POLITICA
Los detalles de la ruta marítima entre Chile y Malvinas, la tensión con Argentina y el proyecto para frenar el intercambio
El buque Danstar, un carguero de bandera chilena con capacidad para 1.389 toneladas, se prepara para zarpar desde Punta Arenas rumbo a Malvinas con frutas frescas, lácteos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada. La operación, impulsada por la naviera Easter Island bajo contrato con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), el organismo de desarrollo económico de la administración ilegal que gobierna las Islas, prevé inaugurar a más tardar en diciembre una ruta comercial que reduce a la mitad la distancia del actual abastecimiento desde Uruguay y reavivó una disputa diplomática y política entre Argentina y Chile con ramificaciones todavía inciertas.
El gerente comercial de la compañía, Luis Cisternas Ávila, confirmó que la travesía se realizará por el Estrecho de Magallanes -no por el paso Drake- y que el trayecto de unos 900 kilómetros demandará dos días y medio. El empresario describió la iniciativa como un negocio entre privados: es el mismo argumento que esgrimen las autoridades chilenas (comunales, nacionales y parlamentarias) para defender la ruta de una posible represalia argentina.
Con una población residente estimada en 3.400 personas, según el último censo, a las que se suma la guarnición militar británica desplegada en el complejo de Mount Pleasant y unos 400 contratistas civiles asociados a la base, las islas poseen un ingreso nacional bruto per cápita de 58.749 libras esterlinas pero producen muy pocos bienes propios. Su abastecimiento depende de un servicio marítimo mensual desde Montevideo a unos 2.000 kilómetros, navegaciones regulares desde Londres y un vuelo semanal de LATAM desde Punta Arenas.
La ruta del Danstar recortaría la distancia continental a la mitad —900 kilómetros frente a los 2.000 desde Uruguay— y abriría un coredor más cercano y, sobre todo, más barato. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, estimó que el intercambio podría superar los 20 millones de dólares anuales, una cifra que hoy captura Montevideo. “Vamos a ser como el gran supermercado, el gran home center de las islas”, afirmó.
La distancia, de acuerdo con un informe realizado por el Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía de la Universidad Nacional de Rosario, constituye una de “las vulnerabilidades estructurales de la presencia británica en las Malvinas y explica la importancia estratégica de sus conexiones con Sudamérica”.
En esta línea, el documento plantea que si la administración ilegal de las Islas posee una red logística diversificada, no conexiones aisladas, se convierte en un problema central para la Argentina. “La logística también consolida poder territorial. Un territorio colonial situado a enorme distancia de la metrópoli resulta más vulnerable cuanto más depende de una única cadena de abastecimiento; esa vulnerabilidad disminuye cuando dispone simultáneamente de aviones militares y civiles, puertos regionales, proveedores sudamericanos y rutas marítimas alternativas”, se sostiene en el texto. Y concluye: “Una ruta comercial no modifica el título jurídico sobre Malvinas, pero abarata, normaliza y hace más sostenible la presencia británica”.
En las rondas comerciales que se realizaron en la región de Magallanes en septiembre, funcionarios británicos explicaron sus prioridades y necesidades: acceso a mercancías de disponibilidad inmediata como alimentos perecederos, materiales de construcción, alimento para animales, ganado en pie, maquinaria pesada y vinos chilenos.
Easter Island publicó un tarifario detallado de su servicio: la carga general y los materiales de construcción arrancan en USD 183 por metro cúbico, la carga congelada en USD 193 y la maquinaria en USD 234. El alquiler de un contenedor seco de 20 pies quedó fijado en USD 812 y el de una unidad refrigerada del mismo tamaño en USD 1.523, con costos portuarios incluidos en origen y destino.
La reacción argentina
En el último mes, Argentina respondió en varios planos, tanto a nivel diplomático como político y desde excombatientes, como el CECIM, de La Plata, que envió una carta documento al canciller Pablo Quirno para que ejerciera las competencias previstas por la ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen o presten servicios comerciales, financieros, logísticos o técnicos relacionados con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina en su plataforma continental.
