La diputada nacional por Santa Fe y presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, se mostró a favor de analizar una suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027, aunque dejó en claro que no acompaña su eliminación definitiva. Durante una entrevista, la ex vicegobernadora sostuvo que el sistema requiere una reforma, planteó que las primarias podrían ser optativas y reclamó que el Congreso no deje de discutir el proyecto de Ficha Limpia.

“Yo creo que el proyecto de ley que hoy tiene el Congreso es la derogación y yo no estoy de acuerdo con la derogación de la PASO”, afirmó. Luego agregó: “Las haría optativas. Es mi mirada. Las PASO no deben ser obligatorias para la gente, pero podría ser un sistema que se repiense en la Argentina”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Mica Mendelevich y Belén Escobar, la legisladora explicó que su principal preocupación es que la discusión sobre las PASO termine dejando de lado otras iniciativas incluidas dentro de la reforma política.

“A mí lo que me preocupa de que no tratemos la ley que está en el Senado y que se deje caer solo por una suspensión de las PASO es que en esa ley está Ficha Limpia y que nuevamente perderíamos una oportunidad de discutir en serio Ficha Limpia en la Argentina”, señaló.

La diputada recordó además que Santa Fe ya incorporó ese requisito en su legislación y defendió la necesidad de exigir mayores estándares a quienes buscan ocupar cargos públicos.

“Le pedimos antecedentes a cualquier persona para hacer cualquier cosa y tomar cualquier trabajo. Y no le pedimos nada a la política”, afirmó. También recordó que su propio proyecto incorporaba la prohibición para los deudores alimentarios. “¿Cómo no vamos a dar ese debate en la Argentina?”, planteó.

Durante la entrevista también se refirió al futuro del PRO y marcó diferencias con La Libertad Avanza. Si bien reconoció que comparte algunas decisiones del Gobierno, dejó en claro que no se considera parte del oficialismo.

“Yo no me siento parte de La Libertad Avanza. Siempre pienso que hay un camino que pudo ser correcto, que tomó Milei, pero tengo otras ideas sobre lo que haría con el país”, afirmó. Ante la consulta sobre si se considera opositora, respondió: “Me siento opositora en algunos temas y en otros acompaño, pero no soy parte del Gobierno, definitivamente”.

Scaglia defendió además la experiencia de Provincias Unidas y planteó que el PRO debería construir una alternativa junto con gobernadores y otros espacios políticos.

“Podemos entre muchos crearle una alternativa a la Argentina y no seguir pensando que la Argentina se tiene que debatir entre lo que tenemos y el kirchnerismo”, sostuvo. Ante la posibilidad de reeditar una coalición amplia, mencionó como ejemplo el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que reúne desde el Partido Socialista hasta el PRO.

“Reeditar algo que ya tuvo un poco la Argentina con una nueva mirada, más productiva, más federal, me parece interesante”, afirmó.

En materia económica, la legisladora diferenció la situación de los distintos sectores productivos. Señaló que la agroindustria y las empresas vinculadas a Vaca Muerta o la minería muestran mejores perspectivas, mientras que advirtió dificultades en parte de la industria manufacturera y del comercio.

“Hay una serie de industrias que están con muchas dificultades, están suspendiendo y no pudiendo vender”, afirmó. También describió un escenario complejo para la actividad comercial en Rosario. “Muchos negocios que daban a la calle están cerrando. Eso es bastante triste”, expresó.

Sobre el consumo, sostuvo que la situación cotidiana sigue siendo una preocupación para buena parte de la población.

“Cuando hablás con cualquier persona te dice: ‘Yo tengo dos trabajos y no llego con dos trabajos’. Creo que ese es el gran desafío que tiene el Gobierno nacional para adelante: cómo hacés que esto, que tiene un montón de resultados positivos desde lo macroeconómico, le llegue a la gente”, indicó.

Hacia el final de la entrevista, Scaglia también se refirió al convenio que este martes firmará el gobernador Maximiliano Pullaro con el Gobierno nacional para que Santa Fe asuma la administración de la Ruta Nacional A012, un corredor de 67 kilómetros que conecta la zona portuaria del Gran Rosario.

La diputada calificó el acuerdo como “una buena noticia” y explicó que la provincia ya tiene adjudicadas las obras para comenzar los trabajos apenas se concrete el traspaso. “Mañana mismo las máquinas están y empieza a arreglarse esa ruta”, afirmó. Además, sostuvo que la A012 “está detonada” y la definió como “la ruta más importante en términos logísticos” para la provincia por su conexión con los puertos y el complejo agroexportador.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunció al interior del Gobierno que en los próximos días mantendrá encuentros con gobernadores para formalizar convenios clave. Aunque se tratan de gestiones particulares con las respectivas provincias, estas charlas no escapan de la lógica de construcción con actores de la oposición que tiene la Casa Rosada a los fines de poder incrementar las posibilidades de avanzar con las reformas libertarias.

Las próximas actividades en agenda fueron anunciadas después de la reunión que mantuvo la Mesa Política ayer por la tarde en la Casa Rosada. Allí destacaron la firma que habrá este mediodía con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para el traspaso de obras viales; pero también se anunciaron dos viajes que mantendrá la próxima semana. Una será a la provincia de Catamarca y otra en Santiago del Estero para avanzar en proyectos de acueductos y plantas potabilizadoras (como el sistema Albigasta), además de otros planes de infraestructura.

