El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió haber omitido declarar cientos de miles de dólares en sus presentaciones de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), contradiciendo a las declaraciones que él mismo realizó ante el Congreso y en conferencias de prensa de la Casa Rosada durante los últimos meses.

“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, dijo el funcionario este miércoles. En ese reportaje, anunció que rectificaría sus declaraciones juradas para incorporar el patrimonio omitido y que abonaría los impuestos adeudados al fisco.

Según ese nuevo comentario, el jefe de Gabinete precisó cuál era el faltante que se desconocía en su patrimonio, y con el cual adquirió otras propiedades y bienes. “Invertimos 200 mil dólares en bitcoin y ganamos unos 300 mil”, reveló y luego contó que se trataba de un dinero que tenía “para la educación y el futuro de sus hijos”.

El 29 de abril pasado, con el presidente Javier Milei siguiendo el informe de gestión del jefe de Gabinete desde un palco, Adorni había asegurado ante los legisladores: “En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”. En ese descargo en el Congreso, también advirtió haber cumplido con las “obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa”.

Esa posición la había sostenido también el 25 de marzo en una conferencia de prensa, donde afirmó que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”. Y el 4 de mayo, reiteró ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada: “Nunca existió ocultación alguna”.

En la entrevista de ayer, Adorni reconoció además que la omisión fue intencional, aunque la justificó como una forma de escapar “de la vieja política”, cuando aún trabajaba en el sector privado. Sin embargo, no explicó por qué eligió transparentar esos fondos recién ahora, dos años y seis meses después de la asunción de Milei, y en el momento en que la Justicia detectó gastos e inversiones que no se condicen con su patrimonio declarado.

“En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″, explicó en su última versión.

Al asumir el cargo, Adorni tenía declarados ante la OA únicamente dos departamentos: uno de 115 metros cuadrados en el barrio porteño de Parque Chacabuco, valuado en 24,1 millones de pesos, y otro de 105 metros cuadrados en La Plata, valuado en 14,1 millones de pesos. Completaban su patrimonio un Renault Captur 2019 y el equivalente a unos 25.000 dólares en efectivo.

Ya en la función pública adquirió un departamento en Caballito –sin vender el anterior- y sumó una casa en el country Indio Cua, declarada exclusivamente a nombre de su esposa, Angeletti. Eso también, dijo, fue un “error” que rectificaría para reconocer la compra a medias. La escribana Adriana Nechevenko, que participó de las operaciones inmobiliarias del funcionario, declaró que “se le dio todo junto” en los últimos tiempos.

Al ser consultado sobre el porqué no dio estas explicaciones anteriormente, el funcionario señaló que no habló antes, debido a que prefirió respetar a la Justicia. “Desde el primer día, el aparato mediático me condenó y me tildó de ‘chorro’”, sostuvo. Sobre su vivienda en Indio Cuá, contó que tomó la decisión de mudarse tras sufrir agresiones. “Yo no la incluí, porque esa casa estaba escriturada 100% a nombre de mi mujer, siempre estuvo declarada, estaba en su declaración. Son formalismos”, precisó.

La documentación de Adorni, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei y se demoró más de un mes, incorporará activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, entre ellos los USD 300.000 originados en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

Las rectificaciones incluyen además cambios en la situación patrimonial de Bettina Angeletti. Según aclaró el jefe de Gabinete, su esposa no sólo desarrolla actualmente actividades como monotributista sino que además ocupó durante más de quince años cargos gerenciales en una empresa privada, un dato que fue incorporado a la reconstrucción presentada ante los organismos de control.

La reconstrucción presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) por Adorni sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante las denominadas “llaves” de acceso asociadas a las billeteras virtuales utilizadas para operar con criptomonedas. Según esa explicación, los registros permitirán reconstruir los movimientos realizados y acreditar la existencia de las inversiones declaradas.

que fue detenido,el extitular,Camila Dolabjian,Conforme a

El Gobierno nacional acordó con las universidades y los gremios docentes un incremento salarial del 24,3%, además de refuerzos para becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento, con el objetivo de reducir la tensión tras casi tres años de conflicto. El entendimiento estableció una tregua en la negociación, aunque la demanda por la aplicación de la ley de financiamiento universitario sigue en la Corte Suprema y el reclamo por el cumplimiento de esa norma permanece abierto.

