POLITICA
Mientras crecen los cuestionamientos a Manuel Adorni, el oficialismo busca sostener su agenda en el Congreso

La investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en un factor de tensión que atraviesa al Congreso y condiciona la agenda parlamentaria de las próximas semanas. Mientras crecen los cuestionamientos de la oposición y se multiplican los pedidos para que dé explicaciones ante el Senado, la continuidad del funcionario dentro del gabinete de Javier Milei aparece como una variable clave para el escenario político que se abre en el Poder Legislativo.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó para este miércoles una reunión con los jefes de bloque. El encuentro buscará definir los detalles de la sesión prevista para el jueves, pero también avanzar en una fecha para que Adorni concurra al recinto.
La presión sobre el funcionario también se traslada a la Cámara de Diputados. Los sectores más duros de la oposición trabajan para reunir el quórum necesario y sesionar el próximo 23 de junio con el propósito de impulsar una moción de censura contra el jefe de Gabinete. La iniciativa, encabezada por Germán Martínez y acompañada por legisladores de distintos espacios opositores, busca además emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que comiencen el tratamiento del expediente, en una nueva señal de confrontación con el oficialismo.
La agenda del Senado: pliegos, proyectos y los pedidos por Adorni
La Cámara alta fijó para el jueves la sesión en la que tratará los pliegos de jueces del fuero laboral, que obtuvieron sus dictámenes el pasado martes, en medio de la polémica por la prórroga por cinco años del mandato del actual magistrado Víctor Pesino, quien cumplirá 75 años y es cuestionado por el PJ por un fallo que habilitó la implementación de la reforma laboral.
La Libertad Avanza (LLA) pretende incluir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en caso de superar sus diferencias en el capítulo de tierras fiscales, que elimina restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales en la Argentina.
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Mientras tanto, la polémica en torno a la declaración jurada de bienes de Adorni, así como la posterior entrevista que dio para explicar su incremento patrimonial y el motivo por el que no declaró 500.000 dólares en sus presentaciones anteriores, son los principales factores de tensión entre la oposición y el oficialismo.
Los reclamos y los pedidos de renuncia contra el jefe de Gabinete ya no son solo desde el kirchnerismo; también se sumaron los legisladores de fuerzas aliadas al Gobierno, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). En principio, cuestionaron los faltazos del funcionario al Congreso para dar su informe de gestión, una obligación constitucional que debe cumplir al concurrir a las cámaras del Congreso.
Villarruel ya citó para este miércoles 17 a una reunión de Labor Parlamentaria, que reúne a los jefes de todos los bloques del Senado. El encuentro no solo servirá para diagramar la sesión prevista para el jueves, sino también para definir una fecha en la que Adorni concurra al recinto.
La titular de la Cámara alta coincide con José Mayans, presidente del bloque Justicialista, en que la presentación debería concretarse este mismo mes. Como alternativa para destrabar las diferencias y descomprimir los cuestionamientos de los aliados al Gobierno, la senadora de LLA Patricia Bullrich impulsa consensuar la primera semana de julio, con el jueves 2 como fecha posible.
Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti pidieron en las últimas horas una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Es decir, la remoción de Adorni del cargo.
En ese sentido, consideraron que existen “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en las declaraciones presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aseguran que se dio un “impresionante e inexplicable incremento de su patrimonio personal desde que asumió en la función pública”.
En Diputados, la oposición más dura también construye mayorías para sesionar el próximo 23 de junio y pedir la moción de censura. La iniciativa que lleva la firma de Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), fue acompañada por Esteban Paulón y Pablo Juliano de Provincias Unidas; Mónica Frade y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Pla del Frente de Izquierda; y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
La estrategia opositora es poder abrir el recinto con 129 diputados sentados en sus bancas y emplazar a las comisiones. Es decir, ponerles fecha de debate a Asuntos Constitucionales y a Peticiones, Poderes y Reglamento, dos comisiones lideradas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, respectivamente.
Reforma electoral, super-RIGI y bonistas
La crisis política originada por Adorni llegó en momentos en que el oficialismo busca consensos en la discusión del proyecto de ley de reforma electoral. Una de las obsesiones de la Casa Rosada es eliminar las primarias (PASO), desfinanciar a los partidos y campañas políticas, y modificar la ley de partidos políticos.
Para alcanzar esos objetivos, el oficialismo, el jefe de Diputados, Martín Menem, y la senadora Bullrich deben consensuar la iniciativa justamente con el PRO y la UCR, además de sumar a legisladores provinciales para reunir las mayorías requeridas para sancionar una reforma de estas características.
