POLITICA
Marcha atrás: el Gobierno restituye la ley de tierras para blindar el DNU 70/23 y desactivar la ofensiva opositora en Diputados
En una jugada al filo y a menos de 24 horas de la megasesión convocada para rechazar el DNU 70/23, el oficialismo en Diputados dio marcha atrás con uno de sus postulados e incorporó un capítulo sobre la ley de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión, anticipada por , llegó tras la presión de sus aliados, que reclamaban una respuesta del Gobierno para evitar quedar en la incómoda posición de tener que bajar mañana al recinto y acompañar la ofensiva opositora. “Un manotazo de ahogado”, se quejaron desde los bloques más críticos, que ya estaban al tanto de la maniobra.
Si bien el fallo de la Corte Suprema, que suspendió temporalmente la derogación de la Ley de Tierras a través de una cautelar interina, representó un alivio para el Gobierno, La Libertad Avanza (LLA) buscó dar una señal de autonomía respecto de la decisión judicial y, al mismo tiempo, contener a sus aliados del Pro y la UCR.
Antes de la resolución judicial, ambos espacios le habían exigido al Gobierno una salida para restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Aunque contradice sus propios principios, para la administración libertaria se trata de una concesión meramente “funcional” y responde a un objetivo político mayor: preservar el DNU 70/23 de Javier Milei, frente al intento de la oposición de hacerlo caer en Diputados, tras la media sanción del Senado.
Así, esta tarde la tropa de Martín Menem logró reunir las 34 firmas necesarias para alcanzar un dictamen de mayoría, con la ayuda del Pro y la UCR.
El texto incorpora al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, dos nuevos artículos: el 38, que “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, y el 39, que “restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y sus modificatorias”.
Por su parte, el bloque peronista de Unión por la Patria presentó un dictamen en minoría en total rechazo de la iniciativa libertaria y acusó al bloque que comanda Gabriel Bornoroni de “desempolvar una media sanción que venía del Senado que se había guardado en el último cajón” y dictaminado “entre gallos y medianoche”.
En alusión directa al proyecto aprobado en la Cámara alta, donde el oficialismo debió resignar el capítulo sobre extranjerización de tierras, que inicialmente eliminaba las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros y luego proponía elevar del 15% al 25% el límite permitido. Una derrota que le pasó factura a los libertarios en el Senado.
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POLITICA
Alejandro López, el juez que absolvió a los gremialistas, llegó al puesto gracias a un acuerdo de la Legislatura y es calificado de “garantista”
“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez Alejandro Gabriel López, que absolvió a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El sorpresivo fallo del juez López argumentó que el bloqueo contra la empresa Rey Distribución SRL (una firma de distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados), que alteró a gran parte de San Nicolás, fue parte del derecho a protestar.
López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.
En aquella sesión se aprobaron otros 16 pliegos, como por ejemplo María Laura Iglesia para el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Isidro y Juan Carlos Tufari para el mismo cargo pero en Bahía Blanca.
En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.
El juez no tuvo en cuenta que la denominada Ley Bases (27.742) aprobada durante el gobierno de Javier Milei, se establece que participar de bloqueos totales o parciales a empresas que afecten el ingreso de personas o de cosas será motivo de despido con justa causa. Sobre ese punto en particular –uno de los más resistidos por dirigentes sindicales-, los funcionarios decidieron no especificar nada en la reglamentación, con lo cual lo dispuesto por el Congreso no se moderó, ni se endureció.
En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.
La entonces gobernadora Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.
El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.
El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.
“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.
Passaglia proviene del peronismo, luego integró el PRO y después, Juntos por el Cambio. Hoy critica al Gobierno nacional de Javier Milei.
“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.
El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.
Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.
Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.
López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.
El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.
El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.
La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.
El abogado Fernando Soto, asesor de la senadora Patricia Bullrich, también cuestionó el fallo. “Los empresarios se cansaron de pagarle coimas a Maximiliano Cabaleyro, del Sindicato de Camioneros de San Nicolás. Para que les paguen, Cabaleyro les bloqueó la empresa. Lo denunciaron. Estuvo cuatro años preso. Pero la Justicia lo absolvió: dijeron que fue un ‘legítimo reclamo sindical’”.
“El juez justificó el delito”, se lamentó, a su vez, el empresario Ariel Rey, propietario de la compañía que sufrió el bloqueo sindical.
A su vez, el diario Norte, de San Nicolás, recordó que López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
pic.twitter.com/8G5qLllN9w,October 14, 2026,Conforme a
POLITICA
Juan Pablo Valdés recorrió las zonas inundadas en Corrientes y reunió al Comando Operativo de Emergencias
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recorrió las localidades de Ituzaingó e Isla Apipé para relevar de manera directa el impacto de la creciente del río Paraná sobre las familias de ambas comunidades. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Adán Gaya; el ministro de Obras Públicas, Jorge Meza; y los intendentes de cada municipio. La recorrida se enmarcó en el operativo de respuesta que el gobierno provincial mantiene activo ante la emergencia hídrica que afecta a distintos puntos de la provincia.
