POLITICA
El Gobierno concederá más cambios para que el Senado apruebe la ley de extranjerización de tierras
En un intento por evitar el fracaso del capítulo que relaja los límites vigentes a la venta de tierras productivas a extranjeros, el Gobierno dará luz verde a que se introduzcan nuevos cambios al proyecto denominado de inviolabilidad de la propiedad privada, cuya discusión en el Senado está previsto que se reanude este jueves.
Según confiaron fuentes oficialistas, la jefa de la bancada, Patricia Bullrich (Capital), ofrecerá este martes, a las 16, una conferencia de prensa para anunciar los nuevos cambios que se le introducirán a la iniciativa.
Por ahora, las modificaciones se mantienen bajo siete llaves, ya que todavía están siendo negociadas con la Casa Rosada, más precisamente con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se están afinando los últimos detalles de la redacción.
A pesar del hermetismo oficialista, en el Gobierno afirman que una de las posibilidades que se maneja es la de elevar el tope que existe hoy del 15% de la extensión territorial para la tenencia de tierras productivas en manos extranjeras.
En otras palabras, el Gobierno aceptaría introducir límites a la extranjerización de tierras. La última versión del proyecto autorizaba la venta sin límites de los predios.
Los nuevos cambios que aceptaría el oficialismo se entienden en el creciente rechazo social a la extranjerización de tierras que empieza a traducirse en la pérdida de apoyos de los bloques dialoguistas que podrían dejar al Gobierno sin la razón de ser de la iniciativa.
A las luces de alarma que se encendieron ante la presión de diferentes actores sociales de su provincia, que desde hace tres semanas vienen recibiendo los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, se suma la fuerte resistencia de varios senadores radicales a quedar apoyando un proyecto que cada día que pasa genera mayores quejas por la supuesta vulneración de la integridad territorial y de la soberanía del país que se estaría consagrando de convertirse en ley la eliminación de los actuales límites legales a la venta de tierras a extranjeros.
El panorama amenaza con complicarse más por los rumores que hablan de los reparos que tendrían a varios artículos del proyecto las senadoras de Chubut, la radical Edith Terenzi y Andrea Cristina (Pro), que, con matices, juegan alineadas con el gobernador Ignacio Torres (Pro). “Esto se define en los próximos dos días”, respondieron, en tono enigmático, en el despacho de una de las legisladoras patagónicas ante la consulta de este diario.
El rechazo social viene en franco crecimiento en las últimas semanas y promete cristalizar este jueves en una manifestación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso.
Uno de los actores sociales más activos en su oposición al proyecto del gobierno libertario ha sido la Iglesia Católica, que desde el primer día que se discutió el proyecto en comisiones manifestó su rechazo. En aquel momento, la principal queja estuvo centrada en el capítulo que eliminaba el programa de regularización dominial en villas y barrios de emergencia, el que finalmente quedó afuera del texto que impulsa el oficialismo.
También se sumó al rechazo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha hecho de su militancia activa en redes sociales contra la extranjerización de tierras un motivo más para diferenciarse del gobierno de Javier Milei.
Este jueves está previsto que se reanude el cuarto intermedio al que pasó la sesión del Senado del 16 de julio último, justo cuando debía comenzar a discutirse el proyecto pergeñado por Sturzenegger.
En un combo armado como una pieza de relojería, el proyecto también busca acelerar los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, modifica los requisitos que debe cumplir el Congreso para llevar a cabo expropiaciones de bienes privados e introduce cambios en varios artículos de la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades afectadas por una catástrofe.
La causa de la última postergación, la tercera desde que el proyecto obtuvo dictamen de comisión y quedó habilitado para su discusión en el recinto, fue la falta de votos para aprobar el capítulo que elimina las barreras legales para que ciudadanos o personas jurídicas de otros países puedan adquirir tierras productivas que se impusieron en la denominada Ley de Tierras sancionada en diciembre de 2011, en los albores del segundo mandato de Cristina Kirchner.
