Javier Milei tendrá este martes un encuentro cara a cara en el summit de AmCham con el círculo rojo político y empresarial de la Argentina. Arribará con su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el centro de la polémica por su falta de explicaciones respecto de su patrimonio y sus viajes desde hace semanas. Los murmullos sobre la figura del ministro coordinador corrieron como agua en los pasillos del Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se hace el evento.

El Presidente llega en un día particular al encuentro porque hoy se cumple justo un año de que su administración decidió salir del cepo al dólar, uno de los hitos más importantes de su gestión en materia económica -Milei lo celebró esta mañana-, pero también a solo unas horas de que se conociera un número de inflación de marzo de 3,4%, que lleva el acumulado de 2026 a 9,4%. Esto cuando el Gobierno había estipulado 10,1% para todo el año en el Presupuesto.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, dijo el Presidente y anticipó que de eso hablará en el foro.

El oficialismo sabe que el establishment económico sonríe ante su plan, por eso los personajes de la Casa Rosada que pasaron por acá pidieron respaldo ahora, en un momento de tensiones para la administración libertaria. La contracara, advierten a este sector, es el kirchnerismo.

En la previa, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya advertido del número de inflación que se podía venir, buscó imprimirle también esperanza al futuro. “Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”, arengó el funcionario, que por estas horas ve cómo cae la recaudación y cómo se suman reclamos de distintos sectores aquejados por el ajuste: los gobernadores acá en el foro, que pidieron baja de impuestos; los intendentes (sobre todo los peronistas), que reclaman obras públicas; los pacientes con discapacidad, que se fueron a quejar afuera del Palacio de Hacienda por el retraso en los pagos de las prestaciones; los choferes de colectivos…

El tono de esperanza hacia adelante Milei lo acarrea desde la semana pasada, cuando pidió “paciencia” a quienes todavía no sienten las bondades de su plan económico, pero insistió con que el rumbo es el correcto y con que cambiarlo implicaría “dinamitar lo logrado”.

En la Casa Rosada se multiplican los dardos a los medios y se convencen de que el plan trazado tiene que funcionar. En estos últimos días, en Balcarce 50 dijeron saber que el primer trimestre del año iba a ser difícil, pero se mostraron seguros que desde abril comenzará un respiro.

El gobierno de Milei, dicen los analistas, tiene también un desafío en materia de empleo. Uno de los grandes ausentes de esta jornada fue el secretario de Trabajo, Julio Codero, que canceló su participación. Fuentes oficiales consultadas por alegaron que Cordero no pudo participar de AmCham porque se quedó trabajando en temas procesales de la reforma laboral, que en parte quedó suspendida tras un amparo que presentó la CGT y que consiguió aval de la Justicia.

Antes de Milei, también hablaron el ministro del Interior, Diego Santilli; y el canciller Pablo Quirno, que no pudieron esquivar responder por Adorni, pero volvieron a darle su apoyo, cuando los hermanos Milei siguen abroquelados en el respaldo al jefe de Gabinete.

A través de una carta enviada por el Episcopado al ministro de Salud, Mario Lugones, la Iglesia insistió en su preocupación por la crisis que atraviesan las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad y reclamó “una respuesta concreta, visible y urgente”. El reclamo se produce en medio de la negativa del Gobierno de aplicar la ley de emergencia en discapacidad, que recompone subsidios, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada por el Congreso.

Se trata de una crisis que pone en riesgo a unas 250.000 personas que enfrentan problemas de discapacidad en todo el país y que eleva los afectados a casi un millón si se suma a las familias, trabajadores y proveedores de las instituciones, según un relevamiento del sector.

“Muchas de esas instituciones se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”, expresa la carta firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

Como signo de esta preocupación, monseñor Colombo celebrará la misa central de este Jueves Santo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Mendoza, donde tiene su sede el Hogar Don Orione, seriamente comprometido por la crisis del sector.

Como dato complementario, surgido de fuentes vinculadas con las entidades afectadas, el financiamiento de las prestaciones se encuentra gravemente comprometida. “El PAMI no interrumpía su cadena de pagos de esta forma desde 2002”, graficaron a .

La carta de los obispos al ministro Lugones expresa que “en estos días se ha hecho visible, de manera especialmente dolorosa, la situación de muchas instituciones, en las que se sostiene una tarea silenciosa y generosa que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria: el cuidado cotidiano de quienes más necesitan de la comunidad”.

“Entre las muchas que podríamos nombrar señalamos, por ejemplo, los Cottolengos Don Orione, obra con un profundo arraigo en la vida social y comunitaria donde la continuidad del cuidado de 1200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato”, sostiene el Episcopado.

Frente a este panorama, la Iglesia advierte que “los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal”.

El Episcopado señala que “las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir”, al describir un cuadro de “endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios”. Añade que “en muchos casos, además, se trata de residentes que requieren atención integral para alimentarse, higienizarse y realizar las actividades más básicas de la vida cotidiana”.

La carta firmada por monseñor Colombo recuerda que en mayo de 2025 el Episcopado había advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar^”. Y, ante la angustiante situación actual, reclama el cumplimiento de la ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”.

La Iglesia entiende que las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad constituyen “un verdadero patrimonio social de nuestra patria”. Agrega en la carta que “el respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad”.

“Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas. En nombre de tantas instituciones, familias y personas que hoy viven con angustia esta situación, nos urge pedir que el Estado pueda ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables”, dice el Episcopado en la nota enviada a Lugones.

Como integrantes de la comisión ejecutiva del Episcopado, firman la carta junto a Colombo el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del organismo; monseñor César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, y monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina.