POLITICA
La nueva dinámica de la quinta de Olivos: omnipresencia de la Casa Militar y fuertes protocolos de seguridad

Tres semanas después de la desvinculación de una docena de trabajadores y los anuncios de cambios para aumentar la seguridad de la residencia oficial de Olivos, el sitio donde vive el presidente Javier Milei funciona bajo su nuevo paradigma, en un proceso dinámico, que aún no termina.
El 17 de septiembre, en un comunicado emitido por Balcarce 50, se consignó que la Casa Militar, fundada en 1909 para la seguridad de los mandatarios y los lugares que habitan, tendría a su cargo “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos”. Son más de 30 hectáreas, en un rectángulo delimitado por las calles Villate, la Avenida Maipú, Hipólito Yrigoyen y Antonio Malaver.
Desde entonces se llevaron y llevan adelante, según pudo saber , los procesos de “reorganización e integración” del lugar bajo la órbita del organismo. Los cambios se vienen haciendo de manera gradual con foco en “la continuidad operativa y la seguridad” del lugar, afirmaron en la Casa Rosada.
En una entrevista brindada por el mandatario a LN+, Milei indicó que la residencia “opera hoy como una base militar”. Allí aludió: “Tengo algunos enemigos pesados en el mundo”, en referencia a su alineación geopolítica. Y completó: “Hay determinadas cuestiones que tienen cuestiones de seguridad mucho más profundas que en las condiciones en que estaba la quinta”.
El primer cambio se registró con la salida del administrador de la quinta presidencial, Osvaldo Javier Sosa, cuñado de María Belén Agudiez, hasta poco antes una persona cercana a Karina Milei.
Agudiez tenía a su cargo la subsecretaría de Planificación, encargada de la administración de Olivos y de las demás residencias oficiales. Tres días después del desplazamiento de Sosa, Agudiez dejó el gobierno. Ambos quedaron alcanzados por una denuncia sobre posibles desmanejos alrededor de compras -por ejemplo de carne- en la residencia.
El oficialismo, por su parte, advirtió también sobre posibles “filtraciones” a los medios, con señalamientos a los desplazados. El control de Olivos quedó en manos del coronel Fernando Tereso, quien secunda al brigadier Sebastián Ibáñez en la Casa Militar. El organismo, a su vez, está bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, con Karina Milei a la cabeza.
A esa entidad pertenecen ahora los empleados que trabajan en la residencia, sean civiles como militares. Hasta los cambios, la Casa Militar se encargaba de una parte de la seguridad y solo tenía personal civil ubicado en los ingresos, para registrar las visitas.
La seguridad está “en cambio constante”, dijo una de las voces consultadas por . Las adecuaciones implementadas responden, principalmente, a una actualización de los protocolos de gestión interna y coordinación operativa, para agilizar los procesos diarios y “fortalecer las medidas de seguridad”, apuntaron las fuentes consultadas.
Desde que la Casa Militar se hizo cargo del manejo de la residencia oficial se subió el número de efectivos que trabajan puertas adentro, tanto por la mayor demanda de los nuevos protocolos de seguridad, como por el personal civil del organismo que se ubicó para el manejo de las distintas áreas, según reconstruyeron fuentes oficiales. El número de empleados totales permanece bajo un fuerte hermetismo.
El esquema mixto donde convive personal civil y militar de la Casa Militar trabaja de forma coordinada según las necesidades específicas de cada área, según indicaron las fuentes. Buscan así “optimizar“ las tareas técnicas, logísticas y de resguardo institucional alrededor de Olivos.
Las tareas de mantenimiento general y servicios dentro de la quinta son desempeñadas por equipos multidisciplinarios, que siempre también integrados por personal civil y militar especializado. Por ejemplo, el encargado de cocinar es un militar, según confirmaron fuentes al tanto.
Cambios y reubicaciones
Los primeros cambios en Olivos se conocieron el jueves 17 por la tarde e incluyeron 12 desplazamientos, una parte de los cuales luego fueron reubicados en otras dependencias, por fuera de Olivos. Entre quienes fueron echados sin chances de reubicación estuvo Sosa, el hasta entonces intendente del lugar.
Los intendentes o administradores de Olivos siempre son designados por los gobiernos de turno, que suelen poner personas de extrema confianza. Rara vez se cambiaron a lo largo de una gestión, pero con Sosa esa tradición voló por el aire.
responsabilidad integral,Cecilia Devanna,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Estudiantes universitarios tomaron la Secretaría de Educación y reclaman una respuesta del Gobierno por la Ley de Financiamiento

