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La relación entre el Gobierno y la CGT es mala, pero no tanto como para que se concrete el quinto paro general contra Javier Milei. El último se hizo el 19 de febrero pasado y el plan de lucha que la cúpula cegetista realiza con las dos CTA desde el 22 de julio no contempló ninguna huelga e incluyó hasta ahora 4 movilizaciones con participación testimonial, a las que ahora se sumó otra concentración el jueves próximo en defensa de la industria y un acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria que se hará el 15 de este mes.

En la cabeza de los jefes cegetistas se despliega un tablero lleno de desafíos y complicaciones. Los referentes del sector dialoguista siguen explicando en privado que “aún no hay clima social” para impulsar una nueva paralización total de actividades. Saben que crece el malestar por el deterioro de algunos índices económicos y laborales, pero no están seguros de que eso garantice el éxito de otro paro general: sus bases son renuentes a que les descuenten un día de trabajo o a perder el presentismo y, obviamente, muchos temen que la adhesión a una huelga los lleve al despido.

Además, un acatamiento dispar al paro general también dejará al sindicalismo en una posición de debilidad ante el PJ en un momento clave: está en juego la interna del peronismo en la que se definirán la candidatura presidencial y las listas legislativas para 2027, donde la CGT espera tener por fin un papel protagónico.

Pero, ¿qué político se asociará para el trazado electoral a un poder sindical que no puede hacer un paro general que verdaderamente arrincone a Milei y lo obligue a rectificar sus políticas? Es una de las dudas que los carcome.

En ese escenario tan complejo, la CGT pudo acordar en julio pasado con el Gobierno una serie de correcciones a la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral que había perjudicado a los sindicatos en puntos clave para su financiamiento. Así surgió el decreto 612, que dejó a salvo la caja sindical, y graficó una etapa del oficialismo más predispuesta a la negociación a partir de la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

Algunos creen que quizá por ese alivio en las arcas de los gremios la CGT amagó con un virulento esquema de protestas “a la francesa”, con medidas sectoriales y alternadas, y terminó en un plan de lucha sin huelgas y con eje en marchas callejeras, en las que tampoco movió todo el “aparato sindical” para que fueran masivas.

Pero dos recientes decisiones del Gobierno volvieron a prender las luces amarillas en la CGT y podrían derivar en un endurecimiento de su estrategia, aunque siempre después de la visita del Papa León XIV a la Argentina, donde la expectativa cegetista, más allá de su encuentro del 9 de noviembre en la UCA junto con el empresariado y los movimientos sociales, es que el sucesor de Francisco brinde señales que puedan interpretarse inequívocamente como críticas a la política socieconómica de la administración libertaria.

Una de las decisiones oficiales que inquietaron a la CGT es la de preparar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impedir la certificación de autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), encabezada por Luis Barrionuevo, luego de las elecciones sindicales de diciembre pasado.

La apelación, como anticipó Infobae, busca cuestionar el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que convalidó de manera provisoria la conducción nacional del gremio y ordenó a la Secretaría de Trabajo que expidiera en un plazo de 5 días el correspondiente certificado de autoridades, que es el reconocimiento de que Barrionuevo ganó las elecciones y tiene todas atribuciones como titular de la UTHGRA.

Pero el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, decidió ir a la Corte para no convalidar al líder de Gastronómicos con el argumento de que las elecciones en las que se proclamó ganador están judicializadas y sin fallo en firme.

“Es muy preocupante que recurra a la Corte porque es una injerencia total del Poder Ejecutivo contra un gremio nacional”, dijo a Infobae un alto directivo de la CGT, temeroso de que la resolución sirva de “antecedente para desobedecer” fallos favorables a otros sindicatos.

Pero, además, en la cúpula de la CGT, dominada por el sector dialoguista, causó impacto el alejamiento de la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa: creen que es una “muestra de hostilidad” hacia el sindicalismo porque la funcionaria saliente tenía fluidas relaciones con la dirigencia gremial y con el empresariado.

Algunos líderes sindicales incluso advirtieron que Testa “no fue desplazada” por Pettovello, como deslizaron fuentes oficiales, sino que presentó su renuncia indeclinable al cargo por “motivos personales”, aunque deslizaron que se fue por diferencias en la gestión como consecuencia de las “presiones” de Federico Sturznegger, el enemigo público N° 1 de la CGT.

Nunca fue un secreto que la ex subsecretaria de Trabajo, que fue nombrada en enero de 2025 por impulso de Julio Cordero, el secretario del área, llegó desde el gobierno porteño, donde era directora general de Relaciones Laborales, sin ser un cuadro técnico del PRO y con un pasado como abogada de la UOCRA, pero pareció haber sido elegida precisamente porque, además de mucha experiencia en la gestión, tenía excelentes vínculos en el ámbito sindical y empresarial.

En la CGT dicen que Testa “se cansó” de lidiar con problemas ajenos a su función, mientras que en el Gobierno aclaran que su alejamiento se debió a una “reestructuración” en Capital Humano, dejando en claro que no se cuestionaba la forma en que trabajó.