El texto sostiene que la ruta constituye “el cordón umbilical logístico del proyecto Sea Lion, del abastecimiento material de la usurpación y del saqueo de los hidrocarburos que yacen bajo la plataforma continental argentina”. La preocupación no carece de fundamento: el propio gobierno de las Islas Malvinas anunció la extensión de todas las licencias de producción de hidrocarburos offshore, con respaldo explícito de Londres. La responsable de Recursos Minerales de la administración británica, Cheryl Roberts, lo expresó sin ambigüedad: “Estos son nuestros recursos para desarrollar”.
En el Congreso argentino, el bloque de Unión por la Patria presentó dos iniciativas. El diputado Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) impulsó un proyecto de ley para denunciar el Tratado de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes con Chile. En paralelo, el excanciller Santiago Cafiero encabezó junto a Nicolás Trotta y otros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores un proyecto de resolución para convocar al embajador chileno, Gonzalo Uriarte Herrera, a explicar los alcances de la ruta y si podría servir de soporte logístico al proyecto petrolero Sea Lion.
A nivel provincial, la Legislatura de Tierra del Fuego tramita un proyecto de declaración de rechazo impulsado por la legisladora María Victoria Vuoto (PJ), que solicita al Poder Ejecutivo Nacional gestiones diplomáticas ante Chile y un informe sobre el itinerario, las cargas y las autorizaciones otorgadas.
Sin embargo, el propio Quirno reconoció las limitaciones de Argentina y la buena sintonía entre los gobiernos de Milei y José Antonio Kast. El gobierno se ocupó de no escalar la tensión. En una entrevista con A24, el canciller fue categórico: “Nosotros no podemos frenar el paso inocente”, señaló en relación al buque Danstar. En una cena organizada por el CARI, sin embargo, sostuvo: “Quien contribuya, directa o indirectamente, a la exploración o explotación ilegítima de los recursos que pertenecen a todos los argentinos, difícilmente podrá aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país”.
En tanto, los excancilleres chilenos Alfredo Moreno Charme y Alberto van Klaveren publicaron una columna conjunta en la que pidieron prudencia y advirtieron que la relación bilateral “es demasiado importante para quedar a merced de declaraciones desafortunadas o interpretaciones mal intencionadas que generan coyunturas espinosas”.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), ratificada por Argentina mediante la Ley 24.543, garantiza en su artículo 17 el derecho de paso inocente a través del mar territorial. Y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a la Argentina a mantener “en cualquier tiempo y circunstancias” el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de forma expedita hacia y desde el Estrecho de Magallanes.
En paralelo a esta tensión, Argentina presentó el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte, la primera vez que el país acude a esa instancia por la cuestión. Las audiencias comenzarán el 10 y 11 de noviembre.
Tierra del Fuego contra la ruta comercial
En tanto, el gobierno de Tierra del Fuego trabaja en una iniciativa legislativa propia para regular las operaciones marítimas dentro de las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur y que incluirá un régimen sancionatorio contra las empresas que operen sin autorización del gobierno provincial.
“Es la primera vez que estamos pensando específicamente una ley provincial en clave departamento Islas del Atlántico Sur. Siempre pensábamos desde el lado del resto de Tierra del Fuego y no específicamente desde las islas”, explicó a Infobae el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia patagónica, Andrés Dachary.
Según el funcionario, el nuevo proyecto apunta directamente al territorio insular: prevé la detección de empresas que operen en la zona, la aplicación de sanciones y la prohibición de que esas compañías actúen en cualquier otra parte del país. “En el vínculo que tenés entre Chile y Argentina, una sanción de estas características, entendemos que en lo que tiene que ver con el capital reputacional de las empresas, lo van a pensar dos veces antes de seguir”, sostuvo. La norma no distinguirá por bandera: aplicará por igual a buques que zarpen de puertos chilenos, uruguayos o de cualquier otro origen.
