POLITICA
La Corte reafirma su autoridad ante los desplantes de la justicia del trabajo
Hubo un mensaje y varios destinatarios. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, abogó por la mañana, ante empresarios, por el “acatamiento obligatorio” de los fallos del máximo tribunal. La exhortación apuntó a quienes hicieron “oidos sordos” ante decisiones de los supremos y que eligieron desafiarlas con medidas que ignoraban lo dispuesto por la Corte.
Los fallos de la Corte Suprema son de cumplimiento obligatorio para las partes del proceso y los tribunales deben ejecutarlos sin apartarse de lo decidido.
A diferencia de lo que ocurre en el sistema anglosajón del common law, donde existe una obligatoriedad estricta de los precedentes judiciales, en la Argentina el sistema contempla excepciones.
Sin embargo, para que un juez inferior se aparte de un precedente de la Corte Suprema debe tener una justificación muy sólida, pero los casos se repitieron en este año.
El objetivo, como lo señaló Rosatti, es preservar el principio de seguridad jurídica y de la función de la Corte Suprema como intérprete final de la Constitución.
Todo esto, que es de perogrullo en la Facultad de Derecho, no ocurrió en la Argentina de los últimos meses, lo que obligó a la Corte Suprema a insistir con conceptos básicos para no dejar pasar este abierto desafío a su autoridad.
Tal era la dispersión de fallos y dichos que los legisladores aprobaron hace un mes la reforma laboral y en su artículo 89 recordaron que los jueces deben ajustar sus decisiones a la interpretación de la Constitución y las leyes que realice la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”, dice la reforma laboral.
El objetivo era terminar con los librepensadores en materia de justicia laboral como una manera de dar certeza a las decisiones para el futuro.
Pero la nueva ley laboral fue suspendida en su aplicación por un magistrado, lo que hizo que la Corte Suprema tuviera nuevamente que reclamar lo básico: que se cumplan sus decisiones y respeten sus precedentes.
Es que los últimos desafíos provinieron de la justicia laboral. La Corte tuvo que fallar no una, sino tres veces para que la Cámara del Trabajo adecuara las tasas que se debían aplicar en los casos de ajuste de las indemnizaciones por despidos y accidentes laborales.
La Cámara laboral, controlada en algunas salas por el kirchnerismo, la desafió y dictó sentencias en contrario. La Corte las revocó.
Los fallos de la Corte donde debió poner un límite a las decisiones de la Cámara del Trabajo en la aplicación de intereses desmedidos son tres: Oliva, Lacuadra y Domínguez.
En una de las sentencias se anuló la aplicación de una multa de 53 sueldos impuesta a una empresa.
En la sentencia Oliva, la Corte estableció la prohibición de aplicar intereses sobre intereses en contra de una acordada de la Cámara del Trabajo que contemplaba esa posibilidad, elevando los montos de las indemnizaciones hasta cifras inverosímiles.
En la causa Lacuadra, la Corte dejó sin efecto una sentencia de la cámara laboral que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000% el monto de condena de primera instancia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, descalificó el caso Oliva “por arbitrario” al cuestionar intereses que arrojaban “un resultado económico desproporcionado”.
En Oliva, la Corte había dejado sin efecto una sentencia que ordenaba la capitalización sucesiva de intereses. Luego de Oliva, con el fin de reemplazar aquel criterio de cálculo de los intereses, la cámara laboral dictó una nueva acta en la que contempló el reajuste de “los créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual”.
Al respecto, la Corte entendió que “este nuevo criterio de reajuste, aplicado al caso en examen, tampoco se fundamenta en el Código Civil y Comercial, y dijo que “arroja resultados igualmente irrazonables”.
Con el mismo criterio, la Corte revocó en la causa Domínguez una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.
La Corte habló de falta de proporcionalidad y reclamó “prudencia judicial, labor que ha de ser llevada a cabo por los jueces de la causa”.
Hoy todas estas dispersiones se acabaron porque ya hay un criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad para aplicar un ajuste equivalente al índice de precios al consumidor más el 3% para las inmunizaciones, lo que quedó ratificado en la nueva ley de modernización laboral.
