POLITICA
Las dos decisiones del Gobierno que tensaron al máximo la relación con la CGT y podrían acelerar el paro general

La relación entre el Gobierno y la CGT es mala, pero no tanto como para que se concrete el quinto paro general contra Javier Milei. El último se hizo el 19 de febrero pasado y el plan de lucha que la cúpula cegetista realiza con las dos CTA desde el 22 de julio no contempló ninguna huelga e incluyó hasta ahora 4 movilizaciones con participación testimonial, a las que ahora se sumó otra concentración el jueves próximo en defensa de la industria y un acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria que se hará el 15 de este mes.
En la cabeza de los jefes cegetistas se despliega un tablero lleno de desafíos y complicaciones. Los referentes del sector dialoguista siguen explicando en privado que “aún no hay clima social” para impulsar una nueva paralización total de actividades. Saben que crece el malestar por el deterioro de algunos índices económicos y laborales, pero no están seguros de que eso garantice el éxito de otro paro general: sus bases son renuentes a que les descuenten un día de trabajo o a perder el presentismo y, obviamente, muchos temen que la adhesión a una huelga los lleve al despido.
Además, un acatamiento dispar al paro general también dejará al sindicalismo en una posición de debilidad ante el PJ en un momento clave: está en juego la interna del peronismo en la que se definirán la candidatura presidencial y las listas legislativas para 2027, donde la CGT espera tener por fin un papel protagónico.

Pero, ¿qué político se asociará para el trazado electoral a un poder sindical que no puede hacer un paro general que verdaderamente arrincone a Milei y lo obligue a rectificar sus políticas? Es una de las dudas que los carcome.
En ese escenario tan complejo, la CGT pudo acordar en julio pasado con el Gobierno una serie de correcciones a la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral que había perjudicado a los sindicatos en puntos clave para su financiamiento. Así surgió el decreto 612, que dejó a salvo la caja sindical, y graficó una etapa del oficialismo más predispuesta a la negociación a partir de la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete.
Algunos creen que quizá por ese alivio en las arcas de los gremios la CGT amagó con un virulento esquema de protestas “a la francesa”, con medidas sectoriales y alternadas, y terminó en un plan de lucha sin huelgas y con eje en marchas callejeras, en las que tampoco movió todo el “aparato sindical” para que fueran masivas.

Pero dos recientes decisiones del Gobierno volvieron a prender las luces amarillas en la CGT y podrían derivar en un endurecimiento de su estrategia, aunque siempre después de la visita del Papa León XIV a la Argentina, donde la expectativa cegetista, más allá de su encuentro del 9 de noviembre en la UCA junto con el empresariado y los movimientos sociales, es que el sucesor de Francisco brinde señales que puedan interpretarse inequívocamente como críticas a la política socieconómica de la administración libertaria.
Una de las decisiones oficiales que inquietaron a la CGT es la de preparar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impedir la certificación de autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), encabezada por Luis Barrionuevo, luego de las elecciones sindicales de diciembre pasado.
La apelación, como anticipó Infobae, busca cuestionar el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que convalidó de manera provisoria la conducción nacional del gremio y ordenó a la Secretaría de Trabajo que expidiera en un plazo de 5 días el correspondiente certificado de autoridades, que es el reconocimiento de que Barrionuevo ganó las elecciones y tiene todas atribuciones como titular de la UTHGRA.

Pero el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, decidió ir a la Corte para no convalidar al líder de Gastronómicos con el argumento de que las elecciones en las que se proclamó ganador están judicializadas y sin fallo en firme.
“Es muy preocupante que recurra a la Corte porque es una injerencia total del Poder Ejecutivo contra un gremio nacional”, dijo a Infobae un alto directivo de la CGT, temeroso de que la resolución sirva de “antecedente para desobedecer” fallos favorables a otros sindicatos.
Pero, además, en la cúpula de la CGT, dominada por el sector dialoguista, causó impacto el alejamiento de la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa: creen que es una “muestra de hostilidad” hacia el sindicalismo porque la funcionaria saliente tenía fluidas relaciones con la dirigencia gremial y con el empresariado.