Más allá de su relación con Cordero, los sindicalistas sienten que perdieron una interlocutora que podía contemplar sus posiciones gracias a haber conocido la problemática gremial por su tarea profesional en la organización liderada por Gerardo Martínez.

Para la CGT son pésimas señales la designación del abogado Mariano Sartoris en lugar de Testa porque “no conoce sobre las relaciones laborales” (se trata de una persona de extrema confianza de Pettovello) y la llegada de Ramiro Cherñetz como director de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo: “Proviene de las corporaciones empresariales y de los estudios jurídicos que escribieron la reforma laboral”, se quejan.

Pese a que ya se enteró del malestar de la CGT a raíz de sus últimas dos decisiones, el Gobierno afirma que no habrá modificaciones en el rumbo y que seguirá teniendo “las puertas abiertas”. “No se tienen que sentir amenazados -advirtió a Infobae una importante fuente libertaria-, pero los sindicalistas piensan que son los dueños de la Secretaría de Trabajo y que son más importantes que el presidente de la Nación. No se dan cuenta de que los tiempos cambiaron”.

Justamente, a tono con sus reflejos de siempre, los jefes de la CGT tomaron nota de los “gestos de hostilidad” del Gobierno con sus últimas decisiones y, aunque admiten que deberán “analizar cuál es el mejor momento y la mejor reacción”, ya acercaron el pie al acelerador del nuevo paro general: la segunda quincena de noviembre, luego de la visita del Papa, figura en estas horas marcada en rojo en el almanaque de las protestas cegetistas.

Sandra Pettovello,Gerardo Martínez,Julio Cordero,Luis Barrionuevo

Mientras los distintos referentes del peronismo con peso en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, transitan de manera autónoma un camino hacia la negociación electoral de 2027, las segundas y terceras líneas intervienen en distintas negociaciones políticas, con la Legislatura bonaerense como teatro de operaciones.

La semana que inicia, el peronismo podría mostrar una foto de cohesión en el Senado bonaerense. Al menos esa es la expectativa, con el antecedente reciente de que en Diputados legisladores de Kicillof acompañaron un proyecto del presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, después de mostrar sus disidencias al texto durante el debate en comisión.

La tensión sigue latente, pero podría haber un breve momento de convivencia interna. El próximo martes, el peronismo buscará aprobar en la Cámara alta dos proyectos de ley que el gobernador giró tiempo atrás y son la creación de una empresa de medicamentos y la unificación del sistema de salud.

Las iniciativas no son nuevas. De hecho, por la interna del peronismo, el año pasado perdieron el estado parlamentario. A fines del 2025, en repetidas oportunidades, los senadores que responden a Cristina Kirchner y a Sergio Massa le solicitaron por nota a la vicegobernadora, Verónica Magario, que convocase a una sesión para tratar los expedientes. El requerimiento llegaba en medio de lo que fue la negociación por las autoridades de la mesa. Entonces, aquellos pedidos nunca avanzaron porque no se sesionó y los proyectos -que ya habían sido aprobados en Diputados- perdieron estado parlamentario. Este año, el Ejecutivo volvió a presentarlos. “Se perdieron diez meses; si hubieran convocado a sesionar a fin de año, ya sería ley. Lo importante es que ahora parece que avanzan y nosotros vamos a acompañar, como acompañábamos también el año pasado”, aseguró un referente K ante este medio.

A fines de agosto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, volvió a defender las iniciativas ante los integrantes de la comisión de Salud. El kirchnerismo había asegurado que respaldaría los proyectos, aunque —en principio— el senador Mario Ishii mostró su distancia. El último jueves, la comisión de Salud de la Cámara alta se reunió y sacó despacho de mayoría de los dos proyectos para que lleguen al recinto. Fuerza Patria acompañó, aunque con modificaciones. Mientras que los representantes de La Libertad Avanza –Diego Valenzuela y Betina Rivas-, el PRO –Alex Campbell– y el bloque Hechos de los hermanos Passaglia –Marina Subiza– rechazaron el dictamen y harán lo propio en el recinto. El argumento es que el Estado “no está en condiciones” de sumergirse en un proyecto que “genera un gasto de grandes magnitudes” y además busca “regular” el funcionamiento del sector privado de salud. Para la oposición, el espíritu de los proyectos va a contramano de la baja del déficit y el superávit que promueve la gestión nacional.

“Esto es un ir cerrando un círculo: que la salud es una sola en realidad, pero el Estado tiene que tener una injerencia importante y no como está haciendo hoy el Estado nacional, que se corre de todos lados y para él es todo privado”, consideró el senador Pedro Borgini, que es el presidente de la comisión de Salud y forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que comanda Kicillof. El proyecto pasará este lunes por la comisión de Legislación General —que preside el senador del MDF, Germán Lago— para así, con dos dictámenes, llegar a la sesión de este martes.