Consultado sobre los tiempos —dado que el Danstar podría zarpar en un mes—, Dachary descartó una carrera contrarreloj: “No buscamos darle tanta entidad a este primer viaje, sino contar con las herramientas normativas necesarias con todo el análisis y el debate, porque lo que buscás es la eficacia de la ley”.
El funcionario cuestionó la contradicción de Chile al apoyar el reclamo argentino de soberanía y, al mismo tiempo, negociar comercialmente con las autoridades isleñas. “Si apoyás el reclamo argentino, implica reconocer su soberanía y jurisdicción. No podés tener un equilibrio de negociar con el pretendido gobierno de las islas y a su vez estar a favor de Argentina”, afirmó.
Sobre el argumento de que se trata de un negocio entre privados, sostuvo que “deja de serlo cuando tenés al alcalde de Punta Arenas sacándose fotos abrazado con las pretendidas autoridades de las islas”. Dachary, por último, puso en perspectiva la escala económica de la disputa: “El comercio bilateral entre Chile y Argentina son ocho mil millones de dólares. Todo este quilombo es por 20 millones”.
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POLITICA
Para el mercado, el Gobierno deberá revisar su plan financiero para afrontar los pagos de deuda de 2027
En el mercado se instaló un consenso: el programa financiero que el Gobierno presentó en julio pasado para atravesar el año electoral quedó obsoleto. Los supuestos sobre cuántos dólares iba a conseguir el Tesoro y con cuántas reservas iba a arrancar 2027 no se cumplieron en su totalidad y esa certeza se convirtió en un nerviosismo que se refleja en el precio de los bonos argentinos.
El riesgo país —el indicador que mide la sobretasa que exigen los inversores para prestarle a la Argentina en lugar de a Estados Unidos— cerró el viernes en 830 puntos básicos. Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció su plan, rondaba los 400 puntos, el nivel más bajo del año. En cuatro meses se duplicó, con un pico de 939 puntos el 6 de este mes.
Hubo factores externos que empujaron, como el triunfo de Luiz Lula da Silva en Brasil y la victoria demócrata en las elecciones en Estados Unidos. Pero el ruido principal es local. “Se había planificado un programa financiero que parecía muy razonable hace tres meses”, dijo la semana pasada Fernando Sedano, de Morgan Stanley, para quien ese esquema “quedó un poco obsoleto”.
El plan suponía que el Tesoro conseguiría US$6000 millones este año con la colocación de bonos en dólares bajo ley local y otros US$5000 millones en 2027. Sin embargo, desde agosto no se coloca el AO29, el título con el que se buscaba completar esa meta, y todavía faltan unos US$800 millones para alcanzarla, según la consultora Invecq. Con el riesgo país en estos niveles, salir a buscar ese financiamiento es bastante más caro.
El otro supuesto que quedó lejos es el de la caja. El programa preveía que el Tesoro cerraría el año con US$3700 millones depositados en su cuenta del Banco Central, un colchón para empezar 2027 con más margen. Hoy esos depósitos están en US$59 millones después del último pago de intereses al FMI. Y en enero llega un vencimiento de unos US$4500 millones con los tenedores de bonos.
Las privatizaciones, otra fuente de dólares del plan, también avanzan más lento. Antes de presentar el programa, el Gobierno ya había obtenido US$707 millones con cuatro hidroeléctricas del Comahue y US$356 millones con la venta de su participación en Transener. En julio, calculaba que ingresarían US$800 millones este año y US$1500 millones en 2027. Desde entonces, la mejor oferta por AySA fue de US$340 millones, por debajo de los US$450 millones que esperaba Economía. El resto de las licitaciones, como las de AMBA I, el Belgrano Cargas y las centrales eléctricas, se atrasaron.