La Corte Suprema luego dictó el fallo Levinas, que obliga a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad intervenga como tribunal de apelación de todas las causas de la justicia nacional, ya sea en el fuero laboral, civil, comercial o penal.
Hubo resistencia de los jueces nacionales y objeciones, pero finalmente la aplicación del precedente se impuso y hoy el TSJ de la Ciudad resuelve esos casos semanalmente. Fijó estándares respetados por los jueces.
No solo fueron fallos laborales. La primera desobediencia abierta de la época actual ocurrió tras la destitución del procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, en 1995, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia.
La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso en 1998, en 2000, 2001 y también lo hizo en 2009 y 2010. Nunca fue oída y Sosa nunca fue repuesto en su cargo.
El actual gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, estaba dispuesto a cumplir esa sentencia ahora, 30 años después de la remoción, pero el kirchnerismo reformó una ley, amplió el número de jueces del Tribunal Superior de Justicia provincial y le copó el tribunal.
Hoy Santa Cruz vive una parálisis institucional porque cada medida del Ejecutivo es impugnada en la Justicia local con fallos a favor del kirchnerismo y el TSJ local no puede funcionar pues está cuestionada su integración.
El caso fue llevado por Vidal a la Corte Suprema de Justicia que ahora trabaja en un fallo donde tiene la oportunidad de devolverle la gobernabilidad a Santa Cruz, destrabar el conflicto y de paso hacer cumplir el viejo fallo Sosa, removido hace treinta años y nunca repuesto en el cargo.
La Corte no olvida esos desaires que dinamitan la seguridad jurídica y desafían el acatamiento obligatorio de las decisiones del máximo tribunal.
En ese contexto, Rosatti aseguró que esa obligatoriedad es lo que permite “darle previsibilidad a una inversión”. Tras señalar que “el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución de ninguna manera”, el presidente del máximo tribunal aseveró que la doctrina del máximo tribunal es clave para las inversiones.
Por eso, la Corte condena que tribunales inferiores se aparten de los precedentes del máximo tribunal generando incertidumbre institucional.
Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,Justicia Federal,,¿Cobrará jubilación?. Renunció el juez federal acusado de proferir mensajes antisemitas,,No había sido citada. La escribana de Adorni volvió a Comodoro Py para ampliar su declaración y la fiscalía prepara nuevas medidas,,»Pregúntenle a él». La escribana de Adorni dijo que no sabe el origen del dinero con el que se compraron las propiedades
POLITICA
Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para reforzar la estrategia internacional contra su condena por la causa Vialidad
Cristina Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim al equipo que diseña la estrategia internacional para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad. La información fue confirmada a Infobae por fuentes cercanas a la ex presidenta, que señalaron que el jurista formará parte de la defensa aunque evitaron precisar cuándo comenzará a intervenir o cuáles serán los primeros pasos procesales.
La incorporación de Valim representa un nuevo paso en la estrategia que el kirchnerismo impulsa desde hace más de un año para llevar el caso a organismos internacionales de derechos humanos. Ese trabajo combina la elaboración de la defensa jurídica con una campaña política destinada a instalar en el exterior la posición de Cristina Kirchner respecto del proceso judicial que derivó en la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Valim es abogado, profesor de Derecho Público y jurista brasileño con más de veinte años de trayectoria en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y derechos humanos. Es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP), editor jefe de la editorial Contracorrente y profesor del Corso di Perfezionamento in Teoria Critica della Società de la Università degli Studi di Milano-Bicocca, en Italia.
También desarrolló actividades académicas como profesor visitante en la University of Manchester y en la Université de Rouen, además de participar en programas de distintas universidades de Europa y América Latina.
En el ejercicio profesional intervino en litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, especialmente en causas vinculadas con la separación de poderes, el control de la administración pública, el debido proceso y la protección de derechos fundamentales. Su experiencia también comprende actuaciones ante mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos.
