POLITICA
Hotesur – Los Sauces: las irregularidades bancarias y el presunto lavado detrás de la compra del departamento donde Cristina Kirchner cumple su condena
Tras tantos años, el peritaje ya amarillea, pero mantiene su vigencia. Expone que la operación bancaria con que la empresa Los Sauces SA de la familia Kirchner gestó la compra del departamento de la calle San José 1111 de la ciudad de Buenos Aires, allí donde la expresidenta Cristina Fernández cumple su condena, acumuló múltiples irregularidades, faltantes e inconsistencias, que encendieron las alarmas en los tribunales y dentro del Banco Nación.
El peritaje data de octubre de 2020. Y se enfocó en cómo el 6 de mayo de 2015 se extrajeron $4 millones – unos US$ 450.000 al tipo de cambio entonces vigente- de una caja de ahorro de la entonces jefa de Estado y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y su inmediato depósito en una cuenta de Los Sauces SA.
Ese periplo acumuló múltiples falencias. Entre otras, la operación no tiene la firma del depositante, ni la intervención del cajero del Banco Nación ni de las instancias autorizantes superiores de la entidad bancaria, tampoco contó con documentación de respaldo, y avanzó sin que se detallara el origen de los fondos. Pero no sólo eso: ambas operaciones se desarrollaron sin la presencia de los titulares ni de un apoderado, y sin un pedido escrito de ellos, según el sumario interno que se inició dentro del BNA tras la salida del kirchnerismo de la Casa Rosada y el ascenso al poder de Juntos por el Cambio.
El peritaje, que desde hace años se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py, ahondó en las conclusiones que figuran en el llamado “Informe Final del Instructor” que dentro del Banco Nación se enfocó en cómo fue el procedimiento real que se adoptó dentro de la entidad bancaria en la compra de la unidad funcional 5, segundo piso, de San José 1111.
Los cuestionamientos de los instructores fueron múltiples. Sobre el depósito, por ejemplo, anotaron que carecía de la intervención del entonces cajero, identificado como Lisandro Gauna. Y en el apartado de cargos al personal involucrado agregaron que los comprobantes de caja no llevaban la rúbrica de los titulares ni la de quien autorizó, y que no se integró el origen de los fondos.
La secuencia del 6 de mayo
La autorización de la extracción quedó registrada a las 14:02:52 de aquel miércoles 6 de mayo de 2015. El ticket del depósito en la cuenta de Los Sauces SA lleva la hora 14:04:33 y el de la extracción, 14:04:37, cuatro segundos después. El comprobante de depósito consignó a Cristina Fernández como depositante como si la entonces Presidenta hubiera concurrido en persona a la sucursal bancaria en Río Gallegos. Pero el comprobante registra un hueco: no tiene su firma manuscrita. El de la extracción, tampoco.
Documentos oficiales dan cuenta que la entonces Presidenta no pudo estar ese día en Río Gallegos. ¿Por qué? Porque ese día estuvo en la Casa Rosada. A las 19 horas recibió a Zhao Leji, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, y el embajador de ese país, entre otros miembros de la comitiva, según el Registro de Audiencias. El encuentro tuvo foto y otros testigos, tales como Axel Kicillof y Eduardo “Wado” De Pedro.
Ese mismo día, sin embargo, sí se debitaron $3.959.000 de la cuenta de Los Sauces SA bajo el concepto “cheque de servicio”. Pero allí los instructores del sumario interno detectaron otra irregularidad. ¿Cuál? Comprobaron que ese cheque nunca existió físicamente y que la sucursal Río Gallegos no conservaba un comprobante de la operación.
En rigor, según reconstruyeron los sumariantes, el débito se hizo a última hora, a partir de un mail que alguien de la gerencia de la sucursal Plaza de Mayo envió a las 16:23, que pedía depositar $3.959.000 en la cuenta corriente de una empresa identificada como Pilisar SA, que registró el crédito por ese monto en esa misma fecha. Según el sumario, el destino era la compra de “Certificados de Derivación de Ingresos” (Cedines). Es decir, unos títulos públicos que emitió el kirchnerismo entre 2009 y 2011, y que por aquellos años de cepo cambiario permitían a empresas y personas liquidar divisas en el exterior a cambio de un bono en pesos, como un mecanismo de acceso al dólar paralelo o “dólar papel”.
