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Hotesur – Los Sauces: las irregularidades bancarias y el presunto lavado detrás de la compra del departamento donde Cristina Kirchner cumple su condena

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Tras tantos años, el peritaje ya amarillea, pero mantiene su vigencia. Expone que la operación bancaria con que la empresa Los Sauces SA de la familia Kirchner gestó la compra del departamento de la calle San José 1111 de la ciudad de Buenos Aires, allí donde la expresidenta Cristina Fernández cumple su condena, acumuló múltiples irregularidades, faltantes e inconsistencias, que encendieron las alarmas en los tribunales y dentro del Banco Nación.

El peritaje data de octubre de 2020. Y se enfocó en cómo el 6 de mayo de 2015 se extrajeron $4 millones – unos US$ 450.000 al tipo de cambio entonces vigente- de una caja de ahorro de la entonces jefa de Estado y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y su inmediato depósito en una cuenta de Los Sauces SA.

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Ese periplo acumuló múltiples falencias. Entre otras, la operación no tiene la firma del depositante, ni la intervención del cajero del Banco Nación ni de las instancias autorizantes superiores de la entidad bancaria, tampoco contó con documentación de respaldo, y avanzó sin que se detallara el origen de los fondos. Pero no sólo eso: ambas operaciones se desarrollaron sin la presencia de los titulares ni de un apoderado, y sin un pedido escrito de ellos, según el sumario interno que se inició dentro del BNA tras la salida del kirchnerismo de la Casa Rosada y el ascenso al poder de Juntos por el Cambio.

El peritaje, que desde hace años se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py, ahondó en las conclusiones que figuran en el llamado “Informe Final del Instructor” que dentro del Banco Nación se enfocó en cómo fue el procedimiento real que se adoptó dentro de la entidad bancaria en la compra de la unidad funcional 5, segundo piso, de San José 1111.

Los cuestionamientos de los instructores fueron múltiples. Sobre el depósito, por ejemplo, anotaron que carecía de la intervención del entonces cajero, identificado como Lisandro Gauna. Y en el apartado de cargos al personal involucrado agregaron que los comprobantes de caja no llevaban la rúbrica de los titulares ni la de quien autorizó, y que no se integró el origen de los fondos.

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La secuencia del 6 de mayo

La autorización de la extracción quedó registrada a las 14:02:52 de aquel miércoles 6 de mayo de 2015. El ticket del depósito en la cuenta de Los Sauces SA lleva la hora 14:04:33 y el de la extracción, 14:04:37, cuatro segundos después. El comprobante de depósito consignó a Cristina Fernández como depositante como si la entonces Presidenta hubiera concurrido en persona a la sucursal bancaria en Río Gallegos. Pero el comprobante registra un hueco: no tiene su firma manuscrita. El de la extracción, tampoco.

Documentos oficiales dan cuenta que la entonces Presidenta no pudo estar ese día en Río Gallegos. ¿Por qué? Porque ese día estuvo en la Casa Rosada. A las 19 horas recibió a Zhao Leji, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, y el embajador de ese país, entre otros miembros de la comitiva, según el Registro de Audiencias. El encuentro tuvo foto y otros testigos, tales como Axel Kicillof y Eduardo “Wado” De Pedro.

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Ese mismo día, sin embargo, sí se debitaron $3.959.000 de la cuenta de Los Sauces SA bajo el concepto “cheque de servicio”. Pero allí los instructores del sumario interno detectaron otra irregularidad. ¿Cuál? Comprobaron que ese cheque nunca existió físicamente y que la sucursal Río Gallegos no conservaba un comprobante de la operación.

En rigor, según reconstruyeron los sumariantes, el débito se hizo a última hora, a partir de un mail que alguien de la gerencia de la sucursal Plaza de Mayo envió a las 16:23, que pedía depositar $3.959.000 en la cuenta corriente de una empresa identificada como Pilisar SA, que registró el crédito por ese monto en esa misma fecha. Según el sumario, el destino era la compra de “Certificados de Derivación de Ingresos” (Cedines). Es decir, unos títulos públicos que emitió el kirchnerismo entre 2009 y 2011, y que por aquellos años de cepo cambiario permitían a empresas y personas liquidar divisas en el exterior a cambio de un bono en pesos, como un mecanismo de acceso al dólar paralelo o “dólar papel”.

