POLITICA
La exfiscal Viviana Fein se defiende de las acusaciones por encubrimiento de la muerte de Nisman: “Me toman como chivo expiatorio”
Enojada, la exfiscal federal Viviana Fein se quejó ante el juez federal Julián Ercolini de que la toman “como un chivo expiatorio” al acusarla de encubrir la muerte del fiscal Alberto Nisman porque, supuestamente, no tomó recaudos para preservar las evidencias en el departamento de Puerto Madero donde apareció el cuerpo hace 11 años.
Ercolini indagó a la exfiscal Fein a pedido de ella, que se defendió enérgicamente de la imputación por encubrimiento agravado, al denunciar que la usaban para direccionar responsabilidades.
A lo largo de su exposición, Fein se mostró indignada frente a lo que considera una persecución selectiva y cuestionó duramente al fiscal Eduardo Taiano.
Según el acta que registró su declaración, Fein dijo ante el juez que “si porque es jubilada, retirada y no tiene cargo público, ni político, el acusador [e fiscal] la toma como chivo expiatorio”.
Asimismo, cuestionó la falta de equidad en el trato judicial: “¿Por qué el acusador no adoptó ningún temperamento procesal respecto de los coimputados en esta causa, quienes hace siete meses hicieron su descargo y nunca fueron escuchados?“.
Fein se refiere al resto de los imputados porque supuestamente no preservaron el departamento. Se trata del exsecretario de Seguridad Sergio Berni, del exjefe de la Policía Federal Román Di Santo y el exjefe de la Prefectura Naval Luis Heiler.
Para la exfiscal, la acusación en su contra resulta “un absurdo total y hasta delirante”. En su declaración, explicó que “el encubrimiento requiere un delito previo y conocido por el encubridor, que requiere colaborar con el autor y/o autores”.
Fein argumentó que, al llegar al departamento del complejo de edificios Le Parc, de Puerto Madero, se encontró con el juez Manuel de Campos y su secretario esperando en el palier, por lo que llevar a cabo un encubrimiento habría implicado “un complot o un acuerdo de voluntades con todos los presentes para cometer semejante delito”.
Sobre este punto, se preguntó de forma retórica “si sólo fue ella una encubridora durante toda esa noche”.
Además de defender su tarea en la preservación de huellas y el trabajo de los peritos en criminalística, Fein expuso lo que considera una grave contradicción por parte de la fiscalía.
La exfiscal “refiere lo contradictorio del Sr. Fiscal [Taiano] cuando por un lado la acusa y por el otro hace alusión a que la dicente fue objeto de espionaje de parte de la AFI”.
Ante esta supuesta incongruencia, planteó: “Se puede ser encubridora y a la vez espiada por fuerzas de un gobierno”.
Sobre el cierre de su ampliación de indagatoria, la exfiscal se dirigió al juez Ercolini y le dijo: “Se llegó a un extremo que nunca esperó, en donde fue llamada encubridora”.
Angustiada, declaró que “lo que está viviendo actualmente es una pesadilla ya que tiene una familia y queda expuesta declarando sobre estos hechos, lo que le genera una impotencia que la supera”.
Frente a este escenario, donde siente que se convirtió en el “chivo expiatorio” de un caso de peso político y mediático, la exfiscal le solicitó formalmente al juez Ercolini “tener a bien adoptar una solución liberatoria o, en su defecto, dictar la falta de mérito”, exigiendo únicamente “total imparcialidad y justicia”.
Este es un expediente paralelo al que investiga la muerte de Nisman. Aquí la Justicia averigua sobre los responsables de haber arruinado la escena del crimen, el departamento de Puerto Madero donde fue hallado el cuerpo del fiscal con un tiro en la cabeza.
Allí el secretario de Seguridad Sergio Berni, para defenderse, apuntó para arriba, como hicieron los jefes policiales cuando presentaron sus descargos. Fein también aludió a las personas que ya estaban en el lugar cuando ella llegó, por ejemplo el juez De Campos.
En su presentación, Berni habló de un “escenario caótico” y culpó a Fein de la “falta de control”.
“La responsabilidad de la preservación de la escena y de la conducción del procedimiento recaía exclusivamente en la fiscal Fein”, afirmó Berni, que era secretario de Seguridad de la presidenta Cristina Kirchner en 2015.
Berni habló de una demora y dijo que “la ausencia de una autoridad judicial en la escena desde el momento en el que fue informada imposibilitó una preservación óptima desde el inicio”
En el caso de la muerte de Nisman, la investigación está abierta. La Cámara Federal confirmó un fallo de primera instancia que sostuvo la hipótesis del homicidio, pero resta que el expediente sea elevado a un tribunal oral, que se haga el juicio y que se dicte una sentencia. Está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. También están procesados los excustodios del fiscal.
El fiscal Taiano investiga como hipótesis que la muerte de Nisman se produjo en medio de una guerra de diversos grupos de inteligencia locales que respondían a Cristina Kirchner o a Jaime Stiuso. Al declarar en la causa, Stiuso sugirió que grupos kirchneristas estaban detrás del crimen.
