La pyme FADEMI, ubicada en Larroque, un pueblo entrerriano de 6.500 habitantes, atravesó un extenso y virulento conflicto laboral que comenzó en junio de 2024 e incluyó medidas de fuerza, bloqueos contra sus instalaciones y hasta amenazas mafiosas con un paquete de balas que le dejaron a su dueña en su casa.

Ahora, la justicia laboral acaba de revocar un fallo que en enero del año pasado le había ordenado a FADEMI reincorporar a 35 trabajadores que participaron del bloqueo, por lo que quedaron en firme esas cesantías.

La resolución del juez Julio Armando Grisolía, a cargo Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55, dictada el 17 de este mes, se convirtió en otro capítulo de una verdadera pesadilla que sufrió esta pyme familiar que fabrica baterías para vehículos desde que, en junio de 2024, el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició protestas en reclamo de un aumento salarial que, según argumentó la empresa, era imposible de pagar.

Entre abril de 2023 y abril de 2024, los empleados habían recibido una mejora del 400%, más de 100 puntos por encima de la inflación acumulada, que fue del 290%. El sueldo inicial neto del sector estaba desde hacía 7 meses en $1,5 millones y el sueldo promedio mensual de bolsillo que pagaba la empresa ascendía a $2 millones.

Como informó Infobae, los sindicalistas adujeron como una de las razones para justificar su reclamo el incremento en las cuotas de los colegios privados. “Pero en Larroque no hay”, les respondió el apoderado de FADEMI, Emiliano Gietz, pero el razonamiento quedó sin respuesta. No hubo negociación posible y de inmediato el sindicato comenzó con las medidas de acción directa.

Según Gietz, “primero hicieron asambleas: se retiraban del lugar de trabajo por un tiempo que fue de una a cinco horas; después pasaron al quite de colaboración y redujeron la producción a un 10%, por lo que de 1.200 unidades diarias programadas hacían unas 100, a veces menos”. Como consecuencia de estas medidas sindicales, la pyme aseguró que dejó de producir 30 mil baterías.

La tensión fue escalando hasta llegar el bloqueo de la planta cuando, a comienzos de junio de 2024, un camión que debía cargar productos no pudo ingresar al predio porque el sindicato se lo impidió. El gremio también forzó el retiro de los empleados de la línea de producción en medio del proceso. La medida puso en peligro la fabricación de 2 mil unidades abandonadas sin terminar y con exposición de productos químicos de alto riesgo. Finalmente, el lote pudo ser salvado.

Sin embargo, todo empeoró: el viernes 5 de julio arrancó el cese total de actividades que dejó a la planta con producción en cero y sin stock. La protesta llevó a que muchos clientes cancelaran sus pedidos ante el incumplimiento de las entregas. La empresa entró en una situación dramática. Su flujo de fondos estuvo cortado y no podía cumplir con las obligaciones con sus proveedores.

El prejuicio no sólo fue económico: el sindicato, según la empresa, impulsó agresiones contra los dueños de FADEMI que incluyeron desde pintadas en el frente de una de sus casas hasta las bombas de estruendo arrojadas contra otro domicilio, pasando por la irrupción de activistas con bombos en medio de un asado familiar.

Según el sindicato, FADEMI no cumplía con las condiciones de seguridad en la planta (algo que no verificaron las autoridades) y ejecutó descuentos sin justificación en los salarios. Luego siguió el despido de 3 empleados, que derivó en una huelga en demanda de su reincorporación, mientras que a continuación se concretaron 25 cesantías. El 20 de enero de 2025, finalmente, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar al reclamo del sindicato y le ordenó a la empresa la reincorporación de los despedidos por haber participado de una huelga.

Aun así, el conflicto se tiñó nuevamente de violencia: en enero de 2025 apareció ante la casa de la dueña de la pyme un paquete que contenía dos balas y la leyenda “Familia FADEMI”. Fue un claro mensaje intimidatorio que se complementó con otro hecho grave, ya que en esos días a los empleados les llegó por WhatsApp un sticker que utiliza un dirigente sindical y en el que se lo ve a él con las cabezas sangrantes de dos de los dueños de FADEMI, como si hubieran sido degollados.

Tras la inmediata denuncia policial, intervino la Fiscalía de Gualeguay y la sorpresa llegó cuando los responsables de haber dejado el paquete con balas fueron identificados rápidamente porque quedaron filmados por una cámara ubicada en el frente de la casa: se descubrió que eran dos empleados de la pyme que viven en Larroque y habían participado de las protestas en la empresa.

En el video se ve cómo uno de ellos se baja de un auto, manejado por otra persona, y deja el paquete ante la puerta. La curiosidad es que queda a la vista la patente del vehículo y se determinó que es el mismo con el que uno de los empleados va a trabajar a la fábrica. Los dos agresores fueron detenidos en una carpa del sindicato instalada ante la entrada de FADEMI.

Ambos, Mauricio Javier Taffarel y Cristhian Aurelio Taffarel, permanecieron dos meses en prisión, luego quedaron libres porque les morigeraron la prisión preventiva, pero, de todas formas, quedaron imputados en la causa por coacciones agravadas y la primera audiencia del juicio oral será en octubre próximo.

El abogado de FADEMI es Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), desde donde vienen logrando fallos judiciales clave en favor de las pymes que son bloqueadas y condenas contra los responsables de esas protestas.

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La expresidenta Cristina Kirchner reforzó su estrategia judicial con vistas a la etapa internacional de la causa Vialidad. En las ultimas horas incorporó a su defensa al abogado brasileño Rafael Valim, uno de los juristas que asesora al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para avanzar con las presentaciones que buscarán cuestionar la condena que recibió por corrupción ante tribunales y organismos internacionales.

Valim se integrará al equipo de abogados que prepara los recursos con los que la defensa intentará impugnar la sentencia que condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fallo que ya fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia.

El abogado brasileño trabajará en conjunto con el español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien también participa en el diseño de la estrategia jurídica que impulsará la defensa fuera del país.

Especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos, Valim es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) y cuenta con más de veinte años de trayectoria académica y profesional.

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En declaraciones al medio brasileño Metrópoles, el abogado adelantó que en los próximos días presentarán oficialmente en Buenos Aires la estrategia que seguirán en esta nueva etapa del caso. Además, sostuvo que, a su entender, Cristina Kirchner fue víctima de “graves violaciones de derechos humanos fundamentales” y aseguró que buscarán revertir esa situación en instancias internacionales.

A lo largo de su carrera, Valim intervino en distintos procesos ante tribunales internacionales y es coautor del libro Lawfare: una introducción, publicado junto a Cristiano Zanin —actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula— y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.

La decisión de incorporar al jurista brasileño se produce mientras la defensa de la expresidenta avanza con una nueva ofensiva judicial tras quedar firme la condena en la causa Vialidad.

Semanas atrás, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por CFK y el resto de los condenados para impedir la actualización del monto del decomiso dispuesto en el expediente. Con esa resolución, quedó firme la obligación de reintegrar al Estado un total de $685.000 millones, suma fijada por la Justicia como producto del perjuicio ocasionado en la maniobra investigada.

La causa Vialidad concluyó con la condena de la exmandataria por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además de la pena de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, el fallo estableció el decomiso de bienes por el monto determinado por los jueces, decisión que fue ratificada en todas las instancias judiciales nacionales y que ahora la defensa buscará discutir en el ámbito internacional.

cristina kirchner, Lula Da Silva, Vialidad