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En el caso de cualquier cambio electoral, se requiere la mayoría absoluta de los cuerpos legislativos. Es decir, la mitad más uno de los integrantes de cada cámara: 129 diputados y 37 senadores nacionales. Los libertarios solos no podrían, ya que son 21 senadores y 95 diputados.
Los libertarios también quieren este miércoles dictaminar el proyecto de super-RIGI que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para dejarlo en condiciones de llevarlo al recinto el próximo 24 de junio.
Las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se reunirán desde las 15. El debate ya tuvo dos sesiones informativas y establece que podrán acceder al nuevo régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.
Entre los principales puntos, la norma contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años.
También el oficialismo dictaminará la propuesta a los bonistas por el default del 2001. Desde las 12 del miércoles, las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a la de Justicia buscarán dictaminar el expediente de renegociación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, representantes de bonistas que no ingresaron a los diferentes canjes.
El titular de Presupuesto, Alberto Benegas Lynch, pasará a la firma el dictamen luego de la participación de Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. El acuerdo ya fue avalado por el Senado.
Senado, Manuel Adorni, Diputados
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“Mochilas raras”: el chofer de Facundo Leal admitió que llevó la valija con US$1,7 millones a Mendoza el mismo mes de su renuncia a Orsna

La declaración de quien durante más de seis años fue el chofer personal de Facundo Leal, el exfuncionario que fue detenido con droga y 2,3 millones de dólares, es una de las piezas más sensibles de la investigación judicial que analiza presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la empresa satelital Arsat.
Según pudo reconstruir , el relato no sólo permitió delinear movimientos cotidianos del exfuncionario, sino que además aportó detalles sobre reuniones reservadas y el traslado de equipaje que calificó como “raro”. Específicamente confirmó los movimientos de una valija que, meses después, sería encontrada con parte de los casi US$2,6 millones de dólares secuestrados al extitular de Arsat y el organismo regulador de los aeropuertos Orsna.
El chofer trabajó para Leal desde enero de 2020 hasta el 28 de mayo pasado, cuando el extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) fue detenido. Es decir, lo trató constantemente durante las dos gestiones más relevantes que tuvo, tanto en la empresa pública como en el organismo regulador de aeropuertos. Su testimonio fue incorporado a la causa judicial en que se investigan presuntos sobornos y contrataciones irregulares entre la empresa estatal ARSAT y Argentina Logistic Services (ALS).
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, en febrero de 2026, cuando Leal renunció al Orsna, el entonces funcionario le encomendó a su chofer una tarea puntual: trasladar una valija desde la Capital hasta un domicilio vinculado a él en la provincia de Mendoza.
Cuando los investigadores le exhibieron fotografías y elementos secuestrados durante los allanamientos, el chofer reconoció formalmente aquella valija. Se trataba del equipaje encontrado en un departamento ubicado sobre la avenida Boulogne Sur Mer, en Mendoza, donde la policía secuestró una parte sustancial de los casi US$2,6 millones incautados durante los procedimientos.
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, en esa valija había alrededor de US$1,7 millones. El reconocimiento realizado por el chofer permite conectar directamente el traslado ordenado por Leal con uno de los hallazgos más importantes de la investigación.
El chofer explicó que el funcionario llevaba siempre consigo una mochila personal, pero que existía un comportamiento que consideraba fuera de lo habitual. Relató que, en determinadas ocasiones, Leal guardaba una segunda mochila en el baúl del vehículo y la dejaba allí durante dos o tres días. Después de ciertas reuniones, esa mochila era reemplazada por otra o trasladada por el propio funcionario.
El chofer recordó incluso haber visto a Leal ingresar a un edificio en pleno centro porteño, portando dos mochilas al mismo tiempo. Si bien aclaró que nunca observó directamente dinero en efectivo, describió esas maniobras como algo “raro”.
Ante los investigadores, el chofer describió una relación de extrema confianza entre Leal y Santiago Pando, señalado en la causa como uno de los nexos con ALS. Según declaró, Pando era una presencia habitual tanto en las oficinas de ARSAT de Benavídez como en el edificio conocido como “el Rulero”. Pero además sostuvo que los encuentros entre ambos trascendían el ámbito laboral.