¿Quiénes están detrás de Pilisar SA? Se trata de una sociedad anónima argentina del sector de electrodomésticos, constituida en 2005 y vinculada al Grupo Newsan que controla el empresario Rubén Cherñajovsky. Opera principalmente en la fabricación y comercialización de heladeras, lavarropas y otros equipos de “línea blanca”, con bajo marcas como Siam, Atma, Philco y Coventry.

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El vínculo con el inmueble

Pero allí no se agotan las preguntas. ¿De dónde provinieron los Cedines por U$S 370.000 para la operación inmobiliaria? Fueron cedidos a Los Sauces SA por alguien que se identificó como Emilio Mazzola, por entonces socio y director de Pilisar SA, cuya relación con Cherñajovsky afrontaría momentos turbulentos que derivaron en acusaciones cruzadas que terminaron en la Justicia federal.

En 2020, Mazzola acusó a Cherñajovsky de forzarlo a una venta compulsiva de acciones de Pilisar SA y denunció el vaciamiento de la firma por al menos US$ 35 millones entre 2012 y 2015, los últimos tres años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y Cherñajovsky no se quedó atrás: acusó a Mazzola de haberse robado 1000 heladeras.

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Pero ese cruce de acusaciones y denuncias ocurrió después. En 2015, Mazzola colaboró en la operación de compra de San José 1111 con Cedines. Y Los Sauces SA usó esos certificados para pagar por el departamento a Jorge Edmundo Coscia, según la escritura 168 del 11 de junio de 2015. Y a efectos fiscales, en la escritura pública se fijó el precio en $3.344.800, calculados a $9,04 por dólar.

Para darle visos de formalidad, el acta de directorio 24 de Los Sauces SA, del 5 de mayo de aquel año, la certificación del contador Víctor Manzanares y la declaración jurada ante la UIF firmada por la presidenta, Romina Mercado, por entonces fiscal santacruceña e hija de Alicia Kirchner, describieron el ingreso de $4 millones como un aporte irrevocable de la Sucesión de Néstor Kirchner, integrado mediante acreditación bancaria. Pero también allí detectaron inconsistencias y faltantes los sumariantes: los extractos reflejaron una extracción con tarjeta y un depósito en efectivo.

Eso no fue todo. Los estados contables al 31 de diciembre de 2015 de Los Sauces SA tampoco consignaron ese aporte en el patrimonio neto, que permaneció en $2.234.400. En su lugar figuró un aumento de $6.427.106,97 en “cuentas particulares de socios”, monto que coincidía con los créditos que los accionistas -por la entonces Presidenta y sus hijos- declararon en Bienes Personales.

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Visiones encontradas

Los peritos de la defensa, cabe remarcar, sostuvieron que la operación fue legal. Destacaron que el 6 de mayo de 2015 había fondos suficientes en la cuenta corriente de Los Sauces SA. Se apoyaron en el propio informe del instructor del BNA y en el crédito registrado en la cuenta de Pilisar SA, aunque admitieron que las operaciones no podían identificarse contablemente.

Más críticos fueron los peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF). Señalaron que la falta del Libro Diario posterior al 31 de diciembre de 2014 les impidió trazar contablemente el origen de los fondos y que algunas operaciones pudieron hacerse en efectivo. Infirieron que el dinero provenía de aportes de los socios, aunque aclararon que su análisis se limitaba a la procedencia inmediata.

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El peritaje sobre cómo ingresó el departamento de San José 1111 al patrimonio de los Kirchner se desarrolló, cabe aclarar, en octubre de 2020, cuando los argentinos lidiaban con la cuarentena por la pandemia de Covid-19 que impuso el entonces presidente Alberto Fernández, que accedió al poder con Cristina Fernández de Kirchner como compañera de fórmula.

En junio de 2022 y siendo vicepresidenta, Fernández de Kirchner invocó a Newsan como ejemplo virtuoso para reclamar más intervención y regulación en las importaciones, en defensa de la industria local. Pero calló el rol que el conglomerado de Cherñajovsky había tenido antes en la compra de su departamento. Tres años después de aquel elogio, la exmandataria comenzó a cumplir allí su prisión domiciliaria por el “caso Vialidad”.