¿Quiénes están detrás de Pilisar SA? Se trata de una sociedad anónima argentina del sector de electrodomésticos, constituida en 2005 y vinculada al Grupo Newsan que controla el empresario Rubén Cherñajovsky. Opera principalmente en la fabricación y comercialización de heladeras, lavarropas y otros equipos de “línea blanca”, con bajo marcas como Siam, Atma, Philco y Coventry.
El vínculo con el inmueble
Pero allí no se agotan las preguntas. ¿De dónde provinieron los Cedines por U$S 370.000 para la operación inmobiliaria? Fueron cedidos a Los Sauces SA por alguien que se identificó como Emilio Mazzola, por entonces socio y director de Pilisar SA, cuya relación con Cherñajovsky afrontaría momentos turbulentos que derivaron en acusaciones cruzadas que terminaron en la Justicia federal.
En 2020, Mazzola acusó a Cherñajovsky de forzarlo a una venta compulsiva de acciones de Pilisar SA y denunció el vaciamiento de la firma por al menos US$ 35 millones entre 2012 y 2015, los últimos tres años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y Cherñajovsky no se quedó atrás: acusó a Mazzola de haberse robado 1000 heladeras.
Pero ese cruce de acusaciones y denuncias ocurrió después. En 2015, Mazzola colaboró en la operación de compra de San José 1111 con Cedines. Y Los Sauces SA usó esos certificados para pagar por el departamento a Jorge Edmundo Coscia, según la escritura 168 del 11 de junio de 2015. Y a efectos fiscales, en la escritura pública se fijó el precio en $3.344.800, calculados a $9,04 por dólar.
Para darle visos de formalidad, el acta de directorio 24 de Los Sauces SA, del 5 de mayo de aquel año, la certificación del contador Víctor Manzanares y la declaración jurada ante la UIF firmada por la presidenta, Romina Mercado, por entonces fiscal santacruceña e hija de Alicia Kirchner, describieron el ingreso de $4 millones como un aporte irrevocable de la Sucesión de Néstor Kirchner, integrado mediante acreditación bancaria. Pero también allí detectaron inconsistencias y faltantes los sumariantes: los extractos reflejaron una extracción con tarjeta y un depósito en efectivo.
Eso no fue todo. Los estados contables al 31 de diciembre de 2015 de Los Sauces SA tampoco consignaron ese aporte en el patrimonio neto, que permaneció en $2.234.400. En su lugar figuró un aumento de $6.427.106,97 en “cuentas particulares de socios”, monto que coincidía con los créditos que los accionistas -por la entonces Presidenta y sus hijos- declararon en Bienes Personales.
Visiones encontradas
Los peritos de la defensa, cabe remarcar, sostuvieron que la operación fue legal. Destacaron que el 6 de mayo de 2015 había fondos suficientes en la cuenta corriente de Los Sauces SA. Se apoyaron en el propio informe del instructor del BNA y en el crédito registrado en la cuenta de Pilisar SA, aunque admitieron que las operaciones no podían identificarse contablemente.
Más críticos fueron los peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF). Señalaron que la falta del Libro Diario posterior al 31 de diciembre de 2014 les impidió trazar contablemente el origen de los fondos y que algunas operaciones pudieron hacerse en efectivo. Infirieron que el dinero provenía de aportes de los socios, aunque aclararon que su análisis se limitaba a la procedencia inmediata.
El peritaje sobre cómo ingresó el departamento de San José 1111 al patrimonio de los Kirchner se desarrolló, cabe aclarar, en octubre de 2020, cuando los argentinos lidiaban con la cuarentena por la pandemia de Covid-19 que impuso el entonces presidente Alberto Fernández, que accedió al poder con Cristina Fernández de Kirchner como compañera de fórmula.