La avanzada del agua sobre los territorios ribereños derivó en la evacuación de familias y el traslado de animales en zonas como Apipé Chico, donde el nivel del Paraná comprometió viviendas y actividades productivas. Ante esa situación, el Ejecutivo correntino desplegó en el terreno a tres ministerios —Seguridad, Obras Públicas y Desarrollo Social— que ya iniciaron la entrega de los primeros módulos de asistencia a los damnificados. En paralelo, el mandatario anticipó la habilitación de un albergue para reubicar a las familias desplazadas.
La magnitud del fenómeno y la necesidad de una respuesta articulada llevaron a Valdés a encabezar este miércoles una reunión del Comando Operativo de Emergencia (COE) para revisar las acciones en curso y proyectar medidas de prevención de cara a los próximos meses. Ese encuentro marcó el eje institucional de la respuesta provincial ante los efectos de El Niño sobre la cuenca del Paraná.
En el primer tramo de la recorrida de este martes por la zona afectada, el gobernador llegó hasta Isla Apipé, donde dialogó con vecinos y autoridades locales. El intendente del municipio, Gustavo Figueredo, detalló en esa instancia la situación de los evacuados y las dificultades recurrentes que atraviesa la isla en cada período de crecida.
“Le pasamos al Gobernador un informe general de todos los evacuados, y sobre las problemáticas que atravesamos en cada crecida”, afirmó Figueredo. El jefe comunal valoró la presencia de Valdés en el territorio y destacó “el compromiso nuevamente de trabajar en conjunto para enfrentar esto”.
Agregó: “Estamos contenidos por el Gobierno provincial”.
Desde Apipé, la comitiva continuó hacia Ituzaingó, donde el gobernador se reunió con el intendente Emilio Nicolás y equipos de las áreas de Desarrollo Social, Infraestructura y Producción. En ese punto se coordinaron acciones concretas para asistir a las familias evacuadas tanto en la ciudad como en Apipé Chico. También se avanzó con el traslado de animales, una tarea que el gobierno provincial lleva adelante junto al PRIAR —la policía rural— para reubicar el ganado afectado por el avance del agua.
Valdés ratificó en esa instancia el acompañamiento de la Provincia y subrayó la necesidad de organizar la contención posterior al fenómeno. “Vamos a trabajar con los pobladores en la reconstrucción de sus hogares, acompañar a los productores y estar cerca para todo lo que se necesite del Gobierno de Corrientes”, afirmó el mandatario.
Valdés convocó al COE para planificar la respuesta ante El Niño
Este miércoles, Valdés convocó a los integrantes del COE para una reunión de planificación en la que participaron representantes de los ministerios que componen el organismo y los intendentes de la capital correntina y de Paso de la Patria. El encuentro tuvo como objetivo central reforzar la coordinación entre las distintas áreas del gobierno provincial para anticipar nuevos escenarios de riesgo. Uno de los ejes de trabajo fue el seguimiento de las cuencas costeras, al que se sumó la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar el monitoreo hídrico y la detección temprana de situaciones críticas, según informó El Litoral.
La planificación abarcó también medidas de asistencia a productores afectados y la elaboración de planes de contingencia en los sectores de educación, salud, desarrollo humano, infraestructura y logística. Desde el COE se remarcó la importancia de sostener las medidas preventivas durante los próximos meses, dado que el fenómeno de El Niño podría generar nuevas precipitaciones y tormentas sobre el territorio provincial. Entre las recomendaciones difundidas por el organismo figuran el mantenimiento de los barrios en condiciones adecuadas, la atención a las alertas meteorológicas y la consulta de los canales oficiales para seguir la evolución del tiempo.
El gobierno provincial indicó que la situación hídrica se encuentra actualmente controlada y que el monitoreo sobre las zonas afectadas es permanente. Las obras hídricas, de canalización y de entubamiento ejecutadas en distintas localidades en los últimos períodos permitieron actuar con mayor rapidez ante la creciente. La decisión sobre nuevas medidas quedará supeditada a la evolución de las condiciones climáticas en los próximos días.
Juan Pablo Valdés,Corrientes,inundaciones
El oficialismo en el Senado alcanzó un amplio acuerdo para avanzar con la reforma de la Ley de Salud Mental y buscará dictaminar el proyecto este jueves, con la intención de solicitar una sesión para la próxima semana. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció los principales cambios de la iniciativa junto con las senadoras Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, titular de la Comisión de Legislación General.