El abogado brasileño es autor de diversos libros sobre derecho constitucional y lawfare, entre ellos Lawfare: Waging War Through Law, publicado por Routledge. Ese concepto constituye uno de los ejes de la argumentación que el kirchnerismo sostiene desde que quedó firme la condena dictada en la causa Vialidad.
Según pudo confirmar Infobae, Valim trabajará junto con el jurista español Javier Borrego, quien también integra el equipo internacional que asesora a la ex presidenta.
Borrego estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera vinculada a los organismos europeos de derechos humanos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo español.
La conformación del equipo jurídico internacional se complementa con el trabajo político que desde el año pasado desarrolla el denominado Comité “Cristina Libre”, creado para difundir en distintos países la posición del kirchnerismo sobre la condena contra la ex presidenta.
Ese espacio está integrado por el senador Oscar Parrilli; el ex canciller Jorge Taiana; el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; el parlamentario del Mercosur Franco Metaza; la encargada de Relaciones para América Latina del Partido Justicialista, Sol Magno; el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y el ex embajador argentino en China Sabino Vaca Narvaja.
Desde su conformación, el comité desarrolla reuniones con dirigentes políticos, referentes de derechos humanos y organizaciones internacionales con el objetivo de difundir la posición del kirchnerismo sobre la causa Vialidad. La estrategia busca instalar que la condena contra Cristina Kirchner respondió a una persecución política y que durante el proceso judicial existieron vulneraciones al debido proceso y a otras garantías constitucionales.
En paralelo a esa tarea política, el equipo de abogados trabaja en la presentación que impulsará ante organismos internacionales. Entre las alternativas analizadas figuran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, aunque por el momento el entorno de la ex presidenta no confirmó cuál será finalmente el camino elegido.
Ambos mecanismos contemplan instancias distintas de revisión. En el caso del Sistema Interamericano, el expediente debe presentarse primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en caso de ser admitido, puede llegar posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La otra alternativa es recurrir a los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, una vía que fue utilizada por la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante el proceso judicial que enfrentó en su país.
POLITICA
Crece el malestar en el Gobierno por los traspiés de Ravier como vocero, pero Milei no le pedirá la renuncia
Exactamente hace un mes, Adrián Ravier se convirtió en el segundo vocero de la administración mileista. Su llegada fue en medio del caos comunicacional que abrió el escándalo de su antecesor en el cargo, Manuel Adorni, quien quedó envuelto en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, por la que terminó renunciando también a la jefatura de Gabinete.
Su arribo fue leído internamente como una bocanada de aire fresco después de meses difíciles, pero rápidamente empezaron a haber dudas sobre su performance, que en las últimas horas trocaron en un fuerte malestar en la propia Casa Rosada, donde todo el equipo del gabinete admite que sus errores complican mucho la gestión, aunque reconocen que Javier Milei no lo va a echar ahora.
La situación se agravó cuando anoche en el streaming ultra oficialista Carajo, dijo que “es una posibilidad” que el dólar llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses.
Los adjetivos que le atribuían este viernes los funcionarios a Ravier no eran los más elogiosos. El malestar era amplio en Balcarce 50, en donde incluso se dedicaron a monitorear si había alguna resonancia en la cotización del dólar.
Economista y amigo personal de Milei, Ravier fue presentado cuatro semanas atrás como vocero económico de la gestión y desde entonces retomó las conferencias de prensa, que habían quedado desactivadas en el último tramo de Manuel Adorni.
De entrada, se mostró con un estilo completamente diferente al de su antecesor, que estaba marcado por la soberbia y chicanas al periodismo. Ravier se mostró sobrio y de buenas formas. Incluso asumió con elogios al periodismo profesional.
Ese cambio de nombre y estilo fue celebrado internamente, pero rápidamente surgieron las primeras luces de alerta internas: errores en las conferencias y falta de respuestas, fueron algunas de las señales que extendieron la incomodidad.
Por ejemplo, este martes, leyó respuestas a las preguntas de los periodistas e incluso se equivocó de contestación en un caso. Además, varias veces dijo no tener la información correspondiente. Pero sus dichos en las últimas horas en la señal Carajo sobre la cotización del dólar ya fueron de otro tenor.
