POLITICA
Denunciante de la AFA y D’Onofrio: Matías Yofe declaró en una causa por falso testimonio y afirmó que buscan amedrentarlo
El dirigente de la Coalición Cívica (CC) Matías Yofe declaró este martes en la Fiscalía N°2 de Pilar, a cargo de Andrés Quintana. La citación se dio por una investigación por presunto falso testimonio para acceder a una custodia policial en el marco de la “mega causa” que impulsó contra el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, procesado con un embargo de $350 millones por presunto lavado de activos de origen ilícito.
El referente del partido de Elisa Carrió en Pilar también es denunciante en la causa por la mansión de Villa Rosa atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.
“No hay prueba alguna. La causa se construye a partir de dos testimonios y suposiciones del fiscal, nada más. Uno de esos testimonios es de un oficial de la Policía Bonaerense que era mi custodio, que decía a viva voz a todo el mundo que le ofrecían dinero por mi cabeza y que después al que termina denunciando es a mí por ‘hechos falsos’. El otro testimonio es de un periodista de Pilar que, como no pudo ser candidato por la Coalición Cívica, se dedica a atacarme con animosidad tanto desde su medio como en presentaciones judiciales”, afirmó Yofe a luego de declarar durante casi dos horas. Aseguró haber ratificado las amenazas recibidas “con pruebas contundentes”.
Señaló que su pedido de indagatoria responde a un “intento para amedrentar” por su involucramiento en casos judiciales de alto impacto para el poder. Desde su defensa argumentan que desde entonces comenzó a “ser blanco de una persecución con tintes mafiosos, que escaló desde mensajes intimidatorios hasta amenazas contra su familia, e incluyó el tajeo de las ruedas de su auto o haber matado a uno de sus perros”. A su vez, cuestionan la imparcialidad del fiscal Quintana ya que −afirman− “forma parte de una lista en el Colegio de Magistrados de San Isidro vinculada a Sergio Massa”.
Por sus denuncias, D’Onofrio −que proviene de las filas del Frente Renovador afronta otra causa junto con la concejala Claudia Pombo (expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar) por montar un presunto esquema de recaudación paralelo en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que lleva el fiscal Álvaro Garganta, en La Plata. La de lavado, por su parte, está radicada en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay.
“Dejé en claro que el tema del perro no lo denuncié porque tengo hijos chicos y era un proceso al que no los quería exponer, pero marqué que fue mi propio custodio con el personal de Prefectura quienes me dijeron ‘a tu perro lo embicharon’”, dijo Yofe.
En ese contexto, Yofe llegó a disponer de dos custodios de la Policía Bonaerense (uno por turno, que lo acompañaban constantemente) y en el perímetro de su casa en Pilar una posta de la misma fuerza (dispuesta por la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires) y otra posta de la Prefectura (por pedido del juez federal González Charvay).
“Para entender la gravedad, la hija del chofer de D’Onofrio pertenece a la misma comisaría de los policías que custodiaban mi casa. La oficial Ormeño de la 6ta de Villa Rosa, Destacamento Zelaya. Ella misma llegó a custodiar el perímetro. Hay registro y está probado porque el fiscal se lo preguntó al comisario y se lo confirmó”, reveló el dirigente de Pilar, férreo opositor del intendente Federico Achaval, a quien le achaca “haber convertido el municipio en un antro de negociados”.
No es la única causa que enfrenta el referente de la CC. El 2 de enero de este año, la casa de Yofe fue allanada por orden del juez Walter Federico Saettone, a cargo del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro (con asiento en Pilar), a pedido del fiscal Germán Camafreita, titular de la UFI N°3 de Pilar, luego de que Atilio Ormeño, un exchofer del Ministerio de Transporte bonaerense, lo denunciara por una supuesta “extorsión” para que declarase en contra de D’Onofrio.
Yofe en ese momento se encontraba de viaje en Mar del Plata y acusó un procedimiento violento e intimidante contra su esposa y su beba de meses, que estaban en la vivienda. Dos días después se presentó junto a Carrió en la fiscalía de Camafreita, donde realizaron un duro descargo por el desarrollo de la causa, en la que quedó imputado junto con el empresario Leandro Camani, titular de la compañía Secutrans –que provee equipos para detectar infracciones viales y el sistema para procesarlas en municipios–, también denunciante en el caso de las fotomultas.