En junio de 2022 y siendo vicepresidenta, Fernández de Kirchner invocó a Newsan como ejemplo virtuoso para reclamar más intervención y regulación en las importaciones, en defensa de la industria local. Pero calló el rol que el conglomerado de Cherñajovsky había tenido antes en la compra de su departamento. Tres años después de aquel elogio, la exmandataria comenzó a cumplir allí su prisión domiciliaria por el “caso Vialidad”.
Pero la compra del departamento en San José 1111 registró otras derivaciones en la unidad antilavado (UIF), que emitió un reporte, en los tribunales y dentro del Banco Nación. En Comodoro Py, el entonces juez federal Claudio Bonadío llegó a indagar y procesar a cuatro empleados de la entidad bancaria.
Ante la consulta de , en tanto, desde el Banco confirmaron que la entidad “sustanció oportunamente actuaciones sumariales originadas a partir de observaciones formuladas por la Auditoría de la Institución respecto de determinadas operatorias bancarias registradas en la Sucursal Río Gallegos”, centradas en “la modalidad bajo la cual determinadas operaciones fueron instrumentadas y documentadas”.
En ese sentido, los auditores verificaron “apartamiento respecto de los procedimientos internos vigentes en materia de instrumentación, documentación y control de operaciones bancarias”, por los que el Banco asentó “apercibimientos” y “llamados de atención” en los legajos de empleados, en tanto que el entonces gerente de la sucursal, Rolando D’Avena, ya había sido desvinculado, por otra causa. “De haber continuado prestando servicios en el Banco”, indicaron desde la entidad, “habría resultado pasible de la aplicación de una severa medida disciplinaria”.
Ahora, dos empresas de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces, concentran la acusación sobre presunto lavado de activos provenientes de la corrupción en el juicio oral que comenzó estre viernes. Cinco empleados del Banco que en Río Gallegos gestionaron aquella operación, D’Avena, Marcelo Mazú, Raúl Avarese, Lisandro Gauna y Mónica Liliana Romero, figuran entre los acusados.
Hugo Alconada Mon,Ignacio Grimaldi,Conforme a
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado nacional Juan Grabois coincidieron durante el cierre del Foro hacia un nuevo Plan de Desarrollo Humano Integral, que se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Así, ambos enfatizaron la necesidad de articular una propuesta política frente al gobierno de Javier Milei.
La presentación estuvo a cargo de la ex legisladora porteña Ofelia Fernández y reunió a dirigentes, especialistas y representantes de distintos sectores sociales y políticos. Durante la jornada hubo 19 mesas temáticas simultáneas, dedicadas a debatir desafíos vinculados con el desarrollo, la producción, el trabajo, la soberanía y las políticas públicas.
En el cierre, Kicillof planteó que el objetivo político debe ser disputar el rumbo del país. “Hay que terminar con la ultraderecha en la Argentina, con este experimento. La convocatoria es construir esta alternativa”, afirmó ante el auditorio.
En este sentido, el mandatario respaldó el enfoque del Foro y ubicó el desarrollo humano integral como eje de una agenda futura. “Hay un acierto en el desarrollo humano integral, el foco es la gente”, sostuvo.
A continuación, vinculó esa definición con las condiciones materiales y estratégicas que, según expuso, requiere el país. “El desarrollo es generar condiciones, requiere industrialización y posicionamiento geopolítico, para la felicidad del pueblo”, consideró.
Kicillof también puso el acento en la distribución de los recursos y en una perspectiva federal. “La clave está en que necesitamos distribuir para crecer. Creo que esa perspectiva de desarrollo humano integral debe ser federal y profundamente soberana”, destacó.
En línea con esto, cuestionó la centralidad que adquirió el análisis de la figura presidencial dentro de la dirigencia política. “Los políticos nos hemos enfocado en entender a Milei, de lo que se trata es de ganarle”, expresó.
