POLITICA
Mientras crecen los cuestionamientos a Manuel Adorni, el oficialismo busca sostener su agenda en el Congreso
La investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en un factor de tensión que atraviesa al Congreso y condiciona la agenda parlamentaria de las próximas semanas. Mientras crecen los cuestionamientos de la oposición y se multiplican los pedidos para que dé explicaciones ante el Senado, la continuidad del funcionario dentro del gabinete de Javier Milei aparece como una variable clave para el escenario político que se abre en el Poder Legislativo.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó para este miércoles una reunión con los jefes de bloque. El encuentro buscará definir los detalles de la sesión prevista para el jueves, pero también avanzar en una fecha para que Adorni concurra al recinto.
La presión sobre el funcionario también se traslada a la Cámara de Diputados. Los sectores más duros de la oposición trabajan para reunir el quórum necesario y sesionar el próximo 23 de junio con el propósito de impulsar una moción de censura contra el jefe de Gabinete. La iniciativa, encabezada por Germán Martínez y acompañada por legisladores de distintos espacios opositores, busca además emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que comiencen el tratamiento del expediente, en una nueva señal de confrontación con el oficialismo.
La agenda del Senado: pliegos, proyectos y los pedidos por Adorni
La Cámara alta fijó para el jueves la sesión en la que tratará los pliegos de jueces del fuero laboral, que obtuvieron sus dictámenes el pasado martes, en medio de la polémica por la prórroga por cinco años del mandato del actual magistrado Víctor Pesino, quien cumplirá 75 años y es cuestionado por el PJ por un fallo que habilitó la implementación de la reforma laboral.
La Libertad Avanza (LLA) pretende incluir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en caso de superar sus diferencias en el capítulo de tierras fiscales, que elimina restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales en la Argentina.
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Mientras tanto, la polémica en torno a la declaración jurada de bienes de Adorni, así como la posterior entrevista que dio para explicar su incremento patrimonial y el motivo por el que no declaró 500.000 dólares en sus presentaciones anteriores, son los principales factores de tensión entre la oposición y el oficialismo.
Los reclamos y los pedidos de renuncia contra el jefe de Gabinete ya no son solo desde el kirchnerismo; también se sumaron los legisladores de fuerzas aliadas al Gobierno, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). En principio, cuestionaron los faltazos del funcionario al Congreso para dar su informe de gestión, una obligación constitucional que debe cumplir al concurrir a las cámaras del Congreso.
Villarruel ya citó para este miércoles 17 a una reunión de Labor Parlamentaria, que reúne a los jefes de todos los bloques del Senado. El encuentro no solo servirá para diagramar la sesión prevista para el jueves, sino también para definir una fecha en la que Adorni concurra al recinto.
La titular de la Cámara alta coincide con José Mayans, presidente del bloque Justicialista, en que la presentación debería concretarse este mismo mes. Como alternativa para destrabar las diferencias y descomprimir los cuestionamientos de los aliados al Gobierno, la senadora de LLA Patricia Bullrich impulsa consensuar la primera semana de julio, con el jueves 2 como fecha posible.
Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti pidieron en las últimas horas una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Es decir, la remoción de Adorni del cargo.
En ese sentido, consideraron que existen “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en las declaraciones presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aseguran que se dio un “impresionante e inexplicable incremento de su patrimonio personal desde que asumió en la función pública”.
En Diputados, la oposición más dura también construye mayorías para sesionar el próximo 23 de junio y pedir la moción de censura. La iniciativa que lleva la firma de Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), fue acompañada por Esteban Paulón y Pablo Juliano de Provincias Unidas; Mónica Frade y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Pla del Frente de Izquierda; y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
La estrategia opositora es poder abrir el recinto con 129 diputados sentados en sus bancas y emplazar a las comisiones. Es decir, ponerles fecha de debate a Asuntos Constitucionales y a Peticiones, Poderes y Reglamento, dos comisiones lideradas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, respectivamente.
Reforma electoral, super-RIGI y bonistas
La crisis política originada por Adorni llegó en momentos en que el oficialismo busca consensos en la discusión del proyecto de ley de reforma electoral. Una de las obsesiones de la Casa Rosada es eliminar las primarias (PASO), desfinanciar a los partidos y campañas políticas, y modificar la ley de partidos políticos.
Para alcanzar esos objetivos, el oficialismo, el jefe de Diputados, Martín Menem, y la senadora Bullrich deben consensuar la iniciativa justamente con el PRO y la UCR, además de sumar a legisladores provinciales para reunir las mayorías requeridas para sancionar una reforma de estas características.