En el mercado nadie pone en duda el compromiso del Gobierno de pagar sus deudas. Lo que se discute es de dónde saldrán los dólares para hacerlo. Según Sedano, el país necesitará conseguir al menos US$10.000 millones durante 2027. Los funcionarios, contó el economista, le aseguraron que el programa “ya está cerrado” y que hay fuentes alternativas de financiamiento. “Si eso es así, es un problema menos”, señaló.
Consultados por , en el Ministerio de Economía no respondieron si planean presentar un nuevo programa financiero.
Vencimientos concentrados
La Argentina no tiene un problema grande de deuda. Según datos oficiales, esta representa menos del 70% del PBI. La dificultad está en el calendario. En 2027, entre el Tesoro y el Banco Central deberán pagar US$21.300 millones en moneda extranjera a privados y al FMI, y US$27.700 millones en 2028. Y el país todavía no recuperó el acceso al mercado internacional de crédito, uno de los objetivos que se había planteado el Gobierno al asumir.
Tampoco queda margen del lado del FMI. El organismo ya le prestó a la Argentina más de US$57.000 millones y el país es su principal deudor. En julio último, durante su visita, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, dijo que no veía necesario que la Argentina pidiera financiamiento adicional. Por eso, si el Tesoro no vuelve a colocar bonos en el mercado local, la variable de ajuste serán las compras de dólares al Banco Central. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), en ese escenario deberían pasar de los US$4900 millones previstos en el programa a US$13.100 millones.
A todo eso se suma la dolarización de los ahorristas. Según cálculos del mercado, en 2027 las personas comprarían unos US$2600 millones por mes, lo que daría US$32.000 millones en el año electoral. La referencia es lo que ya ocurre sin elecciones de por medio. En agosto, las personas compraron US$2853 millones en billetes y en septiembre, US$2896 millones, según el Balance Cambiario del Banco Central. Es una demanda que compite con el Tesoro por los mismos dólares.
Para el expresidente del Banco Central Martín Redrado, lo ideal hubiera sido salir a buscar financiamiento afuera a principios de julio, cuando el riesgo país estaba en torno de los 400 puntos. “Se perdió esa oportunidad”, dijo.
Lo llamativo es que, mientras el riesgo país se duplicó, el dólar casi no se movió. El oficial minorista se mantiene en $1570 en el Banco Nación y en lo que va del año subió apenas 6,1%, frente a una inflación acumulada de 26,3%.
Desde la consultora 1816, en tanto, señalaron que no es habitual que los bonos y el dólar vayan por caminos tan distintos. Una de las explicaciones es que quienes venden bonos argentinos son, sobre todo, inversores extranjeros que operan desde Wall Street, y esos dólares no pasan por el mercado local.
La otra explicación está en el Banco Central. En lo que va del año, compró más de US$16.000 millones en el mercado de cambios para engrosar las reservas y, al mismo tiempo, mantuvo bajo control la cantidad de pesos en la calle, lo que dejó menos margen para que los ahorristas se pasaran al dólar. Pero en lo que va de noviembre el ritmo de compras se frenó.
Para Invecq, la clave de las próximas semanas será la respuesta del equipo económico. Mientras dure la incertidumbre electoral, advirtió la consultora, los inversores seguirán pidiendo un premio para prestarle a la Argentina más allá de 2027.
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POLITICA
El Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios para continuar con el cierre de la ex obra social de las FFAA
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que afronta una grave crisis financiera en los últimos años, puso en marcha un régimen de retiro voluntario para trabajadores de planta permanente que prestan tareas en ese organismo. Es una decisión que avanza con la “motosierra” y liquidación de la estructura que desde 2013 funcionaba como obra social de los militares y de sus familiares.
La medida, que se publicó hoy en el Boletín Oficial a través de la Disposición 721/2026, ofrece a los empleados públicos una “gratificación” de hasta 30 sueldos y seis meses de cobertura médica para el grupo familiar como compensación por la desvinculación, según l edad, antigüedad y situación jubilatoria. El régimen para solicitar el retiro estará abierto por una ventana estrecha de tiempo, entre el 12 y 26 de noviembre, sin posibilidad de prórroga.