Luego vinculó esa disputa con la construcción de un proyecto colectivo al manifestar que “las nuevas canciones no van a venir a cantarlas un cantautor internacional, las va a escribir el pueblo, están en este libro, es un proyecto”.
Antes de la exposición del gobernador, Grabois le entregó el libro Perspectivas estratégicas, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. La publicación reúne propuestas programáticas que surgieron de ese espacio y fue presentada como un aporte para ordenar una discusión sobre políticas de largo plazo.
De este modo, el dirigente de Argentina Humana se refirió a la relación política con Kicillof y a las conversaciones para avanzar en una construcción común. “Con Axel estamos construyendo un camino, donde hay condicionalidades, y yo creo que va a ser fácil, nos vamos a poner de acuerdo”, afirmó.
Por este motivo, el diputado remarcó que la unidad interna resulta un requisito previo para ampliar un frente político. “No hay un frente político que podamos construir con otros actores si no podemos suturar primero las heridas del peronismo”, sostuvo al agregar que “raíces históricas e imaginación política son parte de un mismo proceso”.
Durante su intervención, Grabois definió a Milei como un “influencer del mal” y convocó a impulsar un “humanismo que combate y se toma en serio lo que quiere”. Según planteó, esa perspectiva debe ofrecer una respuesta al rumbo económico y social que atribuyó al actual Gobierno nacional.
“El Estado está para crear condiciones de posibilidad para que nuestra gente pueda encontrar su camino a la felicidad y una salida a este pozo suicida al que nos quiere llevar este modelo deshumanizador. Esa es nuestra tarea”, señaló el legislador.
En ese marco, contrapuso la planificación estatal a lo que caracterizó como un “libertinaje autoritario y oligárquico”. “Recuperar la planificación es recuperar la agencia humana. Porque si un pueblo no planifica, la planifican otros, la planifican las minorías privilegiadas”, afirmó.
En ese momento, Fernández intervino en la presentación y planteó que la discusión no debe limitarse a la defensa de estructuras estatales. “No podemos haber venido a este mundo a defender ministerios”, expresó. Además, planteó que la dirigencia debería construir un discurso capaz de movilizar y de ofrecer una expectativa concreta hacia adelante.
También se refirió a la crisis de las reglas vigentes y a la posibilidad de que ese escenario habilite nuevas respuestas. “¿Que se rompan esas reglas no puede ser una oportunidad para la Argentina? Ese derrumbe podría significar algo bueno. A esa misma velocidad, construir. Que el futuro no sea algo abstracto, sino ideas claras”, sostuvo.
La convocatoria reunió debates en torno a una eventual plataforma para las próximas elecciones. Las 19 mesas de trabajo buscaron integrar diagnósticos sectoriales y propuestas en un programa alternativo al modelo libertario, con participación de referentes políticos, organizaciones sociales y otros actores vinculados a la discusión sobre el futuro del país.
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POLITICA
Lorenzetti habló del fallo sobre Cristina Kirchner y pidió cubrir las vacantes en la Corte Suprema
A más de un año de la condena contra la expresidenta, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti afirmó que el tribunal no analizó la constitucionalidad de la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y reclamó cubrir las dos vacantes que mantienen al máximo tribunal con tres integrantes.
El magistrado se refirió al expediente contra la expresidenta, al funcionamiento de la Corte y a los límites de los pedidos de juicio político contra magistrados. También explicó el alcance de la decisión vinculada con la Ley de Tierras.
Al ser consultado en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos, sobre la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y las discusiones sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos, Lorenzetti evitó emitir opinión sobre una decisión del propio tribunal. Sin embargo, precisó cuál fue el alcance de la intervención de la Corte en ese expediente.
Según explicó, la causa llegó al máximo tribunal mediante una queja luego del rechazo de un recurso extraordinario. La Corte desestimó esa presentación por falta de fundamentación y, por ese motivo, no avanzó en una revisión de fondo.
