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Lorenzetti habló del fallo sobre Cristina Kirchner y pidió cubrir las vacantes en la Corte Suprema

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A más de un año de la condena contra la expresidenta, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti afirmó que el tribunal no analizó la constitucionalidad de la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y reclamó cubrir las dos vacantes que mantienen al máximo tribunal con tres integrantes.

El magistrado se refirió al expediente contra la expresidenta, al funcionamiento de la Corte y a los límites de los pedidos de juicio político contra magistrados. También explicó el alcance de la decisión vinculada con la Ley de Tierras.

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Al ser consultado en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos, sobre la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y las discusiones sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos, Lorenzetti evitó emitir opinión sobre una decisión del propio tribunal. Sin embargo, precisó cuál fue el alcance de la intervención de la Corte en ese expediente.

Según explicó, la causa llegó al máximo tribunal mediante una queja luego del rechazo de un recurso extraordinario. La Corte desestimó esa presentación por falta de fundamentación y, por ese motivo, no avanzó en una revisión de fondo.

“El tribunal oral resolvió, en el tema de Vialidad, tomó una decisión. Esa decisión después fue respaldada por la Cámara de Casación. Ahí está el doble conforme que se requiere y la Corte recibió un recurso denegado, o sea, solo una queja”, señaló Lorenzetti.

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El magistrado remarcó que la decisión de la Corte se limitó a esa presentación. “En esa queja, que es un modo muy estrecho, es decir, no analizamos el fondo, la Corte lo resolvió por falta de fundamentación, es decir, no estaba bien fundado. Eso lo puede leer cualquier persona y hasta ahí llegamos”, sostuvo.

También indicó que la Corte no trató la cuestión de la inhabilitación perpetua, una pena prevista en el Código Penal que fue dispuesta junto con la condena de prisión. “En esas sentencias, lo que llega a la Corte no está planteado ese tema”, afirmó al referirse a la posibilidad de que Fernández de Kirchner compita en elecciones.

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Sobre el debate jurídico alrededor de una eventual inconstitucionalidad de la sanción, agregó: “Lo que se habla es si se plantea la inconstitucionalidad o no de esa inhabilitación perpetua en relación a una pena de prisión más acotada, que no es perpetua. Ese es un tema, pero en la Corte no se trató ese tema”.

Asimismo, frente a las expresiones políticas que definen a la expresidenta como proscripta, Lorenzetti separó el plano político del jurídico. “No me parecen mal las discusiones políticas. Que cada sector tenga sus argumentos y los use y luche por lo que cree que es bueno. Eso está bien en una democracia”, planteó. Sin embargo, aclaró: “Jurídicamente es otra cuestión. Nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho, a la Constitución”.

Las vacantes en el máximo tribunal

En la misma entrevista, Lorenzetti reclamó completar la integración de la Corte. La ley fija cinco miembros, pero el tribunal funciona con tres luego de las vacantes que dejaron Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

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“El presidente tiene que enviar esos pliegos, tomar esa decisión y después tiene que haber un Senado con dos tercios que lo apruebe”, dijo. Consideró que la falta de acuerdos para cubrir los cargos es un déficit que se mantuvo durante distintos gobiernos.

El ministro planteó que la actual conformación exige mayor esfuerzo para alcanzar decisiones, dado que la mayoría requerida también es de tres votos. Aclaró que su preocupación central no está en el volumen de trabajo, sino en la concentración de atribuciones.

“Tres personas que decidimos de todo es demasiado poder para tres personas y tiene que haber diversidad también”, señaló. “Yo nunca me quejo de trabajo porque siempre trabajé y los temas salen. Pero tres personas que decidimos de todo, es demasiado poder para tres personas”, agregó.

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Lorenzetti consideró positiva la incorporación de mujeres a la Corte. “Dentro de esa diversidad, la diversidad de género es buena. Por supuesto que sería bueno que incorporen mujeres”, afirmó, aunque aclaró que la decisión sobre las candidaturas corresponde al Poder Ejecutivo y su aprobación al Senado.

El ministro recordó que la ley prohíbe promover juicios políticos contra jueces por el contenido de sus sentencias. (Fotografías: Maximiliano Luna)

El juez se mostró cauto ante la posibilidad de ampliar el número de integrantes del tribunal. Advirtió que una modificación de ese tipo podría generar incertidumbre sobre los criterios judiciales. “Si la Corte fija un criterio y se dicta una ley para ampliarla y después demora lo que está demorando para cumplirlo, vamos a estar un año, dos años, tres años sin saber cuál es la jurisprudencia de la Corte”, sostuvo.