La expectativa del Gobierno es que una dotación menor de agentes sea transferida a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), el nuevo organismo que absorberá las funciones de IOSFA. El instituto emplea un personal de 2.450 personas, abarcando todo tipo de contrataciones, según los últimos datos oficiales.
El plan también apunta a desvincular a los trabajadores próximos a jubilarse y sin aportes suficientes. Para ese grupo, “ofrece una alternativa de prestación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta, con continuidad de aportes previsionales y de obra social, por hasta 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios”, señalaron fuentes oficiales.
La decisión se oficializó en el marco del proceso de liquidación y cierre de IOSFA, dispuesto por los DNU 88/2026 y 1286/2026 firmados por el presidente Javier Milei y el gabinete. Ambos decretos reestructuraron el área y crearon la OSFA para cubrir a ese personal, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad para Gendarmería Nacional y Prefectura Naval (OSFFESEG).
La estructura de OSFA busca financiar apenas 8% de sus recursos en gastos administrativos y de funcionamiento, mientras que el resto de las partidas tendrían como destino la atención sanitaria y provisión de medicamentos de los 325 mil afiliados de la institución. Antes de la reestructuración, IOSFA atendía a 550.000 afiliados, que incluía a las familias de prefectos y gendarmes que quedaron bajo la órbita de OSFFESEG.
El nuevo plan de desvinculaciones involucra un régimen específico para su personal de planta permanente de la institución, por tratarse de un organismo descentralizado que no le comprende el régimen general del Estado nacional.
Como ocurrió con otros organismos, y ante el anuncio de cierre, los trabajadores de IOSFA vienen siendo empujados por el Gobierno a terminar con su vínculo laboral. Quien está a cargo de esa tarea operativa es el administrador del IOSFA en liquidación, Gonzalo Secchi.
Secchi también está al frente del saneamiento de la entidad atravesada por deudas con prestadores, reclamos por atención médica y conflictos en farmacias, hoteles y residencias bajo su administración.
Con el decreto 1286/2026, la gestión libertaria definió que el personal no sea transferido de forma automática a la OSFA. De esta forma, el retiro voluntario impulsa las desvinculaciones, ante el panorama incierto de quienes permanecerán y quienes no en la nueva prestadora de salud. Según informaron desde el organismo, las oficinas de RRHH ya está recibiendo consultas e iniciando gestiones de personas interesadas en finalizar su vínculo.
Accediendo al retiro, los empleados podrán gozar de una gratificación de pago único en una cuota si las sumas indemnizatorias no exceden los 20.000.000 pesos. Cuando superen ese importe, el IOSFA podrá dividirlas en hasta tres pagos mensuales y consecutivos de $20.000.000, con el saldo en una última liquidación.
Lo cierto es que se establece una condición dura para quienes acepten e hicieron carrera en el sector público: los agentes cuyo retiro sea aprobado no podrán volver al Estado nacional durante ocho años desde su baja. La prohibición abarca empleos, contratos, asesorías, cargos de autoridad y vínculos con organismos multilaterales de crédito.
Sin embargo, hay resistencias al plan oficial.
Ayer, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un encuentro con más de 50 delegadas y delegados de todo el país para analizar el impacto de la disolución del IOSFA y el régimen de retiro voluntario. El sindicato informó que mantendrá el estado de alerta y movilización permanente, con un plan de lucha que continuará en las próximas semanas.
En varias provincias, donde existen farmacias, hoteles y espacios recreativos que dependen de IOSFA, la protesta sindical tuvo receptividad en concejos deliberantes y legislaturas. Se realizaron movilizaciones San Juan, Santa Fe, Tucumán, Mar del Plata y Punta Alta contra el cierre de los establecimientos, y se impulsaron proyectos de repudio y declaraciones en defensa de los puestos de trabajo.
