POLITICA
La Corte reafirma su autoridad ante los desplantes de la justicia del trabajo

Hubo un mensaje y varios destinatarios. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, abogó por la mañana, ante empresarios, por el “acatamiento obligatorio” de los fallos del máximo tribunal. La exhortación apuntó a quienes hicieron “oidos sordos” ante decisiones de los supremos y que eligieron desafiarlas con medidas que ignoraban lo dispuesto por la Corte.
Los fallos de la Corte Suprema son de cumplimiento obligatorio para las partes del proceso y los tribunales deben ejecutarlos sin apartarse de lo decidido.
A diferencia de lo que ocurre en el sistema anglosajón del common law, donde existe una obligatoriedad estricta de los precedentes judiciales, en la Argentina el sistema contempla excepciones.
Sin embargo, para que un juez inferior se aparte de un precedente de la Corte Suprema debe tener una justificación muy sólida, pero los casos se repitieron en este año.
El objetivo, como lo señaló Rosatti, es preservar el principio de seguridad jurídica y de la función de la Corte Suprema como intérprete final de la Constitución.
Todo esto, que es de perogrullo en la Facultad de Derecho, no ocurrió en la Argentina de los últimos meses, lo que obligó a la Corte Suprema a insistir con conceptos básicos para no dejar pasar este abierto desafío a su autoridad.
Tal era la dispersión de fallos y dichos que los legisladores aprobaron hace un mes la reforma laboral y en su artículo 89 recordaron que los jueces deben ajustar sus decisiones a la interpretación de la Constitución y las leyes que realice la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”, dice la reforma laboral.
El objetivo era terminar con los librepensadores en materia de justicia laboral como una manera de dar certeza a las decisiones para el futuro.
Pero la nueva ley laboral fue suspendida en su aplicación por un magistrado, lo que hizo que la Corte Suprema tuviera nuevamente que reclamar lo básico: que se cumplan sus decisiones y respeten sus precedentes.
Es que los últimos desafíos provinieron de la justicia laboral. La Corte tuvo que fallar no una, sino tres veces para que la Cámara del Trabajo adecuara las tasas que se debían aplicar en los casos de ajuste de las indemnizaciones por despidos y accidentes laborales.
La Cámara laboral, controlada en algunas salas por el kirchnerismo, la desafió y dictó sentencias en contrario. La Corte las revocó.
Los fallos de la Corte donde debió poner un límite a las decisiones de la Cámara del Trabajo en la aplicación de intereses desmedidos son tres: Oliva, Lacuadra y Domínguez.
En una de las sentencias se anuló la aplicación de una multa de 53 sueldos impuesta a una empresa.
En la sentencia Oliva, la Corte estableció la prohibición de aplicar intereses sobre intereses en contra de una acordada de la Cámara del Trabajo que contemplaba esa posibilidad, elevando los montos de las indemnizaciones hasta cifras inverosímiles.
En la causa Lacuadra, la Corte dejó sin efecto una sentencia de la cámara laboral que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000% el monto de condena de primera instancia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, descalificó el caso Oliva “por arbitrario” al cuestionar intereses que arrojaban “un resultado económico desproporcionado”.
En Oliva, la Corte había dejado sin efecto una sentencia que ordenaba la capitalización sucesiva de intereses. Luego de Oliva, con el fin de reemplazar aquel criterio de cálculo de los intereses, la cámara laboral dictó una nueva acta en la que contempló el reajuste de “los créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual”.
Al respecto, la Corte entendió que “este nuevo criterio de reajuste, aplicado al caso en examen, tampoco se fundamenta en el Código Civil y Comercial, y dijo que “arroja resultados igualmente irrazonables”.
Con el mismo criterio, la Corte revocó en la causa Domínguez una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.
La Corte habló de falta de proporcionalidad y reclamó “prudencia judicial, labor que ha de ser llevada a cabo por los jueces de la causa”.
Hoy todas estas dispersiones se acabaron porque ya hay un criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad para aplicar un ajuste equivalente al índice de precios al consumidor más el 3% para las inmunizaciones, lo que quedó ratificado en la nueva ley de modernización laboral.
La Corte Suprema luego dictó el fallo Levinas, que obliga a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad intervenga como tribunal de apelación de todas las causas de la justicia nacional, ya sea en el fuero laboral, civil, comercial o penal.
Hubo resistencia de los jueces nacionales y objeciones, pero finalmente la aplicación del precedente se impuso y hoy el TSJ de la Ciudad resuelve esos casos semanalmente. Fijó estándares respetados por los jueces.
