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La Corte reafirma su autoridad ante los desplantes de la justicia del trabajo

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Hubo un mensaje y varios destinatarios. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, abogó por la mañana, ante empresarios, por el “acatamiento obligatorio” de los fallos del máximo tribunal. La exhortación apuntó a quienes hicieron “oidos sordos” ante decisiones de los supremos y que eligieron desafiarlas con medidas que ignoraban lo dispuesto por la Corte.

Los fallos de la Corte Suprema son de cumplimiento obligatorio para las partes del proceso y los tribunales deben ejecutarlos sin apartarse de lo decidido.

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A diferencia de lo que ocurre en el sistema anglosajón del common law, donde existe una obligatoriedad estricta de los precedentes judiciales, en la Argentina el sistema contempla excepciones.

Sin embargo, para que un juez inferior se aparte de un precedente de la Corte Suprema debe tener una justificación muy sólida, pero los casos se repitieron en este año.

El objetivo, como lo señaló Rosatti, es preservar el principio de seguridad jurídica y de la función de la Corte Suprema como intérprete final de la Constitución.

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Todo esto, que es de perogrullo en la Facultad de Derecho, no ocurrió en la Argentina de los últimos meses, lo que obligó a la Corte Suprema a insistir con conceptos básicos para no dejar pasar este abierto desafío a su autoridad.

Tal era la dispersión de fallos y dichos que los legisladores aprobaron hace un mes la reforma laboral y en su artículo 89 recordaron que los jueces deben ajustar sus decisiones a la interpretación de la Constitución y las leyes que realice la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”, dice la reforma laboral.

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El objetivo era terminar con los librepensadores en materia de justicia laboral como una manera de dar certeza a las decisiones para el futuro.

Pero la nueva ley laboral fue suspendida en su aplicación por un magistrado, lo que hizo que la Corte Suprema tuviera nuevamente que reclamar lo básico: que se cumplan sus decisiones y respeten sus precedentes.

Es que los últimos desafíos provinieron de la justicia laboral. La Corte tuvo que fallar no una, sino tres veces para que la Cámara del Trabajo adecuara las tasas que se debían aplicar en los casos de ajuste de las indemnizaciones por despidos y accidentes laborales.

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La Cámara laboral, controlada en algunas salas por el kirchnerismo, la desafió y dictó sentencias en contrario. La Corte las revocó.

Los fallos de la Corte donde debió poner un límite a las decisiones de la Cámara del Trabajo en la aplicación de intereses desmedidos son tres: Oliva, Lacuadra y Domínguez.

En una de las sentencias se anuló la aplicación de una multa de 53 sueldos impuesta a una empresa.

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En la sentencia Oliva, la Corte estableció la prohibición de aplicar intereses sobre intereses en contra de una acordada de la Cámara del Trabajo que contemplaba esa posibilidad, elevando los montos de las indemnizaciones hasta cifras inverosímiles.

En la causa Lacuadra, la Corte dejó sin efecto una sentencia de la cámara laboral que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000% el monto de condena de primera instancia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, descalificó el caso Oliva “por arbitrario” al cuestionar intereses que arrojaban “un resultado económico desproporcionado”.

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En Oliva, la Corte había dejado sin efecto una sentencia que ordenaba la capitalización sucesiva de intereses. Luego de Oliva, con el fin de reemplazar aquel criterio de cálculo de los intereses, la cámara laboral dictó una nueva acta en la que contempló el reajuste de “los créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual”.

Al respecto, la Corte entendió que “este nuevo criterio de reajuste, aplicado al caso en examen, tampoco se fundamenta en el Código Civil y Comercial, y dijo que “arroja resultados igualmente irrazonables”.

Con el mismo criterio, la Corte revocó en la causa Domínguez una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.

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La Corte habló de falta de proporcionalidad y reclamó “prudencia judicial, labor que ha de ser llevada a cabo por los jueces de la causa”.