Para que el kirchnerismo acompañe las iniciativas, hubo que hacerle modificaciones al proyecto original. Detrás de esa jugada estuvo el intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii. En el proyecto de ley de creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), las modificaciones apuntan a delimitar con mayor precisión las atribuciones estatales y reforzar las garantías para los actores del sistema. Se eliminan las facultades del Poder Ejecutivo para definir la localización de establecimientos sanitarios y determinar previamente la necesidad de incorporar nuevas instituciones, servicios o tecnologías, manteniéndose únicamente las habilitaciones correspondientes. Asimismo, se restringe la posibilidad de exigir prestaciones extraordinarias al sector privado a situaciones excepcionales de emergencia sanitaria formalmente declarada, con carácter temporal y sin afectación permanente de bienes o personal. También se aclara que la adhesión de municipios y establecimientos privados a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud es voluntaria, y que la falta de incorporación no afectará su habilitación, funcionamiento ni acceso a programas generales. Además, se reorganizan disposiciones sobre gobernanza de datos, se limitan sanciones graves y se precisan las competencias de los órganos de coordinación del sistema.

Respecto del proyecto de creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense SAPEM, las modificaciones se orientan a asegurar la sostenibilidad financiera, preservar el control estatal y fortalecer la supervisión legislativa. Se establece que el endeudamiento y la emisión de títulos deberán estar vinculados al objeto social, contemplados en el presupuesto aprobado y sujetos a los límites previstos en el Estatuto y la Ley de Administración Financiera provincial. El Estatuto deberá incluir una política de financiamiento y endeudamiento con límites prudenciales. A su vez, se fija que la Provincia conservará el 99% del capital social mediante acciones clase A, mientras que cualquier transferencia de esas acciones requerirá autorización legislativa con mayoría de dos tercios. Finalmente, se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, integrada por cinco diputados y cinco senadores, con facultades para requerir informes, formular recomendaciones e intervenir previamente en operaciones de endeudamiento extraordinario. Este último punto fue el que destrabó la votación en Diputados cuando se votó la misma iniciativa que luego perdió estado parlamentario en el Senado.

En Diputados, el juego en línea

La Cámpora descuenta que los diputados de Fuerza Patria acompañarán el último proyecto de ley potente que presentó Tignanelli junto a la diputada Micaela Olivetto. El mismo propone un marco integral de prevención y regulación de apuestas on line. La misma es con verificación facial, límites de acceso, prohibición de bonos y publicidad dirigida a menores. La iniciativa también impide presentar la actividad como un “juego”, crea una fiscalía especializada para bloquear plataformas ilegales y establece que, si apuesta un menor, se podrá revocar la licencia del operador. “Llamarlas juego es una trampa, son lugares donde se realizan apuestas”, afirmó el autor que ostenta la jefatura política de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires.

La propuesta, además, obliga a las empresas a destinar a salud mental el equivalente a todo su gasto publicitario y a aportar el 3% de los premios para clubes, centros culturales, jubilados y becas deportivas. “Estas empresas todos los meses sustraen de la economía de la provincia una suma exorbitante”, sostuvo Tignanelli, quien planteó que los fondos permitirán fortalecer organizaciones comunitarias y financiar tratamientos por ludopatía. Hace un mes, el gobierno bonaerense definió aplicar un cobro del 2% sobre los premios de las apuestas online en las siete plataformas de juego que tienen concesión para operar en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había dicho que se recaudaría “entre 35.000 y 40.000 millones de pesos adicionales todos los meses”. Fue a través de una resolución del Instituto de Loterías y Casinos que preside Gonzalo Atanasof.

Jueces, a la espera

Mientras se aguardan definiciones de corte electoral que también dependen de la intervención de la Legislatura como posible eliminación de las PASO en Buenos Aires, la chance de ir hacia un sistema de Boleta Única en PBA como reclama la oposición, hay un tema más cercano y es la prestación de acuerdos para cargos judiciales, en el cual no solo deberá haber un acuerdo interno entre las distintas facciones del peronismo, sino también con la oposición.

El Ejecutivo tiene 280 pliegos en su poder, que ya “salieron” desde el Consejo de la Magistratura provincial en sus respectivas ternas y aún no se han girado al Senado para su aprobación definitiva luego de las entrevistas que debe hacer la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado. “Nosotros estamos relativamente al día”, cuenta un integrante del Consejo de la Magistratura. Es decir, se avanzó en el proceso de selección. Las miradas apuntan al Ejecutivo, que debe resolver nombres y elevar los pliegos. La demanda del Consejo de la Magistratura es compartida por el Poder Judicial sobre todo para suplir las subrogancias en distintos tribunales. Durante la gestión de Juan Martín Mena en el Ministerio de Justicia bonaerense se avanzó con 412 designaciones. Esta semana que inicia, dejan correr en distintas terminales; podría haber novedades al respecto y un gesto de avanzar en dicha agenda.

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