La Ley de Tierras y el límite de los juicios políticos por sentencias

Sobre la decisión vinculada con la Ley de Tierras, Lorenzetti rechazó que la Corte se haya pronunciado sobre la validez de esa norma, sobre el decreto de necesidad y urgencia cuestionado o sobre la venta de recursos naturales.

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Explicó que el expediente llegó al tribunal dentro de procesos colectivos que discutían medidas cautelares. En una de las causas, la Corte rechazó una presentación de excombatientes de Malvinas por falta de legitimación, al concluir que no habían acreditado una representación jurídica directa para impulsar el reclamo.

“Primero, la Corte no opinó sobre la Ley de Tierras”, afirmó. “Acá todo es precario. No estamos hablando ni de la Ley de Tierras, que no llegó a la Corte, no estamos hablando del DNU ni de una ley. Estamos hablando de una medida cautelar, que es algo muy precario, y de un DNU, que también lo es”.

El juez explicó que el tribunal resolvió primero la situación de la asociación de excombatientes. “Nosotros tenemos mucho respeto por los excombatientes de Malvinas, porque toda la sociedad los respeta. Pero en este caso dijimos que no tiene una relación directa de representación jurídica respecto a este tema. Entonces, se rechazó por falta de legitimación. Punto, ninguna otra valoración”, sostuvo.

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Lorenzetti indicó que luego se trató una segunda causa, que había quedado sin resolución de fondo porque se había acumulado al primer expediente. En ese caso, él y Horacio Rosatti votaron por dictar una cautelar, con el argumento de que existía una cuestión ambiental y que la acción no había tenido tratamiento previo. Carlos Rosenkrantz mantuvo una posición distinta.

“La Corte nunca puede ser pensada como alguien que vende tierras o que está en contra de los recursos naturales, porque nosotros hemos defendido los recursos naturales siempre”, afirmó. Como antecedentes, mencionó las decisiones sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Ley de Glaciares y otros fallos ambientales.

Por otra parte, Lorenzetti cuestionó los pedidos de juicio político contra jueces que se originan en desacuerdos con el contenido de sus sentencias. El planteo surgió al hablar del debate por la baja de la edad de imputabilidad y de los reclamos contra una magistrada que cuestionó una norma.

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“La ley prohíbe hacer un juicio político a un juez por la sentencia”, afirmó. “Si hay otras conductas, sí, pero por la sentencia, no. Porque además la sentencia de un tribunal se apela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se apela y otro tribunal la corrige, que es lo que pasó”.

Para el ministro, utilizar el juicio político como respuesta a una decisión jurisdiccional afecta la independencia judicial y la división de poderes. “No es que cada cosa que no nos parece bien tenemos que tumbar el sistema”, sostuvo.

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Presupuesto 2027: con concesiones a sus aliados, el Gobierno obtuvo el aval para debatir el proyecto en Diputados la próxima semana

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Después de una serie de negociaciones y concesiones a gobernadores y bloques aliados, el Gobierno consiguió este miércoles dictamen para el proyecto de presupuesto 2027.

La Libertad Avanza (LLA) reunió 27 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, con el acompañamiento de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores que responden a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

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El acuerdo le permitió al oficialismo avanzar con su objetivo de llevar la iniciativa al recinto el próximo 25 de noviembre, aunque no logró satisfacer todas las demandas de sus socios parlamentarios.

Los libertarios Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni junto a Germán Martínez (UP)BERNABE RIVAROLA

Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas, donde influyen los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, presentaron dictámenes de minoría y consideraron insuficientes las modificaciones. Tampoco acompañaron los cordobeses de Martín Llaryora, los santafecinos de Maximiliano Pullaro ni los misioneros de Hugo Passalacqua.

El texto consensuado pasó de 76 a 73 artículos. Uno de los principales cambios fue el retiro del artículo que suprimía la actualización automática de las asignaciones familiares, tanto para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas como para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

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También se eliminaron los artículos que modificaban el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y su financiamiento. A la vez, se incorporó una nueva disposición sobre los recursos destinados a garantizar las prestaciones para las personas con discapacidad. Estos ajustes los leyó la legisladora libertaria, Laura Rodríguez Machado, quien se puso al frente de esa discusión en Diputados.

El dictamen sumó, además, beneficios para el sector autopartista y una exención impositiva para Mendoza.

Los cambios, en detalle

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Pro consiguió una de las concesiones que había reclamado el expresidente Mauricio Macri: la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2032 del plazo para adherir al régimen de promoción autopartista. El partido también había solicitado que la Nación saldara la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, una rebaja de impuestos y mayores controles sobre las concesiones viales.