Cientos de estudiantes universitarios ingresaron este miércoles a la sede de la Secretaría de Educación de la Nación para reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y permanecen dentro del edificio a la espera de respuestas de las autoridades. “Se nos acabó la paciencia y no nos vamos hasta que cumplan la ley”, advirtieron.
Según pudo saber TN, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibió a un grupo de los estudiantes. Ese era uno de los principales pedidos de la protesta.
“Es una sentada pacífica. La Policía está presente, pero no avanzó. Acá nos vamos a quedar”, dijo a TN Malena Ghio, estudiante de Actuación en el Departamento de Artes Dramáticas. Consejera Superior de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).
La protesta comenzó con una sentada frente al Palacio Pizzurno y minutos después los estudiantes entraron a la sede de la cartera que encabeza Carlos Torrendell. Allí resolvieron mantener una permanencia pacífica.
“Lo único que queremos es que Carlos Torrendell tenga una reunión con nosotros; que nos diga qué día y a qué hora va a recibirnos”, explicó Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación. Consejera Directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Al respecto, dijo que hasta ahora no recibieron ninguna respuesta y solo los dejan permanecer en el hall del edificio. “No nos vamos a ir hasta no tener respuesta del secretario”, advirtió.
“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, afirmó Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Además del financiamiento universitario, los estudiantes reclaman un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.
La previa de la quinta marcha universitaria
La protesta se produce a una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. Los estudiantes anticiparon que durante los próximos días continuarán las movilizaciones y decidieron profundizar las medidas de fuerza.
“Tenemos enfrente a un gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la Justicia, que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, planteó Bär Larralde.
La Marcha Federal Universitaria confluirá con una movilización convocada frente al Congreso por la Ley de Tierras y por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Mientras continúa la permanencia dentro del Palacio Pizzurno, los estudiantes convocaron a acompañar la protesta desde la puerta del edificio y mantienen el reclamo para que las autoridades educativas den una respuesta a las demandas presentadas.
Noticia que está siendo actualizada.-
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POLITICA
La Corte Suprema dejó firme un fallo que obliga a la provincia de Buenos Aires a garantizar el suministro de agua potable en Bragado

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a realizar en un plazo máximo de seis meses las obras necesarias para garantizar la calidad y potabilidad del agua de red en la ciudad de Bragado, afectada por las altas concentraciones de arsénico.
El máximo tribunal rechazó el recurso de la empresa que alegaba que se trataba de una intromisión en la autonomía provincial.
La demanda fue impulsada en 2013 por un grupo de vecinos preocupados por el nivel de arsénico en el agua de la zona.
Pruebas técnicas e informes de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UBA confirmaron niveles de arsénico de hasta 0,07 mg/l en el agua de Bragado, lo que supera los límites permitidos.
Por eso los vecinos plantearon una acción de amparo para obligar a la provincia a realizar trabajos necesarios para mejorar la calidad del agua de acuerdo con los valores guía establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el Código Alimentario Argentino y otros organismos internacionales.
Además, demandaron a la Provincia de Buenos Aires, responsable sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para efectuar el suministro de agua a la población de Bragado. Y reclamaron declarar la inconstitucionalidad de una resolución (N° 34/2012 y N° 50/2012 de la Secretaría de Políticas, Regulación y Pesca, y del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca) que permitió una excepción en el Código Alimentario para consumir el agua con esos valores de arsénico.
En 2021, el juzgado de Garantías del Joven 1 de Mercedes ordenó a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. que dentro del plazo de ciento ochenta (180) días comenzara a realizar las obras necesarias que aseguren la calidad y potabilidad del agua de red de uso domiciliario en Bragado. Y mandó a que los valores máximos no debían exceder la composición microbiológica y físico-química del agua de consumo humano, en especial respecto del contenido de arsénico.
No podía superar el umbral de 0,01 mg/l, nitratos, flúor, y sólidos disueltos, la normativa vigente.
El juzgado instó a trabajar en un proyecto para garantizar la sanidad del agua para la población del municipio de Bragado.
La empresa apeló y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó la presentación y ratificó la orden para que ABSA comience las obras que aseguraran la mejora en la calidad y potabilidad del agua. Siempre con la idea de que el nivel arsénico no podía ser superior a 0,01 mg/l.
Contra esa decisión, ABSA planteó un recurso extraordinario que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que confirmó en todos sus términos la decisión.
Pero la empresa provincial buscó la revisión de la Corte Suprema de la Nación, diciendo que la sentencia vulneraba la autonomía provincial regulatoria y que se le reclamaba un parámetro de calidad de agua que la ley no exige.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron la presentación inadmisible y dejaron firme la decisión.
Hernán Cappiello,Corte Suprema de Justicia,Conforme a
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Villa La Angostura: intiman a una comunidad mapuche a abandonar un predio para evitar el desalojo