Pero la compra del departamento en San José 1111 registró otras derivaciones en la unidad antilavado (UIF), que emitió un reporte, en los tribunales y dentro del Banco Nación. En Comodoro Py, el entonces juez federal Claudio Bonadío llegó a indagar y procesar a cuatro empleados de la entidad bancaria.

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Ante la consulta de , en tanto, desde el Banco confirmaron que la entidad “sustanció oportunamente actuaciones sumariales originadas a partir de observaciones formuladas por la Auditoría de la Institución respecto de determinadas operatorias bancarias registradas en la Sucursal Río Gallegos”, centradas en “la modalidad bajo la cual determinadas operaciones fueron instrumentadas y documentadas”.

En ese sentido, los auditores verificaron “apartamiento respecto de los procedimientos internos vigentes en materia de instrumentación, documentación y control de operaciones bancarias”, por los que el Banco asentó “apercibimientos” y “llamados de atención” en los legajos de empleados, en tanto que el entonces gerente de la sucursal, Rolando D’Avena, ya había sido desvinculado, por otra causa. “De haber continuado prestando servicios en el Banco”, indicaron desde la entidad, “habría resultado pasible de la aplicación de una severa medida disciplinaria”.

Ahora, dos empresas de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces, concentran la acusación sobre presunto lavado de activos provenientes de la corrupción en el juicio oral que comenzó estre viernes. Cinco empleados del Banco que en Río Gallegos gestionaron aquella operación, D’Avena, Marcelo Mazú, Raúl Avarese, Lisandro Gauna y Mónica Liliana Romero, figuran entre los acusados.

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Hugo Alconada Mon,Ignacio Grimaldi,Conforme a

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Presupuesto 2027: con concesiones a sus aliados, el Gobierno obtuvo el aval para debatir el proyecto en Diputados la próxima semana

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Después de una serie de negociaciones y concesiones a gobernadores y bloques aliados, el Gobierno consiguió este miércoles dictamen para el proyecto de presupuesto 2027.

La Libertad Avanza (LLA) reunió 27 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, con el acompañamiento de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores que responden a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

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El acuerdo le permitió al oficialismo avanzar con su objetivo de llevar la iniciativa al recinto el próximo 25 de noviembre, aunque no logró satisfacer todas las demandas de sus socios parlamentarios.

Los libertarios Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni junto a Germán Martínez (UP)BERNABE RIVAROLA

Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas, donde influyen los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, presentaron dictámenes de minoría y consideraron insuficientes las modificaciones. Tampoco acompañaron los cordobeses de Martín Llaryora, los santafecinos de Maximiliano Pullaro ni los misioneros de Hugo Passalacqua.

El texto consensuado pasó de 76 a 73 artículos. Uno de los principales cambios fue el retiro del artículo que suprimía la actualización automática de las asignaciones familiares, tanto para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas como para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

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También se eliminaron los artículos que modificaban el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y su financiamiento. A la vez, se incorporó una nueva disposición sobre los recursos destinados a garantizar las prestaciones para las personas con discapacidad. Estos ajustes los leyó la legisladora libertaria, Laura Rodríguez Machado, quien se puso al frente de esa discusión en Diputados.

El dictamen sumó, además, beneficios para el sector autopartista y una exención impositiva para Mendoza.

Los cambios, en detalle

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Pro consiguió una de las concesiones que había reclamado el expresidente Mauricio Macri: la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2032 del plazo para adherir al régimen de promoción autopartista. El partido también había solicitado que la Nación saldara la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, una rebaja de impuestos y mayores controles sobre las concesiones viales.

Según se informó, la deuda con la Ciudad se negociará por fuera del presupuesto con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Otro de los reclamos estuvo vinculado con el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Se acordó que cada provincia negocie por separado con el Poder Ejecutivo la distribución de los recursos recaudados que no fueron destinados a infraestructura vial. Según los cuestionamientos de la oposición, el Gobierno recaudó alrededor de $1,6 billones mediante el ICL y el fideicomiso SisVial, pero destinó solo una porción menor al mantenimiento de las rutas nacionales.

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La UCR, por su parte, consiguió preservar el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH. También había exigido garantizar los fondos para discapacidad y universidades.

Si bien el dictamen introdujo modificaciones en materia de discapacidad, no contempló el incremento presupuestario para las universidades que reclamaban los radicales. En el presupuesto 2027 figura una partida de $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama que para cumplir la ley se necesitan $11 billones.

