POLITICA
“Vamos a acelerar con todo”: el objetivo del Gobierno por las reformas y la agenda electoral de cara al 2027

“Ahora se va a reanudar todo. Van a ser semanas intensas en las que vamos a acelerar con todo”, auguran desde uno de los despachos más influyentes del Gobierno. La Casa Rosada tiene previsto incrementar el ritmo de las sesiones y, de ser posible, espera que haya un paquete de reformas o normativa con media sanción por semana. No es menor. La costumbre indica que en los años electorales el ritmo legislativo merma significativamente, por lo que esta es la ventana como para impulsar los asuntos prioritarios para Javier Milei.
Es por ese motivo que el Presidente se apuró en los últimos días en presentar su reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La considera una herramienta que debe quedar a posteriori y, al mismo tiempo, la utiliza para anclar expectativas en el mercado: tanto por el contenido de esta normativa como por lo que implica en términos políticos en esta coyuntura. Y es que en la mesa política del Gobierno interpretan que es una instancia preliminar para sondear apoyos de cara a la reforma política.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene previsto reanudar su agenda con gobernadores en las primeras semanas de agosto. Comenzará este lunes en Chaco por un encuentro de seguridad y para evaluar los efectos que podría causar El Niño al que también asistirán Karina Milei y la ministra Alejandra Monteoliva. Allí los esperarán el mandatario local, Leandro Zdero, y el correntino Juan Pablo Valdés. Aunque el encuentro contemplaba la presencia de las provincias del Norte Grande, ni el formoseño Gildo Insfrán ni el misionero Hugo Passalacqua dirán presente.
No es casual que se especule con la posibilidad de que vaya el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, que planea hacer un acuerdo electoral con los dos primeros distritos y competir en los otros dos. De hecho, hubo una fuerte avanzada la semana pasada por parte del diputado Diego Hartfield sobre el oficialismo misionero y, al mismo tiempo, LLA provincial presentará su propia Escuela de Dirigentes para hacer cantera y formar cuadros para los próximos comicios.
En ese plano, Santilli se encuentra en la misión para captar adhesiones de gobernadores. Todavía no decidió si irá a encontrarse en los próximos días con los gobernadores de Santiago del Estero, Elías Suárez, y de Catamarca, Raúl Jalil, para presentar el Acueducto Albigasta. El jefe de Gabinete podría ir con el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque de ser necesario, podrían armar ese encuentro en Buenos Aires.
Son partes puntuales de un mecanismo complejo de negociaciones en las que el Gobierno decide sus objetivos presentes (las reformas) y los futuros (el cálculo electoral). Ninguno está escindido del otro. El tiempo apremia y es por ese mismo motivo que hay quienes piensan que en las próximas semanas se van a cerrar acuerdos con varias provincias. “Va a haber de todo, coaliciones en las mismas provincias, competencia controlada y hasta candidatos muletos [testimoniales] para que algunos gobernadores se queden tranquilos de que van a reelegir”, afirmó uno de los operadores libertarios que está negociando.
Hay quienes dentro del Gobierno comienzan a asegurar que las conversaciones podrían desembocar en la eliminación de la obligatoriedad, configurando las PAS (Primarias, Abiertas y Simultáneas). Los alfiles que conversan con el Presidente afirman que el pedido explícito fue que esa instancia electoral directamente no esté, tanto por el costo económico como por la incertidumbre que eso le agrega a todo el año calendario.
El renacer nacionalista y el debate clave
Mientras tanto, en el presente se vive una suerte de revival en el sentir nacionalista. En particular, a partir del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial. El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas se hizo canon tanto en redes sociales como en publicidades y en los discursos públicos realizados por la dirigencia política.
En todo este marco nacionalista que se vive, el oficialismo publicó la semana pasada un llamativo DNU para poder expulsar o no permitirle el ingreso a personas extranjeras que hayan emitido mensajes de odio contra la Argentina o sus símbolos, visto como una respuesta a la denominada “campaña antiargentina”. El comunicado que se usó para anunciar aquella medida fue el más likeado de todos los que publicó la Oficina del Presidente (OPRA).
