En sus primeras 72 horas fuera del poder, Manuel Adorni se sumió en un casi total ostracismo. Lejos de la exteriorización que lo caracterizó durante los últimos dos años y medio, el exvocero de Javier Milei y exjefe de Gabinete desapareció del radar público, tanto físico como virtual. Su último tuit fue el 27 de junio pasado, con su carta de salida, ya sin apoyo oficial, acorralado por el Congreso e investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y dádivas.

En las redes sociales, donde cosechó adhesiones y aversiones, Adorni dejó de recurrir a diario, como lo hacía habitualmente. Tras su salida del Gobierno, en su cuenta de Instagram dejó de repostear stories y la imagen más reciente es el triple abrazo con Milei y Diego Santilli, su reemplazo. Lo mismo sucedió con su cuenta de Twitter. Lejos de los tiempos en los que ironizaba y se burlaba de otros usuarios, no dio señales desde su último mensaje, hace una semana, con su curiosa carta de renuncia.

Tampoco fue visto en los alrededores de su departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito. Los vecinos fueron testigos en los últimos tres meses de protestas en contra del exvocero y jefe de Gabinete.

El nombre de Adorni, que apenas un año atrás lo denominaban “taquillero” en las filas libertarias por su performance en las elecciones porteñas, ahora es eludido lo más posible en la Casa Rosada y otras terminales del oficialismo. Hay quienes admiten que lo sienten “casi radioactivo”. Adorni tuvo el apoyo de los hermanos Milei hasta que su situación se volvió insostenible, con la amenaza latente del Congreso de interpelarlo y desplazarlo.

“La verdad es que nadie quiere hablar de él”, se sinceró un hombre del oficialismo que aún no logra entender por qué el Presidente lo sostuvo “tanto tiempo”.

Adorni dejó la sede de Gobierno el último martes, después de la jura de Santilli, quien en sus apariciones públicas evitó condenarlo, aunque tomó prudencial distancia. El exvocero se retiró de la Casa Rosada en una camioneta oficial, con la que recorrió los 9 kilómetros exactos que separan a la Casa Rosada del departamento de Caballito. Ese camino, casi en su totalidad, lo hizo por la avenida Rivadavia.

La adquisición del departamento de Miró está bajo la lupa de la Justicia. Pero también es un dolor de cabeza en la cotidianeidad. Ubicado en un primer piso y con ventanas a la calle, hacia allí llegan algunos gritos que le destinan transeúntes de la zona. Un contraste con la apacible calle adoquinada y de arboleda copiosa, muy distinta a la avenida Asamblea, donde vivía al momento de llegar a la administración pública.

A la vuelta, además, está ubicada la sede de Puan de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La posición que Adorni defendió del Poder Ejecutivo sobre el financiamiento educativo es una suerte de boomerang que no promete ceder. Al menos no en lo inmediato. A la par de eso, los chistes sobre Adorni y sus compras abundan en un oficialismo al que hastió con sus novedades.

“La gente le grita cosas y hasta lo ha amenazado al pasar”, aseguraron fuentes que mantuvieron diálogos con Adorni desde que empezó el escándalo, que desde hace casi cuatro meses atrás sumó una serie de develaciones sobre su patrimonio. Lo que lo convirtió, junto a su mujer, Bettina Angeletti, en objeto de una investigación penal en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Presuntas amenazas

Parte de esas supuestas amenazas es lo que habría motivado que Adorni aún mantenga su custodia, de la que por ahora nadie quiere dar precisiones en el Poder Ejecutivo. consultó con distintas fuentes oficiales y otras muy cercanas a Adorni para saber si se habían judicializado las intimidaciones, pero nadie respondió.

“La realidad es que Manuel no puede volver a salir a la calle por un buen tiempo. Hay mucha gente dispuesta a insultarlo. Calculo que irá cediendo con el tiempo, pero por ahora no lo veo”, reflexionó una voz del oficialismo.

Cerca de Adorni descartaron cualquier posibilidad de que deje el país, como trascendió en las últimas horas. Hasta hubo versiones de un posible traslado a Uruguay, lo que fue descartado por su entorno.

“Manuel no se va a ningún lado. Ni a otro cargo del Estado, ni nada de lo que dijeron”, aseguró una fuente oficial.

“Habrá que ver qué pasa con el tiempo, pero hoy cualquier posible designación sumaría más costo para el Gobierno”, dijo otra fuente oficial.

En el oficialismo descuentan que Adorni pasará la mayor cantidad de días y horas posibles en la casa de Indio Cua, también bajo la órbita judicial. “Es en el único lugar donde creo que no lo van a insultar”, evaluó una de las voces consultadas. Se trata de la propiedad del country de Exaltación de la Cruz, a la que destinó 245.000 dólares en efectivo para hacer refacciones, construir una pileta climatizada y una cascada de jardín.

Los cinco exquerellantes que el viernes fueron desplazados del caso $LIBRA por decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi apelarán el fallo. Eso implica que el debate sobre su permanencia como acusadores privados en la causa que más preocupa al Gobierno trepará de manera inevitable a una sala de la Cámara Federal que atraviesa sus horas más inestables.