La ley, que se encuentra vigente, estableció que no podrán enajenarse más del 15% del territorio nacional, provincial o departamental. A su vez, ninguna persona física o jurídica podrá tener la propiedad de más del 30% del cupo permitido.
El oficialismo pretendía eliminar todo límite a la compra por parte de personas físicas y jurídicas privadas. Hoy, a sabiendas de que será difícil conseguir los votos, se muestra dispuesto a ceder.
Para el caso de empresas con participación de estados extranjeros en su capital, el proyecto establece un sistema de “doble conforme” que requerirá la autorización de la provincia y de Nación. Queda sujeto a la reglamentación y a la potestad de las provincias definir cuáles serán los organismos públicos que tendrán en sus manos la facultad de dar la luz verde para las operaciones.
Tras el último fracaso por tratar el proyecto, Bullrich justificó la postergación del debate en las ausencias de varios senadores aliados a los que contaba como apoyando la iniciativa, pero que se habían ausentado por viajes planificados con anterioridad a la convocatoria de la sesión.
¿Están los votos para el 6 de agosto?, le preguntó a la jefa del oficialismo en el Senado en un encuentro con la prensa acreditada en la Cámara alta luego de la reunión con Sturzenegger. “Están de vacaciones, pero van a venir”, respondió una Bullrich confiada mientras se le dibujaba una sonrisa pícara en su rostro.
Sin embargo, el panorama no parece tan claro por el momento. Según pudo saber este diario, al menos tres senadores radicales ayudaron a dar quórum en la sesión del pasado 16 de julio, lo que permitió que se aprobaran una treintena de pliegos judiciales, pero lo hicieron aclarando que no estaban dispuestos a votar el capítulo de tierras.
A este factor se sumó el ruido interno que generó la intervención de Sturzenegger que, en las horas previas a la sesión, le hizo llegar a varios senadores su rechazo a reconocer la potestad de que las provincias quedaran facultadas a fijar sus propios límites a la venta de tierras a extranjeros.
Esto provocó que varios legisladores plantearan sus dudas de votar un proyecto que, sospechaban, podía terminar en un veto parcial del Poder Ejecutivo. Eso también colaboró a que la jefa del bloque oficialista se viera obligada a pedir un cuarto intermedio que terminará este jueves.
Gustavo Ybarra,Conforme a
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes la reunión de la mesa política en una semana marcada por el envío del Presupuesto 2027, el proyecto sobre soberanía en Malvinas y el arranque del debate por la reforma electoral.
El encuentro está previsto después de la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier y reunirá al núcleo que coordina la estrategia parlamentaria.
Con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por el Presidente en cadena nacional, el gobierno quiere endurecer sanciones a empresas que operen en las Islas Malvinas y en la plataforma continental sin autorización argentina. Alcanza a prestadores y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
El oficialismo evalúa ingresarlo por Diputados y considera que tiene más consenso transversal que el resto de la agenda, aunque no espera un tratamiento exprés.
El tercer frente es la reforma electoral. El martes la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados tiene prevista una reunión informativa.
El debate de la reforma electoral
Apurado por la Cámara Nacional Electoral, el oficialismo iniciará este martes el debate por la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El proyecto, considerado clave para la reelección de Javier Milei, todavía no cuenta con los votos de sus aliados para uno de los puntos centrales: la eliminación de las PASO.
En esta discusión, el tiempo se vuelve un factor clave. En una acordada publicada el martes pasado, el máximo tribunal electoral advirtió que cualquier cambio en el sistema de votación vigente deberá comunicarse con anticipación para ser implementado en los próximos comicios.
“La eliminación de las PASO no va a suceder”, sentenció en diálogo con este medio un legislador oficialista que sigue de cerca la discusión. Las razones van más allá de la disputa electoral del próximo año: ningún actor político quiere desprenderse de una herramienta que podría serle útil.
Por eso, en Balcarce 50 consideraron la posibilidad de la suspensión, tal como se logró para las elecciones de 2025. Otra alternativa, menos atractiva para La Libertad Avanza, es la incorporación al debate de las primarias optativas para los espacios que necesiten dirimir sus internas.