Hoy todas estas dispersiones se acabaron porque ya hay un criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad para aplicar un ajuste equivalente al índice de precios al consumidor más el 3% para las inmunizaciones, lo que quedó ratificado en la nueva ley de modernización laboral.

La Corte Suprema luego dictó el fallo Levinas, que obliga a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad intervenga como tribunal de apelación de todas las causas de la justicia nacional, ya sea en el fuero laboral, civil, comercial o penal.

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Hubo resistencia de los jueces nacionales y objeciones, pero finalmente la aplicación del precedente se impuso y hoy el TSJ de la Ciudad resuelve esos casos semanalmente. Fijó estándares respetados por los jueces.

No solo fueron fallos laborales. La primera desobediencia abierta de la época actual ocurrió tras la destitución del procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, en 1995, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia.

La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso en 1998, en 2000, 2001 y también lo hizo en 2009 y 2010. Nunca fue oída y Sosa nunca fue repuesto en su cargo.

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El actual gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, estaba dispuesto a cumplir esa sentencia ahora, 30 años después de la remoción, pero el kirchnerismo reformó una ley, amplió el número de jueces del Tribunal Superior de Justicia provincial y le copó el tribunal.

Hoy Santa Cruz vive una parálisis institucional porque cada medida del Ejecutivo es impugnada en la Justicia local con fallos a favor del kirchnerismo y el TSJ local no puede funcionar pues está cuestionada su integración.

El caso fue llevado por Vidal a la Corte Suprema de Justicia que ahora trabaja en un fallo donde tiene la oportunidad de devolverle la gobernabilidad a Santa Cruz, destrabar el conflicto y de paso hacer cumplir el viejo fallo Sosa, removido hace treinta años y nunca repuesto en el cargo.

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La Corte no olvida esos desaires que dinamitan la seguridad jurídica y desafían el acatamiento obligatorio de las decisiones del máximo tribunal.

En ese contexto, Rosatti aseguró que esa obligatoriedad es lo que permite “darle previsibilidad a una inversión”. Tras señalar que “el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución de ninguna manera”, el presidente del máximo tribunal aseveró que la doctrina del máximo tribunal es clave para las inversiones.

Por eso, la Corte condena que tribunales inferiores se aparten de los precedentes del máximo tribunal generando incertidumbre institucional.

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Se activó la disputa por la sucesión de Axel Kicillof en el peronismo: recorridas y actos en la agenda hacia 2027

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Finalizado el mundial, el peronismo activó en la provincia de Buenos Aires el debate hacia la elección del año que viene y la negociación por la sucesión del gobernador Axel Kicillof, quien no podrá se reelecto en los próximos comicios y buscará consolidar su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para construir una candidatura presidencial.

Como se sabe, hay varios nombres dando vueltas dentro de Fuerza Patria para ir por una candidatura a la gobernación. Algunos ya cruzaron la bandera de largada. Uno de ellos es Jorge Ferraresi, intendente en uso de licencia de Avellaneda. Otra es la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. El intendente de La Plata, Julio Alak, acelerará los movimientos a partir de este domingo. El llamado Grupo AFA, que nuclea a los intendentes Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), busca expandirse.

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Los intendentes del Grupo AFA y el jefe comunal de Navarro, Facundo Diz, que forma parte del MDF de Kicillof

Gabriel Katopodis, el ministro de Infraestructura bonaerense, suma respaldo de algunos intendentes del interior y, subido a la gestión de la obra pública provincial —en épocas de escasez de recursos y ejecución— combina recorridas por su función como ministro con construcción local desde los PJ locales en varios de los distritos que visita.

Sin reelección a la vista, el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, explora entre los planes a mediano plazo medir, nuevamente, una instalación bonaerense: tiene algunos frentes tormentosos por delante. Intermanente, el diputado provincial Facundo Tignanelli trabaja en una construcción de corte cristinista en el distrito de mayor volumen político y electoral del país. El otro tema fue la decisión de la Cámara Nacional de Casación que revocó el sobreseimiento del intendente de La Matanza, imputado por presunto abuso sexual, y ordenó que se realice “a la mayor brevedad” el juicio oral por la denuncia de Melody Rakauskas, reinstalada como querellante en la causa.