El exministro de Educación de la Nación y diputado nacional Nicolás Trotta sostuvo que el conflicto provocó consecuencias sobre el sistema universitario y cuestionó la falta de aplicación de la ley de financiamiento. “Este gobierno, durante dos años y medio, extendió un conflicto generando un daño en parte irreparable a nuestro sistema universitario“, indicó.

En este sentido explicó que se perdieron “más de diez mil docentes investigadores, se interrumpieron procesos de creación de conocimiento y estudiantes abandonaron sus carreras universitarias”, afirmó.

Qué implica el acuerdo

El acuerdo contempla un aumento del 21,3% para junio y un 3% adicional previsto para octubre. Además, incorpora un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% para las becas Manuel Belgrano.

En cambio, las becas Progresar no forman parte del entendimiento. La negociación salarial ingresó en un cuarto intermedio de 90 días y el Ejecutivo asumió el compromiso de retomar la discusión.

La decisión del Gobierno respondió al avance del conflicto con los gremios y al proceso judicial que permanece en la Corte Suprema. También remarcaron que el entendimiento representa un alivio parcial para los trabajadores universitarios, aunque no implica la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.

Críticas al rol de la Justicia y al alcance del acuerdo

Trotta señaló que el Congreso aprobó la norma en dos oportunidades y que el Poder Ejecutivo mantiene un incumplimiento. “Estamos frente a un incumplimiento de una ley que fue aprobada dos veces por el Congreso”, expresó.

El exministro indicó que el acuerdo anunciado representa una porción de los recursos contemplados en la legislación. Según explicó, “de los 2,8 billones que debería invertirse en el sistema universitario para compensar la inflación, se invierten 0,8”. Además, sostuvo que “menos del 40% de la pérdida salarial docente se recupera con este esquema”.

Al mismo tiempo, Trotta cuestionó la demora de la Corte Suprema para resolver la disputa judicial. “No solo existe un conflicto de poderes, sino también un riesgo institucional enorme en el capital social educativo de la Argentina, que son las universidades”, afirmó.

Además, consideró que la instancia judicial no debería frenar la aplicación de la ley. “No podría haber una suspensión del cumplimiento de la ley. Se puede discutir el fondo, pero el daño continúa mientras tanto”, señaló.

El exfuncionario también sostuvo que la resolución parcial no modifica el escenario estructural del sistema universitario. “Esto no es una solución definitiva. Es resultado de la movilización social, pero no resuelve los problemas que atraviesa el sistema universitario”, afirmó.

En el mismo sentido, remarcó que muchos docentes impulsan reclamos individuales para exigir el cumplimiento de la norma y reclamó una intervención más rápida de la Justicia para resolver el conflicto institucional.

Trotta aseguró que el debate debe centrarse en las prioridades del gasto público. “Hay cosas de las que se puede prescindir, pero la inversión en educación no puede formar parte de una política de ajuste”, sostuvo.

Y afirmó que la discusión incluye la estructura tributaria y la distribución de los recursos públicos. “La prioridad uno es el sistema educativo y no debe tocarse”, expresó.

El diputado agregó que el acuerdo anunciado mejora parcialmente los ingresos de los trabajadores, pero no modifica el reclamo central. “Cuando perdés casi la mitad de tu ingreso y recuperás solo una parte de esa pérdida, existe un alivio, pero no una solución definitiva”, indicó.

Sobre la continuidad del conflicto, Trotta rechazó la idea de una tregua prolongada. “No debería haber tregua porque no existe una resolución definitiva del problema”, afirmó. Y sostuvo que el compromiso de reabrir la negociación salarial en septiembre no garantiza una salida permanente para el sistema universitario ni para los trabajadores del sector.

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