“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó a A24 a fines del mes pasado Patricia Bullrich, principal arquitecta de las negociaciones del oficialismo. Y agregó: “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”.
POLITICA
El Gobierno oficializó la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio
El Gobierno oficializó la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio, con la promulgación de la de la Ley 27820.
La iniciativa establece que el reconocimiento alcance a la capital tucumana durante el Día de la Independencia y dispone que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para la fecha se realicen allí de forma permanente.
La medida apunta a consolidar el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad donde el Congreso de Tucumán declaró definitivamente la ruptura con la Corona española en 1816.
Esta medida se encuadra dentro de una serie de acuerdos que alcanzó el oficialismo con los sectores aliados en el Congreso para enviar un gesto político a los gobernadores. De hecho, también se ampliaron las cámaras federales de apelaciones en Tucumán. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.
En ese sentido, otras de las iniciativas que se encuentran dentro de esta lista es la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina.
La declaración prevista se encuadra en la ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne expresiones de devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales.
Según lo dispuesto, este ritual, la celebración y la peregrinación asociados a la ruta forman parte del patrimonio inmaterial argentino. La figura comprende prácticas, representaciones y conocimientos que las comunidades reconocen como parte de su herencia cultural.
La propuesta alcanza a una manifestación religiosa vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuya devoción convoca actividades y peregrinaciones en territorio cordobés.
A su vez, declararon de interés el “Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción” que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela. El documento contempla la preservación, divulgación y promoción de ambas tradiciones.
De esta manera, garantizaron el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas relacionadas con la ruta gallega y la ruta brocheriana. El alcance incluye otras acciones que se vinculen con la celebración y la devoción en ambos itinerarios.
La ley impulsada por Alejandra Vigo recibió su aprobación definitiva a finales de agosto. La iniciativa ya había obtenido media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.
La medida prevé que los peregrinos puedan acceder a un pasaporte para registrar el trayecto realizado. El mecanismo toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago, en España.
El documento permitirá acreditar las etapas del recorrido y facilitará la participación de los viajeros en propuestas asociadas al turismo, la gastronomía y las artesanías.
El Gobierno promulgó este martes la Ley 27.819, que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso completara su aprobación el pasado 26 de agosto.
La norma permite que Argentina complete el proceso interno necesario para ratificar el entendimiento, considerado el primero de estas características entre el bloque regional y un país del sudeste asiático.
El tratado está compuesto por 19 capítulos y establece reglas para diferentes áreas de la relación económica entre las partes.
Entre ellas aparecen el intercambio de bienes y servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y las pequeñas y medianas empresas.
Qué establece el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur
El Mercosur definió el entendimiento como un “acuerdo de nueva generación” por la cantidad y diversidad de disciplinas que incorpora.
“El acuerdo comercial con Singapur es un acuerdo de nueva generación: implica disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas”, señaló oficialmente el bloque.
Además de reducir y ordenar barreras vinculadas al intercambio comercial, el tratado busca establecer mayor previsibilidad regulatoria y mejores condiciones para las inversiones.
Según el Mercosur, el entendimiento “contribuirá al aumento del comercio, a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones”.
Su relevancia también está vinculada con la inserción del bloque en Asia: se trata del primer tratado de libre comercio del Mercosur con un país del sudeste asiático.
El fuerte respaldo que tuvo el tratado en el Congreso
El proyecto llegó a la promulgación después de conseguir un amplio respaldo de las principales fuerzas políticas.
El Senado le había dado media sanción de manera unánime en mayo. Luego, el 26 de agosto, la Cámara de Diputados lo convirtió en ley con 234 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención.
Tras la aprobación parlamentaria, el canciller Pablo Quirno sostuvo que el entendimiento es “clave para la integración de Argentina con el mundo”.
“Seguimos generando las condiciones. El sector privado es el que tiene que salir a jugar. La Argentina es próspera”, afirmó.
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