Bettina Angeletti, la mujer de Manuel Adorni, compró una casa en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.

Fuentes oficiales informaron a que Adorni omitió presentar ese apéndice reservado (que debe incluir el detalle de los bienes inmuebles de su cónyuge) junto a la parte pública de su declaración jurada, que sí entregó a la OA el 4 de agosto pasado.

Adorni dio cuenta por primera vez de la casa de Indio Cua ante la OA este mes, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y después de que la Justicia le pidió al organismo anticorrupción, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, la totalidad de lo presentado por Adorni.

Tras recibir la nueva documentación aportada por el jefe de Gabinete, la OA la remitió, la semana pasada, al juzgado de Ariel Lijo y a la fiscalía de Gerardo Pollicita, según informó a un funcionario al tanto de estos movimientos.

dio cuenta, el mes pasado, de la adquisición de la casa de Indio Cua a nombre exclusivo de Angeletti. Obtuvo la información con un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense. Según estos datos públicos, la mujer del jefe de Gabinete se convirtió en titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. La documentación catastral deja constancia de la fecha de nacimiento de Angeletti, su nacionalidad y de que, al momento de la compra, estaba casada con Manuel Adorni.

La escribana del matrimonio Adorni-Angeletti, Adriana Nechevenko, declaró el miércoles pasado ante el fiscal Pollicita y dio detalles sobre diferentes operaciones inmobiliarias de ellos en las que intervino. Una fue la compra de la casa de Indio Cua. Otra, un préstamo de 100.000 dólares que dos mujeres les hicieron a Adorni y Angeletti, que pusieron como garantía de esa operación el departamento de la avenida Asamblea en el que entonces vivían. Ese préstamo con hipoteca se formalizó, según documentación a la que accedió , el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti compró la casa del country de Exaltación de la Cruz.

Nechevenko declaró que el préstamo de 100.000 dólares se destinó a afrontar parte del precio de la compra del inmueble de Indio Cua. Dijo también que ella le presentó las prestamistas a Adorni porque él le había pedido que le consiguiera el crédito.

El jefe de Gabinete y su esposa se comprometieron a devolver el dinero en 24 meses, con un interés del 11% anual, declaró la escribana y ratificaron en Comodoro Py las prestamistas, Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía, y Victoria María José Cancio, su hija. Según fuentes con acceso a lo declarado por las testigos, ellas dijeron que era la primera vez que hacían una operación así con Nechevenko, con quien tienen una relación escribana-clientas desde hace muchos años. Tanto Nechevenko como las acreedoras de Adorni y Angeletti informaron que hasta ahora les pagaron 30.000 dólares.

El hecho de que un funcionario omita declarar los bienes de su cónyuge en su presentación ante la Oficina Anticorrupción puede tener consecuencias administrativas y penales.

La regla es que si la OA advierte que alguien presentó una declaración incompleta, debe intimarlo a que la rectifique y, si no lo hace, puede abrir un expediente o incluso denunciarlo ante la Justicia.

El Código Penal establece, en el artículo 268 (3) que “será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”. Que “el delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda”. Y que “en la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.

Según la ley, no basta entonces la omisión, sino que esta debe ser “maliciosa” para que se constituya un delito.

En este caso, Adorni podría alegar que él rectificó su declaración original y que agregó lo que no había informado. se comunicó con el estudio jurídico que lo defiende, donde declinaron hacer declaraciones sobre la causa.

En cualquier caso esta omisión será un elemento a tener en cuenta en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se investiga si el jefe de Gabinete tuvo un crecimiento apreciable de su patrimonio que no puede justificar.

Los investigadores tienen en su poder pruebas de que, desde que es funcionario, Adorni y su mujer sumaron a sus bienes la casa del country en Indio Cua, un nuevo departamento en el que viven, en Caballito, y una camioneta. Los ingresos declarados de él son los de funcionario y ella, hasta el año pasado, era monotributista.

