POLITICA
Los detalles de la declaración jurada que Adorni presentó como candidato en 2025: sus propiedades, ahorros y presuntas omisiones

El patrimonio de Manuel Adorni está en la mira de la Justicia y de la opinión pública porque el Jefe de Gabinete evitó mostrar documentación mientras aparecen indicios de nuevos inmuebles. Ahora surge una declaración jurada que pasó desapercibida, pero que toma relevancia. Es la que Adorni presentó hace un año como candidato a legislador porteño y en la que habría omitido la casa en el country de Exaltación de la Cruz, que está a nombre de su esposa Betina Angeletti.
El argumento del jefe de Gabinete en la conferencia de prensa con la que rompió el silencio fue que las novedades aparecerán en la próxima declaración jurada y confirmó que vive en Caballito, un domicilio que no figura en el registro de bienes que presentó en la Oficina Anticorrupción. “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida. Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré, y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”, dijo.
El diario La Nación detalló que Adorni compró el departamento en Caballito por 230 mil dólares y dos jubiladas financiaron el 87%. En el Registro de la Propiedad Inmueble, la vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas (72 años, domiciliada en Flores) y Claudia Sbabo.
Las dos jubiladas le entregaron el departamento a Adorni y pactaron como compromiso de pago un crédito hipotecario de 200 mil dólares.
Qué dice la declaración jurada que omite la casa en el country
En el Registro de la Propiedad bonaerense, la casa en el country Indio Cua figura con la titularidad de Angeletti desde noviembre de 2024. Cuatro meses después, el 29 de marzo de 2025, Adorni presentó ante la Justicia electoral de CABA una declaración jurada en la que omite esa propiedad.
Estaba obligado a declararla porque la guía que el Tribunal Electoral envió a todos los candidatos es clara: “Detallar la totalidad de bienes inmuebles, sean propios o gananciales”. Adorni declara los dos departamentos con los que ingresó a la función pública y un ingreso anual de $40.300.000.
Ante una consulta de TN, el Tribunal Electoral porteño respondió: “Este Tribunal Electoral recibe y resguarda las declaraciones juradas patrimoniales de los/as candidatos/as conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 104 del Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, cabe señalar que determinada información contenida en dichas declaraciones reviste carácter confidencial, en los términos del artículo 105 del citado cuerpo normativo. En consecuencia, su acceso solo puede ser habilitado a requerimiento de autoridad judicial competente. Las presentaciones que se encuentran disponibles públicamente son aquellas que se ajustan al régimen de publicidad previsto por la normativa electoral vigente, a la cual este Tribunal se sujeta estrictamente».
El artículo 104 refiere a las DDJJ de los candidatos: “La Declaración Jurada Patrimonial a la que refiere el inciso 4) del artículo 103 debe contener una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y gananciales, del declarante».
En el inciso 4 indica: Los mismos bienes indicados en los incisos 1) -bienes inmuebles- y 2) -bienes muebles-, de los que, no siendo titulares de dominio o propietarios los obligados, tengan la posesión, tenencia, uso, goce, usufructo por cualquier título, motivo o causa. En este caso deberán detallarse datos personales completos de los titulares de dominio o propietarios; título, motivo o causa por el que se poseen, usan, gozan o usufructúan los bienes; tiempo, plazo o período de uso; si se ostentan a título gratuito u oneroso y cualquier otra circunstancia conducente a esclarecer la relación de los obligados con los bienes.
El artículo 105 remite a los datos confidenciales. “1) El nombre del banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero. 2) Los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito, indicando la entidad emisora, y sus extensiones en el país y el exterior. 3) La ubicación detallada de los bienes inmuebles. 4) Los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables. 5) Los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o compra sea igual o superior a la suma prevista. 6) La individualización de aquellas sociedades – regulares o irregulares-, fundaciones, asociaciones, explotaciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos u otros, en las que se declare cualquier tipo de participación o inversión, acciones o cuotas partes, y/o se haya obtenido ingresos durante el año que se declara. 7) Los datos de individualización de los titulares de los créditos y deudas que se declaren e importes atribuibles a cada uno de ellos. 8) Cualquier otro dato confidencial que así fuera identificado por el resto de la normativa aplicable. La información precedente solo podrá ser revelada a requerimiento de autoridad judicial competente”.
TN intentó obtener respuesta de Adorni, pero al cierre de esta nota no había respondido.


El patrimonio del jefe de Gabinete quedó en la mira después de haber subido a su esposa al avión presidencial por la Argentina Week en Nueva York y cuando trascendió un video de un vuelo en familia en jet privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval.
Adorni pidió disculpas por haber viajado con su esposa en el avión presidencial, pero apuntó que todo era una campaña en contra del gobierno para dañar la moral anticasta libertaria.
Después de días en silencio, convocó a una conferencia de prensa, en la que estuvo casi todo el gabinete, hasta Santiago Caputo, enfrentado a Karina Milei. No dio detalles, solo dijo que vive en Caballito, propiedad que no figura en ninguna de las DDJJ.
A las horas, el diario La Nación confirmó que el departamento en la calle Miró al 500 es propiedad de Adorni, según el Registro de la Propiedad Inmueble, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
Adorni figura como dueño, a medias con su esposa, Bettina Angeletti, de dos departamentos en la ciudad de Buenos Aires. El otro es en el que vivió siempre en Chacabuco y que está declarado. Hay un segundo departamento declarado, en La Plata. Una donación del 100%. Esos dos departamentos son los que aparecen en la DDJJ que presentó el 29 de marzo de 2025 como candidato a legislador porteño.
En la conferencia, Adorni se defendió: “No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado”.
“Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”, clausuró ante las preguntas de los periodistas.

Solo señaló: «Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”.
Sobre el viaje a Punta del Este insistió: “La dádiva habría sido si es que hubiera sido un regalo. Al viaje lo pagué yo. Es un tema de investigación judicial. Estoy cansado de decir que el viaje lo pagué. No es un dato menor. La dádiva es si yo no hubiese pagado. No veo tema de incompatibilidad y mucho menos de dádiva”.
El juez Ariel Lijo concentra las investigaciones sobre el patrimonio de Adorni -vuelos y country en Exaltación de la Cruz, y pidió a ARCA informes de Alpha Centauri -la empresa que hizo el vuelo- y del periodista Marcelo Grandio, que viajó con Adorni y tiene programas en la TV Pública. De acuerdo a un recibo que tiene la Justicia, y al que accedió TN, la empresa productora Imhouse SA, de la que Grandio es accionista, pagó el viaje de ida a Punta del Este.
El regreso, en cambio, formó parte de un paquete de diez vuelos contratado por el broker y piloto Issin a Alpha Centauri por 42.250 dólares en efectivo, con una factura emitida el 9 de marzo -cuando el periodista Carlos Pagni reveló la información del vieje- por unos 3000 dólares para ese tramo.
El piloto Agustín Issin que facturó el vuelo privado a Punta del Este pidió declarar ante Lijo, después del operativo del miércoles último en San Fernando, donde la justicia buscó más información de Alpha Centauri S.A., la empresa que hizo el vuelo. Declaró que los pasajes de ida y vuelta los pagó Grandio. La secretaria del piloto, Vanesa Tossi, ratificó esa versión y le dijo al juez que se sentía intimidada por Grandía, quien le había pedido en un primer momento evitar la facturación del viaje. En medio de la declaración, el periodista de la TV pública la llamó al celular. La Justicia ordenó medidas de protección a favor de Tossi.
Lijo, según pudo saber TN, requirió también informes a ANAC, Aduana, el banco Santander, UIF y ARCA. La mayoría de esas áreas del Estado reportan a Santiago Caputo.
Manuel Adorni, declaración jurada
POLITICA
Javier Milei en España: llamó “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y pidió “sacar a los socialistas a patadas”

Javier Milei aprovechó su séptima visita a España como presidente para intervenir abiertamente en la disputa electoral del país. Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, ante unas 500 personas, calificó a Pedro Sánchez de “impresentable dictador”, lo acusó de corrupto y convocó a “sacar a los socialistas a patadas”.
El mandatario argentino presentó al socialismo como responsable de la decadencia económica y política, y advirtió a los españoles: “No quiero verlos caer en los males que vivimos nosotros”. En esa línea, sostuvo que “vengo del futuro a advertirles” y reivindicó a España como “la cuna del liberalismo”.
Milei también manifestó su respaldo a Santiago Abascal, líder de Vox, y a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular. Justificó su intervención en la política local al afirmar que su compromiso con España lo lleva a apoyar a quienes, según dijo, generarán mayor bienestar para sus ciudadanos.
Peter Lamelas anunció que Estados Unidos invertirá USD 20.000 millones en Argentina
La inmigración ocupó otro tramo central de su exposición. Sobre la situación en Ceuta, afirmó: “Cada inmigrante es un voto”, y cuestionó las políticas migratorias del gobierno de Sánchez.
También criticó la intervención estatal en el mercado inmobiliario español, en medio de los reclamos por el acceso a la vivienda: “Donde mete el Estado la mano, lo pudre”.
En materia económica, defendió su gestión, destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y negó que Argentina atraviese problemas de mora crediticia, sin referirse a los indicadores oficiales de caída de la actividad.
El discurso también tuvo un cruce con la prensa. Ante una pregunta de una periodista de Clarín, Milei calificó al medio de “corrupto” y lo acusó de publicar información falsa y de perjudicar a su gobierno. Además, reivindicó la desregulación de internet satelital y el ingreso de Starlink.
Cabe destacar que durante sus visitas anteriores, Milei no mantuvo encuentros con Sánchez ni con sus ministros.
A días del balotaje, Brasil cuestionó las críticas de Milei a Lula: “Declaración antidemocrática y desequilibrada”
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Javier Milei,MILEI ESPAÑA,Pedro Sánchez,Vox
POLITICA
Una agencia británica de comunicación hizo gestiones internacionales en defensa de Cristina Kirchner

El correo electrónico salió el 5 de octubre, a las 15.56. “Hola, Emma. Annie Correal tuvo la amabilidad de pasarme tu contacto”, escribió Ani Gevorgyan, una consultora radicada en Londres. El asunto prometía una entrevista con Rafael Valim, el abogado brasileño que lleva el caso de Cristina Kirchner ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La destinataria era una integrante de The New York Times.
Valim, que fue integrante del equipo jurídico que defendió al presidente brasileño, Lula da Silva, en la investigación conocida como Lava Jato, se sumó a mediados de este año al equipo de defensa internacional de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la condena por la causa Vialidad.
El email presentaba al abogado brasileño como antiguo representante de Lula, especialista en lawfare y asesor en sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.
La consultora escribía en representación de la expresidenta, según sus palabras textuales.
Gevorgyan reconoció en el mensaje que su objetivo era acompañar el trabajo para suspender temporalmente la inhabilitación perpetua que le impide a Cristina Kirchner ocupar cargos públicos. Un dato relevante de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Ese mismo día hubo otro contacto con The New York Times y uno con Bloomberg News.
El objetivo de la agencia británica era instalar en los grandes medios internacionales el planteo de Cristina Kirchner contra la condena a seis años de prisión.
Los correos formaban parte de una campaña diseñada para extenderse durante un año y revelada por documentos presentados ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Fuentes al tanto de la estrategia de la expresidenta sostienen, sin embargo, que su equipo nunca dio la aprobación final a la contratación y que la consultora avanzó “prematuramente”, cuando todavía persistían diferencias sobre algunos detalles contractuales.
La documentación presentada por Milton ofrece otra versión. El 7 de octubre, la firma declaró ante el Departamento de Justicia que su acuerdo con Nazar Partners se encontraba vigente. Para entonces, ya había contactado a periodistas de The New York Times y Bloomberg News.
Más allá del contrapunto, la trastienda de esas conversaciones es reveladora. El contrato entre Nazar Partners FZ-LLC y Milton Advisers fue firmado el 27 de agosto. Nazar, radicada en la zona franca de Ras al-Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos, aparece como la contratante formal. Cristina Kirchner figura como beneficiaria del trabajo y como “principal extranjera”.
Quienes conducen la estrategia internacional de Cristina Kirchner consideran que el caso tuvo buena recepción y que reciben consultas frecuentes sobre su situación. Por eso, no consideran necesaria, al menos por ahora, la ayuda adicional de una consultora.
El precio negociado era de US$10.000 mensuales durante 12 meses. Es decir, unos US$120.000 por el año completo, más impuestos y gastos. Cualquier gasto superior a £500 debía ser aprobado previamente. Al registrarse, el 7 de octubre, Milton declaró que todavía no había recibido pagos.
El calendario ayuda a entender la operación. La expresidenta había anunciado el 29 de julio pasado que recurriría al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Un mes después comenzó el contrato con Milton. En septiembre último, sus abogados presentaron como nueva prueba un informe encargado a especialistas brasileños. El 5 de octubre salieron los correos hacia los medios norteamericanos. Dos días después, la consultora quedó registrada en Washington.
El equipo de la expresidenta busca que la ONU dicte una medida cautelar para suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que le abriría una puerta para volver a competir en elecciones.
La ofensiva internacional avanza mientras se acelera la pelea por la candidatura peronista de 2027. Aunque no lo dice, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, construye su proyecto presidencial; Sergio Massa está activo, Máximo Kirchner defiende la centralidad de su madre y Cristina Kirchner busca recuperar la posibilidad de competir.
El contrato permite reconstruir las tareas que se les hubieran requerido a los consejeros británicos. Incluía la elaboración de mensajes, apoyo a voceros, relaciones gubernamentales e institucionales en Estados Unidos, Europa y América Latina, contactos con medios y coordinación entre los abogados y el equipo de comunicación.
También preveía buscar observadores jurídicos y “validadores externos”, seguir la conversación mundial sobre Cristina Kirchner y medir el tono de la cobertura.
El objetivo quedó escrito con claridad: conseguir columnas de opinión, artículos y entrevistas en medios internacionales de primera y segunda línea de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa. El trabajo debía organizarse en ciclos de seis semanas, sincronizados con los hitos que indicara el cliente.
Nazar Partners ocupaba un lugar central, pero todavía opaco. Era la contratante formal y la responsable de pagarle a Milton. El acuerdo estaba firmado en su nombre por Almira Sylaj. Sin embargo, los documentos no explican quién contrató a la firma emiratí, cuánto cobraba por su propia intervención ni de dónde provienen finalmente los fondos. Tampoco aparece un contrato firmado directamente por la expresidenta.
Milton tiene sede en Londres y fue fundada por dos británicos con experiencia política. Louis Rynsard trabajó con equipos del Partido Laborista y luego se especializó en comunicación de crisis y litigios internacionales. Alex Walker pasó ocho años en Westminster y asesoró al alcalde de Kiev y excampeón mundial de boxeo Vitali Klitschko, entre muchas otras cosas.
Tres integrantes de la firma quedaron registrados personalmente para trabajar a favor de Cristina Kirchner. Rynsard es uno. Los otros son Tolga Inanc, un consultor británico que pasó por el Tesoro y la Cancillería de su país, y Gevorgyan, que escribió los correos y ofreció la entrevista con Valim.
La defensa de Cristina Kirchner conecta abogados y consultores de varios países. Junto al argentino Carlos Beraldi trabajan Valim y Javier Borrego, español, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y exmagistrado del Tribunal Supremo de España.
Milton se inscribió bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA. La norma obliga a quienes desarrollan determinadas actividades políticas o de comunicación en favor de intereses extranjeros a revelar a quién representan, qué hacen y cuánto cobran.
Cristina Kirchner aparecía como ciudadana argentina y expresidenta. Milton declaró la actividad como política porque buscaba influir sobre la percepción de audiencias estadounidenses respecto de su situación judicial y su futuro político.
La Justicia argentina considera probado que entre 2003 y 2015 se direccionaron 51 obras públicas en Santa Cruz para favorecer a las empresas de Lázaro Báez y condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta contra el Estado.
La Corte Suprema dejó firme en junio del año pasado la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, la expresidenta cumple arresto domiciliario y busca trasladar la disputa a los organismos internacionales.
Pablo Fernández Blanco,Conforme a
POLITICA
Tierra del Fuego: dos libertarios se disputan el liderazgo provincial y buscan posicionarse para la gobernación