Aun así, los mismos estrategas políticos del oficialismo afirman que el discurso nacionalista no es el principal estandarte del Gobierno. Algo que sí parece ser representativo para la vicepresidenta Victoria Villarruel. La dirigente realizó un comentario cuestionando las facultades mentales de su excompañero de fórmula, siendo respondida por Santilli, quien le pidió que renuncie a su cargo.
“Ella viaja a las provincias y la reciben de una forma que nunca pasaría con Milei o sus ministros”, aseguran cerca suyo. Lo cierto es que la titular del Senado afirma rotundamente que quiere seguir en política. Al respecto de su diferenciación de los libertarios, elaboran la siguiente línea: “Hay dos formas de ser nacionalista, amando lo nacional u odiando lo extranjero”. La referencia de esto último es al respecto del DNU sobre inmigración.
Si hay un debate que esta semana va a atravesar la discusión de lo nacional -tanto de parte del oficialismo como desde la oposición- es la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada. En el oficialismo marcan que podría haber movilizaciones similares a los que ocurrieron en el último debate de la reforma de Modernización Laboral, pero que eso no implicará algún tipo de complicación por los votos.
Si hay algo que Villarruel no apoya son algunos términos de la llamada Ley de Tierras. Por eso tratan de asegurarse que ningún apartado de la normativa salga en empate porque en el bloque de La Libertad Avanza en el Senado avisan: “De poder hacerlo, rechaza. Ya avisó”.
La ruta marítima por las Islas Malvinas que preocupa al Gobierno
Volviendo a la cuestión por la reivindicación soberana de las Islas, será cuestión de esperar si ese reclamo persistente en la agenda pública se mantiene igual de consistente como en la actualidad. También si se traduce en una mayor interiorización por parte de la población sobre la historia del conflicto y las actuales diatribas que acontecen mientras se desarrolla el reclamo soberano.
Y es que sigue habiendo movimientos inquietantes alrededor de las Islas, en ocasiones desapercibidos por el público general. Una semana atrás, el sitio Portal Portuario publicó un artículo que informaba que una empresa de Chile, Easter Island Naviera, evalúa abrir una nueva ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
Representantes de la compañía visitaron recientemente el archipiélago, donde mantuvieron reuniones con empresas locales y la cámara de comercio del gobierno ilegítimo con la intención de establecer un servicio logístico mensual entre Punta Arenas y las islas. El gerente de proyectos estratégicos de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), Sam Cockwell, confirmó el interés por ese proyecto.
La noticia llegó al Congreso argentino días después. El diputado nacional (Unión por la Patria-Tierra del Fuego), Jorge Neri Araujo Hernández, publicó un proyecto de Declaración para repudiar esa iniciativa y pedirle a la Cancillería Argentina gestiones con el gobierno de Chile al sostener que la apertura de una nueva conexión marítima reduciría el “costo colonial” de la ocupación británica, dado que “cuanto mayor sea la rentabilidad económica y de autosuficiencia logística del enclave implantado en las Islas Malvinas, menores serán los incentivos para que la potencia ocupante procure una solución negociada”, marcando que este hecho comercial no resulta neutro.

Se trata de un asunto que viene siendo seguido de cerca por dos fuentes de relevancia al interior del oficialismo. Uno de ellos -quien alegó estar “preocupado”- llegó a consultar con la Cancillería para entender el trasfondo del hecho y recibió como respuesta que estaban al tanto de la cuestión.
Infobae consultó con voceros oficiales de la Cancillería Argentina y con la Embajada Argentina en Chile sobre si existieron gestiones al respecto de este episodio o para dar alguna lectura sobre el hecho, pero no recibió respuestas hasta el momento de la publicación de este artículo.