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En el caso de cualquier cambio electoral, se requiere la mayoría absoluta de los cuerpos legislativos. Es decir, la mitad más uno de los integrantes de cada cámara: 129 diputados y 37 senadores nacionales. Los libertarios solos no podrían, ya que son 21 senadores y 95 diputados.
Los libertarios también quieren este miércoles dictaminar el proyecto de super-RIGI que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para dejarlo en condiciones de llevarlo al recinto el próximo 24 de junio.
Las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se reunirán desde las 15. El debate ya tuvo dos sesiones informativas y establece que podrán acceder al nuevo régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.
Entre los principales puntos, la norma contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años.
También el oficialismo dictaminará la propuesta a los bonistas por el default del 2001. Desde las 12 del miércoles, las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a la de Justicia buscarán dictaminar el expediente de renegociación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, representantes de bonistas que no ingresaron a los diferentes canjes.
El titular de Presupuesto, Alberto Benegas Lynch, pasará a la firma el dictamen luego de la participación de Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. El acuerdo ya fue avalado por el Senado.
Senado, Manuel Adorni, Diputados
La Unión Cívica Radical (UCR) pedirá información pública sobre los supuestos terroristas que mencionó Javier Milei al referirse a controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi afirmó en Infobae Al Mediodía que buscará determinar si las cifras aluden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales.
Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.
Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.
Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.
“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.
La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.
“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.
“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.
Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.
La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.
Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.
Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.
La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría
Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.
La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.
Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.
La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.
Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.
La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.
Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.
Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.
Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.
“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.
La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.
Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.
La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.
Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.
La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.
El endeudamiento familiar y los límites de una regulación
Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.
Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.
Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.
La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.
Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.
La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.
También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.
La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.
Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.
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POLITICA
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Partido Justicialista), anunció que su municipio no les cobrará tasas y les condonará deudas a las personas mayores de 75 años, siempre y cuando perciban ingresos de hasta dos haberes jubilatorios mínimos y tengan una única vivienda. El jefe comunal afirmó que tomó la medida porque la situación económica “golpea de lleno a los adultos mayores”.
Gray impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se establece que los mayores de 75 años, que perciban ingresos por hasta dos jubilaciones mínimas (el haber mínimo de octubre es de $435.748,51) y tengan una única vivienda quedarán exentos del pago de nueve tasas y de las deudas por otras tres imposiciones municipales.
Según informó la Municipalidad de Esteban Echeverría en un comunicado, los beneficiarios de la ordenanza quedarán exentos del pago de la Tasa por Servicios Generales; la Contribución Especial para Obras Públicas; la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad; Derechos de Oficina; Patentes de Rodados; Carnet de Conducir; Derechos de Cementerio; Tasa por Servicios Asistenciales, y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.
Además, “se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada”, se indicó en el comunicado municipal.
Para acceder al beneficio, que regirá desde el 1º de enero del año que viene, los mayores de 75 años del distrito deberán presentar una declaración jurada acompañada por la documentación pertinente.
“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, afirmó Gray al presentar su iniciativa en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.
La intendencia subrayó en su comunicado que la canasta básica de un adulto, en agosto, llegó a $519.578 y que, además, “se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores”. Entre esos puntos, se destacó “el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
la medida,»Las instituciones importan». Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción,Tasas transparentes,Esteban Echeverría,Impuestos,Conforme a
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Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de la obra social OSPRERA en una causa por presunta corrupción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a dos exinterventores que el Gobierno designó en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La causa investiga presuntos contratos irregulares.
El magistrado los procesó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. También les trabó un embargo de $1000 millones.
OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales y el Gobierno la tiene intervenida desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE.
La investigación se centra en la contratación de HTECH, una empresa de Aguirre que se creó en abril de 2024. Según la causa, la firma no tenía antecedentes, empleados ni facturación previa antes de trabajar para la obra social. HTECH le cobró a OSPRERA por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025 recibió unos $266 millones.
Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la firma TR Nutrition SRL, que se dedica a importar y vender suplementos dietarios.
El contrato con HTECH lo firmó Virginia Montero, la primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, lo renovó y lo amplió. Ambos estaban entre los citados a indagatoria en la causa. Además, la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, era socia de HTECH y al mismo tiempo trabajaba como secretaria privada de Petroni.
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En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama. En su declaración, Montero justificó la contratación de la empresa. Aguirre, por su parte, negó haber participado en el proceso que terminó con el contrato de su firma y cuestionó que se filtraran datos de la causa.
A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación. Los camaristas invalidaron el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas que se obtuvieron de ese aparato. También dejaron sin efecto los embargos sobre el patrimonio de los imputados. Sin embargo, la causa general siguió en marcha a cargo de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
Martín Menem, Casanello, Justicia
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