El chofer explicó que frecuentemente trasladaba a Leal hasta la zona de la Recova, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, según relató, muchas veces veía a Pando y entendía que ambos mantenían reuniones. “Había mucha confianza entre Pando y Leal”, declaró, al tiempo que aseguró que por la relación que observaba “parecían amigos”.
Su testimonio permite además reconstruir una verdadera ruta gastronómica de encuentros entre los imputados. El chofer recordó que Leal acostumbraba a reunirse en distintos bares y restaurantes. Entre ellos mencionó el café Havanna de la Recova, donde en varias oportunidades observó a Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos, sentado en las mesas exteriores, aparentemente aguardando la llegada del funcionario.
También confirmó que Leal frecuentaba el restaurante Piegari, sobre la calle Posadas, un lugar que coincide con conversaciones incorporadas al expediente en las que los acusados coordinaban reuniones. A ello se suman los viajes que realizó hacia el café Tostado de Nordelta, especialmente durante el primer año de la pandemia. En ese establecimiento identificó a Boschin y a Leonardo Comperatore, además de otras personas cuya identidad no pudo precisar.
En un contexto marcado por la renuncia de Leal al ORSNA y su posterior detención, la palabra de quien fue uno de sus colaboradores más cercanos pasa a ocupar un lugar central en una causa que continúa sumando pruebas y derivaciones judiciales.
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Nicolás Trotta cuestionó el acuerdo con las universidades: “Es un alivio, pero no una solución definitiva”

El Gobierno nacional acordó con las universidades y los gremios docentes un incremento salarial del 24,3%, además de refuerzos para becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento, con el objetivo de reducir la tensión tras casi tres años de conflicto. El entendimiento estableció una tregua en la negociación, aunque la demanda por la aplicación de la ley de financiamiento universitario sigue en la Corte Suprema y el reclamo por el cumplimiento de esa norma permanece abierto.
El exministro de Educación de la Nación y diputado nacional Nicolás Trotta sostuvo que el conflicto provocó consecuencias sobre el sistema universitario y cuestionó la falta de aplicación de la ley de financiamiento. “Este gobierno, durante dos años y medio, extendió un conflicto generando un daño en parte irreparable a nuestro sistema universitario“, indicó.
En este sentido explicó que se perdieron “más de diez mil docentes investigadores, se interrumpieron procesos de creación de conocimiento y estudiantes abandonaron sus carreras universitarias”, afirmó.
Qué implica el acuerdo
El acuerdo contempla un aumento del 21,3% para junio y un 3% adicional previsto para octubre. Además, incorpora un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% para las becas Manuel Belgrano.
En cambio, las becas Progresar no forman parte del entendimiento. La negociación salarial ingresó en un cuarto intermedio de 90 días y el Ejecutivo asumió el compromiso de retomar la discusión.
La decisión del Gobierno respondió al avance del conflicto con los gremios y al proceso judicial que permanece en la Corte Suprema. También remarcaron que el entendimiento representa un alivio parcial para los trabajadores universitarios, aunque no implica la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Críticas al rol de la Justicia y al alcance del acuerdo
Trotta señaló que el Congreso aprobó la norma en dos oportunidades y que el Poder Ejecutivo mantiene un incumplimiento. “Estamos frente a un incumplimiento de una ley que fue aprobada dos veces por el Congreso”, expresó.

El exministro indicó que el acuerdo anunciado representa una porción de los recursos contemplados en la legislación. Según explicó, “de los 2,8 billones que debería invertirse en el sistema universitario para compensar la inflación, se invierten 0,8”. Además, sostuvo que “menos del 40% de la pérdida salarial docente se recupera con este esquema”.
Al mismo tiempo, Trotta cuestionó la demora de la Corte Suprema para resolver la disputa judicial. “No solo existe un conflicto de poderes, sino también un riesgo institucional enorme en el capital social educativo de la Argentina, que son las universidades”, afirmó.
Además, consideró que la instancia judicial no debería frenar la aplicación de la ley. “No podría haber una suspensión del cumplimiento de la ley. Se puede discutir el fondo, pero el daño continúa mientras tanto”, señaló.
El exfuncionario también sostuvo que la resolución parcial no modifica el escenario estructural del sistema universitario. “Esto no es una solución definitiva. Es resultado de la movilización social, pero no resuelve los problemas que atraviesa el sistema universitario”, afirmó.
En el mismo sentido, remarcó que muchos docentes impulsan reclamos individuales para exigir el cumplimiento de la norma y reclamó una intervención más rápida de la Justicia para resolver el conflicto institucional.