“Cancillería está en tema. Pero no deja de ser una mala noticia todo este hecho que, en realidad, viene desde hace años. No es algo loco, porque hay otros episodios que para mí son insólitos, como que, desde hace décadas, hay un avión de LATAM que hace escala [una vez por mes] en Río Gallegos en la ruta Punta Arenas-Monte Agradable”, afirmó esta fuente oficialista en estricta reserva.
Uno de las interrogantes que surge es qué sucederá en el caso potencial de que esa ruta incluya un cruce por el Estrecho de Magallanes. En abril de este año apareció una controversia en Chile por las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien en un podcast afirmó que si bien el espacio marítimo del canal es chileno, “la boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”.
A comienzos del mes pasado, el patrullero P-223 HMS Medway tuvo una incursión sobre espacios marítimos argentinos que no cumplió con las debidas notificaciones frente a la Prefectura Naval Argentina. Esto sucedió mientras el navío iba desde Malvinas hasta Punta Arenas, atravesando las aguas que pasan por Santa Cruz y Tierra del Fuego sin anoticiar ubicación y volviendo a aparecer cuando ingresaba al Estrecho de Magallanes. El patrullero repitió el modus operandi al volver hacia las Malvinas, lo que generó la reacción diplomática materializada en una nota formal ante la Embajada del Reino Unido el 13 de julio, difundida de manera pública dos días después.

Son inquietantes los movimientos que realiza el Reino Unido en la periferia marítima de las islas, los cuales no comenzaron en estos años, sino que vienen desarrollándose desde hace décadas. Pero el resultado de esa expansión ha llevado a que la administración ilegal lograra incrementar sus proyectos de exploración y explotación petrolíferas.
Dos semanas atrás, el vocero presidencial, Adrián Ravier, leyó un comunicado de repudio a la “inversión anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rock Hopper Exploration de origen británico y Navitas Petroleum Development and Production Limited de origen israelí para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicada en la cuenca Malvinas norte, sin contar con los permisos de autoridad competente argentina”.
Hace un año, el Gobierno había hecho trascender de manera pública que analizaba comprar submarinos para recuperar las capacidades de la Armada Argentina, dado que es el mecanismo disuasivo por excelencia que puede tener una fuerza naval. Hoy esa posibilidad de concretarse son nulas en el corto plazo y bajas en el mediano. De materializarse, el período que lleva desde la firma de un contrato hasta la entrega de las embarcaciones suele transcurrir entre cinco y ocho años.
Aunque Argentina tiene una de las extensiones marítimas más grandes del mundo, la Armada no tiene ningún submarino operativo. Solo hay dos unidades inactivas: el ARA Santa Cruz está en los talleres de Tandanor, pero sin previsiones de salir; y el ARA Salta está amarrado en Mar del Plata y solo se utiliza para adiestramiento. Ambas fueron adquiridas en el siglo pasado -también el ARA San Juan- lo que plasma que en otras administraciones tampoco hubo acciones concretas para la adquisición de este tipo de naves.
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Un exintendente bonaerense propone crear una policía militar para el conurbano

El exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, propuso la creación de una policía militar para el conurbano. Según sostuvo, el objetivo es modificar el esquema de seguridad vigente ante el crecimiento y la complejidad del delito.
Sobre el funcionamiento de esta fuerza federal, de La Torre explicó que dependería del gobierno nacional y no de las autoridades provinciales ni municipales y actuaría “en los municipios federalizados”.
Esta fuerza federal “permanente, de régimen y formación militar” se dedicará a delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas.
“No es el Ejército prestado ni Gendarmería prestada, es una fuerza creada específicamente para el conurbano”, remarcó el también exsenador por la provincia de Buenos Aires. Asimismo, precisó que se formaría en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense.
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“Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, afirmó.
Según explicó De la Torre, la eventual Policía Militar conviviría con la Policía municipal que continuarían bajo la órbita de los intendentes y mantendrían las tareas de prevención y patrullaje.
“Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.
En ese sentido el legislador cuestionó el actual esquema de seguridad de la provincia de Buenos Aires. “En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.
