La investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en un factor de tensión que atraviesa al Congreso y condiciona la agenda parlamentaria de las próximas semanas. Mientras crecen los cuestionamientos de la oposición y se multiplican los pedidos para que dé explicaciones ante el Senado, la continuidad del funcionario dentro del gabinete de Javier Milei aparece como una variable clave para el escenario político que se abre en el Poder Legislativo.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó para este miércoles una reunión con los jefes de bloque. El encuentro buscará definir los detalles de la sesión prevista para el jueves, pero también avanzar en una fecha para que Adorni concurra al recinto.

La presión sobre el funcionario también se traslada a la Cámara de Diputados. Los sectores más duros de la oposición trabajan para reunir el quórum necesario y sesionar el próximo 23 de junio con el propósito de impulsar una moción de censura contra el jefe de Gabinete. La iniciativa, encabezada por Germán Martínez y acompañada por legisladores de distintos espacios opositores, busca además emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que comiencen el tratamiento del expediente, en una nueva señal de confrontación con el oficialismo.

La agenda del Senado: pliegos, proyectos y los pedidos por Adorni

La Cámara alta fijó para el jueves la sesión en la que tratará los pliegos de jueces del fuero laboral, que obtuvieron sus dictámenes el pasado martes, en medio de la polémica por la prórroga por cinco años del mandato del actual magistrado Víctor Pesino, quien cumplirá 75 años y es cuestionado por el PJ por un fallo que habilitó la implementación de la reforma laboral.

La Libertad Avanza (LLA) pretende incluir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en caso de superar sus diferencias en el capítulo de tierras fiscales, que elimina restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales en la Argentina.

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Mientras tanto, la polémica en torno a la declaración jurada de bienes de Adorni, así como la posterior entrevista que dio para explicar su incremento patrimonial y el motivo por el que no declaró 500.000 dólares en sus presentaciones anteriores, son los principales factores de tensión entre la oposición y el oficialismo.

Los reclamos y los pedidos de renuncia contra el jefe de Gabinete ya no son solo desde el kirchnerismo; también se sumaron los legisladores de fuerzas aliadas al Gobierno, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). En principio, cuestionaron los faltazos del funcionario al Congreso para dar su informe de gestión, una obligación constitucional que debe cumplir al concurrir a las cámaras del Congreso.

Villarruel ya citó para este miércoles 17 a una reunión de Labor Parlamentaria, que reúne a los jefes de todos los bloques del Senado. El encuentro no solo servirá para diagramar la sesión prevista para el jueves, sino también para definir una fecha en la que Adorni concurra al recinto.

La titular de la Cámara alta coincide con José Mayans, presidente del bloque Justicialista, en que la presentación debería concretarse este mismo mes. Como alternativa para destrabar las diferencias y descomprimir los cuestionamientos de los aliados al Gobierno, la senadora de LLA Patricia Bullrich impulsa consensuar la primera semana de julio, con el jueves 2 como fecha posible.

Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti pidieron en las últimas horas una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Es decir, la remoción de Adorni del cargo.

En ese sentido, consideraron que existen “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en las declaraciones presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aseguran que se dio un “impresionante e inexplicable incremento de su patrimonio personal desde que asumió en la función pública”.

En Diputados, la oposición más dura también construye mayorías para sesionar el próximo 23 de junio y pedir la moción de censura. La iniciativa que lleva la firma de Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), fue acompañada por Esteban Paulón y Pablo Juliano de Provincias Unidas; Mónica Frade y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Pla del Frente de Izquierda; y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

La estrategia opositora es poder abrir el recinto con 129 diputados sentados en sus bancas y emplazar a las comisiones. Es decir, ponerles fecha de debate a Asuntos Constitucionales y a Peticiones, Poderes y Reglamento, dos comisiones lideradas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, respectivamente.

Reforma electoral, super-RIGI y bonistas

La crisis política originada por Adorni llegó en momentos en que el oficialismo busca consensos en la discusión del proyecto de ley de reforma electoral. Una de las obsesiones de la Casa Rosada es eliminar las primarias (PASO), desfinanciar a los partidos y campañas políticas, y modificar la ley de partidos políticos.

Para alcanzar esos objetivos, el oficialismo, el jefe de Diputados, Martín Menem, y la senadora Bullrich deben consensuar la iniciativa justamente con el PRO y la UCR, además de sumar a legisladores provinciales para reunir las mayorías requeridas para sancionar una reforma de estas características.

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En el caso de cualquier cambio electoral, se requiere la mayoría absoluta de los cuerpos legislativos. Es decir, la mitad más uno de los integrantes de cada cámara: 129 diputados y 37 senadores nacionales. Los libertarios solos no podrían, ya que son 21 senadores y 95 diputados.

Los libertarios también quieren este miércoles dictaminar el proyecto de super-RIGI que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para dejarlo en condiciones de llevarlo al recinto el próximo 24 de junio.

Las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se reunirán desde las 15. El debate ya tuvo dos sesiones informativas y establece que podrán acceder al nuevo régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.

Entre los principales puntos, la norma contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años.

También el oficialismo dictaminará la propuesta a los bonistas por el default del 2001. Desde las 12 del miércoles, las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a la de Justicia buscarán dictaminar el expediente de renegociación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, representantes de bonistas que no ingresaron a los diferentes canjes.

El titular de Presupuesto, Alberto Benegas Lynch, pasará a la firma el dictamen luego de la participación de Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. El acuerdo ya fue avalado por el Senado.

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