Según se informó, la deuda con la Ciudad se negociará por fuera del presupuesto con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Otro de los reclamos estuvo vinculado con el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Se acordó que cada provincia negocie por separado con el Poder Ejecutivo la distribución de los recursos recaudados que no fueron destinados a infraestructura vial. Según los cuestionamientos de la oposición, el Gobierno recaudó alrededor de $1,6 billones mediante el ICL y el fideicomiso SisVial, pero destinó solo una porción menor al mantenimiento de las rutas nacionales.

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La UCR, por su parte, consiguió preservar el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH. También había exigido garantizar los fondos para discapacidad y universidades.

Si bien el dictamen introdujo modificaciones en materia de discapacidad, no contempló el incremento presupuestario para las universidades que reclamaban los radicales. En el presupuesto 2027 figura una partida de $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama que para cumplir la ley se necesitan $11 billones.

El texto incluyó, además, un guiño al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios provinciales cercanos al oficialismo. Se incorporó a la Sociedad de Transporte de Mendoza entre las entidades exentas de impuestos para la importación de material ferroviario y subterráneo.

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Eduardo Falcone, del MID, reconoció una aceptación parcial de sus pedidos. El diputado obtuvo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el compromiso de destinar fondos a la autovía de la ruta nacional 5, en el tramo Mercedes-Suipacha. Las partidas, sin embargo, no estarán identificadas dentro del presupuesto de Vialidad Nacional, sino que dependerán de la Jefatura de Gabinete. Su espacio también había reclamado duplicar los recursos destinados a las Becas Manuel Belgrano.

Eduardo Falcone (MID)BERNABE RIVAROLA

Los pedidos que no fueron contemplados

No todos los gobernadores consiguieron respuestas favorables. El jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, reclamó un aumento del presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología y propuso financiarlo mediante una reasignación de fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). También exigió que se respetaran las partidas establecidas por la Ley de Bosques para Misiones. Ninguno de sus pedidos fue incorporado y su espacio se negó a acompañar el dictamen oficialista.

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Tampoco prosperaron los reclamos de los legisladores cordobeses alineados con Martín Llaryora, que exigían el pago de deudas con la caja jubilatoria provincial y obras en rutas nacionales, ni los de los representantes de Gustavo Sáenz, de Salta, que solicitaban mayores partidas para infraestructura vial y saneamiento.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

La oposición cuestionó el alcance de las modificaciones y presentó sus propias propuestas. El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, defendió un dictamen alternativo con mayores recursos para universidades, salud, jubilaciones, discapacidad y obra pública. Entre otras medidas, propuso elevar el bono jubilatorio de $70.000 a $164.000, restablecer la moratoria previsional y distribuir entre las provincias $1,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados para afrontar las consecuencias del fenómeno de El Niño.

Martínez también consideró insuficientes los cambios en materia de discapacidad y cuestionó a los gobernadores que reclaman recursos, pero luego acompañan al oficialismo en el Congreso. En alusión a la reciente visita de León XIV y a sus llamados a priorizar el bienestar social, ironizó: “En una semana lo guardaron al Papa en un placard. Se terminaron las lágrimas”.

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Germán MartínezSoledad Aznarez

Su compañera de bloque Julia Strada puso en duda las proyecciones económicas del Gobierno y reclamó precisiones sobre las fuentes de financiamiento previstas para afrontar los vencimientos de deuda. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá también rechazó el proyecto, al que definió como “un ataque en regla a las necesidades de la población”.

Pese a los cambios, el presupuesto conserva las principales proyecciones económicas del Poder Ejecutivo: un crecimiento del 4% para 2027, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio oficial proyectado de $1847,60. También prevé un superávit primario del 1,1% del PBI y mantiene el equilibrio fiscal como eje de la política económica.

Con el dictamen conseguido, el oficialismo buscará darle media sanción al presupuesto el próximo 25 de noviembre, el mismo día en que Santilli tiene previsto presentar su informe de gestión ante el Senado. Para conseguirlo, deberá sostener en el recinto los acuerdos que le permitieron avanzar en comisión.

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August 10, 2026,@CINoficial,November 17, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a

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A pesar de haber sido condenado por corrupción, el exfuncionario K Roberto Baratta vacacionará en Buzios – Nexofin

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El Tribunal Oral Federal 3 habilitó al exfuncionario Roberto Baratta a viajar a Buzios entre el 28 de diciembre y el 6 de enero por motivos “de recreación familiar”.

La resolución contó con los votos afirmativos de Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, quienes exigieron su comparecencia dentro del tercer día posterior al regreso.