El paro por 72 horas que activaron los médicos de cabecera en reclamo de mejoras salariales puso de relieve la crisis del PAMI, el organismo nacional que presta asistencia médica y social a más de 5 millones de jubilados y pensionados y que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones.

El PAMI tiene hoy una deuda con sus prestadoras que alancaza los $500.000 millones, según precisaron fuentes oficiales a . El organismo les adeuda a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Con el conflicto en ciernes, Lugones recurrió la semana pasada al Ministerio de Economía para explorar un auxilio financiero. Hubo hace ocho días un encuentro mano a mano con su par de Hacienda, Luis “Toto” Caputo. No hubo una resolución para enfrentar el pasivo y desde la cartera de Salud sugirieron en reserva que hay una demora en la transferencia de fondos para hacer frente a las demandas.

Desde la Casa Rosada, en tanto, relativizaron el conflicto y se mostraron confiados a una pronta resolución. “Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo. Hay solo un mes de atraso”, justificaron voceros oficiales.

La semana pasada, cuando el choque con los médicos de cabecera, que serían unos 8000, parecía inminente, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó un comunicado en el que tomaba distancia del conflicto. “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”,especificó el breve texto que se difundió en la red social X. El mensaje dejó al descubierto los cortocircuitos en el Gabinete.

El PAMI cuenta con un presupuesto anual de más de 10 billones de pesos, pero hoy no contaría con los recursos para afrontar la deuda reclamada. La obra social de los jubilados está a cargo de Esteban Legúizamo, cuya gestión quedó recientemente en la mira por una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de de lentes intraoculares.

La Federación de Clínicas Bonaerenses (Fecliba) le envió el 1° de abril una carta a Leguízamo advirtiéndole que era necesario para mantener la atención “recomponer el circuito de pago de las prestaciones” y pidió establecer un cronograma de pagos. Además, exigió actualizar los valores de las prestaciones, “adecuándolos a la realidad de los costos actuales, incorporando mecanismos automáticos de ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que eviten nuevos desfasajes”. La carta de los empresarios, firmada por Jorge Soria y Néstor Porras, cerró con otra alerta: “La magnitud del escenario descripto impone la necesidad de avanzar en definiciones que permitan preservar la continuidad de los servicios y evitar mayores niveles de deterioro en la red prestacional”.

El paro es impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), pero cuenta con el respaldo de los gremios del sector público, como ATE y UPCN, que pretenden extender la protesta. La medida de fuerza surge tras la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos y fue aplicada, según los profesionales, sin consulta previa y con carácter retroactivo al 1° de abril.

Desde el organismo, en tanto, sostienen que no se trata de un ajuste sino de una reconfiguración del sistema que incrementa el ingreso fijo de los médicos y que permite ordenar el gasto.

Con la nueva normativa, ese esquema fue reemplazado por un sistema exclusivamente capitado: PAMI elevó el valor por paciente de $900 a $2100 mensuales, pero eliminó todos los ítems extra.

Desde el Instituto defienden la medida. Fuentes de PAMI señalaron que el cambio implica “un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera” y que busca “ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia, controlando posibles desvíos”.

Según explicaron, un profesional con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa “un incremento del 121% en el ingreso fijo”. Además, sostienen que la unificación del nomenclador responde a un reclamo histórico del sector para simplificar la carga administrativa y que permitirá mejorar los controles sobre las prestaciones efectivamente realizadas.

“Hay una crisis generalizada en el PAMI. El reclamo de los médicos de cabecera es entendible porque les sacaron los adicionales. Además, les pidieron que limiten la atención a los pacientes diabéticos porque son tratamientos de alto costo. También hay demoras en la entrega de pañales. Es parecido a lo que sucedió en los 90″, dijo a Ramón Farías, coordinador nacional de ATE en el organismo.

En el PAMI hay 10.500 empleados. Hubo un recorte de 1500 desde que llegó Milei, entre despidos y jubilaciones. Hay versiones que podría activarse en el corto plazo un plan de retiros voluntarios como el que el Gobierno abrió en los medios públicos.