El fiscal tomó declaraciones a decenas de agentes de inteligencia por la explosión de llamadas telefónicas registradas entre el 18 y 19 de enero de 2015, en una actividad intensa, atípica para un fin de semana. Además, investiga un virus introducido en el teléfono del fiscal, donde hay dos colaboradores de la SIDE, exfuncionarios de Entre Ríos, acusados de realizar esa tarea.
Viviana Fein,acusarla de encubrir,Hernán Cappiello,Viviana Fein,Alberto Nisman,Conforme a,,AFA-gate. Un fiscal general puso en suspenso la maniobra para unificar todas las causa en el juzgado de Campana,,Sin prensa ni transmisión. Karina Milei dio otra señal de apoyo a Adorni y hubo un fuerte operativo para evitar un escrache,,Comodoro Py. Las dos prestamistas de Adorni declararon que les debe US$70.000 más los intereses,Viviana Fein,,La fiscal Fein, frente a la Justicia,,Presentación en la causa. Berni le echó la culpa a la exfiscal Fein por el descontrol en la escena del crimen de Nisman,,Zona liberada en Puerto Madero. Extraños descuidos y custodia relajada: la sorpresiva reactivación de la causa Nisman y la indagatoria a Berni
POLITICA
Financiamiento universitario: la Corte le dio ingreso al caso, pero no tiene fecha para resolver y la UBA reclama celeridad
La Corte Suprema le dio ingreso a la causa que promovieron 59 universidades nacionales contra el Poder Ejecutivo y quedó en condiciones de resolver si deja firme la medida cautelar dictada contra el Gobierno. Los jueces, sin embargo, no tienen aún un plazo fijado para resolver.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) les pidió este martes que se expidan “a la mayor brevedad posible” y que dejen firme la cautelar que le impone al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario.
La cautelar en cuestión fue dictada por el juez de primera instancia Martín Cormick y ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Pero no está vigente porque el Gobierno presentó un recurso extraordinario y la Cámara le habilitó el camino a la Corte.
Con esta instancia abierta, Cormick frenó la implementación de su medida cautelar hasta que la Corte decida.
En este momento, las tres instancias tienen decisiones por tomar. Cormick tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo del amparo; es decir, si le exige al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario (lo resuelto hasta ahora es sólo la cautelar). La Corte, en tanto, tiene a estudio el pedido del Gobierno para que la cautelar quede sin efecto, y la Cámara de Apelaciones recibió un planteo de las universidades para que revise la suspensión de la cautelar que dispuso Cormick.
El abogado constitucionalista Pablo Manili, que representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), dijo a que la Cámara debe restablecer la cautelar porque la ley sostiene que una sentencia de primera instancia ratificada por la Cámara debe ejecutarse, aunque la Corte tenga a estudio un recurso extraordinario.
El artículo que citan las universidades es el 258 del Código Civil y Comercial, que dice que si una sentencia de la cámara “fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema”.
“El 258 es categórico: tienen que darle luz verde al incidente de ejecución de la cautelar”, dijo Manili a . Si la Cámara actuara como espera el abogado, la cautelar entraría en vigencia de inmediato, sin esperar una definición de la Corte Suprema.
Las universidades se quejan de la estrategia del Gobierno de demorar los trámites. Cuestionan que haya recusado a todos los jueces; incluidos los tres ministros de la Corte Suprema, que deberá tratar esas recusaciones antes de decidir sobre el destino de la cautelar.
“Es la primera vez en la historia que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley”, dijo Manili.
Las universidades celebran, en cambio, la celeridad con la que la Corte le dio ingreso formal al expediente, ni bien lo recibió, con una breve resolución que dice “Autos”.
El constitucionalista Gustavo Arballo explicó en X que “Autos” es la expresión recortada del clásico “Llamamiento de autos para despacho”, que significa que el tribunal recibió la causa y está a la consideración de los ministros. Arballo advierte que esta expresión de la Corte “no necesariamente es indicio de pronta resolución”.
El camino de la ley
La Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado. Tras el veto presidencial, ambas cámaras la sostuvieron.
En el último día del plazo para hacerlo, en octubre pasado, el Gobierno finalmente la promulgó, pero nunca la aplicó. Al igual que sucedió con la Ley de Discapacidad, el Ejecutivo argumentó que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Fue por eso que los rectores decidieron ir a la Justicia.
El 29 de octubre de 2025, el CIN interpuso su acción de amparo contra el Estado Nacional. El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, que refieren a las actualizaciones salariales y de las becas, y el 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
El Gobierno presentó entonces su recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema y la Cámara se lo concedió. Por eso, Cormick frenó la implementación de la cautelar.
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La Comisión de Acuerdos del Senado emitió dictamen favorable a 15 pliegos judiciales propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en tribunales federales del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
En una nueva reunión celebrada este miércoles en el Salón Azul del Congreso, con la ausencia del bloque peronista, el oficialismo y sus aliados avanzaron en el proceso de renovación de cargos clave del Poder Judicial.
