POLITICA
En la Justicia investigan las operaciones de Adorni con criptomonedas y dudan de sus explicaciones

El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció públicamente que duplicó su patrimonio mediante inversiones en criptomonedas entre 2013 y 2014, pero ante la Justicia no aportó todavía ninguna evidencia de esas transacciones, que sólo están sugeridas en su declaración jurada de bienes de manera parcial.
La única información que tiene el fiscal Gerardo Pollicita sobre los movimientos con criptomonedas realizados por Adorni son los que le informaron las plataformas Lemon y Binance, con operaciones por unos 100.000 dólares.
Estas operaciones no estaban declaradas hasta ahora y son las realizadas a través de cuentas vinculadas a Adorni, según informaron las plataformas.
En la entrevista con LN+, el jefe de Gabinete aseguró que invirtió unos 200.000 dólares en criptomonedas que se convirtieron en 500.000 dólares.
Indicó que compró 13 bitcoins en agosto de 2017 a 3356 dólares cada uno, por unos 43.000 dólares y que luego compró un bitcoin más, a 3330 dólares. El 2 de noviembre de 2017, siempre según la explicación de Adorni, compró otro bitcoin más, por 7234 dólares.
De esos quince, según dijo, vendió diez en marzo de 2018, a unos 8824 dólares cada uno con lo que ganó 45.000 dólares. Luego mencionó una operación donde compró a 7200 y vendió a 6800, cuando perdió plata. Nada de esto fue aportado al expediente judicial.
Allí hay solamente una explicación: la que surge de su nueva declaración jurada, donde declara por primera vez que ganó 400 millones de pesos provenientes de “venta de activos”.
Según lo que dijo el miércoles en la entrevista con LN+, este dinero correspondería a la venta de criptomonedas que tenía desde antes de su ingreso a la función pública. Este es el punto central de su nueva declaración jurada, que busca explicar el aumento de su patrimonio y la compra de propiedades.
Adorni declara 338.327 pesos en cuentas de pago PSP (Proveedores de Servicios de Pago), una categoría que se utiliza para registrar fondos depositados en billeteras virtuales y cuentas de pago electrónicas.
Las últimas operaciones realizadas mediante plataformas son rastreables y están con nombre y apellido de quien las realiza.
Para convertir un Bitcoin en otra moneda de pago para, por ejemplo, abonar los gastos de refacción de su casa del country Indio Cua es necesaria la intervención de alguna de esas plataformas, pero el jefe de Gabinete no explicó cómo hizo esas transacciones y con qué empresa.
Sin embargo, las primeras operaciones, según dijeron especialistas en el mundo cripto, no se podían rastrear por nombre y apellido y, si bien se puede seguir su trazabilidad, solo es posible identificar a quién pertenecen cuando interviene una exchange, es decir, una entidad de cambio de criptomonedas, que están reguladas por la autoridad monetaria.
Adorni tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción la parte reservada de su declaración jurada de bienes.
Esta parte es la que contiene el detalle de sus cuentas, su identificación, sus consumos y eventualmente podría incluir aquí sus operaciones con criptomonedas. Tiene tiempo hasta fin de mes para hacerlo.
Tampoco presentó el anexo reservado correspondiente a su esposa, Bettina Angeletti.
La compra de operaciones
La sospecha de la Justicia es que Adorni “compró” esas operaciones antiguas para mostrar movimientos del pasado y usarlos ahora para justificar su patrimonio, según reconocieron fuentes de los tribunales.
No obstante, el fiscal Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación de bienes, porque entiende que la fortuna de Adorni no tiene respaldo.
Aún no sabe a ciencia cierta cuál es el número por el que reclamará explicaciones al funcionario, porque esta tarea para determinar el valor la están realizando contadores del Ministerio Público Fiscal y especialistas en criptomonedas.
Pollicita en esa ocasión le pedirá explicaciones a Adorni y será en ese momento cuando el jefe de Gabinete deberá aportar las constancias de esas operaciones que dijo en LN + que realizó.
La fiscalía analizará esas constancias y las explicaciones que dé Adorni para justificar su patrimonio y entonces decidirá si son suficientes o si, por el contrario, no explican el crecimiento patrimonial.
Si ocurre esto último, el fiscal Pollicita pedirá que Adorni sea citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal Ariel Lijo.
Se estima que los análisis contables demandarán al menos un mes y medio y, tras ese lapso, la Justicia le requerirá explicaciones a Adorni sobre su patrimonio y, eventualmente, lo llamará a prestar declaración indagatoria.
Mientras tanto, como Adorni dijo públicamente que invirtió unos 200.000 dólares de sus ahorros producto de su trabajo en criptomonedas, es que el fiscal Pollicita envió un oficio a la Anses y al ARCA.