En esta segunda causa, según Yofe, también declaró “siempre en calidad de ciudadano” el periodista local, señalándolo de supuestos incentivos para reclutar testimonios en sus denuncias. A finales de enero, por su parte, se sumó una presentación judicial del propio Tapia contra Yofe, el legislador porteño Facundo Del Gaiso (CC), también denunciante de la mansión de Villa Rosa; y Camani, a los que les atribuyó ser parte de una red de “maniobras de extorsión”.
Al respecto, Yofe apuntó contra el juez Saettone dada su pública simpatía por referentes kirchneristas, y también sembró dudas sobre la praxis de Camafreita.
“Se están sosteniendo causas en mi contra sin un solo material probatorio con uno de los fiscales que tendría relación con el universo de las fotomultas y con un juez como Seattone que tiene animosidad partidaria para amedrentar a quienes denunciamos a las mafias más grandes de la provincia de Buenos Aires”, cerró.
pública simpatía,Manuel Casado,Conforme a
POLITICA
Marcha atrás: el Gobierno restituye la ley de tierras para blindar el DNU 70/23 y desactivar la ofensiva opositora en Diputados
En una jugada al filo y a menos de 24 horas de la megasesión convocada para rechazar el DNU 70/23, el oficialismo en Diputados dio marcha atrás con uno de sus postulados e incorporó un capítulo sobre la ley de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión, anticipada por , llegó tras la presión de sus aliados, que reclamaban una respuesta del Gobierno para evitar quedar en la incómoda posición de tener que bajar mañana al recinto y acompañar la ofensiva opositora. “Un manotazo de ahogado”, se quejaron desde los bloques más críticos, que ya estaban al tanto de la maniobra.
Si bien el fallo de la Corte Suprema, que suspendió temporalmente la derogación de la Ley de Tierras a través de una cautelar interina, representó un alivio para el Gobierno, La Libertad Avanza (LLA) buscó dar una señal de autonomía respecto de la decisión judicial y, al mismo tiempo, contener a sus aliados del Pro y la UCR.
Antes de la resolución judicial, ambos espacios le habían exigido al Gobierno una salida para restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Aunque contradice sus propios principios, para la administración libertaria se trata de una concesión meramente “funcional” y responde a un objetivo político mayor: preservar el DNU 70/23 de Javier Milei, frente al intento de la oposición de hacerlo caer en Diputados, tras la media sanción del Senado.
Así, esta tarde la tropa de Martín Menem logró reunir las 34 firmas necesarias para alcanzar un dictamen de mayoría, con la ayuda del Pro y la UCR.
El texto incorpora al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, dos nuevos artículos: el 38, que “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, y el 39, que “restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y sus modificatorias”.
Por su parte, el bloque peronista de Unión por la Patria presentó un dictamen en minoría en total rechazo de la iniciativa libertaria y acusó al bloque que comanda Gabriel Bornoroni de “desempolvar una media sanción que venía del Senado que se había guardado en el último cajón” y dictaminado “entre gallos y medianoche”.
En alusión directa al proyecto aprobado en la Cámara alta, donde el oficialismo debió resignar el capítulo sobre extranjerización de tierras, que inicialmente eliminaba las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros y luego proponía elevar del 15% al 25% el límite permitido. Una derrota que le pasó factura a los libertarios en el Senado.
Noticia en desarrollo
la megasesión convocada para rechazar el DNU 70/23,,el fallo de la Corte Suprema,,October 14, 2026,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
El oficialismo en el Senado alcanzó un amplio acuerdo para avanzar con la reforma de la Ley de Salud Mental y buscará dictaminar el proyecto este jueves, con la intención de solicitar una sesión para la próxima semana. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció los principales cambios de la iniciativa junto con las senadoras Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, titular de la Comisión de Legislación General.