Entre los pliegos avalados figuran designaciones para Tribunales Orales en lo Criminal Federal (TOF) de La Plata y San Martín, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y varios juzgados de primera instancia en los fueros penal, civil, comercial y de ejecuciones fiscales tributarias.
Algunos de los candidatos propuestos incluyen a Javier Matías Arzubi Calvo, quien aspira al TOF N° 5 de La Plata y se desempeñó durante más de una década como secretario en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo
También obtuvo luz verde el pliego de Ana María Cristina Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, postulada para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham; y el de Emilio Santiago Faggi y Laureano Alberto Durán, propuestos para vocalías en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
También recibieron dictamen favorable postulantes para los TOF N° 1 y N° 3 de La Plata, el TOF N° 3 y N° 5 de San Martín, y varios juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional, Civil y Comercial de la Capital Federal. En total, los pliegos abarcan vacantes que, según se indicó durante la audiencia, afectan el normal funcionamiento de tribunales con alta carga de trabajo en el AMBA.
La Comisión, presidida por el senador oficialista Juan Carlos Pagotto evaluó los antecedentes de los candidatos y emitió dictámenes favorables que ahora pasarán a la firma de sus integrantes antes de ser tratados en el recinto.
El lunes, el Ministerio de Justicia envió al Senado un nuevo paquete de 45 pliegos judiciales. Se trata de la tercera tanda enviada por la gestión de Javier Milei y donde también aparecen nombres con una extensa trayectoria en la Justicia. Se prevé que esa lista se incluya en la próxima reunión de la comisión.
Las vacantes en el Poder Judicial, una de las prioridades del Gobierno
Con esta medida, el Gobierno se propone cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial, una urgencia que priorizó por encima de otros cargos sensibles como la Procuración General de la Nación o las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia.
El movimiento del Gobierno busca empezar a reducir el alto nivel de vacantes en el sistema judicial. Actualmente, el 36,5% de los cargos está sin cubrir y en la Corte advierten que podría llegar al 42% en los próximos meses si no se acelera el proceso.
Leé también: El Gobierno relativizó la convocatoria de la marcha universitaria: “El número no es importante”
La situación es aún más crítica en el Ministerio Público Fiscal, donde casi la mitad de los cargos están vacantes. Sin embargo, en este primer envío solo se incluyó un puesto para ese organismo.
En el Gobierno sostienen que la cobertura de cargos judiciales es una prioridad y una de las principales urgencias de la gestión, en un contexto de fuerte atraso en las designaciones y creciente presión institucional por el funcionamiento del sistema.
Senado
POLITICA
La fiscalía le da impulso a una denuncia contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete
El fiscal Guillermo Marijuan impulsó este miércoles una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En una primera ronda de medidas, el fiscal solicitó información bancaria, impositiva y patrimonial del funcionario, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, específicamente, datos sobre un crédito de 60 millones de pesos que Adorni tomó y habría pagado en 2025.
Esa deuda cancelada es el eje de la denuncia que formuló ayer la diputada Marcela Pagano, a la que hoy le dio curso el fiscal.
“La investigación en autos tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito Ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023″, dice el dictamen del fiscal.
A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Marijuan le solicitó información fiscal desde 2020: padrón, perfil fiscal, declaraciones juradas, pagos, Ganancias, Bienes Personales e IVA, entre otros datos.
También pidió saber si Francisco Adorni registra ingresos o egresos de dinero del país y si tuvo sanciones o sumarios aduaneros. Al Banco Central le requirió información sobre cuentas, cajas de ahorro, cuentas corrientes, transferencias, depósitos y retiros en efectivo, cheques, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad, entre otros productos.
A la Inspección General de Justicia (IGJ), le solicitó que informe si existen registros de Francisco Adorni como integrante de alguna sociedad y, en ese caso, que remita legajos, estatutos, actas, balances, evolución del capital y eventuales sanciones.
Durante el gobierno libertario, el hermano del Jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
En su denuncia, Pagano señala que Francisco Adorni habría tenido un incremento patrimonial no justificado desde que ingresó a la función pública nacional.
Según el escrito, en febrero de 2024 el funcionario declaró el 50% de una casa en City Bell, valuada en $38.790.000, y el 50% de una Chery Tiggo 2017, valuada en $5.000.000. También informó bienes, depósitos y dinero por $43.790.000 y ninguna deuda.
En su declaración jurada anual correspondiente a 2025, el funcionario habría declarado un patrimonio neto de alrededor de $80.500.000. Ese aumento, dice Pagano en su escrito, se explicaría a partir de de dos movimientos: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020, valuada en $8.000.000, y la cancelación en doce meses de un crédito hipotecario del Banco Provincia por aproximadamente $60.000.000.
El fiscal le pidió al Banco Provincia que envíe copias de los legajos completos de todos los productos de Francisco Adorni con el banco desde 2023 hasta la actualidad. También que, de haber registro del crédito denunciado, se envíe a la fiscalía todos los detalles del mismo: cronograma original de amortización, plazos, saldos adeudados y pagos, con sus respectivas fechas.
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