Es la Sala I. En ella convergen la intención del Gobierno de reformatear un tribunal clave en las causas de corrupción y el problema de las vacantes: dos de sus tres sillas están ocupadas de manera provisoria.

Son los lugares de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados allí durante el macrismo y no tienen asegurada su continuidad más allá del tiempo que demore el proceso para reemplazarlos. Algunos sostienen que podría resolverse incluso antes de la feria de invierno, que empieza el 20 de julio.

El concurso para reemplazarlos avanza a paso firme. El Consejo de la Magistratura ya envió al Poder Ejecutivo las ternas para sustituirlos -aprobadas por 15 votos contra 5- y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se encamina junto al presidente Javier Milei a elegir a sus reemplazos.

Ambos camaristas llegaron a la Cámara en 2018, trasladados por Mauricio Macri desde dos tribunales orales.

La Corte Suprema ordenó luego que todos los traslados fueran cubiertos por jueces elegidos por concurso. El kirchnerismo intentó desplazarlos sin éxito y ahora el Gobierno retomó el camino que abrió aquel fallo.

Cada uno atraviesa una situación distinta. Bruglia pelea por su lugar en la Cámara ante la Justicia internacional desde por lo menos 2021. Es un proceso que abrió junto con Bertuzzi y con el juez Germán Castelli, y que los enfrenta con el Estado argentino.

Con Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, el asunto se encaminaba a una “solución amistosa”, pero con la llegada de Mahiques a la cartera de Justicia -y las pruebas que se fueron sumando en $LIBRA- el Gobierno tiró abajo el acuerdo y promovió el concurso para poder elegir a sus reemplazos.

En escritos presentados recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Bruglia sostuvo que el Gobierno aplica el criterio de la Corte de manera “selectiva”: dice que en casos idénticos al suyo no promueve una nueva designación por concurso.

El caso más paradigmático, según su planteo, es el del juez de la Casación Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia. Él también fue trasladado al máximo tribunal penal del país durante el macrismo, pero el Gobierno impulsó que siga en el cargo más allá de la edad jubilatoria.

Con ese argumento, Bruglia pidió que la CIDH dicte una cautelar para frenar su reemplazo. Su planteo parece haber encontrado cierta receptividad: la Comisión le corrió traslado al Estado argentino para que informe sobre el reclamo en el plazo de un mes. Parece improbable, sin embargo, que la CIDH avance con la velocidad suficiente como para interferir en el proceso que ya está en marcha. Tampoco está claro qué alcance tendría un pronunciamiento de la Comisión.

Bertuzzi tiene más chances de sostener su cargo en la Cámara. El juez participó del concurso habilitado por el Consejo y, pese a quedar en el puesto número 21 en el primer orden de mérito, empujado por las entrevistas personales, fue incluido por los consejeros en una de las dos ternas.

La primera terna quedó conformada por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico. La segunda, por Julio César Di Giorgio, la fiscal Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi.

En los próximos días, el Gobierno elegiría a dos de esos seis nombres para llenar las vacantes de la Cámara.

Los nombres que más se repiten entre quienes siguen de cerca el proceso son los de Yadarola, por la primera tanda, y los de la fiscal Incardona y Bertuzzi. Es decir, tres nombres para dos lugares. Los pliegos deberán ser aprobados por el Senado y luego nombrados por el Presidente.

El reclamo de las querellas de la causa $LIBRA podría estar en la mesa de la Cámara Federal la semana próxima. Pero la reconfiguración de la Sala podría ocurrir una, dos o tres semanas después, calculan quienes conocen los tiempos que demanda el trámite.

En temas como este, la Sala suele expedirse en unos 15 días. Pero si uno de los tres jueces actuales se toma un tiempo más para emitir su voto, la integración de la Sala que tome la decisión final sobre las querellas podría ser otra.

Los antecedentes

La Cámara Federal ya admitió a las querellas que hoy fueron apartadas por el juez. Pero fue la otra Sala de la Cámara la que intervino y dijo que la condición de las querellas podía cambiar en el futuro.

Ocurrió cuando el caso tramitaba bajo la órbita de la jueza María Servini, que luego declaró la incompetencia del juzgado y el expediente se mudó entonces al de Martínez de Giorgi. Eso implicó también un cambio de sala.

Ahora, no será la Sala II sino la Sala I la que deba pronunciarse sobre este y otros planteos futuros en el caso. Quienes conocen los movimientos de la Cámara señalan que un eventual fallo no debería apartarse mucho de uno previo en el que la Sala I, sin fisuras, le cerró la entrada al caso a dos inversores bielorrusos que se declararon damnificados.

En aquel fallo, de abril de este año, Bertuzzi y el tercer magistrado de la Sala, Mariano Llorens, dijeron que, por el “relativo anonimato” de este tipo de operaciones cripto, no se había logrado acreditar la titularidad del dinero afectado por el colapso de $LIBRA y rechazaron incluir a los bielorrusos como querellantes. El juez Bruglia votó en el mismo sentido.

Un argumento similar utilizó hoy Martínez de Giorgi al apartar del caso a los cinco querellantes.