No solo fueron fallos laborales. La primera desobediencia abierta de la época actual ocurrió tras la destitución del procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, en 1995, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia.
La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso en 1998, en 2000, 2001 y también lo hizo en 2009 y 2010. Nunca fue oída y Sosa nunca fue repuesto en su cargo.
El actual gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, estaba dispuesto a cumplir esa sentencia ahora, 30 años después de la remoción, pero el kirchnerismo reformó una ley, amplió el número de jueces del Tribunal Superior de Justicia provincial y le copó el tribunal.
Hoy Santa Cruz vive una parálisis institucional porque cada medida del Ejecutivo es impugnada en la Justicia local con fallos a favor del kirchnerismo y el TSJ local no puede funcionar pues está cuestionada su integración.
El caso fue llevado por Vidal a la Corte Suprema de Justicia que ahora trabaja en un fallo donde tiene la oportunidad de devolverle la gobernabilidad a Santa Cruz, destrabar el conflicto y de paso hacer cumplir el viejo fallo Sosa, removido hace treinta años y nunca repuesto en el cargo.
La Corte no olvida esos desaires que dinamitan la seguridad jurídica y desafían el acatamiento obligatorio de las decisiones del máximo tribunal.
En ese contexto, Rosatti aseguró que esa obligatoriedad es lo que permite “darle previsibilidad a una inversión”. Tras señalar que “el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución de ninguna manera”, el presidente del máximo tribunal aseveró que la doctrina del máximo tribunal es clave para las inversiones.
Por eso, la Corte condena que tribunales inferiores se aparten de los precedentes del máximo tribunal generando incertidumbre institucional.
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Ratifican el sobreseimiento de Milei ante la denuncia de Fontevecchia

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento de Javier Milei ante la denuncia del periodista Jorge Fontevecchia, propietario de de la Editorial Perfil, quien había denunciado al Presidente por el delito de injurias.
Milei descalificó públicamente a Fontevecchia al llamarlo “tinturelli” o “ensobrado”, entre otros descalificativos subidos de tono y soeces. También afirmó que sus publicaciones estaban motivadas en su afán de recibir publicidad oficial o porque había dejado de recibirla.
La denuncia de Fontevecchia fue rechazada en todas las instancias, pues los jueces entendieron que Milei estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión.
Ahora, la Sala III de la Cámara Federal de Casación rechazó un recurso extraordinario de Fontevecchia para que se revise el sobreseimiento. Ahora, al empresario y periodista le queda acudir a la Corte Suprema mediante un recurso de queja.
Los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci fueron quienes rechazaron el recurso extraordinario federal.
Cabe recordar que en la causa se investigaban tres episodios donde Fontevecchia se había considerado injuriado por Javier Milei, a partir de manifestaciones que había proferido en distintas apariciones públicas producidas antes y después de ser elegido presidente.
El primero de esos hechos es del 27 de febrero de 2023, cuando Milei dijo a Viviana Canosa en LN+ que Fontevecchia era un “quebrador serial”, quien, “como no cambia el modelo de negocios, sigue quebrado” y es “parte de la casta” que “vive de la pauta”.
Milei dijo que “la casta” estaría constituida, entre otros, por “los empresarios prebendarios”, los “periodistas ensobrados” y “todos los cómplices de este sistema que se alían para mantener un modelo de decadencia donde la cara más visible son los políticos”.
El segundo evento tuvo lugar el 8 de abril de 2024 durante el programa Multiverso Fantino del canal de streaming Neura. Allí, Milei, ya presidente de la Nación, aludió a Fontevecchia: “Ahí el diario de Tinturelli usa los datos para mandarte mails, por ejemplo. ¿No? que no, digamos, o sea, ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos, y sin embargo la gente de Tinturelli me sigue mandando esto. Tinturelli porque está carmeleado que da miedo ¿No? Al margen de eso… pero bueno está camino a la quiebra, así que bueno. Ya quebró una vez, lo salvó un empresario; después lo salvaron los políticos, pero ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra”.
El 7 de septiembre de 2024, Milei dijo en la Cámara de Comercio: “Ni que hablar de Tinturelli, llevando a economistas que decían que [el dólar] iba a estar a $7000, o sea, el equivalente a $15.000 de hoy. Pero bueno, ese, digamos, ese delincuente con tal de llevar gente a ensuciarme, digamos, con que dijera un disparate cada vez más grande, lo llevaba. Pero bueno, así le van los negocios y está por quebrar.”.