Trotta aseguró que el debate debe centrarse en las prioridades del gasto público. “Hay cosas de las que se puede prescindir, pero la inversión en educación no puede formar parte de una política de ajuste”, sostuvo.
Y afirmó que la discusión incluye la estructura tributaria y la distribución de los recursos públicos. “La prioridad uno es el sistema educativo y no debe tocarse”, expresó.
El diputado agregó que el acuerdo anunciado mejora parcialmente los ingresos de los trabajadores, pero no modifica el reclamo central. “Cuando perdés casi la mitad de tu ingreso y recuperás solo una parte de esa pérdida, existe un alivio, pero no una solución definitiva”, indicó.
Sobre la continuidad del conflicto, Trotta rechazó la idea de una tregua prolongada. “No debería haber tregua porque no existe una resolución definitiva del problema”, afirmó. Y sostuvo que el compromiso de reabrir la negociación salarial en septiembre no garantiza una salida permanente para el sistema universitario ni para los trabajadores del sector.
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Milei frente al acertijo de la nueva argentinidad antipolítica

Ya se habían consumido dos horas de la reunión de mesa política entre la agenda legislativa y algunos temas operativos. Una rutina útil para fingir demencia. Pero cuando sintió que la conversación languidecía, Patricia Bullrich introdujo el tema tabú que todos habían intentado eludir hasta entonces. Y ahí cambió el tono del encuentro. La burocracia de la gestión le abrió paso a la tensión de la política en un instante. La tarde del jueves estaba muy nublada.
“Lo que está pasando destruye el capital simbólico del Presidente y del Gobierno, y vos lo tenés que entender, y tenés que saber qué hacer”. Todos los que estaban ahí interpretaron claramente el sentido de la frase que la senadora le acababa de dirigir a Manuel Adorni. Sólo por cortesía no le había dicho que pensaba que tenía que dar un paso al costado. El jefe de Gabinete esbozó una respuesta para decir que no era la mejor estrategia exponer las diferencias en público porque afectaba a Javier Milei. “Tratame mejor”, reclamó. Claro, Bullrich venía de declarar que había cometido “una omisión ética”.
El clima de la conversación se volvió más tirante, pero sin que escalara el tono. Apenas hubo una intervención ocasional de Santiago Caputo. El asesor se mantuvo apartado en toda esta etapa de la estrategia de Adorni. Su último aporte fue para la exposición del funcionario en la Cámara de Diputados. Karina Milei, el escudo protector del jefe de Gabinete, cerró el intercambio destacando que su protegido había hablado como un hombre común en la decisiva entrevista de esta semana con José Del Rio en LN+, y que eso había sido positivo. No es un argumento que convenza internamente; todos saben que un jefe de Gabinete no es un ciudadano más.
Dos testigos directos coincidieron en que lo vieron aturdido a Adorni. Se enojó en un momento porque no quería que hubiera foto del encuentro, pero Karina insistió con un retrato amigable para endulzar el relato. Confía mucho en la disuasión de la imagen, como cuando difunde sus postales con Patricia Bullrich.
La frágil situación interna en la mesa política se vio sacudida por la entrevista del miércoles a la noche. La decisión de abandonar el silencio explicativo y la estrategia expuesta esa noche por Adorni fue articulada íntegramente con sus abogados y contadores. No hay un comité de crisis ni un esquema similar en la Casa Rosada. Salvo Karina, en el Gobierno todos ignoraban que se iba a anotar en el régimen de inocencia fiscal y también que iba a sorprender con la excéntrica historia de las criptomonedas.
Hay muchísimo malestar interno con él, no sólo por el costo político que les transfiere a todos, sino porque, según la definición de un alto funcionario “juega solo”. “Él dice que no robó, que es un hombre común, que no entiende los códigos de la política, pero a veces parece demasiado cínico y se abusa del respaldo del Presidente”, agregó la fuente, que admite que varios verían como un alivio si finalmente Adorni es removido.
El objetivo de Adorni con la entrevista no fue convencer a la audiencia, sino fijar una nueva argumentación judicial, focalizada en admitir la evasión para eludir un delito más grave como el enriquecimiento ilícito. De paso reconoció haber omitido voluntariamente información en sus anteriores declaraciones juradas, otra transgresión legal. El único público que le interesaba eran el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Entre inconsistencias y contradicciones, dejó en claro que fue una declaración jurada confeccionada desde el presente hacia el pasado, con el objetivo de que los números se pudieran acomodar a las explicaciones que debía brindar. Incluso todavía dejó abierto el anexo de su esposa Bettina Angeletti por si quedan algunos puntos inciertos.