La propuesta incorporó aportes de legisladores de distintos bloques y de los responsables de las carteras sanitarias de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. En una conferencia de prensa en su despacho, Bullrich destacó que uno de los principales cambios es incorporar la prevención como eje central, dejando atrás el criterio exclusivo del peligro inminente. La propuesta contempla la posibilidad de intervenir cuando una serie de conductas indique que una persona puede hacerse daño o dañar a terceros, incluso cuando no esté en condiciones psíquicas de decidir sobre su propia internación. “Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente”, explicó.
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La iniciativa dada a conocer implica cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias, el tratamiento de las adicciones y el acompañamiento de los pacientes después del alta.
Entre las modificaciones, Bullrich destacó la incorporación de equipos interdisciplinarios, con participación de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados; el reconocimiento del rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas; la capacitación permanente y la protección de los trabajadores de la salud. También señaló que se restituye la cooperación técnica, económica y financiera con las provincias, se amplían los plazos para comunicar determinadas internaciones de 24 a 48 horas y se incorpora la posibilidad de realizar teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles.
Las senadoras destacaron los aportes de diferentes bloques entre ellos los legisladores radicales que lidera Eduardo Vischi y en algunos artículos puntuales el bonaerense Maximiliano Abad y la chaqueña, Silvana Schneider. Las bancadas del Pro, que encabeza Martín Goerling Lara, los misioneros de Movimiento Por Misiones que integra el médico Carlos Arce e incluso peronistas que fueron ministros de Salud como el tucumano Juan Manzur.
“Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas”, sostuvo la senadora Patricia Bullrich, y afirmó que las reformas fueron bien recibidas por miles de familias argentinas que atravesaron situaciones complejas vinculadas a la salud mental.
Puntos centrales del proyecto
La iniciativa se divide en varios capítulos que abordan distintas aristas los cambios del dictamen final al proyecto de ley de Salud Mental. Entre ellos los referidos a los equipos interdisciplinarios y participación de los profesionales.
Se incorpora la conformación de equipos según los recursos humanos jurisdiccionales. Se elimina la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias. El juez podrá pedir informes o peritajes y dejar sin efecto una internación injustificada. Manteniendo la obligación de notificar al juez y al Órgano de Revisión dentro de las 24 horas de la internación.
Para internaciones voluntarias que superen los 60 días, se elimina la obligación de informar al juez y su evaluación en cinco días. Se mantiene la comunicación al Órgano de Revisión. Si un solo médico decide una internación excepcional por riesgo grave, el plazo para revalidarla mediante un equipo interdisciplinario pasa de 24 a 48 horas.
Se habilita la intervención de psiquiatras mediante teleconsulta sincrónica. Para indicar internaciones, se reemplaza la exigencia de un psiquiatra por la de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con otro profesional, preferentemente psicólogo. Se reconoce al psicólogo en la evaluación y efectivizarían del alta.
Se restituyen la capacitación permanente y la protección de la salud de los trabajadores.
Sobre el financiamiento para las provincias, se restituye expresamente la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias para implementar las políticas de salud mental.
En relación a las adicciones se mantiene la inclusión de las adicciones dentro de las políticas de salud mental, tanto las vinculadas con sustancias como las que no las involucran, eliminando la referencia expresa a drogas legales e ilegales. La redacción contempla también problemáticas como la ludopatía. En la Cámara alta hay dos proyectos, uno del Poder Ejecutivo y otro, sancionado por Diputados, que aún no fueron puestos en consideración por las comisiones del Senado.
En el capítulo sobre las Obligaciones de las familias, la referencia a los familiares obligados se limita a padres e hijos, además de representantes legales, cónyuges y convivientes. Se exceptúa a las familias que no estén en condiciones de cumplir esas obligaciones. Se explicita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios. Se incorporan derechos de las familias a recibir información, orientación y herramientas de autocuidado, y a ser escuchadas.
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Se incorpora un régimen específico para niños y adolescentes, con equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. Se contemplan la autonomía progresiva, la confidencialidad, el derecho a ser escuchados y el abordaje familiar y comunitario. La internación en unidades de adultos queda restringida a casos en los que se acredite que no hay otra posibilidad, por el tiempo mínimo indispensable.
La norma contempla la prohibición y creación de manicomios y el desarrollo de prácticas manicomiales. Se restituye un catálogo de dispositivos de atención, entre ellos atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación socio laboral, reforzando las políticas de promoción y prevención.
