Un día después de la renuncia de Alejandro Vilches al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Gobierno designó a Pablo Di Liscia. Se trata del área antes llamada Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), disuelta luego de la investigación judicial por supuestas coimas durante la gestión de Diego Spanuolo.

Con la explosión del caso Andis, el Gobierno echó a Spagnuolo, que fue abogado de Javier Milei y uno de los más asiduos participantes en la veladas privadas de los domingos en Olivos. Además, se resolvió la intervención de la Agencia y se puso en marcha una auditoría. Entre otros detalles, la auditoría identificó sobreprecios de hasta 4239% y un desfasaje presupuestario de 158.000 millones de pesos, como reveló este domingo . Un día después, Vilches presentó su renuncia por “motivos personales”.

Di Liscia fue funcionario del macrismo, aunque también tuvo paso por la actividad privada. Entre 2017 y 2019, fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires. La provincia estaba por entonces bajo la órbita de María Eugenia Vidal.

Antes se había desempeñado como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Fuentes oficiales explicaron que, además, “su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”.

Vilches quedó al frente de la ex-Andis desde septiembre del año pasado, cuando asumió tras la salida forzada de Spagnuolo, cuyo procesamiento por desmanejos en el área fue confirmado este martes por la justicia federal.

Vilches renunció en una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones. Allí, este lunes, el funcionario comunicó su decisión y pidió que fuera efectiva “a partir de este momento” por “razones estrictamente personales”.

Su dimisión se conoció menos de una semana después de la presentación del proyecto de ley presupuesto 2027, con el que el Gobierno buscó derogar el corazón de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones.

En tanto que menos de tres semanas atrás, Vilches estuvo en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para dar cuenta de la normalización del área y de las medidas adoptadas durante su gestión.

Tras conocidos los ajustes en el área de Discapacidad, la voz disonante del Gobierno fue la de Patricia Bullrich, que mostró su bronca con la mesa política que, el martes pasado, estuvo reunida hasta minutos antes de que se difundiera el Presupuesto, pero no se informó de los cambios.

Este martes la mesa volvió a reunirse.

La próxima reunión plenaria de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto será este miércoles a las 12 en la que se deberá emitir un dictamen, tal como se votó durante la última sesión en Diputados. El oficialismo necesita llegar a la próxima cumbre con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.

Elías Piccirillo y su exsocio Martín Migueles sumarán una nueva causa en Tribunales por las maniobras con el dólar blue en los tiempos del cepo cambiario. El Banco Central cerró un sumario sobre la casa de cambio Arg Exchange y elevó el caso al fuero penal económico para que se inicie una investigación penal. La entidad que preside Santiago Bausili determinó que esa casa de cambio vendió más de US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos.

Piccirillo apareció en Arg Exchange en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritario era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias investigadas. Y como presidente ya estaba Martín Migueles.

El negocio se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, la casa de cambio compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y el 19 de diciembre, fue de US$251.933.029. Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

El sumario del BCRA contra Arg Exchange comenzó a fines de 2024, tras el cambio de gobierno, y pasó por varias instancias. En noviembre del año pasado, dio cuenta de ese proceso cuando Piccirillo y Migueles se notificaron de los cargos. En enero del año pasado, la agencia ya había sido dada de baja del “Registro de Operadores de Cambio” (R.O.C.).

La investigación del Banco Central determinó que Arg Exchange “efectuó operaciones de venta de divisas a otros operadores de cambio que no justificaron el origen de los fondos transados y que, a su vez, abastecieron a otras entidades”. En otros términos, que abasteció el mercado paralelo del blue ante la falta de controles oficiales.

¿A quién le compraba los dólares? En los registros del Banco Central se destacan el Banco MasVentas (US$24.200.000) y varias agencias que ahora están suspendidas o con sumarios abiertos: Rosario Cambio, Fast Cambio, Cambio Belgrano, Cambio Dem, Atlántida del Rosario Servicios y el Banco Sucrédito, de Salta, donde Piccirillo terminó desembarcando, según él mismo declaró ante la Justicia.

Los investigadores pusieron el foco en las ventas de esa casa de cambio. Ahí se destacaban Intercash, con casi 84 millones de dólares, Cambio Imperial (US$66.835.000), Gis Cambio (US$53.960.400) y Andie SRL (US$13.100.000).

“El deber de constatar el carácter genuino de las operaciones, previsto en el punto 1.2. de la Comunicación “A” 6844, no se agota en el mero examen de la documentación respaldatoria ni en la circunstancia de que las operaciones se hubieran concertado entre operadores autorizados o hubieran sido informadas a los regímenes vigentes. Por el contrario, dicho deber impone analizar integralmente las características de la contraparte, el propósito económico de las transacciones, la razonabilidad de los montos involucrados, el origen y destino de los fondos y la consistencia de la operatoria con los usos y prácticas habituales del mercado», concluyó la investigación del Central.

Sobre Piccirillo y Migueles, la entidad sostuvo que “no podían desconocer los hechos investigados, siendo responsables por igual por el incumplimiento detectado”. En el caso del exmarido de Jesica Cirio, el sumario destacó que, más allá de ser el accionista mayoritario de Arg Exchange, tenía una “posición de control e injerencia” dentro de la organización.

Las operaciones de Arg Exchange ya están siendo investigadas por el fiscal Franco Picardi en una causa que terminó anexando otros expedientes vinculados al rulo financiero. En esa megacausa, el fiscal también citó a declarar a varias personas cercanas a Piccirillo y Migueles que aportaron datos sobre el movimiento de dinero en efectivo.

Se trata de Sergio Daniel Speroni, que estaba autorizado a conducir uno de los autos de Piccirillo y tiene decenas de ingresos al barrio El Yacht de Nordelta, y Mario Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien, de acuerdo con la información reunida en la causa, habría efectuado traslados de dinero por pedido de Migueles.

Otra persona que declaró como testigo es Rocio Belén Avila, quien trabajaba en Arg Exchange SA y reportaba diariamente las operaciones de varias agencias de cambio que estarían vinculadas entre sí.

Piccirillo sigue en prisión domiciliaria y espera una definición sobre la causa que lo llevó a prisión. En ese expediente, se probó que montó un falso operativo contra su exsocio Francisco Hauque, a quien, según las pruebas de la causa, le colocó drogas y armas en su camioneta. Cuando el caso se encaminaba a un juicio oral, la defensa del financista presentó un video que habría sido grabado por la mujer de Hauque el día del episodio. Piccirillo asegura que le llegó de manera anónima al domicilio donde está detenido. En Tribunales sospechan del origen de ese video.