Las dos principales figuras de La Libertad Avanza (LLA) en Tierra del Fuego, Agustín Coto y Santiago Pauli, comenzaron a medir fuerzas en el territorio con la mirada puesta en la gobernación. Ambos comparten la aspiración de suceder a Gustavo Melella al frente del Ejecutivo provincial, pero, por ahora, evitan exponer sus diferencias y concentran sus esfuerzos en consolidar sus respectivos espacios políticos.
En el horizonte no aparece, al menos por el momento, la posibilidad de dirimir la disputa en una interna partidaria. La decisión sobre quién representará al espacio libertario en la contienda provincial quedaría en manos de la conducción nacional, con la Casa Rosada como principal instancia de definición.

Frente a ese escenario, tanto el senador Coto como el diputado Pauli buscan llegar fortalecidos a la instancia decisiva. La estrategia pasa por ampliar sus bases de apoyo, consolidar vínculos territoriales y demostrar capacidad de construcción política en un distrito donde el sello nacional de LLA deberá traducirse en una estructura electoral competitiva.
Pauli fue el primero en exteriorizar sus aspiraciones de conducir la provincia. Sin embargo, esa anticipación no implica necesariamente una ventaja en la carrera sucesoria ni supone que la conducción nacional haya establecido un orden de prioridades. En un espacio con fuerte centralidad de las decisiones nacionales, el posicionamiento de ambos dirigentes dependerá también de las señales que emita el núcleo de poder libertario.
El vínculo de Melella con Milei y el reordenamiento político provincial
La disputa libertaria se desarrolla en un escenario atravesado por las dificultades fiscales de Tierra del Fuego, las tensiones entre el gobierno provincial y la administración nacional y los movimientos políticos que podrían alterar el mapa de alianzas de cara a las próximas elecciones.
Melella atraviesa una etapa compleja en materia política y de gestión. En las últimas semanas trascendió un acercamiento con el gobierno de Javier Milei, canalizado a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que abrió una nueva instancia de diálogo entre ambas administraciones.