“El tribunal oral resolvió, en el tema de Vialidad, tomó una decisión. Esa decisión después fue respaldada por la Cámara de Casación. Ahí está el doble conforme que se requiere y la Corte recibió un recurso denegado, o sea, solo una queja”, señaló Lorenzetti.
El magistrado remarcó que la decisión de la Corte se limitó a esa presentación. “En esa queja, que es un modo muy estrecho, es decir, no analizamos el fondo, la Corte lo resolvió por falta de fundamentación, es decir, no estaba bien fundado. Eso lo puede leer cualquier persona y hasta ahí llegamos”, sostuvo.
También indicó que la Corte no trató la cuestión de la inhabilitación perpetua, una pena prevista en el Código Penal que fue dispuesta junto con la condena de prisión. “En esas sentencias, lo que llega a la Corte no está planteado ese tema”, afirmó al referirse a la posibilidad de que Fernández de Kirchner compita en elecciones.
Sobre el debate jurídico alrededor de una eventual inconstitucionalidad de la sanción, agregó: “Lo que se habla es si se plantea la inconstitucionalidad o no de esa inhabilitación perpetua en relación a una pena de prisión más acotada, que no es perpetua. Ese es un tema, pero en la Corte no se trató ese tema”.
Asimismo, frente a las expresiones políticas que definen a la expresidenta como proscripta, Lorenzetti separó el plano político del jurídico. “No me parecen mal las discusiones políticas. Que cada sector tenga sus argumentos y los use y luche por lo que cree que es bueno. Eso está bien en una democracia”, planteó. Sin embargo, aclaró: “Jurídicamente es otra cuestión. Nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho, a la Constitución”.
Las vacantes en el máximo tribunal
En la misma entrevista, Lorenzetti reclamó completar la integración de la Corte. La ley fija cinco miembros, pero el tribunal funciona con tres luego de las vacantes que dejaron Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
“El presidente tiene que enviar esos pliegos, tomar esa decisión y después tiene que haber un Senado con dos tercios que lo apruebe”, dijo. Consideró que la falta de acuerdos para cubrir los cargos es un déficit que se mantuvo durante distintos gobiernos.
El ministro planteó que la actual conformación exige mayor esfuerzo para alcanzar decisiones, dado que la mayoría requerida también es de tres votos. Aclaró que su preocupación central no está en el volumen de trabajo, sino en la concentración de atribuciones.
“Tres personas que decidimos de todo es demasiado poder para tres personas y tiene que haber diversidad también”, señaló. “Yo nunca me quejo de trabajo porque siempre trabajé y los temas salen. Pero tres personas que decidimos de todo, es demasiado poder para tres personas”, agregó.
Lorenzetti consideró positiva la incorporación de mujeres a la Corte. “Dentro de esa diversidad, la diversidad de género es buena. Por supuesto que sería bueno que incorporen mujeres”, afirmó, aunque aclaró que la decisión sobre las candidaturas corresponde al Poder Ejecutivo y su aprobación al Senado.
El juez se mostró cauto ante la posibilidad de ampliar el número de integrantes del tribunal. Advirtió que una modificación de ese tipo podría generar incertidumbre sobre los criterios judiciales. “Si la Corte fija un criterio y se dicta una ley para ampliarla y después demora lo que está demorando para cumplirlo, vamos a estar un año, dos años, tres años sin saber cuál es la jurisprudencia de la Corte”, sostuvo.
La Ley de Tierras y el límite de los juicios políticos por sentencias
Sobre la decisión vinculada con la Ley de Tierras, Lorenzetti rechazó que la Corte se haya pronunciado sobre la validez de esa norma, sobre el decreto de necesidad y urgencia cuestionado o sobre la venta de recursos naturales.
Explicó que el expediente llegó al tribunal dentro de procesos colectivos que discutían medidas cautelares. En una de las causas, la Corte rechazó una presentación de excombatientes de Malvinas por falta de legitimación, al concluir que no habían acreditado una representación jurídica directa para impulsar el reclamo.
