más, acumulás saldo a favor. Plata tuya que el Estado te retiene. Esa plata inmovilizada no se puede invertir, no se puede usar para contratar personal, no se puede usar para crecer”, sentenció Núñez al explicar el espíritu del proyecto.
En el proyecto de Ley, Nuñez propone que los “saldos a favor” de Misiones se achiquen en más de 10 veces, y que representen no más de el equivalente a un mes (en promedio) de lo que el contribuyente paga en Ingresos Brutos (se tomará el promedio del pago de 6 meses).
El proyecto contempla que si se pasa ese límite, automáticamente el fisco provincial debe otorgar la “exclusión”.
“Esto no es ideología, es legalidad. El estado no puede cobrar más de lo que la ley dice. La aduana paralela y los saldos a favor se tienen que terminar”, concluyó Núñez.
Sin embargo, al ser consultado por LA NACIÓN sobre cómo puede sostener el superávit fiscal de la provincia, terminando con semejante fuente de ingresos, Nuñez admitió que no tenían aún pensado cómo resolver ese dilema.
“Los saldos a favor no son fondo legítimos de la provincia. Si vos lo tenes afectado al gasto operativo estás en serios problemas. No tiene sustento legal. Es exceso de impuesto. Otro tema es la deuda de 14 meses que habrá que ver como lo resolverá la provincia”, indicó Nuñez, en referencia a un estudio que se publicó hace dos años, que indicaba que Misiones tenía acumulado el equivalente a 14 meses en saldos a favor, contra entre 2 y 4 del resto de las jurisdicciones.
Desde el gobierno de Misiones evitaron confrontar con Nuñez, pero uno de los argumentos que esgrimen siempre las autoridades, es que Misiones está castigada con el reparto de la coparticipación federal, por la que tiene una alícuota incluso inferior a Formosa, que tiene menos de la mitad de los habitantes. También recibe menos que Corrientes y Chaco, con menos población.
La coparticipación es una de las reformas pendientes que aguarda el federalismo, con provincias que perderían y otra (como Misiones) que ganarían en un “barajar y dar de nuevo”.
La Constitución de 1994 mandó a hacer una nueva Ley a más tardar en 1996, pero pasaron 30 años y no se resuelve porque la reforma debe contar con el consenso de todas las provincias y aquellas destinadas a perder, no aprueban el debate.
El presidente Javier Milei volvió a introducir esa reforma en uno de los 10 puntos del Pacto de Mayo, que se firmó el 9 de julio de 2024.
“Si me arreglan la Coparticipación yo puedo bajar impuestos y bajar Ingresos Brutos”, le dijo a , en 2017, Miguel Ángel Thomas, considerado el “padre” de la Aduana Paralela.
Una curiosidad es que Adrián Nuñez, que ahora quiere terminar con el sistema, es un abogado experto en temas tributarios y ayudó a municipios de Misiones a creaer regímenes de percepción anticipada de tasas similares a los que ahora quiere terminar.
Conocido por ser implacable también en el cobro de deudas de empresas con la Municipalidad de Posadas, ahora Nuñez es el jefe Libertario en Misiones y está del lado del contribuyente.
“Pagás de más, acumulás saldo a favor. Plata tuya que el Estado te retiene. Esa plata inmovilizada no se puede invertir, no se puede usar para contratar personal, no se puede usar para crecer”, sentenció el abogado de 49 años, que desafía como nunca antes en este siglo al poder de Carlos Rovira y la Renovación misionera.
Martín Boerr,Misiones,La Libertad Avanza,Conforme a,,»Me toman como chivo expiatorio». La exfiscal Fein se defiende de las acusaciones por encubrimiento de la muerte de Nisman,,AFA-gate. Un fiscal general puso en suspenso la maniobra para unificar todas las causa en el juzgado de Campana,,Sin prensa ni transmisión. Karina Milei dio otra señal de apoyo a Adorni y hubo un fuerte operativo para evitar un escrache,Misiones,,“Enojados”. Una jugada de “Chiqui” Tapia con una empresa brasileña destapó una ola de críticas en la cuna de la yerba y un pedido al gobierno de Milei,,»Sentía un pálpito». Un misionero ganó $86 millones con la lotería y usará el dinero para hacerle un regalo a la abuela,,»Cerca de Dios». Carla Pereyra y Diego Simeone en las Cataratas del Iguazú: las mejores fotos y videos
POLITICA
El Gobierno oficializó la reforma de la VTV: habilita nuevos talleres y libera las tarifas del servicio
El Gobierno nacional oficializó este miércoles una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita la incorporación de nuevos talleres para realizar las inspecciones técnicas y establece que los precios del servicio serán de libre acuerdo entre usuarios y prestadores.