En tanto, por ahora, La Cámpora y el kirchnerismo mantienen el hermetismo en la discusión electoral bonaerense.

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Hay otro nombre, acaso tapado, pero con gestión encima y que estará en la negociación por una candidatura provincial, y es el del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. El jefe comunal del distrito de la Primera Sección Electoral apuesta a un esquema de unidad y mantiene diálogo con todos los sectores del peronismo. Llegó a la intendencia en 2015 tras destronar a Jesús Cariglino, uno de los últimos barones del conurbano, quien gobernó el distrito durante 20 años; de hecho, fue el único intendente que tuvo hasta ese momento Malvinas Argentinas. Por ahora, Nardini mantiene una agenda localista, pero en el distrito dan por hecho que más temprano que tarde saldrá a recorrer. En algunas rutas de la provincia aparecieron carteles promocionando su candidatura.

carteles de Leo Nardini en las rutas bonaerenses

Algunos de los posibles candidatos ya iniciaron o iniciarán esta semana un raid post mundial. El primero fue Ferraresi. Este miércoles dio el puntapié inicial a una serie de visitas a distritos gobernados por fuerzas no peronistas. La primera parada fue Tres de Febrero, cuya intendencia corresponde políticamente a La Libertad Avanza, bajo la estructura del senador bonaerense Diego Valenzuela. Hoy, el distrito está gobernado interinamente por Rodrigo Aybar.

Ferraresi encabezó un “Encuentro de la Militancia” junto a la diputada provincial, Ana Luz Balor. La legisladora trabajará en la construcción para ser el nombre del MDF para disputar la intendencia en el municipio libertario. “Vamos a ayudarla”, admiten cerca del intendente de Avellaneda en uso de licencia.

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Según reconstruyó Infobae, en su charla en Tres de Febrero, Ferraresi planteó la necesidad de que los municipios aumenten sus recursos propios por sobre la recaudación coparticipable. Puso el ejemplo de cómo cambió esa ecuación en Avellaneda. Contó que al llegar a la intendencia, los recursos de carácter coparticiables eran del 25% y hoy son de alrededor del 8%. Por eso, deslizó que hay que cambiar la base tributaria de los municipios.

Para salir a recorrer, el equipo del intendente armó un esquema de cómo es la recaudación tributaria de los 135 municipios. Lo hicieron, contaron a este medio, a partir de los informes de la rendición de cuentas de cada distrito. En la hoja de ruta, aparecen visitas a San Nicolás y Chivilcoy la semana que viene; San Miguel el 5 de agosto; Tandil el 14 de agosto; y Necochea el 15 del próximo mes.

Del encuentro que organizaron Ferraresi y la diputada Ana Luz Balor también participó el cosecretario general de la CGT Octavio Argüello

“Aumentar los recursos propios fue lo que nos permitió hacer 17 polideportivos, por ejemplo”, contó el intendente en uso de licencia. Sobrevoló la discusión interna cuando preguntó cuál era el principal problema que tiene la sociedad. La respuesta, a grandes rasgos, fue la situación económica hogareña. Allí, Ferraresi planteó que “para algunos compañeros el problema es otro” y que para atacar la situación económica primero hay que resolver otras cuestiones. Fue una mención elíptica a la campaña Cristina Libre y al posicionamiento kirchnerista de que, para enfrentar al modelo de Javier Milei, hay que hacerlo con la ex presidenta libre y, en el mejor de los casos, candidata.