Algunos líderes sindicales incluso advirtieron que Testa “no fue desplazada” por Pettovello, como deslizaron fuentes oficiales, sino que presentó su renuncia indeclinable al cargo por “motivos personales”, aunque deslizaron que se fue por diferencias en la gestión como consecuencia de las “presiones” de Federico Sturznegger, el enemigo público N° 1 de la CGT.
Nunca fue un secreto que la ex subsecretaria de Trabajo, que fue nombrada en enero de 2025 por impulso de Julio Cordero, el secretario del área, llegó desde el gobierno porteño, donde era directora general de Relaciones Laborales, sin ser un cuadro técnico del PRO y con un pasado como abogada de la UOCRA, pero pareció haber sido elegida precisamente porque, además de mucha experiencia en la gestión, tenía excelentes vínculos en el ámbito sindical y empresarial.
En la CGT dicen que Testa “se cansó” de lidiar con problemas ajenos a su función, mientras que en el Gobierno aclaran que su alejamiento se debió a una “reestructuración” en Capital Humano, dejando en claro que no se cuestionaba la forma en que trabajó.

Más allá de su relación con Cordero, los sindicalistas sienten que perdieron una interlocutora que podía contemplar sus posiciones gracias a haber conocido la problemática gremial por su tarea profesional en la organización liderada por Gerardo Martínez.
Para la CGT son pésimas señales la designación del abogado Mariano Sartoris en lugar de Testa porque “no conoce sobre las relaciones laborales” (se trata de una persona de extrema confianza de Pettovello) y la llegada de Ramiro Cherñetz como director de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo: “Proviene de las corporaciones empresariales y de los estudios jurídicos que escribieron la reforma laboral”, se quejan.

Pese a que ya se enteró del malestar de la CGT a raíz de sus últimas dos decisiones, el Gobierno afirma que no habrá modificaciones en el rumbo y que seguirá teniendo “las puertas abiertas”. “No se tienen que sentir amenazados -advirtió a Infobae una importante fuente libertaria-, pero los sindicalistas piensan que son los dueños de la Secretaría de Trabajo y que son más importantes que el presidente de la Nación. No se dan cuenta de que los tiempos cambiaron”.
Justamente, a tono con sus reflejos de siempre, los jefes de la CGT tomaron nota de los “gestos de hostilidad” del Gobierno con sus últimas decisiones y, aunque admiten que deberán “analizar cuál es el mejor momento y la mejor reacción”, ya acercaron el pie al acelerador del nuevo paro general: la segunda quincena de noviembre, luego de la visita del Papa, figura en estas horas marcada en rojo en el almanaque de las protestas cegetistas.
Sandra Pettovello,Gerardo Martínez,Julio Cordero,Luis Barrionuevo
POLITICA
En medio de las negociaciones con LLA, el PRO rechazó discutir la suspensión de las PASO “a las apuradas”

Desde un sector del PRO volvieron a marcarle la cancha al Gobierno, poco después de una nueva reunión entre representantes del partido liderado por Mauricio Macri y el Ejecutivo, como parte de las negociaciones por una eventual alianza para las presidenciales del 2027.
El jefe de bloque del partido en el Senado, Martín Goerling, y el precandidato presidencial, Hernán Lacunza, destacaron que el año que viene el espacio será “protagonista”. Además confirmaron el respaldo a las PASO, que el Gobierno intenta eliminar o suspender para las elecciones del próximo año.
Goerling mencionó que recién en el 2027 el PRO definirá si competirá con candidato propio o acompañará a otro espacio y destacó que el partido buscará tener un papel central: “No tengo duda de que el PRO va a ser protagonista en lo que viene, o liderando o acompañando un gran frente en la Argentina”.
El jefe de bloque del PRO en el Senado además confirmó su respaldo a la postulación de Lacunza y dijo, que Macri les pidió trabajar para fortalecer el partido en todo el país: “Lo manifesté, apoyamos a Hernán, que manifestó su voluntad. Macri lo apoya, yo hablé con él, me dijo que sigamos trabajando en esa línea. Macri fue claro en ese sentido, dijo: ‘Trabajemos en lo propio, en fortalecer el partido en todo el país’”.
POLITICA
Un funcionario clave de Trump visitó Argentina y dijo que las relaciones con EE.UU. están “en el momento más alto de su historia”

El secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, un funcionario clave en la administración republicana, visitó esta semana el país y afirmó que la relación bilateral se encuentra “en el momento más alto de la historia”.
Entre sus actividades, tuvo una reunión con el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.
Landau resaltó la importancia de que, del otro lado de Estados Unidos, haya un gobierno como el que encabeza el presidente Javier Milei, en el fortalecimiento de la relación entre ambos Estados.
Landau junto al presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador estadounidense en la Argentina.
Christopher Landau profirió dichas declaraciones este sábado en sus redes sociales. Tras días de visita a la Argentina que tuvieron como eje la ratificación de lo que considera como “una alineación histórica”.
La visita de Landau a Buenos Aires
“Visité Buenos Aires esta semana para reafirmar y profundizar esta alineación histórica”, publicó el funcionario clave de Trump.
Under the leadership of @POTUS @realDonaldTrump and @JMilei, US relations with Argentina are at an all-time high. I visited Buenos Aires this week to reaffirm and deepen this historic alignment.
Argentina is one of the world’s richest countries in both human capital and natural resources, and American capital and know-how can help unlock its vast potential for mutual benefit. I was honored and delighted to meet with President @JMilei, Foreign Minister @pabloquirno, Economy Minister @LuisCaputoAR, and other key ministers and economic leaders, and our meetings were both substantive and exceptionally warm.
¡Un fuerte abrazo al gobierno y al pueblo de la gran República Argentina de parte de un amigo de toda la vida! 🇺🇸🤝🇦🇷— Christopher Landau (@DeputySecState) October 24, 2026
A la vez, destacó del país su mano de obra y activos naturales, además de señalar que su alineamiento con Estados Unidos, y puesta a disposición de la fuerza laboral y dichos activos para la cadena de suministros estadounidense, es clave para una mayor explotación de estos.
“Argentina es uno de los países más ricos del mundo en capital humano y recursos naturales, y el capital y el saber hacer estadounidenses pueden ayudar a desbloquear su vasto potencial para nebeficio mutuo”, señaló, en ese sentido.
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Argentina,Christopher Landau,Estados Unidos,Javier Milei
POLITICA
Los detalles de la ruta marítima entre Chile y Malvinas, la tensión con Argentina y el proyecto para frenar el intercambio

El buque Danstar, un carguero de bandera chilena con capacidad para 1.389 toneladas, se prepara para zarpar desde Punta Arenas rumbo a Malvinas con frutas frescas, lácteos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada. La operación, impulsada por la naviera Easter Island bajo contrato con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), el organismo de desarrollo económico de la administración ilegal que gobierna las Islas, prevé inaugurar a más tardar en diciembre una ruta comercial que reduce a la mitad la distancia del actual abastecimiento desde Uruguay y reavivó una disputa diplomática y política entre Argentina y Chile con ramificaciones todavía inciertas.
El gerente comercial de la compañía, Luis Cisternas Ávila, confirmó que la travesía se realizará por el Estrecho de Magallanes -no por el paso Drake- y que el trayecto de unos 900 kilómetros demandará dos días y medio. El empresario describió la iniciativa como un negocio entre privados: es el mismo argumento que esgrimen las autoridades chilenas (comunales, nacionales y parlamentarias) para defender la ruta de una posible represalia argentina.
Con una población residente estimada en 3.400 personas, según el último censo, a las que se suma la guarnición militar británica desplegada en el complejo de Mount Pleasant y unos 400 contratistas civiles asociados a la base, las islas poseen un ingreso nacional bruto per cápita de 58.749 libras esterlinas pero producen muy pocos bienes propios. Su abastecimiento depende de un servicio marítimo mensual desde Montevideo a unos 2.000 kilómetros, navegaciones regulares desde Londres y un vuelo semanal de LATAM desde Punta Arenas.