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El magistrado Javier Ríos votó en disidencia al señalar la “ineludible contradicción” entre costear vacaciones en el exterior e incumplir el embargo dictado en la causa de la caja chica. En ese expediente, iniciado por la Oficina Anticorrupción y procesado por Sebastián Casanello, se investigan gastos irregulares en el ex Ministerio de Planificación.

Roberto Baratta en Comodoro Py

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Actualmente, el excolaborador de Julio De Vido posee una condena no firme del Tribunal Oral Federal 7 a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua. Dicho fallo acreditó un perjuicio fiscal superior a 5,5 millones de dólares por sobreprecios en 11 buques de gas natural licuado (GNL).

Asimismo, el exfuncionario afronta el juicio oral por los Cuadernos de las coimas y procesamientos firmados por Julián Ercolini y Luis Rodríguez. Esas causas abarcan acusaciones por enriquecimiento ilícito, dádivas vinculadas a Techint y desvíos de fondos en Río Turbio.

Anteriormente, en marzo pasado, el mismo tribunal había concedido al acusado otro permiso para trasladarse a Río de Janeiro durante abril junto a su familia.

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Caso $LIBRA: recusaron a otro juez clave para la posible reapertura de la causa por estafa contra Milei

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El tribunal que debe resolver si reincorpora como querellantes a los presuntos damnificados por el desplome de $LIBRA -una decisión clave que podría reabrir el expediente contra el presidente Javier Milei– fue objeto de un nuevo cuestionamiento.

Uno de los inversores pidió el apartamiento del juez de la Cámara de Casación Guillermo Yacobucci, con el argumento de que su hijo, Ignacio Yacobucci, exnúmero uno de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), fue designado a fines de septiembre en un cargo jerárquico dentro del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

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Guillermo YacobucciFederico Garcia Romero 1165701478

Yacobucci fue el juez que, en minoría, consideró a principios de mes que la Sala no debía tratar el pedido de los damnificados para volver a ser querellantes, lo que implicaba cerrar definitivamente la causa. Por el contrario, sus colegas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma entendieron que sí debía evaluarse el planteo y el asunto quedó bajo estudio del tribunal.

La recusación, presentada por los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, despega la decisión del juez Yacobucci del nombramiento de su hijo, pero sostiene que la designación es motivo suficiente para que se aparte del caso. Sostiene que el nombramiento es un “beneficio” conferido por el Presidente, que es uno de los imputados en la causa.

Además, el escrito destaca que la designación “fue otorgada durante la tramitación del proceso, un mes antes del sobreseimiento y mientras la cuestión de las querellas seguía abierta”.

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Fuentes judiciales de la vocalía de Yacobucci observaron que el pedido de recusación carecería de sustento sólido y tildaron las menciones alusivas al nombramiento de Ignacio Yacobucci como “pirotecnia”.

Ignacio Yacobucci fue director de la UIF de este GobiernoEleazarCR

En septiembre pasado, Ignacio Yacobucci fue designado en el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un área que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Es la segunda vez que el Gobierno nombra a un familiar de un funcionario judicial que interviene en el caso $LIBRA. Antes de los sobreseimientos que dejaron el caso al borde del cierre, Ana Juan, la esposa del juez a cargo del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, fue designada como jueza federal en el juzgado de Hurlingham.

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Segunda recusación

Antes, Mauricio Novelli, señalado como nexo entre el creador del activo Hayden Davis y el presidente Milei, promovió otra recusación contra la jueza Ledesma, con el argumento de que la camarista integraba un comité de la Inecip, una organización que buscó, sin éxito, convertirse en querellante en el expediente.

La jueza Ana Juan, esposa de Martínez de Giorgi

La Sala deberá resolver ahora la situación de ambos camaristas. Son los propios jueces recusados quienes deberán en primer lugar pronunciarse sobre los pedidos de apartamiento. Si consideran que no existen motivos para dejar de intervenir, serán sus otros dos colegas de la Sala quienes deberán resolver: Ledesma y Slokar, en el caso de Yacobucci, y Yacobucci y Slokar, en el caso de Ledesma.

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Si no hay acuerdo, la sala deberá convocar a un tercer magistrado para desempatar.

La situación de Ledesma tiene además una particularidad: en diciembre cumplirá 74 años y quedará a un año de alcanzar la edad límite para ejercer como magistrada sin un nuevo nombramiento. Si pretende continuar en el cargo, deberá solicitar una renovación que dependerá del presidente Milei y del posterior acuerdo del Senado.



Ignacio Yacobucci,Conforme a

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