Para De la Torre, el problema requiere una transformación profunda del sistema actual. En ese sentido, defendió la necesidad de avanzar con cambios estructurales tanto en el modelo de seguridad.
“Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”, concluyó.
La federalización del conurbano
De la Torre también propone federalizar el conurbano bonaerense y sacárselo a la Provincia. La iniciativa contempla establecer que cada municipio pase a convertirse en un distrito federal dependiente directamente del Gobierno nacional.
Semanas atrás, de La Torre propuso federalizar los 27 distritos del conurbano y eliminar así la figura del gobierno provincial como autoridad competente sobre ellos. El exsenador provincial planteó la iniciativa, aseguró, en respuesta a los problemas que se agravaron en la región en los últimos años.
“Pasan a tener únicamente Estado municipal y Estado nacional”, ratificó en diálogo con radio Mitre. Su postulación propone, a su vez, que cada distrito federal elija a su propio intendente, pero no participe en las votaciones para gobernador, senadores o diputados provinciales.
Y explicó: “Lo que hay que entender es que esto ya funciona así: si vivís en La Matanza o en Hurlingham, el agua te la brinda AySA, que es una privatización nacional; el gas, MetroGAS, que también es nacional; la luz, Edesur; los trenes y colectivos también son nacionales; de la salud también se hacen cargo los municipios; en cuanto a la seguridad, los patrulleros, el combustible y las cámaras las pone el municipio, lo único que pone la provincia es el sueldo de los policías. Lo mismo pasa en educación”.
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El diputado Castagneto habló sobre la base militar de Ushuaia: “No vamos a aprobar que esté en manos compartidas”

El diputado nacional Carlos Castagneto, de Fuerza Patria, cuestionó el proyecto para construir una base militar en Ushuaia y puso como condición que la instalación permanezca bajo control argentino. “Lo que no vamos a aprobar es que la base militar esté en manos compartidas con otro país que no sea solamente Argentina”, afirmó en Infobae a la Tarde.
Para el legislador, la discusión no pasa únicamente por respaldar o rechazar la obra, sino por conocer las condiciones en las que será construida y operada. En ese sentido, reclamó precisiones sobre el financiamiento, la participación de trabajadores argentinos y el funcionamiento previsto para las próximas dos décadas: “Que diga: es mano de obra argentina, que nos digan de dónde va a salir el financiamiento y cómo se va a operar de acá a 20 años”.
Castagneto aclaró que no se opone de antemano a una iniciativa del Gobierno y que podría acompañarla si esas condiciones quedan garantizadas. “Si eso es así, bienvenido sea y lo vamos a acompañar. No es cuestión de decir: somos opositores a cualquier cosa que venga del Gobierno”, sostuvo.
Las críticas de Castagneto por Malvinas
La discusión sobre Ushuaia estuvo vinculada durante la entrevista con la posición argentina respecto de las Islas Malvinas. Castagneto cuestionó las actividades de empresas vinculadas con los recursos hidrocarburíferos y pesqueros en áreas relacionadas con el archipiélago y recordó que existen sanciones previstas por la legislación argentina.
En particular, aseguró que una empresa habilitada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) opera en la zona de exclusión. “Caputo autorizó una empresa a operar en el RIGI, que hoy está operando también en la zona de exclusión”, afirmó.
El diputado también cuestionó la política oficial sobre la soberanía argentina y sostuvo que el Gobierno no ha defendido esa posición en los organismos internacionales. “No le creo porque en ningún momento defendió la soberanía en Malvinas ante ningún organismo internacional”, señaló.
El proyecto para financiar el deporte adaptado
Durante la entrevista, Castagneto también presentó su proyecto de ley para crear un sistema de promoción y financiamiento del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de alto rendimiento mediante aportes privados.