El tejido que hilvanó entre la imprecisa herencia de su padre, su vocación pionera por las criptomonedas, el ahorro oculto de miles de dólares durante una década, el frenético raid inmobiliario de los últimos dos años, las policías prestamistas, las jubiladas generosas y las refacciones dolarizadas componen un secuencia digna de un guion de una película costumbrista.
Quienes hablaron con él después de esa incursión televisiva quedaron sorprendidos por dos comentarios. El primero, porque dijo estar convencido de que su participación en la entrevista fue muy positiva ya que recibió muchos mensajes favorables en su chat. Aunque después admitió que recurrió a un “apagón mediático”, es decir que se desconectó de las noticias durante varias horas. Así evitó enterarse de la catarata de reprobaciones que cosechó. El segundo, al señalar que está seguro de que va a ser sobreseído judicialmente en un plazo breve, una visión que contrasta mucho con las señales que emanan de Comodoro Py. “A veces no sabés si te está tomando por boludo o si se lo cree en serio”, se indignó uno de sus interlocutores.
Pero más allá de su percepción personal, algo cambió en la cúpula del poder esta semana. El discurso oficial que ordenó Karina fue decir que todo sigue igual que antes y que ya no es necesario dar nuevas muestras de respaldo público. Sin embargo, lo cierto es que esta vez se movieron las placas tectónicas.
Quienes rozan las conversaciones más profundas entre los Milei admiten que hoy no está garantizada la continuidad de Adorni en su cargo, y que el tema fue motivo de conversación entre los hermanos en estos días. Hay un cambio de situación objetivo: el jefe de Gabinete pasó de ser un funcionario sospechado a admitir un delito expresamente. El Presidente ahora debe sostener a alguien que se encamina a ser procesado y que además del discurso de la moral como política de Estado le desvirtuó la consigna de que evadir está bien, porque Adorni no sólo engañó a “la vieja política”, como dijo, también le ocultó sus bienes a esta gestión libertaria.
De paso le empastó el proyecto del régimen simplificado de Ganancias a Luis Caputo (ausente en la reunión del jueves por un viaje familiar a España, según argumentó), ya que desde ahora adherir a ese esquema queda asociado con las piruetas contables del jefe de ministros. También eclipsó algunos éxitos notables del Gobierno, como la nueva baja de la inflación, la reducción del riesgo país a partir de una mejora en la calificación de la deuda y el cierre del conflicto con las universidades. Una semana gloriosa que quedó otra vez desdibujada en el ábaco caprichoso de Adorni.
A partir de ahora el problema mayor lo tiene Milei, porque la pregunta ya no gira más en torno de si Adorni mintió o se enriqueció indebidamente, algo que la mayoría de la sociedad asume, sino alrededor de por qué el Presidente lo sigue sosteniendo. Cambió el sujeto de la interpelación. Y esa pregunta es muy incómoda porque abre el camino de las sospechas y las conspiraciones.
En una encuesta de Management & Fit de esta semana el 42,1% respondió que la razón principal por la que Milei no le pide la renuncia es “por información que posee Adorni sobre irregularidades en la gestión”. Es decir, el jefe de Gabinete le transfiere un exceso de toxicidad al Presidente. Conceptualmente va en la misma línea de un trabajo de las consultoras TresPuntoZero y Alaska, según la cual el 71,4% dijo que le cree “poco o nada” a Milei cuando defiende a Adorni, pero después hay un 36,8% que considera “bueno o muy bueno” a su Gobierno. En definitiva, el Presidente se vuelve menos creíble cuando tiene que tirarse sobre la granada que le dejó su subalterno.
Mientras los Milei resuelven qué hacer, en el Gobierno se activó un operativo de protección legislativa. Diego Santilli desgastó el teléfono en dos días para pedirles a los gobernadores que no se sumaran a una eventual moción de censura. Lo mismo hizo Bullrich entre los senadores. Encontraron receptividad pero no vocación de inmolación. “Todo depende de cómo evolucione la discusión pública”, les transmitió un referente importante de los aliados. En el Gobierno temen que a partir de esta semana se produzca una espiralización en el Congreso por fuera de su alcance, que adopte una dinámica propia irrefrenable. Hay preocupación por este tema.