“Primero, la Corte no opinó sobre la Ley de Tierras”, afirmó. “Acá todo es precario. No estamos hablando ni de la Ley de Tierras, que no llegó a la Corte, no estamos hablando del DNU ni de una ley. Estamos hablando de una medida cautelar, que es algo muy precario, y de un DNU, que también lo es”.
El juez explicó que el tribunal resolvió primero la situación de la asociación de excombatientes. “Nosotros tenemos mucho respeto por los excombatientes de Malvinas, porque toda la sociedad los respeta. Pero en este caso dijimos que no tiene una relación directa de representación jurídica respecto a este tema. Entonces, se rechazó por falta de legitimación. Punto, ninguna otra valoración”, sostuvo.
Lorenzetti indicó que luego se trató una segunda causa, que había quedado sin resolución de fondo porque se había acumulado al primer expediente. En ese caso, él y Horacio Rosatti votaron por dictar una cautelar, con el argumento de que existía una cuestión ambiental y que la acción no había tenido tratamiento previo. Carlos Rosenkrantz mantuvo una posición distinta.
“La Corte nunca puede ser pensada como alguien que vende tierras o que está en contra de los recursos naturales, porque nosotros hemos defendido los recursos naturales siempre”, afirmó. Como antecedentes, mencionó las decisiones sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Ley de Glaciares y otros fallos ambientales.
Por otra parte, Lorenzetti cuestionó los pedidos de juicio político contra jueces que se originan en desacuerdos con el contenido de sus sentencias. El planteo surgió al hablar del debate por la baja de la edad de imputabilidad y de los reclamos contra una magistrada que cuestionó una norma.
“La ley prohíbe hacer un juicio político a un juez por la sentencia”, afirmó. “Si hay otras conductas, sí, pero por la sentencia, no. Porque además la sentencia de un tribunal se apela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se apela y otro tribunal la corrige, que es lo que pasó”.
Para el ministro, utilizar el juicio político como respuesta a una decisión jurisdiccional afecta la independencia judicial y la división de poderes. “No es que cada cosa que no nos parece bien tenemos que tumbar el sistema”, sostuvo.
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POLITICA
Los fallos anteriores de los jueces de Hotesur – Los Sauces: la “ruta del dinero K”, los bolsos de López y Oil Combustibles
El viernes pasado comenzó el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por el presunto lavado de dinero de empresarios cercanos al poder a través de sus hoteles. No es la primera vez que los jueces de Hotesur-Los Sauces juzgan denuncias contra figuras del kirchnerismo. Los antecedentes de los miembros del tribunal también incluyen casos como el de los bolsos de José López en el convento, los documentos de un auto atribuido a Amado Boudou, el memorándum con Irán y el dólar futuro, entre otros.
Según la reconstrucción de a partir de sentencias, resoluciones y registros públicos, los jueces del tribunal a cargo de Hotesur – Los Sauces decidieron condenas a exfuncionarios kirchneristas, absoluciones de empresarios cercanos a ese espacio, y un sobreseimiento de la propia expresidenta que luego fue revocado.
El tribunal del juicio Hotesur – Los Sauces es presidido por José Antonio Michilini. Completan la tríada Adriana Palliotti, titular del Tribunal Oral Federal 5, y Fernando Machado Pelloni.
Michilini integró el primer tribunal de la causa por el Memorándum con Irán. Absolvió a Cristina Kirchner y al resto de los acusados. En ese entonces, los tres jueces entendieron que no hubo delito en la firma de ese acuerdo. Ese fallo fue recurrido ante la Cámara de Casación, que con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocó la absolución. El caso llegó hasta la Corte, que dejó firme ese fallo y ordenó hacer un nuevo juicio.
Meses antes, sin embargo, Michilini había rechazado cerrar otra causa contra la expresidenta. Formó parte de la mayoría que negó el sobreseimiento de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el resto de los acusados en el caso del dólar futuro. Fue la Casación la que, en abril de 2021, los sobreseyó a todos. La Corte Suprema dejó firme esa decisión en diciembre de 2024.