Les pidió que le envíen el historial económico de Adorni y de su esposa desde 2012 a la actualidad para establecer que ingresos tuvo y si pudo reunir los 200.000 dólares que dijo que convirtió en mas de 500.000 dólares.
Asimismo, el fiscal pidió el expediente de la sucesión que se realizó tras la muerte del padre de Adorni para demostrar que no pudo ser esa herencia la justificación de los fondos del jefe de Gabinete. “El padre no tenía dinero para dejarle”, dijo una fuente de los tribunales.
El fiscal también mandó a preparar un informe con las desgrabaciones de las declaraciones públicas realizadas por Adorni y sus mensajes en redes sociales donde se refiere a las inversiones en criptomonedas desde 2013 a esta parte.
Lo que busca el fiscal es documentar las contradicciones que marcaron los periodistas cuando el jefe de Gabinete decía entonces no saber nada del mundo cripto y ahora afirma que en esa misma época hizo inversiones que lo hicieron casi millonario.
La evolución patrimonial consignada por Adorni en su declaración presentada este jueves ante la OA muestra, que los bienes totales pasaron de $662,6 millones a $944,5 millones.
Parte de ese incremento se explica por revaluaciones de activos ya existentes, pero también por ingresos declarados como no alcanzados por el impuesto a las Ganancias por $270,7 millones −de los cuales solo $73 millones constan específicamente como “herencia, legado o donación”, mientras que el resto no se desagrega en la presentación− y por la incorporación de esos $73 millones.
Sin embargo, la declaración que presentó Adorni ante la OA no especifica documentación de origen para estos montos (actas de sucesión, actas notariales de donación, comprobantes de depósito, resoluciones administrativas).
Toda esa evidencia, más la que permita reconstruir la trazabilidad de las operaciones de compra y venta de criptomonedas, le serán requeridas por la fiscalía.
correspondiente a su esposa, Bettina Angeletti.,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Otro escándalo en una comisión de Diputados: casi se pelean un libertario y un peronista

La comisión de Presupuesto en la que se debatió el capítulo Educación tuvo varios momentos de tensión, aunque no por donde todos los presentes estimaban que iba a surgir el conflicto.
Mientras todos esperaban que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezara la pelea, principalmente con el bloque del peronismo, el eje del debate lo llevó el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien, con un tono más amable que el de su colega del Ejecutivo, no escatimó críticas y señalamientos a los períodos anteriores de la política educativa, e incluso señaló que en el sector privado los rectores los hubieran despedido.
El debate venía con varios cruces entre uno y otro sector, algo que suele suceder en las comisiones, pero esta vez hubo incluso amenazas de golpes físicos, lo que marcó un nivel bochornoso en la discusión, en especial cuando se debatía el presupuesto en Educación para 2027.
El primer cruce fue entre el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, quien, sin nombrarlo, dijo que uno de sus colegas lo había llamado mentiroso. “Eso, en el barrio, se merece un chirlo”, afirmó.
Finocchiaro hacía referencia al diputado Esteban Paulón, quien había publicado en sus redes un video del legislador del PRO en el que este señalaba que había hablado con el Gobierno y que existía el compromiso de cumplir el fallo de la Corte Suprema.
Pero el momento más tenso tuvo como protagonistas a un diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, y a su par de LLA, Andrés Leone.
Tras dos interrupciones en mal tono de Álvarez a Paulón, el ambiente comenzó a caldearse. Germán Martínez pidió respeto, y Luana Volnovich le gritó “irrespetuoso de mierda”.
Castagneto acusó a Leone de haberlo insultado y por eso fue a buscarlo. “Le dijo hijo de puta”, señalaron desde el entorno del legislador peronista, quien, cuando Leone se le acercó y lo increpó, lo invitó entre dientes a salir de la comisión a pelearse.
Finalmente los separaron y todo volvió a su cauce normal. Pero el clima había cambiado. La tensión quedó en el aire y, de a poco, los legisladores se fueron retirando.
Primero se fue Castagneto, luego Leone. Ambos ya habían bajado el nivel de tensión, pero el primero no paraba de recibir bromas de sus compañeros de bancada en referencia a su pasado como arquero de fútbol en equipos de primera división del fútbol local.
Alejandro Álvarez,Cámara de Diputados de la Nación Argentina,Ministerio de Capital Humano,política universitaria
POLITICA
La Justicia ordenó unificar los juicios de Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner

La Cámara de Casación resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces, que investigan posibles maniobras de lavado a través de las propiedades y habitaciones de hoteles que la familia Kirchner les alquilaba a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, se desarrollen en un único juicio oral.
Así, revirtió la decisión del Tribunal Oral Federal 5, que a mediados de septiembre resolvió desdoblar los procesos. Los fiscales apelaron la medida, advirtiendo que esa decisión podría terminar comprometiendo la prueba recabada y beneficiando a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, junto a otros 17 acusados por la maniobra.