“No parece terminar de entender que es el vocero del gobierno, del presidente, y que lo que dice no es su palabra como economista, es la palabra del Gobierno”, consideró una importante voz del oficialismo.
“Una cosa es ser analista y otra es ser vocero”, distinguían este viernes en el oficialismo en medio del «profundo malestar» que admitían luego del episodio en Carajo.
“Si hablando en territorio ‘amigo’, como es con los chicos de Carajo, la pifia, ¿qué queda para una conferencia o en otro medio?”, se preguntaban.
Más aún, en la Casa Rosada alertaban sobre el impacto del error en un tema como el dólar, con la sensibilidad que implica en la economía argentina.
Ravier venía esta semana, en su conferencia de los martes, de aclarar un tuit suyo en el que habló de “país bananero”. “Es insólito un vocero que tiene que salir a aclarar lo que dijo; o que dice que no dice lo que dijo”, era otro de los puntos que se mencionaban.
Pese a ese malestar y la suma de desatinos, nadie imagina que deje de salir en los medios o de dar conferencias de prensa. “¿Qué hace si no habla en medios? Su trabajo es hablar en medio? Lo único que tiene que hacer es hablar en público”, mascullaban en el corazón del oficialismo.
La misma ecuación aplicaba a las conferencias de prensa. “Sería peor si las interrumpe”, consideraron.
Solo en la última, el pasado martes, Ravier sumó entredichos con periodistas acreditados, se confundió de respuesta y prometió averiguarlo para más adelante.
Frente a una consulta sobre la exploración extranjera en Malvinas, comenzó a leer una respuesta que hacía referencia a la presentación de una nota de protesta a la embajada del Reino Unido, y reculó: “Perdón, está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta. Un segundo, que chequeo esto. Esta es”, lamentó. Y leyó los nuevos papeles, en los que expresó su rechazo a la decisión de inversión de las “ilegítimas” licenciatarias británica e israelí para el desarrollo de yacimientos en Malvinas sin contar con los permisos de la Argentina.
Ante una repregunta, respondió: “Esto es lo que sé en este momento sobre este tema, tendríamos que profundizar con Cancillería. En este momento no tengo más información. Es un tema muy específico que en este momento no puedo responder”. Y así finalizó la conferencia.
Previo a eso también debió aclarar sus dichos sobre la bandera que mostraron los jugadores de la selección argentina en apoyo al reclamo por las Malvinas después del triunfo sobre Inglaterra en el Mundial.
“En relación con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije”, puntualizó. El tuit al que hacía referencia empezaba hablando de “país bananero”.
Ravier también sumó errores este jueves, cuando, al pasar por otro streaming, en El Cronista, habló de la situación de los acreditados en la Sala de Prensa de Casa Rosada, que atraviesan desde mayo pasado restricciones que no registran antecedentes desde 1942.
“Al pedo explayarse. Le preguntaron por la libertad de expresión en el país y en lugar de ejemplificar con, por ejemplo, que él mismo estaba ahí hablando y contestando, se metió en eso. ¿Para qué?“, se lamentaron sobre otro de los episodios.
Pese a las molestias, nadie planteaba en estas horas la posibilidad de que Ravier sea corrido del cargo. “En primer lugar, Javier (por Milei) no es de hacer esas cosas”, sostuvieron. Además, apuntaron que “no sería el momento” para hacerlo.
“Cambiarlo no porque lo eligió el presidente. Además, es alguien querido y de la causa. Es valioso”, dijeron.
Completaron también que, pese al malestar que viene generando con sus distintos desatinos, “Adrián es un tipo inteligente y preparado”, y que “viene reuniéndose con los ministros para interiorizarse de las actividades”.
Lo que sí resaltaban casi como una necesidad imperiosa era que tiene que seguir con el coaching que lleva adelante desde que empezó en el cargo. Y que, según explicaban en Gobierno, está en manos del equipo del asesor, Santiago Caputo. Cerca de los celestiales confirmaban que “están colaborando con Ravier”. Eran más piadosos y aseguraban que “no cometió ningún error gravísimo”.