Su historial incluye además otras decisiones adversas a exfuncionarios kirchneristas. En 2017 votó en disidencia para condenar a Amado Boudou por la presunta adulteración de documentos en la transferencia de un auto. Sus otros dos colegas lo sobreseyeron.
En junio de 2019, condenó a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito al exsecretario de Obras Públicas José López, y ordenó decomisar los US$8.982.047 que el exfuncionario intentó esconder en un convento de General Rodríguez para destinarlos a los hospitales Garrahan y Gutiérrez.
Como integrante del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, condenó a Alberto Samid a 4 años de prisión efectiva por haber integrado una asociación ilícita que evadió impuestos en el negocio de la carne. Y en diciembre de 2024 leyó el veredicto que condenó por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado a los allegados de Marcelo Balcedo, extitular del gremio SOEME.
Palliotti es la única del actual tribunal al frente del juicio Hotesur – Los Sauces que ya votó en este expediente, y lo hizo en minoría. En 2021 se opuso a que se devolvieran a la familia Kirchner el control de las sociedades intervenidas, y sostuvo entonces que el juicio era “el único escenario para establecer con certeza las consiguientes responsabilidades penales de los imputados y de esa manera definir el destino final del patrimonio”.
En noviembre de ese año fue la única que votó en contra de sobreseer a Cristina Kirchner y a sus hijos sin juicio. Calificó los planteos de las defensas como “meras reiteraciones de planteos intentados y resueltos en instancias anteriores”. Dos años más tarde, la Casación reimpulsó la causa.
En febrero de 2021, desde el TOF 4, Palliotti integró el tribunal a cargo de la causa conocida como “la ruta del dinero K”. En esa oportunidad, condenó a Lázaro Báez, entre otros acusados. En su voto, escribió que “los fondos se originaron principalmente a través de los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial”.
Ese argumento es similar al que la acusación sostiene ahora: que el dinero que circuló por los hoteles y propiedades de la familia Kirchner vendría de la obra pública adjudicada a Báez, que vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados junto a la expresidenta.
En diciembre de 2018 votó para excarcelar a Boudou. Esa decisión aclaraba que el exvicepresidente debía cumplir con la obligatoriedad de uso de una tobillera electrónica. Pese a eso, la Casación revocó esa decisión y el exvicepresidente volvió a prisión.
El tercer integrante del tribunal de Hotesur – Los Sauces es Machado Pelloni, quien también debió juzgar a exfuncionarios kirchneristas y empresarios cercanos a ese espacio político. Formó la mayoría que condenó a Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, a 4 años y 8 meses por el caso Oil Combustibles, en el que se investigó una presunta retención indebida de unos 8.000 millones de pesos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) .
Ese fallo también decidió absolver a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, presentes en este nuevo juicio de Hotesur-Los Sacues. Según su criterio, no se había probado que los empresarios hubieran actuado en connivencia con el funcionario y que el deber de cuidar los intereses del Estado recaía en el administrador federal. La Corte Suprema prevé revisar ese fallo antes de fin de año.
López y De Sousa están entre los acusados en Hotesur – Los Sauces. Es decir, uno de los jueces que deberá evaluar si López y De Sousa participaron en una maniobra de lavado con la familia Kirchner es el mismo que, cinco años atrás, concluyó que no se había probado su connivencia con un funcionario kirchnerista en otra causa. En el actual expediente, la fiscalía sostiene que el dinero de los impuestos que Oil Combustibles no pagó llegó a la familia Kirchner a través de alquileres.
En los últimos meses, Machado Pelloni integró tribunales que impusieron otras penas. En julio condenó a los integrantes de la llamada “mafia de los contenedores”, por un contrabando con un perjuicio fiscal de al menos US$4,5 millones. En septiembre condenó a 24 años a Eva Pereyra, “la Tía Eva”, líder del Templo Filadelfia, por trata y reducción a la servidumbre.
Ignacio Grimaldi,Conforme a
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