La ruta del Danstar recortaría la distancia continental a la mitad —900 kilómetros frente a los 2.000 desde Uruguay— y abriría un coredor más cercano y, sobre todo, más barato. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, estimó que el intercambio podría superar los 20 millones de dólares anuales, una cifra que hoy captura Montevideo. “Vamos a ser como el gran supermercado, el gran home center de las islas”, afirmó.
La distancia, de acuerdo con un informe realizado por el Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía de la Universidad Nacional de Rosario, constituye una de “las vulnerabilidades estructurales de la presencia británica en las Malvinas y explica la importancia estratégica de sus conexiones con Sudamérica”.
En esta línea, el documento plantea que si la administración ilegal de las Islas posee una red logística diversificada, no conexiones aisladas, se convierte en un problema central para la Argentina. “La logística también consolida poder territorial. Un territorio colonial situado a enorme distancia de la metrópoli resulta más vulnerable cuanto más depende de una única cadena de abastecimiento; esa vulnerabilidad disminuye cuando dispone simultáneamente de aviones militares y civiles, puertos regionales, proveedores sudamericanos y rutas marítimas alternativas”, se sostiene en el texto. Y concluye: “Una ruta comercial no modifica el título jurídico sobre Malvinas, pero abarata, normaliza y hace más sostenible la presencia británica”.

En las rondas comerciales que se realizaron en la región de Magallanes en septiembre, funcionarios británicos explicaron sus prioridades y necesidades: acceso a mercancías de disponibilidad inmediata como alimentos perecederos, materiales de construcción, alimento para animales, ganado en pie, maquinaria pesada y vinos chilenos.
Easter Island publicó un tarifario detallado de su servicio: la carga general y los materiales de construcción arrancan en USD 183 por metro cúbico, la carga congelada en USD 193 y la maquinaria en USD 234. El alquiler de un contenedor seco de 20 pies quedó fijado en USD 812 y el de una unidad refrigerada del mismo tamaño en USD 1.523, con costos portuarios incluidos en origen y destino.
La reacción argentina
En el último mes, Argentina respondió en varios planos, tanto a nivel diplomático como político y desde excombatientes, como el CECIM, de La Plata, que envió una carta documento al canciller Pablo Quirno para que ejerciera las competencias previstas por la ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen o presten servicios comerciales, financieros, logísticos o técnicos relacionados con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina en su plataforma continental.
El texto sostiene que la ruta constituye “el cordón umbilical logístico del proyecto Sea Lion, del abastecimiento material de la usurpación y del saqueo de los hidrocarburos que yacen bajo la plataforma continental argentina”. La preocupación no carece de fundamento: el propio gobierno de las Islas Malvinas anunció la extensión de todas las licencias de producción de hidrocarburos offshore, con respaldo explícito de Londres. La responsable de Recursos Minerales de la administración británica, Cheryl Roberts, lo expresó sin ambigüedad: “Estos son nuestros recursos para desarrollar”.
En el Congreso argentino, el bloque de Unión por la Patria presentó dos iniciativas. El diputado Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) impulsó un proyecto de ley para denunciar el Tratado de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes con Chile. En paralelo, el excanciller Santiago Cafiero encabezó junto a Nicolás Trotta y otros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores un proyecto de resolución para convocar al embajador chileno, Gonzalo Uriarte Herrera, a explicar los alcances de la ruta y si podría servir de soporte logístico al proyecto petrolero Sea Lion.