La decisión la tomó este martes, por mayoría, la Sala I de la Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar, que votó en disidencia.
Los camaristas revirtieron la decisión de los jueces del TOF 5, José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes el mes pasado dispusieron que el juicio por Los Sauces comenzara el 23 de octubre −es decir, este viernes− y que el debate por Hotesur lo hiciera en marzo del año que viene.
De esta manera, todo el proceso comenzará este viernes, de manera presencial en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, y Cristina Kirchner, Máximo, y el resto de los imputados deberán estar presentes.
Será la primera vez que el diputado nacional y líder de La Cámpora se sentará en el banquillo de los acusados en una causa por presunta corrupción.
La defensa de la expresidenta y su hijo, en manos de Carlos Beraldi, presentó sin embargo un pedido para que ambos puedan seguir el caso de manera virtual. Todavía debe ser resuelto por el Tribunal.
En el fallo de hoy, el juez Petrone habló de una “fundamentación sólo aparente” para separar el caso Hotesur y Los Sauces, y apuntó contra la decisión del Tribunal que contradijo a los jueces de instrucción que los habían elevado a juicio juntos. “Verificada la conexidad entre ambos procesos y dispuesta su acumulación material tal como se recordó, el tribunal no ha logrado explicar de manera suficiente cuáles son las circunstancias que justificarían revisar aquella decisión y disponer, a esta altura, la sustanciación separada de los debates”, indicó Petrone.
Barroetaveña, por su parte, utilizó la expresión “fraccionamiento indebido”. Consideró que la división de los casos, “lejos de ser meramente ordenatoria, es precisamente la realización de dos juicios”.
Slokar, en tanto, interpretó que el desdoblamiento era una “medida ordenatoria” del debate, “orientada a racionalizar el desarrollo del debate, evitar demoras carentes”.
Noticia en desarrollo
las causas Hotesur y Los Sauces,Ignacio Grimaldi,Federico González del Solar,Conforme a
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Ante los planteos de la Casa Blanca, el Gobierno asegura que el proyecto por Malvinas no afectará a empresas de EE.UU.

El Gobierno reconoce que existieron contactos con Estados Unidos por el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero descarta avanzar con sanciones contra grandes fondos de inversión estadounidenses que puedan generar un conflicto diplomático con Washington. En la Casa Rosada aseguran que los planteos no modificaron la decisión de Javier Milei de impulsar el proyecto y relativizan las versiones sobre una presión de la administración de Donald Trump para frenar su tratamiento.
En Nación admiten que hubo intercambios sobre las consecuencias que podría tener la aplicación del régimen sancionatorio sobre compañías estadounidenses, aunque sostienen que no se trató de una exigencia formal para retirar la iniciativa. “Hubo algo del estilo”, explican fuentes oficiales sobre los planteos que llegaron desde Washington. En esos sectores agregan que algunos interlocutores no tenían presente que la Argentina ya cuenta con una legislación vigente sobre la materia.
La posición de la Casa Rosada apunta a diferenciar las observaciones sobre el alcance de las sanciones de una intervención directa de la Casa Blanca para bloquear el proyecto. En el Ejecutivo consideran que la controversia fue sobredimensionada y rechazan que exista una definición estadounidense destinada a condicionar su aprobación. En ese marco, mantienen la decisión de avanzar con la iniciativa y resolver las objeciones durante la negociación legislativa.
El punto más sensible es la eventual aplicación de sanciones contra fondos de inversión con participaciones en compañías vinculadas con actividades económicas en las islas Malvinas. En el Gobierno descartan avanzar contra actores de ese peso, como BlackRock, si una medida de ese tipo compromete la relación bilateral. La definición fue transmitida en conversaciones reservadas, aunque no implica que exista una excepción incorporada al proyecto ni una decisión administrativa formal sobre empresas determinadas.
La preocupación se concentra en la amplitud del régimen sancionatorio y en la posibilidad de que alcance a accionistas, proveedores, intermediarios financieros y compañías con vínculos indirectos con proyectos de explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. La discusión pasa por determinar hasta dónde se extiende la responsabilidad de cada actor y qué grado de participación debe acreditarse para aplicar una penalidad.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre propone reemplazar la Ley 26.659 por un régimen que amplía las prohibiciones a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables. La iniciativa incorpora multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de disposiciones específicas para quienes financien, faciliten o participen en las actividades alcanzadas por la norma.
La legislación vigente ya contempla restricciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las áreas vinculadas con Malvinas. La Ley 26.659 incluye supuestos de participación directa e indirecta y establece inhabilitaciones administrativas de entre cinco y veinte años, previo procedimiento. El nuevo paquete busca ampliar ese esquema a otros recursos naturales y reforzar los mecanismos de investigación y sanción.
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