La iniciativa propone que las empresas que realizan aportes deducibles del Impuesto a las Ganancias a clubes y asociaciones civiles destinen un 20% de esos recursos al deporte inclusivo y adaptado. Castagneto explicó que se trata de aprovechar el esquema de responsabilidad social empresarial que ya utilizan esas compañías: “Aquellas empresas que dan responsabilidad social empresarial a los distintos clubes, un 20% de la misma vaya para el deporte inclusivo y adaptado”.
El legislador remarcó que el mecanismo no implicaría una nueva erogación del Estado nacional y definió así uno de los principales aspectos de la propuesta: “Realmente, costo cero para el Estado”.
El proyecto también establece requisitos para las instituciones que accedan a esos recursos. Los clubes deberán acreditar al menos dos años de actividad vinculada con el deporte adaptado, mientras que la Subsecretaría de Deportes tendría a su cargo un registro y el seguimiento del destino de los fondos. Según explicó Castagneto, la intención es “que tenga dos años en actividad con respecto al deporte adaptado para que sea continuo” y que exista una instancia de control sobre la distribución de los recursos.

La iniciativa contempla además a los clubes de barrio y busca ampliar la presencia de las disciplinas adaptadas dentro de las instituciones deportivas tradicionales. El diputado planteó la necesidad de “incorporar el deporte adaptado al deporte común, al deporte que se viene haciendo en todos los clubes”, al considerar que esa integración es central para ampliar el acceso.
El reclamo por el financiamiento del alto rendimiento
La propuesta estuvo acompañada por una crítica al actual esquema de financiamiento del deporte argentino de alto rendimiento. Castagneto consideró que la falta de recursos afectó a distintas disciplinas y apuntó especialmente contra la situación del ENARD.
“Al desfinanciar el ENARD, el deporte argentino, en líneas generales, al no tener financiamiento, se vio afectado en distintas disciplinas”, sostuvo.
El exarquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, San Lorenzo y Quilmes recordó el esquema vigente antes de la modificación de 2017, cuando el organismo recibía recursos provenientes de un cargo del 1% sobre la tarifa básica de telefonía celular. Según Castagneto, aquel mecanismo permitía sostener mejores condiciones para los atletas.
Al recordar ese período, destacó que “las becas eran buenas” y explicó que los deportistas que competían en representación de la Argentina contaban con pasajes, alojamiento, alimentación y asistencia de profesores y médicos.

Las críticas a la política tributaria
El ex titular de la AFIP también cuestionó la situación de la recaudación y sostuvo que su caída responde tanto al nivel de actividad como a la evolución de los ingresos. “La recaudación es lógico que va a bajar”, afirmó, y señaló como una de las causas que “la actividad económica está mal”.
Entre las medidas del Gobierno que cuestionó mencionó los cambios en Bienes Personales, el tratamiento de los débitos y créditos en plataformas digitales y el RIGI. Castagneto consideró que esas modificaciones alteraron la estructura del sistema tributario y sostuvo que “es un combo de traspaso de impuestos progresivos, que paguen más los que más tienen, a impuestos regresivos, que paguen más los que menos tienen”.
En ese marco, reclamó una reforma tributaria que incremente la contribución de los sectores de mayor capacidad económica y mencionó los criterios impulsados por la OCDE. “Hay que poner el pilar uno y el pilar dos de la OCDE, que dice el ingreso a las grandes fortunas y también un 15% sobre los saldos contables”, planteó.
Castagneto también cuestionó el concepto de déficit fiscal cero y lo vinculó con el nivel de endeudamiento del Estado. “El déficit fiscal cero es mentiroso, porque todos los días salen bonos de deuda de la Argentina”, afirmó.
Al referirse a las prioridades presupuestarias, el diputado mencionó la emergencia en discapacidad, el financiamiento educativo, los haberes jubilatorios y la situación del Hospital Garrahan. Para Castagneto, esas áreas no pueden quedar subordinadas únicamente al objetivo de reducir el gasto: “Hay gastos que son insustituibles, como las rutas, como el asfalto, como la cloaca, como la salud, como la educación”.