Cómo funcionará el nuevo sistema de revisión técnica
La reforma crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). El objetivo es facilitar el ingreso de nuevos prestadores al sistema y ampliar la oferta de centros habilitados para realizar los controles.
Según la normativa, cualquier Taller de Revisión Técnica (TRT) que cumpla con los requisitos técnicos y de equipamiento podrá solicitar su incorporación. Además, los establecimientos inscriptos estarán habilitados para inspeccionar vehículos particulares y comerciales, tanto de pasajeros como de carga.
La resolución también simplifica los trámites de habilitación. Si la autoridad de aplicación no formula observaciones dentro de los plazos previstos, el taller quedará autorizado provisoriamente para operar hasta que se realicen las auditorías correspondientes.
Tarifas libres y más competencia entre prestadores
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de los valores regulados para la revisión técnica. A partir de ahora, cada usuario podrá acordar el precio del servicio directamente con el taller elegido, en un esquema de libre competencia.
El Gobierno sostiene que esta apertura permitirá aumentar la cantidad de prestadores, reducir tiempos de espera y generar mejores condiciones para los conductores a través de una mayor oferta de servicios.
La normativa también mantiene las exigencias técnicas de control sobre frenos, luces, emisiones contaminantes y otros sistemas de seguridad. Las inspecciones deberán realizarse en un único acto y en un mismo predio, bajo la supervisión de un director técnico responsable.
Leé también: El Gobierno anunció que abrirá un registro de talleres particulares que estarán habilitados para hacer la VTV
Además, se profundiza la digitalización del sistema mediante la emisión del Certificado de Revisión Técnica (CRT) en formato digital, aunque continuará utilizándose una identificación física para acreditar la aprobación del control.
Desde la administración nacional remarcaron que la iniciativa forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno y apunta a modernizar el esquema de revisiones técnicas mediante una mayor participación de prestadores privados.
Otros cambios que incorpora la reforma de la VTV
- Concesionarias e importadores también podrán realizar las revisiones técnicas, siempre que acrediten capacidad técnica suficiente.
- Un mismo taller podrá inspeccionar todo tipo de vehículos, incluidos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.
- Se aplicará un sistema de habilitación más ágil para nuevos prestadores: si no hay observaciones dentro de los plazos establecidos, podrán quedar autorizados de manera provisoria hasta las auditorías posteriores.
- El Gobierno creará una base de datos nacional que concentrará la información y los resultados de todas las revisiones técnicas realizadas por los talleres inscriptos.
- La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar y auditar el funcionamiento de los establecimientos habilitados.
- La reforma no modifica la frecuencia de las revisiones técnicas, cuyos plazos continúan regidos por la normativa vigente.
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POLITICA
Reforma laboral: la CGT anticipa posibles conflictos judiciales por la reglamentación del FAL
La reglamentación de la reforma laboral abrió un nuevo debate sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el esquema que modificará el sistema de indemnizaciones en Argentina desde noviembre. En una entrevista con Infobae A las Nueve, el abogado laboralista y representante de la CGT, Gustavo Ciampa, afirmó que el nuevo mecanismo afectará a jubilados y pensionados. El especialista también cuestionó el rol de fondos privados en la administración del sistema y advirtió sobre posibles conflictos judiciales.
Ciampa explicó que el FAL utilizará parte de las contribuciones patronales que hoy financian jubilaciones y pensiones. Según indicó, esos recursos pasarán a cubrir indemnizaciones por despido. “Le sacan parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa personal”, sostuvo el abogado laboralista.
Al mismo tiempo, el representante de la CGT señaló que la Constitución Nacional protege contra el despido arbitrario. En ese sentido, afirmó que la indemnización cumple una función reparadora y disuasiva. “Cuando la indemnización ya no la paga el empleador, sino que la pagan los jubilados y jubiladas, deja de haber disuasión contra el despido arbitrario”, expresó.
Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral
Según precisó Ciampa, las empresas deberán aportar fondos administrados por entidades privadas registradas ante la Comisión Nacional de Valores. El sistema incluirá fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y vehículos de inversión colectiva.
“El decreto reglamentario menciona 30 veces a los fondos comunes de inversión y no menciona derechos de los trabajadores”, afirmó. Además, sostuvo que esas entidades obtendrán ganancias mediante la administración de recursos vinculados a la seguridad social.
Asimismo, el abogado explicó que el empleador continuará obligado a pagar la indemnización. Sin embargo, el dinero saldrá del fondo administrado por la entidad financiera elegida por la empresa. También indicó que el pago podría demorar más que el sistema actual.
“Las empresas cuando despiden tienen cuatro días hábiles para pagar la indemnización”, explicó. Luego agregó que el nuevo esquema prevé otro procedimiento. Según detalló, el fondo contará con cinco días hábiles para depositar el dinero una vez completada la documentación requerida.