El texto incluyó, además, un guiño al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios provinciales cercanos al oficialismo. Se incorporó a la Sociedad de Transporte de Mendoza entre las entidades exentas de impuestos para la importación de material ferroviario y subterráneo.

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Eduardo Falcone, del MID, reconoció una aceptación parcial de sus pedidos. El diputado obtuvo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el compromiso de destinar fondos a la autovía de la ruta nacional 5, en el tramo Mercedes-Suipacha. Las partidas, sin embargo, no estarán identificadas dentro del presupuesto de Vialidad Nacional, sino que dependerán de la Jefatura de Gabinete. Su espacio también había reclamado duplicar los recursos destinados a las Becas Manuel Belgrano.

Eduardo Falcone (MID)BERNABE RIVAROLA

Los pedidos que no fueron contemplados

No todos los gobernadores consiguieron respuestas favorables. El jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, reclamó un aumento del presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología y propuso financiarlo mediante una reasignación de fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). También exigió que se respetaran las partidas establecidas por la Ley de Bosques para Misiones. Ninguno de sus pedidos fue incorporado y su espacio se negó a acompañar el dictamen oficialista.

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Tampoco prosperaron los reclamos de los legisladores cordobeses alineados con Martín Llaryora, que exigían el pago de deudas con la caja jubilatoria provincial y obras en rutas nacionales, ni los de los representantes de Gustavo Sáenz, de Salta, que solicitaban mayores partidas para infraestructura vial y saneamiento.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

La oposición cuestionó el alcance de las modificaciones y presentó sus propias propuestas. El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, defendió un dictamen alternativo con mayores recursos para universidades, salud, jubilaciones, discapacidad y obra pública. Entre otras medidas, propuso elevar el bono jubilatorio de $70.000 a $164.000, restablecer la moratoria previsional y distribuir entre las provincias $1,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados para afrontar las consecuencias del fenómeno de El Niño.

Martínez también consideró insuficientes los cambios en materia de discapacidad y cuestionó a los gobernadores que reclaman recursos, pero luego acompañan al oficialismo en el Congreso. En alusión a la reciente visita de León XIV y a sus llamados a priorizar el bienestar social, ironizó: “En una semana lo guardaron al Papa en un placard. Se terminaron las lágrimas”.

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Germán MartínezSoledad Aznarez

Su compañera de bloque Julia Strada puso en duda las proyecciones económicas del Gobierno y reclamó precisiones sobre las fuentes de financiamiento previstas para afrontar los vencimientos de deuda. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá también rechazó el proyecto, al que definió como “un ataque en regla a las necesidades de la población”.

Pese a los cambios, el presupuesto conserva las principales proyecciones económicas del Poder Ejecutivo: un crecimiento del 4% para 2027, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio oficial proyectado de $1847,60. También prevé un superávit primario del 1,1% del PBI y mantiene el equilibrio fiscal como eje de la política económica.

Con el dictamen conseguido, el oficialismo buscará darle media sanción al presupuesto el próximo 25 de noviembre, el mismo día en que Santilli tiene previsto presentar su informe de gestión ante el Senado. Para conseguirlo, deberá sostener en el recinto los acuerdos que le permitieron avanzar en comisión.

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August 10, 2026,@CINoficial,November 17, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a

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A pesar de haber sido condenado por corrupción, el exfuncionario K Roberto Baratta vacacionará en Buzios – Nexofin

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El Tribunal Oral Federal 3 habilitó al exfuncionario Roberto Baratta a viajar a Buzios entre el 28 de diciembre y el 6 de enero por motivos “de recreación familiar”.

La resolución contó con los votos afirmativos de Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, quienes exigieron su comparecencia dentro del tercer día posterior al regreso.

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El magistrado Javier Ríos votó en disidencia al señalar la “ineludible contradicción” entre costear vacaciones en el exterior e incumplir el embargo dictado en la causa de la caja chica. En ese expediente, iniciado por la Oficina Anticorrupción y procesado por Sebastián Casanello, se investigan gastos irregulares en el ex Ministerio de Planificación.