“Hay que trabajar más en la preparación”, se resignó uno de los consultados. “Se va a tener que hacer cargo de que no puede fallar más”, agregaron.
Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
El Gobierno busca apoyo en el Congreso: qué leyes avanzan, cuáles están frenadas y dónde aparecen las trabas
Avances, frenos y negociaciones definen el destino de los proyectos claves en el Congreso. Las iniciativas legislativas más relevantes —reforma electoral, venta de tierras a extranjeros, subsidios y nombramiento de jueces— exponen diferencias profundas entre oficialismo y oposición, y muestran cómo la dinámica política actual condiciona la aprobación o el estancamiento de cada propuesta.
El oficialismo impulsa leyes que pueden modificar el escenario nacional en temas como organización electoral, atribuciones del Banco Central, regulación del lobby, salud mental, etiquetado de alimentos, acceso de extranjeros a tierras, Ley Hojarasca y subsidios en zonas frías.
Cada proyecto enfrenta obstáculos de distinta naturaleza: algunos encuentran un rechazo firme, otros generan disputas internas y solo unos pocos cuentan con consenso suficiente para avanzar.
Proyectos con bloqueos y falta de consenso
La reforma electoral, iniciativa prioritaria para Karina Milei y La Libertad Avanza, se encuentra completamente detenida. Aunque el oficialismo la planteó y debatió, aún no existen modificaciones concretas y los gobernadores no están dispuestos a dar su aval sin acuerdos previos.
Al mismo tiempo, la reforma del Banco Central también permanece en pausa, sin presentación formal ni fecha definida para su discusión. Según detalló Ramón Indart en Infobae A las Nueve, “está en veremos, por lo menos hasta la discusión de lo que llaman las comisiones y los dictámenes,” subrayando la falta de definición sobre el contenido y el momento en que llegará al recinto.
El Gobierno presentó otras tres iniciativas —Ley de Lobby, Salud Mental y Etiquetado Frontal— en una tanda que buscó instalar nuevos debates. Sin embargo, según Indart, estas propuestas quedaron “guardadas” y enfrentan un freno total: “No hay un avance con aliados.” El periodista atribuyó la falta de movimiento a la ausencia de consenso político y a la baja prioridad que les asignan los actores centrales del oficialismo.
Debate y futuro incierto
Entre los proyectos con posibilidades abiertas, Indart ubicó la Ley de Venta de Tierras a Extranjeros. Esta iniciativa, destacada por Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, tiene fecha de sesión para el 6 de agosto. El Gobierno sostiene que cuenta con los votos necesarios, pero la oposición lo niega.
El debate sobre los extranjeros genera posiciones encontradas. Para Indart, el término “extranjero” resulta funcional para el Gobierno como herramienta de debate y construcción política. Mientras el oficialismo utiliza este tema para posicionarse frente a la opinión pública y tejer alianzas, la oposición lo usa como argumento de rechazo.
La Ley Hojarasca sigue sin definiciones claras. Indart indicó que algunos puntos generan resistencia interna, especialmente por la negativa de Sturzenegger a modificar aspectos clave. Zona Fría, que apunta a eliminar subsidios en distintas regiones, enfrenta dudas en distritos de la provincia de Buenos Aires y consejos deliberantes buscan alternativas para mantener beneficios. El Gobierno insiste con la eliminación del subsidio, pero las resistencias locales mantienen el tema en evaluación.
Acuerdos y aprobación asegurada
El único proyecto con vía libre es el nombramiento de jueces. El Poder Ejecutivo envió 25 propuestas nuevas para la designación de magistrados. El Congreso avanzará con el tratamiento de estos pliegos la próxima semana y el oficialismo confía en lograr los acuerdos necesarios.
La prioridad en este bloque recae en la reforma judicial limitada a los nombramientos. No se trata de una modificación del sistema, sino de la aprobación de las listas de jueces propuestas por el Ejecutivo. El trámite parlamentario incluye negociaciones puntuales pero, según Indart, existe consenso para que estas designaciones avancen sin mayores trabas.
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