A nivel provincial, la Legislatura de Tierra del Fuego tramita un proyecto de declaración de rechazo impulsado por la legisladora María Victoria Vuoto (PJ), que solicita al Poder Ejecutivo Nacional gestiones diplomáticas ante Chile y un informe sobre el itinerario, las cargas y las autorizaciones otorgadas.
Sin embargo, el propio Quirno reconoció las limitaciones de Argentina y la buena sintonía entre los gobiernos de Milei y José Antonio Kast. El gobierno se ocupó de no escalar la tensión. En una entrevista con A24, el canciller fue categórico: “Nosotros no podemos frenar el paso inocente”, señaló en relación al buque Danstar. En una cena organizada por el CARI, sin embargo, sostuvo: “Quien contribuya, directa o indirectamente, a la exploración o explotación ilegítima de los recursos que pertenecen a todos los argentinos, difícilmente podrá aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país”.
En tanto, los excancilleres chilenos Alfredo Moreno Charme y Alberto van Klaveren publicaron una columna conjunta en la que pidieron prudencia y advirtieron que la relación bilateral “es demasiado importante para quedar a merced de declaraciones desafortunadas o interpretaciones mal intencionadas que generan coyunturas espinosas”.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), ratificada por Argentina mediante la Ley 24.543, garantiza en su artículo 17 el derecho de paso inocente a través del mar territorial. Y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a la Argentina a mantener “en cualquier tiempo y circunstancias” el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de forma expedita hacia y desde el Estrecho de Magallanes.
En paralelo a esta tensión, Argentina presentó el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte, la primera vez que el país acude a esa instancia por la cuestión. Las audiencias comenzarán el 10 y 11 de noviembre.
Tierra del Fuego contra la ruta comercial
En tanto, el gobierno de Tierra del Fuego trabaja en una iniciativa legislativa propia para regular las operaciones marítimas dentro de las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur y que incluirá un régimen sancionatorio contra las empresas que operen sin autorización del gobierno provincial.
“Es la primera vez que estamos pensando específicamente una ley provincial en clave departamento Islas del Atlántico Sur. Siempre pensábamos desde el lado del resto de Tierra del Fuego y no específicamente desde las islas”, explicó a Infobae el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia patagónica, Andrés Dachary.
Según el funcionario, el nuevo proyecto apunta directamente al territorio insular: prevé la detección de empresas que operen en la zona, la aplicación de sanciones y la prohibición de que esas compañías actúen en cualquier otra parte del país. “En el vínculo que tenés entre Chile y Argentina, una sanción de estas características, entendemos que en lo que tiene que ver con el capital reputacional de las empresas, lo van a pensar dos veces antes de seguir”, sostuvo. La norma no distinguirá por bandera: aplicará por igual a buques que zarpen de puertos chilenos, uruguayos o de cualquier otro origen.
Consultado sobre los tiempos —dado que el Danstar podría zarpar en un mes—, Dachary descartó una carrera contrarreloj: “No buscamos darle tanta entidad a este primer viaje, sino contar con las herramientas normativas necesarias con todo el análisis y el debate, porque lo que buscás es la eficacia de la ley”.
El funcionario cuestionó la contradicción de Chile al apoyar el reclamo argentino de soberanía y, al mismo tiempo, negociar comercialmente con las autoridades isleñas. “Si apoyás el reclamo argentino, implica reconocer su soberanía y jurisdicción. No podés tener un equilibrio de negociar con el pretendido gobierno de las islas y a su vez estar a favor de Argentina”, afirmó.
Sobre el argumento de que se trata de un negocio entre privados, sostuvo que “deja de serlo cuando tenés al alcalde de Punta Arenas sacándose fotos abrazado con las pretendidas autoridades de las islas”. Dachary, por último, puso en perspectiva la escala económica de la disputa: “El comercio bilateral entre Chile y Argentina son ocho mil millones de dólares. Todo este quilombo es por 20 millones”.
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