La entrevista con Infobae a la Tarde recorrió así distintos ejes de la agenda del legislador: desde sus reparos frente al proyecto de Ushuaia y su posición sobre Malvinas hasta la propuesta de financiamiento para el deporte adaptado y sus cuestionamientos al esquema tributario y fiscal del Gobierno.
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Malvinas: el Reino Unido refuerza la defensa militar de las islas con cuatro aviones caza

El Reino Unido anunció que renovará sus aviones de guerra para reforzar la seguridad en las Islas Malvinas. Son cuatro aeronaves Typhoon que serán reemplazados con radar de última generación y tecnología avanzada, utilizada por la OTAN. Así lo hizo saber el ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria, Luke Pollard, ante una consulta en el Parlamento.
El ministro británico detalló que está previsto que “los cuatro aviones Typhoon, que forman parte del Escuadrón 1435, de la Tranche 1, actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, sean sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente”.
Además, le puso fecha, señalando que “para finales de noviembre o principios de diciembre de 2027 ya estaremos enviando los nuevos aviones al archipiélago”. Pollard indicó que las unidades reemplazadas serán retiradas de servicio.
No es la única novedad: las defensas aéreas de la RAF que protegen las Islas Malvinas se han visto reforzadas con el regreso de un avión cisterna Airbus A330 Voyager a la base aérea de Mount Pleasant. Este avión estuvo asignado durante cinco meses a reforzar a los aliados en Medio Oriente tras el conflicto bélico estadounidense e israelí contra Irán.
En abril pasado, el Reino Unido decidió retirar el avión cisterna Voyager apostado en la base aérea de Malvinas y enviarlo a Medio Oriente, para apoyar la incursión militar.
Esta información no fue pública, pero sitios de rastreo aéreo pudieron comprobar que el Voyager de la RAF estuvo en la isla Ascensión a fines de agosto y llegó a Mount Pleasant el 3 de septiembre. Desde entonces ha estado realizando patrullajes junto al destacamento de cazas Eurofighter Typhoon, justamente los aviones que van a renovar a fin de año.
Según señalan sitios de noticias ingleses especializados en Defensa y Seguridad, y que fueron consignados por el periódico Merco Press, la base de Mount Pleasant está actualizando sus capacidades defensivas.
En ese sentido aseguran que el gobierno de las Islas está pronto a lanzar “una convocatoria de reclutamiento dirigida a un círculo restringido de participantes, entre ellos operadores de drones”, algo que estaría a cargo de la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas (FIDF) , una unidad militar de solo 40 residentes voluntarios en las islas, que colabora técnicamente con la base militar del archipiélago.
Esta información circuló en el Reino Unido, donde se confirmó que “ya se están asesorando y contratando principalmente a británicos con experiencia en pilotaje de drones”.
El sábado pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas sería un “desastre”, pero aseguró que si se llegara a ese punto lo llamarían y sería “capaz de resolverlo”. Estas declaraciones las formuló después que no descartara reconsiderar la neutralidad de su país sobre la disputa de soberanía, algo que no cayó muy bien en el mapa político del Reino Unido, donde no quieren darle entidad a la existencia de un conflicto en escalada.
Mientras se espera conocer con detalle el “proyecto de ley de soberanía” que el gobierno argentino enviará al Congreso, algo que también ha generado debate en la política británica con una clara exigencia de los conservadores al gobierno laborista para conocer su reacción, la ministra del Foreign Office Kirsty McNeill declaró ante la Cámara los Comunes que “no existe duda alguna sobre la soberanía británica”, además reafirmó “el compromiso del gobierno de salvaguardar las libertades democráticas de los isleños”.
Pese a esta ebullición en Londres, en las Malvinas los pobladores no se muestran preocupados por las novedades que llegan de Argentina y confían en el resguardo brindado por el Reino Unido, de hecho, se informó a los isleños que el Proyecto Sea Lion, de extracción de petróleo offshore, “continuará con los tiempos informados”.
Daniel Santa Cruz,Malvinas,Conforme a
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