El corazón del desguace de las plantillas está enfocado en la extensa red de farmacias, mientras que el personal que depende de los hoteles y centros recreativos regresarán bajo la órbita de las FFAA. Esas dependencias pertenecían a los cuerpos castrenses, antes de su unificación en IOSFA.
La incertidumbre laboral crecerá en la medida que se acerque el 4 de febrero de 2027, el plazo máximo previsto que definió el Gobierno para la disolución definitiva de la entidad. Desde la IOSFA aseguran que
Para contener la sangría, ATE anunció acciones gremiales para jueves y viernes en todo el país, además de nuevas jornadas de protesta en la semana del 20 de noviembre. El viernes 27 se realizará una marcha nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Es el último día hábil antes de que venzan los contratos laborales que no están alcanzados por la estabilidad del empleo público.
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POLITICA
El plan electoral de Kicillof tras la visita del Papa, la apuesta presidencial de Massa y la propuesta de Bullrich a Milei
¿Lo que pasa en Luján, se queda en Luján? Para Axel Kicillof la visita del Papa León XIV fue todo bendiciones, pero en el peronismo saben que puede ser pan para hoy y hambre para mañana.
En la misa de Luján hubo 3,5 millones de personas, según datos oficiales. El peronismo escondió las internas debajo de las sotanas y en procesión llegó a la Basílica para acunarse con los mensajes de León XIV. Hubo una deliberada intención de evitar imágenes de movilización peronista explícita. “Vamos cada uno por su lado”, decían en la liga de intendentes.
Estuvieron todos, como anticipó TN. Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois, Mayra Mendoza, Wado De Pedro, Facundo Tignanelli, los intendentes Federico Achával, Federico Otermín, Julio Alak, Mariel Fernández, Fernando Espinoza, Leonardo Nardini y Jorge Ferraresi (de licencia en Avellaneda), entre otros. El Papa lo hizo: Massa y Grabois, con beso y abrazo.
El peronismo está tieso como el que liga un regalo de rebote. El mayor obsequio para las pretensiones del Gobernador fue la foto con el Papa en el Cottolengo Don Orione.
La visita papal acumuló en un lapso de 96 horas 1.6 millones de menciones digitales, según precisó el último informe de Ad hoc Digital. Es uno de los pocos acontecimientos con conversación masiva y sostenida en el tiempo, comparable con la muerte del Indio Solari, que registró 1.3M en 72 horas.
El pico máximo ocurrió el 9 de noviembre (509.000 menciones), impulsado por la visita al Cottolengo Don Orione, la misa en Palermo y el discurso en la UCA. Los otros días registraron 293.000 (8/11), 415.000 (10/11) y 474.000 (11/11) menciones.
Predominó un sentimiento ampliamente favorable, con un 70% de menciones positivas, un 13% neutrales y un 17% negativas. No se registró negatividad hacia la figura del Papa: el 17% respondió exclusivamente a disputas entre usuarios politizados que usaron el evento para atacarse mutuamente.
Las menciones vinculadas al Papa se cruzaron fuertemente con figuras y agendas locales. Los términos más asociados fueron Milei (273.000 menciones) y Misa (179.000), seguidos por Gobierno (88.000), Carpa VIP (86.000), Economía (78.000) y Discapacidad (75.000). Aproximadamente 1 de cada 10 menciones al Sumo Pontífice aludió a sus definiciones sobre economía y trabajo.
La conversación papal representó más de un tercio de la cosecha digital sobre los principales referentes políticos durante esos cuatro días (38% de las menciones de Jorge Macri, y 36% tanto de Javier Milei como de Axel Kicillof). Sin embargo, el sentimiento hacia los dirigentes fue mayoritariamente negativo (58% para Macri, 54% para Milei y 50% para Kicillof).