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Mariel Fernández también buscará iniciar su raid luego de este domingo cuando encabece un acto homenaje a Evita al cumplirse 74 años del fallecimiento de la líder del movimiento justicialista. Será una misa primero, para luego terminar con una marcha de antorchas performática por las calles. Convocó a un acto desde la Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Cursó invitaciones a intendentes y dirigentes de distintos sectores: entre ellos, a Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Según pudo saber este medio, el gobernador no participará de esa actividad. El kirchnerismo enviará representantes.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández

Además del acto de este domingo, Fernández tiene previsto expandir sus recorridas, que por el momento están en el radar del conurbano. Por eso, en los próximos meses habrá paradas en Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata: grandes ciudades por fuera de la zona AMBA.

Quien sí tendrá la foto con Kicillof el 26 de julio, cuando se cumplan 74 años del fallecimiento de Evita, será el intendente de La Plata, Julio Alak. El jefe comunal de la capital bonaerense tiene entre sus planes futuros estar en la discusión del peronismo por la gobernación bonaerense. El domingo hará un acto homenaje a Evita en la Plaza Moreno. El gobernador confirmó asistencia. Se espera presencia de autoridades provinciales, municipales, representantes de organizaciones sociales y sindicales.

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Axel Kicillof

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Paritarias: el Sindicato de Comercio acordó un aumento trimestral de 5,7%

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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) cerró un nuevo acuerdo paritario que regirá para los meses de julio, agosto y septiembre de 2026 tras una negociación con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca). El aumento salarial será de 5,7% en tres cuotas, además de contemplar un pago extraordinario de un bono de $50.000 en dos partes.

El entendimiento contempla un incremento trimestral distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en julio, 1,9% en agosto y un 1,9% en septiembre. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores de todas las categorías, a pagarse en dos cuotas iguales de $25.000 en julio y en agosto. El bono de $50.000 será como una asignación extraordinaria “por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo”, según informó el gremio que lidera Armando Cavalieri en un comunicado.

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Cavalieri, que tiene 89 años, está al frente del gremio mercantil desde hace cuatro décadas. Se trata del gremio más numeroso del país, con un millón de afiliados, y cuya paritaria sirve de referencia para otros sectores.

También se pactó “prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000”, acordada en la firma de la paritaria en abril. Se concretará con la incorporación de $20.000 en los sueldos de diciembre de 2026 a mayo de 2027.

“Este acuerdo refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial. La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”, dijo Cavalieri.

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Y añadió: “Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo. Por eso buscamos un entendimiento que contribuya a preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”.

El anterior acuerdo paritario firmado había sido en marzo. Por entonces, contemplaba un incremento del 5% distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Fue homologado a fines de abril por el Gobierno.

En todos los casos, se debe tener en cuenta que a estos valores se debe sumar el concepto de antigüedad, por el cual a cada empleado le corresponde un 1% más por año trabajado. Este se aplica a las cifras remunerativas y a las no remunerativas, como es el caso de las sumas fijas que se incluyen en este acuerdo.

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Colectiveros

Se cerró esta semana también el acuerdo salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras de colectivos de corta y media distancia del AMBA. También es un acuerdo trimestral, del 10,5%. Se distribuirá con un 6,5% en julio, 2% en agosto y 2% en septiembre.

Se pactó, además, una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 y los viáticos diarios también fueron actualizados: $ 20.000 en julio, $ 21.000 en agosto y $ 22.000 en septiembre.

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De esta manera, la remuneración total que recibirá un chofer sin experiencia llegará a $ 2.125.721,35 en julio, $ 2.230.990 en agosto y $ 2.295.175,80 en septiembre.




Armando Cavalieri,el acuerdo salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA),Paritarias,Conforme a

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La Casa Rosada relativizó los aranceles dispuestos por Trump y espera definiciones de EE.UU. para avanzar con el acuerdo comercial

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El Gobierno le baja el tono a los nuevos aranceles dispuestos por Donald Trump y destaca que la Argentina quedó alcanzada por la tasa mínima del 10%. Además, en el Ejecutivo reconocen que no esperan una aplicación integral del acuerdo comercial en el corto plazo porque todavía depende de definiciones jurídicas y regulatorias de Estados Unidos sobre las que no tienen garantías.