Roberto Baratta en Comodoro Py

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Actualmente, el excolaborador de Julio De Vido posee una condena no firme del Tribunal Oral Federal 7 a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua. Dicho fallo acreditó un perjuicio fiscal superior a 5,5 millones de dólares por sobreprecios en 11 buques de gas natural licuado (GNL).

Asimismo, el exfuncionario afronta el juicio oral por los Cuadernos de las coimas y procesamientos firmados por Julián Ercolini y Luis Rodríguez. Esas causas abarcan acusaciones por enriquecimiento ilícito, dádivas vinculadas a Techint y desvíos de fondos en Río Turbio.

Anteriormente, en marzo pasado, el mismo tribunal había concedido al acusado otro permiso para trasladarse a Río de Janeiro durante abril junto a su familia.

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La entrada A pesar de haber sido condenado por corrupción, el exfuncionario K Roberto Baratta vacacionará en Buzios se publicó primero en Nexofin.

buzios,Corrupción,Fiestas,Roberto Baratta

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Caso $LIBRA: recusaron a otro juez clave para la posible reapertura de la causa por estafa contra Milei

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El tribunal que debe resolver si reincorpora como querellantes a los presuntos damnificados por el desplome de $LIBRA -una decisión clave que podría reabrir el expediente contra el presidente Javier Milei– fue objeto de un nuevo cuestionamiento.

Uno de los inversores pidió el apartamiento del juez de la Cámara de Casación Guillermo Yacobucci, con el argumento de que su hijo, Ignacio Yacobucci, exnúmero uno de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), fue designado a fines de septiembre en un cargo jerárquico dentro del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

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Guillermo YacobucciFederico Garcia Romero 1165701478

Yacobucci fue el juez que, en minoría, consideró a principios de mes que la Sala no debía tratar el pedido de los damnificados para volver a ser querellantes, lo que implicaba cerrar definitivamente la causa. Por el contrario, sus colegas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma entendieron que sí debía evaluarse el planteo y el asunto quedó bajo estudio del tribunal.

La recusación, presentada por los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, despega la decisión del juez Yacobucci del nombramiento de su hijo, pero sostiene que la designación es motivo suficiente para que se aparte del caso. Sostiene que el nombramiento es un “beneficio” conferido por el Presidente, que es uno de los imputados en la causa.

Además, el escrito destaca que la designación “fue otorgada durante la tramitación del proceso, un mes antes del sobreseimiento y mientras la cuestión de las querellas seguía abierta”.

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Fuentes judiciales de la vocalía de Yacobucci observaron que el pedido de recusación carecería de sustento sólido y tildaron las menciones alusivas al nombramiento de Ignacio Yacobucci como “pirotecnia”.

Ignacio Yacobucci fue director de la UIF de este GobiernoEleazarCR

En septiembre pasado, Ignacio Yacobucci fue designado en el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un área que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Es la segunda vez que el Gobierno nombra a un familiar de un funcionario judicial que interviene en el caso $LIBRA. Antes de los sobreseimientos que dejaron el caso al borde del cierre, Ana Juan, la esposa del juez a cargo del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, fue designada como jueza federal en el juzgado de Hurlingham.

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Segunda recusación

Antes, Mauricio Novelli, señalado como nexo entre el creador del activo Hayden Davis y el presidente Milei, promovió otra recusación contra la jueza Ledesma, con el argumento de que la camarista integraba un comité de la Inecip, una organización que buscó, sin éxito, convertirse en querellante en el expediente.

La jueza Ana Juan, esposa de Martínez de Giorgi

La Sala deberá resolver ahora la situación de ambos camaristas. Son los propios jueces recusados quienes deberán en primer lugar pronunciarse sobre los pedidos de apartamiento. Si consideran que no existen motivos para dejar de intervenir, serán sus otros dos colegas de la Sala quienes deberán resolver: Ledesma y Slokar, en el caso de Yacobucci, y Yacobucci y Slokar, en el caso de Ledesma.

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Si no hay acuerdo, la sala deberá convocar a un tercer magistrado para desempatar.

La situación de Ledesma tiene además una particularidad: en diciembre cumplirá 74 años y quedará a un año de alcanzar la edad límite para ejercer como magistrada sin un nuevo nombramiento. Si pretende continuar en el cargo, deberá solicitar una renovación que dependerá del presidente Milei y del posterior acuerdo del Senado.



Ignacio Yacobucci,Conforme a

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