Ante un planteo de Milei de falta de acción por atipicidad, es decir por inexistencia de delito, el juez Sebastián Casanello había dictado el sobreseimiento del Presidente por considerar que las manifestaciones del querellado, en el contexto en que se produjeron y a tenor de los personajes públicos involucrados, no eran un ilícito.
Elevada la causa a la Cámara Federal de Casación Penal por el recurso de Fontevecchia, la Sala III había resuelto por unanimidad rechazarlo y confirmar el sobreseimiento de Milei.
En esa ocasión, en el voto que lideró el acuerdo, Carlos Mahiques dijo que cuando los calificativos con potencialidad ofensiva al honor o las expresiones de tono injuriante guardan relación directa con asuntos de interés público y se insertan en el marco del debate democrático, la conducta deviene atípica con independencia de la calidad del sujeto activo.
Por su parte, en su voto concurrente, Borinsky destacó que la libertad de expresión es la piedra angular del sistema democrático y sus límites de conformidad con los estándares jurisprudenciales y normativos que rigen la materia. Pero expresó que los dichos de Milei se hicieron en un contexto de análisis y discusión política, en la cual se aludió a cuestiones relacionadas con el sistema de medios, la postura del Estado en torno a las erogaciones en materia de publicidad oficial y la visión que del modelo económico y de país ostentaba Milei tanto antes como después de ser elegido presidente.
Por ello, Borinsky consideró que más allá del uso de la sátira y del tono burlesco con el que fueran formuladas, “las manifestaciones denunciadas constituyen opiniones y valoraciones críticas que tuvieron lugar en el marco de la discusión de cuestiones de interés público, amparadas por la libertad de expresión”.
Fontevecchia presentó un recurso extraordinario federal contra esa decisión y ahora la Sala III, integrada por los jueces Mahiques, Borinsky y Yacobucci, resolvió declarar inadmisible el recurso extraordinario.
Entendió que no se encontraban reunidos los requisitos de admisibilidad formal para acceder por esa vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia, con lo que quedó firme el sobreseimiento del Presidente por inexistencia de delito.
Hernán Cappiello,Javier Milei,Jorge Fontevecchia,Periodismo,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: se conoce la inflación de marzo y Adorni se prepara para asistir al Congreso,,Tras el discurso de Milei Los empresarios valoran la señal de sostener el rumbo pero advierten por el impacto de la inflación,,Inflación, denuncias y derrotas. Milei: cuando toca la mala hora
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El reclamo que intendentes de todos el país llevaron al Ministerio de Economía: “El ajuste no da para más”

Intendentes de distintos puntos del país se congregaron este martes en la puerta del Ministerio de Economía de la Nación para entregar un petitorio al ministro Luis Caputo en el que le solicita que intervenga en distintas demandas, principalmente la suba del combustible que en el mes de marzo superó el 20% y el desplome de la coparticipación. El alza de este indicador impacta de lleno en las finanzas locales, toda vez que algunos municipios del conurbano incluso se ocupan de la provisión de nafta a patrulleros de la policía bonaerense. Además, enfatizaron en la necesidad de que Nación ejecute lo recaudado a través del impuesto a los combustibles líquidos y lo materialice en obras viales.
La concentración también tuvo su caracterización política y expone la intención del peronismo de empezar a instalar algunos temas de agenda, para luego incluirlos en una virtual plataforma electoral para las elecciones del año que viene. De hecho, tras la foto y la entrega del petitorio en la puerta del ministerio de Economía, la mayoría de los jefes comunales se trasladaron hasta la FAM. Hasta allí fueron también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y de La Rioja, Ricardo Quintela. “Acá adentro hay siete u ocho candidatos a gobernador de distintas provincias”, dejó correr un dirigente peronista de carácter nacional, mientras esperaba a que llegase Kicillof.
La convocatoria hasta el ministerio de Economía fue hecha a varias bandas. Por un lado el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, le había planeado a Kicillof la necesidad de “hacer algo” y exponer que la suba del combustible y la recaudación del impuesto a dicho bien no se trasladaba a la realización de obras en rutas. El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, también se ocupó de hacer una convocatoria de carácter federal para este martes. En tanto que la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, envió mensajes a algunos intendentes bonaerenses. Al mediodía de este martes, hubo alrededor de 150 intendentes presentes frente a Plaza de Mayo.