En la Casa Rosada validan la lectura de que el alineamiento político entre Javier Milei y Donald Trump contribuyó a que la Argentina conservara el tratamiento preferencial que había conseguido con el entendimiento firmado en febrero. “La posición argentina no cambió”, resumen en el oficialismo.

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El Ejecutivo interpreta que la administración republicana encontró una nueva herramienta jurídica para sostener el esquema arancelario después de que la Corte Suprema estadounidense limitara la utilización del mecanismo original con el que Trump había impulsado su política comercial. La nueva base legal quedó respaldada por la investigación que llevó adelante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre importaciones vinculadas con trabajo forzoso.

En Nación remarcan que ese capítulo ya formaba parte del acuerdo bilateral. La Argentina había asumido compromisos para reforzar la prohibición y el control sobre el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso, uno de los puntos que ahora permitió al USTR mantener el arancel del 10% y preservar las principales excepciones negociadas para las exportaciones nacionales.

La Casa Rosada, sin embargo, sostiene que el entendimiento con Estados Unidos excede ampliamente la cuestión arancelaria. El acuerdo también incorpora compromisos vinculados con propiedad intelectual, patentes, normas regulatorias, barreras no arancelarias, cooperación comercial y otros aspectos que todavía requieren documentación y pasos formales de la administración estadounidense.

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Es por ese motivo que el oficialismo no prevé impulsar en el corto plazo el tratamiento parlamentario del acuerdo comercial. En despachos oficiales aseguran que esperan que Washington complete la instrumentación del entendimiento antes de avanzar con el envío o la discusión integral del texto en el Congreso.

Javier Milei junto a Donald Trump en el lanzamiento de una alianza de seguridad regional (Foto: Tierney L. Cross/The New York Times).

Ese criterio alcanza también al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La iniciativa cuenta con dictamen, pero no integra la agenda legislativa inmediata. En Balcarce 50 explican que prefieren esperar la evolución del acuerdo bilateral antes de abrir una discusión sobre uno de los capítulos más sensibles del vínculo comercial con Estados Unidos.

La estrategia oficial apunta a evitar un tratamiento parcial del entendimiento. En el Ejecutivo consideran que el acuerdo debe analizarse como un paquete integral y no únicamente desde la óptica arancelaria, que ya comenzó a implementarse mediante la nueva decisión del USTR.

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Leé también: El Gobierno planea una megasesión en Diputados y apunta a aprobar pliegos judiciales clave en Senado en agosto

En paralelo, el Gobierno busca sostener el vínculo político con la administración republicana. La Casa Rosada considera que la relación con Washington seguirá siendo uno de los ejes centrales de la política exterior y apuesta a profundizar la cooperación económica, comercial y estratégica durante el segundo semestre.

En ese marco, Milei prepara un nuevo viaje a Estados Unidos para octubre. El Presidente difundió en sus redes sociales la invitación oficial para participar de un foro en Washington por el Mes de la Herencia Hispana, donde compartirá actividades con empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes políticos.

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En Nación interpretan que ese viaje servirá para mantener el canal político abierto con la Casa Blanca y seguir de cerca la evolución del acuerdo comercial. El oficialismo apuesta a que los próximos pasos de Washington permitan completar la implementación del entendimiento y despejar el camino para su tratamiento legislativo en la Argentina.

La lectura que hacen en Balcarce 50 es que el anuncio del USTR confirmó el rumbo general de la negociación. Si bien el Gobierno reconoce que todavía quedan definiciones pendientes sobre el alcance integral del acuerdo, considera que la decisión de preservar el esquema arancelario representa una señal de continuidad en la relación bilateral y un respaldo al vínculo construido entre Milei y Trump durante los últimos meses.

Gobierno, Donald Trump

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