En este sentido, Ciampa cuestionó el destino de los intereses generados por esos fondos. “Hay un artículo del decreto que parecería indicar que ese interés lo puede cobrar la empresa”, afirmó durante la entrevista.
Costos laborales y empleo
El abogado laboralista también rechazó el argumento sobre una supuesta “industria del juicio”. Según explicó, los litigios laborales representan un porcentaje bajo dentro del sistema judicial argentino. “Solo el 6% de los juicios tramitan en la justicia laboral”, sostuvo.
Y precisó que apenas el 3% corresponde a conflictos entre empleados y empleadores. “El índice de litigiosidad es menor al 2%”, agregó.
Ciampa vinculó el empleo formal con la situación económica general y no con la reducción de derechos laborales. “Nadie contrata si no vende, nadie contrata si no produce”, afirmó.
Cambios en relaciones laborales
Entre otras cosas, el representante de la CGT también cuestionó otros aspectos de la reforma laboral reglamentada por el Gobierno. Entre ellos, mencionó modificaciones vinculadas a jornadas laborales, banco de horas y contratación de trabajadores independientes.
Según explicó, algunas disposiciones podrían derivar en conflictos judiciales. “Cuando a un trabajador le digan que va a trabajar once horas y no le paguen horas extras, eso es un juicio en puerta”, afirmó.
Ciampa también criticó la figura del “trabajador independiente con colaboradores”, incluida en la normativa. Según sostuvo, el esquema permitirá relaciones laborales sin registración formal. “Permite contratar hasta tres trabajadores sin reconocer relación de dependencia”, afirmó y advirtió que las empresas podrían organizar estructuras con empleados no registrados mediante esa modalidad.
Al mismo tiempo, el abogado señaló que la eliminación de sanciones por empleo no registrado reducirá incentivos para formalizar trabajadores. “Hoy es lo mismo tener trabajadores en blanco o en negro porque ya no hay sanción”, sostuvo.
El antecedente de la construcción y el inicio del sistema
Durante la entrevista surgieron comparaciones entre el FAL y el sistema vigente en la industria de la construcción. Ciampa aclaró que ambos mecanismos presentan diferencias importantes.
Según explicó, en la actividad de la construcción los fondos corresponden directamente al trabajador y pueden cobrarse cualquiera sea la causa de finalización laboral. En cambio, el nuevo esquema solo cubrirá despidos sin causa o acuerdos específicos.
El abogado también recordó que los primeros pagos podrían concretarse recién en mayo de 2027. Y sostuvo que la implementación del sistema resultará obligatoria para las empresas. “Las empresas pueden elegir el agente financiero, pero el sistema es imperativo”, afirmó.
Ciampa confirmó que la CGT mantiene una acción judicial contra la reforma laboral. También consideró posible que jubilados o asociaciones previsionales presenten nuevos reclamos ante la Justicia por el uso de recursos destinados a la seguridad social.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: Bullrich agudizó la interna en LLA y se anticipa una nueva versión de la ley de inocencia fiscal
Patricia Bullrich nunca se sintió atraída por las alcantarillas ni por los semáforos de la Capital. Siempre la atraparon las políticas nacionales y no las pequeñeces locales. Por eso, suponer que ella aspiraba a ser la sucesora de Jorge Macri fue una ingenuidad. De hecho, en estos días no está discutiendo con el actual jefe del gobierno capitalino, sino con el propio presidente de la Nación o, lo que es más grave, con su hermana.
La discordia de Bullrich con los Milei se refiere al caso más notorio y comprobable de injusticia que cometió este Gobierno. Javier Milei nos acostumbró a los periodistas a sus insultos y agravios, pero nunca hasta ahora había tomado represalias contra la familia de un profesional del periodismo. Lo está haciendo con María Verónica Michelli, que tiene el único demérito de ser hermana de la esposa del periodista Hugo Alconada Mon. Con más de 30 años de carrera judicial y académica, la cuñada del periodista fue ya dos veces propuesta como jueza de un Tribunal Oral de La Plata, pero esta vez chocó con el obstáculo insalvable de ser pariente de quien investigó supuestos actos de corrupción con la criptomoneda $LIBRA; las denuncias de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que ventiló en conversaciones telefónicas su propio exdirector, Diego Spagnuolo, y los despilfarros patrimoniales de Manuel Adorni, jefe de Gabinete y protegido de Karina Milei. La hermana presidencial está involucrada también en los otros dos casos en los que hurgó Alconada Mon. Ella es, entonces, la autora intelectual de la arbitrariedad contra una persona de la que ni siquiera se sabe qué piensa políticamente.
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