“Venimos a mostrar la Argentina que nos duele y que todos los días nosotros lo vemos y lo sentimos, porque todos los días hablamos con una directora de escuela, con un cura, con un pastor. Bueno, en definitiva, no queremos ver en la Argentina, en poco tiempo más, un chico desnutrido o un abuelo desnutrido, y si seguimos así, lo vamos a ver”, le dijo a Infobae el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
Por su parte, Katopodis planteó a este medio: “El gobierno nacional cobra los impuestos para hacer obras, pero no hace ninguna de las obras que necesitan cada uno de estos municipios y cada una de las comunidades que ellos representan. Se roban la plata de los peajes, se roban el impuesto al combustible, pero no cumplen con la responsabilidad que tienen por ley de hacer las obras con ese fondo. Además los fondos que no llegan a las provincias, los fondos que no llegan a los municipios, la ayuda social, el remediar y una situación de ajuste que no da para más”.
La decisión de mover a buena parte de los intendentes también tiene su componente político. “Además de que el zapato ya se ajusta, también hay cierta expectativa hacia 2027 de que es posible; que viajen intendentes desde distintos lugares del país es una muestra. El año pasado era impensado esto”, admite un dirigente peronista que estuvo en la puerta de Economía y luego caminó por plaza de mayo para subirse a las camionetas que esperaban a los intendentes para trasladarlos a la FAM.
En la dinámica de la discusión interna del peronismo bonaerense hubo amplitud en la convocatoria. Tanto intendentes que se encuadran en La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el Frente Renovador de Sergio Massa mandaron representantes.
Hubo presencia no solo de intendentes de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el jefe comunal de Pérez, de la provincia de Santa Fe, Pablo Corsalini, explicó que se sumó a la medida “porque claramente las localidades de las características como la que nos toca gestionar están sufriendo muy fuerte las medidas que está tomando Milei”. “Somos, de alguna manera, quienes hoy estamos sosteniendo al Gobierno Nacional, teniendo que darcada vez más soluciones, más respuestas, con menos recursos”, agregó.
Tras la entrega del petitorio y la foto en Economía, los dirigentes se trasladaron hasta la sede de la FAM en donde mantuvieron un encuentro con Kicillof y Quintela.

El riojano dijo al ingresar a la reunión: “Tenemos que garantizar mínimamente que nuestra gente pueda tener la mejor calidad de prestaciones de los servicios y lo básico indispensable en este momento duro que vive el país”.
El gobernador bonaerense escuchó de primera mano la realidad de las finanzas locales no solo de los bonaerenses, sino también de intendentes del interior del país. Insumo para su construcción federal. Lo describió con cierta perspicacia uno de sus armadores: “Venimos a escuchar a los intendentes del interior del país. A la mayoría no los conocemos y ya estamos acostumbrados a escuchar a los nuestros”.
La presencia del mandatario bonaerense se dio en la antesala de su gira de tres días por España que iniciará este jueves, en un claro posicionamiento electoral. De hecho, la llegada al edificio de la FAM ubicado sobre la calle Cerrito en pleno centro porteño, tuvo algo de eso. Escoltado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, fue el último en llegar. En la vereda lo esperaban Espinoza, Katopodis, la Jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.
Como detalló este medio, Kicillof participará de la Movilización Progresista Mundial, un encuentro de dos días que se llevará adelante entre el viernes y el sábado en Barcelona y contará con la presencia de líderes de la región como los presidentes Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Chile) y la presidenta de México, Claudia Scheinbaum, entre otros.
intendentes marcharon por obras (captura de pantalla)
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Denunciante de la AFA y D’Onofrio: Matías Yofe declaró en una causa por falso testimonio y afirmó que buscan amedrentarlo

El dirigente de la Coalición Cívica (CC) Matías Yofe declaró este martes en la Fiscalía N°2 de Pilar, a cargo de Andrés Quintana. La citación se dio por una investigación por presunto falso testimonio para acceder a una custodia policial en el marco de la “mega causa” que impulsó contra el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, procesado con un embargo de $350 millones por presunto lavado de activos de origen ilícito.
El referente del partido de Elisa Carrió en Pilar también es denunciante en la causa por la mansión de Villa Rosa atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.