En la reunión de mesa política se había resuelto empujar a Adorni a fijar una fecha en julio para dar su informe en el Senado, con la idea de dilatar un poco el escenario, pero en esas conversaciones posteriores con gobernadores y legisladores se decidió adelantarlo al jueves 2 de julio. Entienden que es insostenible mantener la situación un mes más en estos términos.
Los nuevos protagonistas de la calle
El 18 de abril el sacerdote portugués Guilherme Peixoto llenó la Plaza de Mayo con un show de música electrónica y mensajes del papa Francisco. El 12 de mayo, las calles se llenaron con la marcha federal para pedir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. El 3 de junio una movilización similar se nucleó frente al Congreso convocada por el colectivo Ni Una Menos, en medio de la conmoción por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Y el viernes 5 la Plaza de Mayo albergó una multitudinaria misa ricotera por la muerte del Indio Solari. Algo similar podría reeditarse con el Mundial, si la selección nacional tiene un buen desempeño, como ocurrió en aquel 2022 de alegría desbordante.
En apenas dos meses, hubo una secuencia de eventos masivos movilizados por razones musicales, religiosas, de género, educativas y sociales, no por la dirigencia política. Más allá de que cada una de estas convocatorias tuvo un sustrato político y un tono opositor (en particular la marcha universitaria), no fueron aglutinadas por los actores clásicos que durante mucho tiempo monopolizaron las calles. No había al frente sindicatos, movimientos sociales o partidos, hoy muy limitados a la hora de construir legitimidad para aspirar a una masividad similar. Pueden acompañar, no liderar. Tampoco sobreviven aquellas movidas cívicas en defensa de las instituciones que se concentraban en el Obelisco.
Hay una expresividad en las calles mucho menos organizada y más aluvional, que se siente convocada por móviles no estrictamente políticos. Es más, trasluce una idea antipolítica, que es la que antes representaba Milei y hoy está en duda. Sobre ese capital simbólico golpea el caso Adorni, porque termina de transformar en casta a quienes venían a combatirla.
Esa emocionalidad contestaria es heredera del desencanto que imperaba en 2023, y que terminó de ser catalizada por la irrupción libertaria. Vuelve de a poco aquella vieja desilusión renovada, pero ya con Milei dentro de la cuenta, no como un redentor externo dispuesto a rescatar a una sociedad agobiada. Y nadie está en condiciones de representar ese desengaño, más allá de que una parte del peronismo se haya entusiasmado.
Prueba de ello fue que cuando algunos quisieron cantar consignas partidarias en algunas de esas movilizaciones o en recitales de artistas críticos del Gobierno, no tuvieron eco. La gente no quiere que la política colonice su expresividad. Incluso aparta al Estado. Prefiere que la policía se corra del control y mostrar que puede haber una movilización espontáneamente pacífica. Hay un intento de desintermediación y autogestión, que luce civilizada pero que en el fondo denota un grado progresivo de anomia.
Pablo Alabarces, sociólogo que estudió el fútbol y la música como fenómenos populares, plantea que lo visto en los últimos meses en términos de ocupación de la calle sigue una larga tradición argentina, pero tiene características particulares porque no la capitaliza nadie y porque es muy transversal en términos etarios, geográficos y de género.
“Hay en ese tipo de movilizaciones la construcción de un sentido de colectividad, donde la gente se reconoce como comunidad”, señala, y la asocia con la instalación cada vez más firme de que la identidad argentina se define en torno de la pasión, de la emocionalidad, de la lógica del “aguante”. “Creemos que somos los hinchas de fútbol más fervorosos y el público de recitales más expresivo. Los mejores del mundo. Incluso la publicidad mundialista apela a ese rasgo”, agrega.
En esa necesidad de definir la argentinidad en términos de una pasión desbordada emerge también un atajo para tramitar las frustraciones en otros planos. Como el país no logra ser rico, poderoso o influyente porque fracasaron los proyectos políticos y económicos durante décadas, entonces el objetivo es ser campeones mundiales de la emocionalidad, el fervor y el fanatismo.
El sentir nacional es una construcción subjetiva que cada comunidad gestiona dentro de sus posibilidades. Hoy la argentinidad es un concepto que está en una etapa de fuerte redefinición, y que es muy convocante, especialmente entre los jóvenes. No gira en torno del Himno Nacional o de los héroes patrios. Orbita alrededor de una emocionalidad que define el carácter nacional en términos de su pasión sin límites, que no está intermediado por ningún tipo de representación y que se ha transformado en un enorme acertijo para la política. Desde ahora, también para Milei.
Jorge Liotti,Conforme a
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