La propuesta incorporó aportes de legisladores de distintos bloques y de los responsables de las carteras sanitarias de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. En una conferencia de prensa en su despacho, Bullrich destacó que uno de los principales cambios es incorporar la prevención como eje central, dejando atrás el criterio exclusivo del peligro inminente. La propuesta contempla la posibilidad de intervenir cuando una serie de conductas indique que una persona puede hacerse daño o dañar a terceros, incluso cuando no esté en condiciones psíquicas de decidir sobre su propia internación. “Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente”, explicó.
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La iniciativa dada a conocer implica cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias, el tratamiento de las adicciones y el acompañamiento de los pacientes después del alta.
Entre las modificaciones, Bullrich destacó la incorporación de equipos interdisciplinarios, con participación de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados; el reconocimiento del rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas; la capacitación permanente y la protección de los trabajadores de la salud. También señaló que se restituye la cooperación técnica, económica y financiera con las provincias, se amplían los plazos para comunicar determinadas internaciones de 24 a 48 horas y se incorpora la posibilidad de realizar teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles.
Las senadoras destacaron los aportes de diferentes bloques entre ellos los legisladores radicales que lidera Eduardo Vischi y en algunos artículos puntuales el bonaerense Maximiliano Abad y la chaqueña, Silvana Schneider. Las bancadas del Pro, que encabeza Martín Goerling Lara, los misioneros de Movimiento Por Misiones que integra el médico Carlos Arce e incluso peronistas que fueron ministros de Salud como el tucumano Juan Manzur.
“Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas”, sostuvo la senadora Patricia Bullrich, y afirmó que las reformas fueron bien recibidas por miles de familias argentinas que atravesaron situaciones complejas vinculadas a la salud mental.
Puntos centrales del proyecto
La iniciativa se divide en varios capítulos que abordan distintas aristas los cambios del dictamen final al proyecto de ley de Salud Mental. Entre ellos los referidos a los equipos interdisciplinarios y participación de los profesionales.
Se incorpora la conformación de equipos según los recursos humanos jurisdiccionales. Se elimina la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias. El juez podrá pedir informes o peritajes y dejar sin efecto una internación injustificada. Manteniendo la obligación de notificar al juez y al Órgano de Revisión dentro de las 24 horas de la internación.
Para internaciones voluntarias que superen los 60 días, se elimina la obligación de informar al juez y su evaluación en cinco días. Se mantiene la comunicación al Órgano de Revisión. Si un solo médico decide una internación excepcional por riesgo grave, el plazo para revalidarla mediante un equipo interdisciplinario pasa de 24 a 48 horas.
Se habilita la intervención de psiquiatras mediante teleconsulta sincrónica. Para indicar internaciones, se reemplaza la exigencia de un psiquiatra por la de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con otro profesional, preferentemente psicólogo. Se reconoce al psicólogo en la evaluación y efectivizarían del alta.
Se restituyen la capacitación permanente y la protección de la salud de los trabajadores.
Sobre el financiamiento para las provincias, se restituye expresamente la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias para implementar las políticas de salud mental.
En relación a las adicciones se mantiene la inclusión de las adicciones dentro de las políticas de salud mental, tanto las vinculadas con sustancias como las que no las involucran, eliminando la referencia expresa a drogas legales e ilegales. La redacción contempla también problemáticas como la ludopatía. En la Cámara alta hay dos proyectos, uno del Poder Ejecutivo y otro, sancionado por Diputados, que aún no fueron puestos en consideración por las comisiones del Senado.
En el capítulo sobre las Obligaciones de las familias, la referencia a los familiares obligados se limita a padres e hijos, además de representantes legales, cónyuges y convivientes. Se exceptúa a las familias que no estén en condiciones de cumplir esas obligaciones. Se explicita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios. Se incorporan derechos de las familias a recibir información, orientación y herramientas de autocuidado, y a ser escuchadas.
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Se incorpora un régimen específico para niños y adolescentes, con equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. Se contemplan la autonomía progresiva, la confidencialidad, el derecho a ser escuchados y el abordaje familiar y comunitario. La internación en unidades de adultos queda restringida a casos en los que se acredite que no hay otra posibilidad, por el tiempo mínimo indispensable.
La norma contempla la prohibición y creación de manicomios y el desarrollo de prácticas manicomiales. Se restituye un catálogo de dispositivos de atención, entre ellos atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación socio laboral, reforzando las políticas de promoción y prevención.
Sobre las internaciones prolongadas, se exige un plan de egreso desde el diagnóstico, con objetivos para el alta y recursos de apoyo. Se considera prolongada la internación que supere los 180 días, consecutivos o acumulados por reinternaciones durante dos años. En esos casos, el Órgano de Revisión deberá intervenir de oficio de manera inmediata. Exceptuando a los pacientes cuya problemática sea exclusivamente social. Se crea, además, un registro de internaciones prolongadas.
Sobre directivas anticipadas, se incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y a designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Las directivas deberán respetarse, salvo que impliquen un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
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