“No hay prueba alguna. La causa se construye a partir de dos testimonios y suposiciones del fiscal, nada más. Uno de esos testimonios es de un oficial de la Policía Bonaerense que era mi custodio, que decía a viva voz a todo el mundo que le ofrecían dinero por mi cabeza y que después al que termina denunciando es a mí por ‘hechos falsos’. El otro testimonio es de un periodista de Pilar que, como no pudo ser candidato por la Coalición Cívica, se dedica a atacarme con animosidad tanto desde su medio como en presentaciones judiciales”, afirmó Yofe a luego de declarar durante casi dos horas. Aseguró haber ratificado las amenazas recibidas “con pruebas contundentes”.
Señaló que su pedido de indagatoria responde a un “intento para amedrentar” por su involucramiento en casos judiciales de alto impacto para el poder. Desde su defensa argumentan que desde entonces comenzó a “ser blanco de una persecución con tintes mafiosos, que escaló desde mensajes intimidatorios hasta amenazas contra su familia, e incluyó el tajeo de las ruedas de su auto o haber matado a uno de sus perros”. A su vez, cuestionan la imparcialidad del fiscal Quintana ya que −afirman− “forma parte de una lista en el Colegio de Magistrados de San Isidro vinculada a Sergio Massa”.
Por sus denuncias, D’Onofrio −que proviene de las filas del Frente Renovador afronta otra causa junto con la concejala Claudia Pombo (expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar) por montar un presunto esquema de recaudación paralelo en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que lleva el fiscal Álvaro Garganta, en La Plata. La de lavado, por su parte, está radicada en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay.
“Dejé en claro que el tema del perro no lo denuncié porque tengo hijos chicos y era un proceso al que no los quería exponer, pero marqué que fue mi propio custodio con el personal de Prefectura quienes me dijeron ‘a tu perro lo embicharon’”, dijo Yofe.
En ese contexto, Yofe llegó a disponer de dos custodios de la Policía Bonaerense (uno por turno, que lo acompañaban constantemente) y en el perímetro de su casa en Pilar una posta de la misma fuerza (dispuesta por la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires) y otra posta de la Prefectura (por pedido del juez federal González Charvay).
“Para entender la gravedad, la hija del chofer de D’Onofrio pertenece a la misma comisaría de los policías que custodiaban mi casa. La oficial Ormeño de la 6ta de Villa Rosa, Destacamento Zelaya. Ella misma llegó a custodiar el perímetro. Hay registro y está probado porque el fiscal se lo preguntó al comisario y se lo confirmó”, reveló el dirigente de Pilar, férreo opositor del intendente Federico Achaval, a quien le achaca “haber convertido el municipio en un antro de negociados”.
No es la única causa que enfrenta el referente de la CC. El 2 de enero de este año, la casa de Yofe fue allanada por orden del juez Walter Federico Saettone, a cargo del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro (con asiento en Pilar), a pedido del fiscal Germán Camafreita, titular de la UFI N°3 de Pilar, luego de que Atilio Ormeño, un exchofer del Ministerio de Transporte bonaerense, lo denunciara por una supuesta “extorsión” para que declarase en contra de D’Onofrio.
Yofe en ese momento se encontraba de viaje en Mar del Plata y acusó un procedimiento violento e intimidante contra su esposa y su beba de meses, que estaban en la vivienda. Dos días después se presentó junto a Carrió en la fiscalía de Camafreita, donde realizaron un duro descargo por el desarrollo de la causa, en la que quedó imputado junto con el empresario Leandro Camani, titular de la compañía Secutrans –que provee equipos para detectar infracciones viales y el sistema para procesarlas en municipios–, también denunciante en el caso de las fotomultas.
En esta segunda causa, según Yofe, también declaró “siempre en calidad de ciudadano” el periodista local, señalándolo de supuestos incentivos para reclutar testimonios en sus denuncias. A finales de enero, por su parte, se sumó una presentación judicial del propio Tapia contra Yofe, el legislador porteño Facundo Del Gaiso (CC), también denunciante de la mansión de Villa Rosa; y Camani, a los que les atribuyó ser parte de una red de “maniobras de extorsión”.
Al respecto, Yofe apuntó contra el juez Saettone dada su pública simpatía por referentes kirchneristas, y también sembró dudas sobre la praxis de Camafreita.
“Se están sosteniendo causas en mi contra sin un solo material probatorio con uno de los fiscales que tendría relación con el universo de las fotomultas y con un juez como Seattone que tiene animosidad partidaria para amedrentar a quienes denunciamos a las mafias más grandes de la provincia de Buenos Aires”, cerró.
pública simpatía,Manuel Casado,Conforme a
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