En la Gobernación mantuvieron con recelo el dato que anticipamos acá por temor a que una escalada mediática frustrara la imagen que tanto esperaban: el saludo del Papa con Kicillof, junto a los discapacitados. Toda una diferenciación con el gobierno de Javier Milei, que mantiene un ajuste obsesivo, y una carta potente para la campaña presidencial.
“El Gobernador va a estar en el punto indicado por el Vaticano. Todo está pautado, pero no sé si se puede comunicar”, jugaban al misterio cerca de Kicillof.
La visita al Cottolengo fue un pedido especial de la Iglesia local. Ya el 6 de agosto, cuando el Vaticano anunció la visita papal, acá contamos que la obra de Don Orione iba a formar parte de la agenda de León XIV para dar un fuerte mensaje social.
“Ahora vamos a ver qué pasa con los presupuestos, tanto de Nación como de la Provincia. Esa es la discusión que viene y se va a ver si el mensaje del Papa tiene correlato en discapacidad y educación”, dice un peronista bonaerense.
También la ludopatía, que está en la agenda de la Iglesia. Después de participar de la misa en Luján, Tignanelli salió muy duro contra la oposición: “Sabemos que afectamos intereses, avisamos que no iba a ser fácil. El martes próximo cada cual tiene que elegir qué intereses tiene ganas de representar. De un lado está el pueblo de la provincia de Buenos Aires; del otro, 7 empresas con mucho poder, que nadie controla, que tienen ganancias siderales y están destruyendo nuestras comunidades. Las apuestas no son un juego”, escribió en X por la caída de la reunión de comisión que preside La Cámpora.
El PRO, la UCR y algunos diputados ligados a intendentes peronistas pegaron el faltazo y dejaron sin quórum la comisión presidida por la kirchnerista Micaela Olivetto. El choque principal enfrenta a La Cámpora —que impulsa un impuesto del 3% sobre las siete grandes casas de apuestas legales para financiar por ley a clubes, sociedades de fomento (85%) y becas deportivas (15%)— con el PRO, cuyo diputado Fernando Rovello acusa al kirchnerismo de querer armar una “caja” política sin atacar el juego clandestino (que representa el 80% del mercado ilegal donde apuestan menores) y propone crear fiscalías especializadas, controles biométricos y bloqueos de IP.
No será el único tironeo. En la Legislatura persiste la intención de Kicillof y los intendentes de habilitar la reelección indefinida en los municipios. También está pendiente la integración de la Suprema Corte, que tiene cuatro vacantes.
“Sobre la Corte no están dadas por el momento las condiciones para que la Legislatura trabaje el tema. En las reelecciones está el proyecto listo para ser tratado, los intendentes están haciendo su parte”, dicen cerca de Kicillof.
El proyecto choca con el recelo de La Cámpora y el rechazo de frente de Massa. “No hay nada. Solo intentos de vincular ambos temas. ¿Viste la fábula del Pastorcito mentiroso?”, inquieren en el Frente Renovador.
El líder del FR acrecentará la presencia en redes para instalar una candidatura presidencial. “Si hay PASO es simple. Si no, se definiría en internas o vamos divididos”, advierten cerca de Massa.
Kicillof, el candidato presidencial por el peronismo más instalado, pero sin el beneplácito de Cristina Kirchner, hace silencio y proyecta una agenda de recorrida por el interior: Chubut, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, Salta, Catamarca, Tucumán y Río Negro.
El gobierno nacional apura la suspensión de las PASO: el senador Agustín Coto, que preside la comisión de Asuntos Constitucionales, convocó para el martes próximo a una reunión. “No tienen los votos. Dependen de los gobernadores”, se tranquilizan en el peronismo.
Todos, de un lado y del otro, miran a Patricia Bullrich. La senadora juega con la idea de pedirle una PASO a Milei para definir la candidatura presidencial. ¿Busca el no del Presidente para presentarse por afuera? ¿Si se parte la derecha, el peronismo se bifurca? Por ahora, en el PJ simulan una comunión de alma misionera, hasta que los tome la vida nueva.
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