Ese entendimiento tuvo una expresión concreta en el plano financiero: la provincia obtuvo un incremento de los anticipos de fondos, que pasaron de $27.000 millones a $45.000 millones, en un contexto de dificultades fiscales. El movimiento reforzó las expectativas sobre un cambio en la relación entre la Casa Rosada y el Ejecutivo fueguino, aunque sus alcances políticos todavía están sujetos a evolución.
Otro episodio que alimentó las interpretaciones sobre un eventual entendimiento se produjo en el Congreso. El diputado nacional Agustín Tita, referente de Melella y dirigente vinculado al oficialismo provincial, estuvo ausente en la sesión especial convocada para debatir la derogación del DNU 70/2023, impulsado por Milei. Su ausencia contribuyó a que la oposición no reuniera el quórum necesario para abrir el debate.
En paralelo, el gobernador respaldó públicamente el cambio de postura de Milei respecto de la cuestión Malvinas y destacó los avances para reactivar el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico en Ushuaia. Melella justificó la apertura del diálogo con el Gobierno nacional bajo el argumento de que existen “causas que están por encima de cualquier diferencia política”.

El acercamiento, sin embargo, abrió nuevos frentes de conflicto dentro del arco opositor y de los espacios políticos que integran el escenario provincial. Sectores vinculados al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y a dirigentes municipales de Río Grande cuestionaron el giro del gobernador y lo interpretaron como un entendimiento con Milei que contradice los compromisos políticos asumidos y tensiona la relación con Unión por la Patria.
Para LLA, ese reordenamiento representa una variable relevante en la construcción de una alternativa provincial. No obstante, el oficialismo fueguino conserva capacidad de influencia territorial y política, por lo que la eventual fragmentación de sus adversarios no garantiza por sí sola una victoria libertaria.
Ushuaia y Río Grande, los territorios en disputa
La competencia entre Coto y Pauli también se expresa en la distribución de apoyos en las principales ciudades de la provincia. En Ushuaia, el senador cuenta con una posición más consolidada, mientras que el diputado busca hacer valer su inserción política en Río Grande.
Esa distribución territorial puede convertirse en un factor determinante cuando la conducción nacional evalúe quién ofrece mejores condiciones para encabezar la fórmula provincial. La capacidad de movilización, el vínculo con los referentes locales y la posibilidad de ampliar la base electoral serán variables centrales en una definición que excede la exposición pública de las aspiraciones personales.

La situación institucional de Melella también forma parte de los cálculos electorales. El gobernador no podría buscar un nuevo mandato bajo las actuales restricciones constitucionales, luego de que fracasara el intento de reformar la Carta Magna provincial para habilitar la reelección indefinida. Ese escenario abre la competencia por la sucesión, aunque no despeja las incógnitas sobre el peso que conservará el oficialismo en la próxima contienda.
En las elecciones legislativas de octubre de 2025, LLA obtuvo un resultado que reforzó sus expectativas de crecimiento en Tierra del Fuego y superó al oficialismo provincial por cerca de diez puntos, según los datos consignados en el escenario electoral. Ese antecedente constituye un activo para el espacio libertario, pero trasladar el respaldo nacional a una elección ejecutiva requiere una construcción política propia y una propuesta capaz de competir más allá de la marca partidaria.

En ese contexto, Coto aparece mejor posicionado en términos institucionales por su condición de senador y por su cercanía con la conducción nacional. Esos atributos podrían favorecerlo en una eventual búsqueda de consenso, aunque no alcanzan para dar por definida la candidatura.
Pauli, por su parte, conserva margen para fortalecer su armado territorial y disputar el lugar de representante libertario en la provincia. La ausencia de una confrontación abierta entre ambos permite que la competencia continúe sin erosionar, al menos públicamente, la cohesión del espacio.
La incógnita sigue abierta: ninguno de los dos tiene asegurada la candidatura a gobernador. En una fuerza política donde las decisiones estratégicas mantienen una fuerte centralización, la disputa se resolverá tanto por la capacidad de construcción territorial de los aspirantes como por la evaluación que haga la conducción nacional en Balcarce 50.
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