Sobre las internaciones prolongadas, se exige un plan de egreso desde el diagnóstico, con objetivos para el alta y recursos de apoyo. Se considera prolongada la internación que supere los 180 días, consecutivos o acumulados por reinternaciones durante dos años. En esos casos, el Órgano de Revisión deberá intervenir de oficio de manera inmediata. Exceptuando a los pacientes cuya problemática sea exclusivamente social. Se crea, además, un registro de internaciones prolongadas.
Sobre directivas anticipadas, se incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y a designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Las directivas deberán respetarse, salvo que impliquen un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
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POLITICA
En Washington, Quirno firmó un protocolo adicional para acelerar la aprobación del acuerdo comercial con EE.UU. en el Congreso
WASHINGTON.- En el marco del viaje del presidente Javier Milei a esta capital, el canciller Pablo Quirno mantuvo una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con quien firmó un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) que fue suscripto entre ambos funcionarios en febrero pasado.
Según explicó el canciller, el protocolo permitirá la remisión del ARTI al Congreso para su aprobación, un ambicioso acuerdo que tiene como objetivo reducir barreras comerciales, fomentar inversiones e integrar cadenas de valor en el marco de la alianza estratégica entre ambas administraciones. Restan conocer detalles del protocolo adicional para saber si se estableció algún tipo de cronograma.
“El protocolo consolida la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado norteamericano. Estados Unidos reafirma su compromiso con el trato arancelario de Nación Más Favorecida para los productos argentinos en los términos acordados y reconoce el cumplimiento por parte de la Argentina de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo”, explicó el canciller a través de su cuenta de X. Quirno estuvo acompañado en el encuentro por el embajador argentino, Alec Oxenford.
En una reciente visita a Buenos Aires, donde se reunió con Quirno y con el ministro de Economía, Luis Caputo, el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, había remarcado la importancia de la ratificación del ARTI “para concretar la visión económica compartida” entre ambas administraciones.
“Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses”, había señalado la embajada de Estados Unidos mediante un comunicado. Goettman también participó del encuentro de este miércoles en la sede del USTR junto a Greer, Quirno y Oxenford.
“Es un paso más en una agenda de comercio, financiamiento e inversiones de nueva generación, que abarca reducción de aranceles, de barreras no arancelarias y armonización de estándares, e incluye acceso para nuestros productos al mercado de la primera economía del mundo”, señaló Quirno al hacer el anuncio. El canciller había llegado esta mañana a Washington junto al líder libertario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Tras una reconfiguración arancelaria general dictada en julio por el gobierno de Trump a un grupo de 60 socios comerciales, la Argentina había quedado ubicada en la escala más baja con un arancel adicional del 10%, lo que representó una ventaja frente a otros países de la región (como Brasil). Fue la misma posición que cuando se selló el acuerdo firmado en febrero por Greer y Quirno en Washington.
Respecto a los 1675 productos argentinos a los que Estados Unidos les había eliminado los aranceles en virtud del acuerdo firmado en febrero -y que permitiría recuperar exportaciones por US$1013 millones- se mantuvieron en nivel cero, sin verse afectados por ese mecanismo lanzado por el USTR.
En el marco del ARTI, el Gobierno se comprometió a avanzar en la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que en agosto tuvo el visto bueno para la ratificación en la Cámara de Diputados, pero con modificaciones, por lo que el proyecto volvió al Senado para su tratamiento.
Está previsto que el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado lo traten en la tarde del jueves.
Por otra parte, Quirno tenía previsto reunirse esta tarde con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos, con quien repasaría la agenda bilateral en distintos ejes, como el acuerdo de financiamiento con Washington para inversiones en infraestructura, según supo . El funcionario ocupa un rol clave en la política exterior de Trump para América Latina.
Quirno sostuvo que en el acuerdo comercial con Estados Unidos se enmarca el megapaquete de financiamiento presentado en Nueva York por unos US$7000 millones con el fin de desarrollar obras de infraestructura en la Argentina para acelerar las exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía, a través del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM), la agencia oficial de crédito a la exportación del gobierno norteamericano.
A ello se suman los instrumentos de financiamiento lanzados por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés).
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