La Justicia de Villa La Angostura intimó a la comunidad mapuche Lof Melo a desocupar el predio que ocupa en el paraje El Pedregoso. El plazo vence este viernes y, en caso de que no se produzca el retiro voluntario, la representación legal de la propietaria del inmueble solicitará al juez Francisco Astoul Bonorino que establezca una fecha para llevar adelante el desalojo.
Tras tomar conocimiento de la intimación, la comunidad convocó a otras organizaciones y comunidades de la zona para organizar una concentración en el lugar y resistir la medida. La convocatoria fue realizada para el mismo día en que vence el plazo judicial, mientras que referentes mapuches anticiparon que no acatarán la disposición.
Una vez vencido el plazo, la defensa de María Cristina Broers podrá solicitar al magistrado que fije la fecha para concretar el operativo.
A mediados de agosto se realizó un desalojo parcial del lote pastoril 42, ocupado por la Lof Kinxikew, integrada mayoritariamente por miembros de la familia Quintriqueo. Sin embargo, el procedimiento no pudo completarse debido a la presencia de menores en el sector restante y a la necesidad de intervención de organismos competentes en esas circunstancias.
Poco después, el mismo magistrado libró un nuevo mandamiento para avanzar con la medida y, en ese contexto, intimó a la comunidad a retirarse voluntariamente del predio.

Lejos de acatar la orden judicial, la comunidad convocó a otras organizaciones para concentrarse en el lugar ante la posibilidad de que se concrete el operativo.
El conflicto se remonta a 2011, cuando integrantes de la comunidad ingresaron al predio perteneciente a Broers y comenzaron a residir allí. La propietaria realizó la denuncia a comienzos de 2012 y, desde entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales. Según la querella, más de 15 magistrados intervinientes coincidieron en la existencia del delito investigado.
Mientras tanto, la propietaria continuó afrontando regularmente los tributos correspondientes al inmueble, pese a no poder disponer del predio.
Semanas atrás, la Lof Melo obtuvo la personería jurídica otorgada por el gobierno de Neuquén. Si bien ese reconocimiento administrativo no interrumpe el avance del proceso judicial, su otorgamiento generó cuestionamientos debido a la simultaneidad entre la inscripción de la comunidad y el trámite judicial que tiene como eje la ocupación del inmueble.

“No es casual que la Lof Melo sea reconocida cuando existe una sentencia firme para su desalojo. No afecta el desenlace, que debería ser el desalojo, pero no se trata de una medida inocente”, señalaron fuentes vinculadas a la querella.
La Lof Melo convocó para este viernes a otras comunidades, sindicatos, referentes políticos y miembros de la sociedad civil a una concentración en el predio. En paralelo, en la ciudad de Neuquén, autoridades de la Confederación Mapuche de Neuquén anunciaron una convocatoria similar.
Los referentes de la comunidad sostienen que el objetivo de la concentración será resistir la ejecución del desalojo, aunque anticiparon que, una vez que se establezca la fecha del operativo, la protesta tendrá carácter “pacífico”.
En las últimas semanas, la Justicia rechazó distintos planteos de la defensa de la comunidad mapuche que buscaban evitar o suspender el desalojo. De esta manera, la ejecución de la medida quedó sujeta a que el magistrado establezca la fecha del operativo.
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