En Catamarca creen que pueden recibir a Santilli cerca del 1 de agosto. Ya hubo contactos entre ambas esferas y no se descarta que al viaje pueda ir Javier Milei. La condición de posibilidad para que el Presidente vaya es que el clima acompañe: y es que quieren llevarlo a ver diferentes áreas productivas mineras de litio en la Puna catamarqueña, más específicamente al Salar del Hombre Muerto.

Hay un único inconveniente: el clima. En los últimos días comenzó un temporal de nieve de magnitudes que forzó a las autoridades a tener que realizar tareas de rescate a turistas y mineros varados. Si es así, Casa Militar, la fuerza encargada de la custodia y la seguridad presidencial, no va a convalidar un viaje de esas características.

“Es muy difícil para gente que no es de acá hacerlo por tierra. Por aire es más fácil pero tienen que tener cuidado. Si quiere venir Diego Santilli, no tenemos problema. Ya tenemos experiencia en rescatar a personas del PRO. Al margen del chiste, estaría bueno que venga”, afirmaron cerca de Jalil. La alusión es a un aterrizaje de emergencia que tuvo que realizar un helicóptero que llevaba a funcionarios del área presidencial de Mauricio Macri en los albores de 2018.

Santilli viajaría a Catamarca a sabiendas de que Jalil -uno de los gobernadores con más poder legislativo propio al interior del Congreso de la Nación- ya dijo públicamente que está en favor de eliminar las PASO. No es la misma postura que han marcado diferentes jefes provinciales que tienen el mismo poder. Uno de ellos es Elías Suárez, gobernador de Santiago del Estero. Días atrás afirmó: “Mientras más participación haya, más se favorece a la democracia”.

Tanto voceros de Santilli como de Suárez afirman que no hubo contacto entre ambos y que la aparición en la provincia no está confirmada. Sin embargo, desde Nación indican que está la voluntad de ir. Y desde Santiago del Estero no tienen problema en recibirlo.

En el Gobierno afirman que es “muy difícil” que el Gobierno pueda eliminar las PASO, pero sí que hay mayores chances de suspenderlas. Aunque asumió como jefe de Gabinete hace algo más de un mes y comenzó a ganar poder con la obtención de diferentes áreas estatales, la evaluación de Santilli a los ojos de los Milei está altamente influida por las negociaciones que vaya a tener para la quita de las Primarias del calendario electoral del año próximo. Es la principal tarea que le dieron los hermanos libertarios.

Puertas adentro, el ministro coordinador afirma que, a diferencia de la gestión de Manuel Adorni, le está dando “volumen político” a sus actividades y que la reforma política va a poder aprobarse porque hay una posición mayoritaria en el electorado en favor de la suspensión de las PASO. “La reforma política le sirve al Presidente, pero es algo que también lo ve la gente. Los partidos compiten en sus primarias en la gran parte del mundo, no tenés a los 40 millones metiéndose. El electorado entiende que son 300 millones de dólares para una instancia electoral que, además, te alarga mucho la incertidumbre en todo el año calendario”, afirman.

La lectura que tiene Santilli al respecto de todas las políticas es que tiene que existir un esquema y una cierta cantidad de acuerdos que puedan incrementar sustancialmente las posibilidades de Milei de ser reelecto: “Tiene que hacer un goberno no peronista que reelija, eso es lo que va a dar previsibilidad hacia adelante y generar condiciones para que se termine de estabilizar la macroeconomía”.

Al interior del círculo que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, afirman que el oficialismo va a tener que “quemar naves” para que se produzca la reforma que tanto buscan. “La quita de las PASO va a tener que existir. La vamos a conseguir. Creemos que en los próximos meses van a ser clave y que ‘El Colo’ va a terminar de conseguir los acuerdos necesarios”, afirman.

El oficialismo tiene varias herramientas de negociación. Una es la parte de los acuerdos electorales que maneja el armador nacional Eduardo “Lule” Menem. Otra son los pliegos de jueces, fiscales y defensores que impactan en varias provincias clave y que prevé impulsar el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Al mismo tiempo, sin la presencia de Adorni como jefe de Gabinete, ahora Santilli tiene la potestad de negociar con gobernadores a sabiendas de que puede modificar el Presupuesto o implementar transferencias discrecionales a las provincias.

Según el último informe de la consultora Politikon Chaco, las transferencias automáticas a provincias muestran estabilidad en la comparación interanual. En relación al mismo período de 2025, el total de envíos presenta un leve incremento real del 0,1%. Este resultado surge por el impulso de la coparticipación, que registra una suba real del 0,9%. Sin embargo, los fondos provenientes de leyes especiales presentan una caída de 1,5% y los recursos por Compensación del Consenso Fiscal muestran una baja del 13,0%.

Las transferencias no automáticas son fondos discrecionales que el gobierno nacional distribuye a las provincias fuera de los mecanismos automáticos. Estas transferencias suelen responder a decisiones políticas o coyunturales y no se rigen por criterios preestablecidos. Al 17 de julio de 2026, el monto total de transferencias no automáticas ascendió a $32.693,5 millones en su etapa pagada. Se destaca como novedad la reaparición de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que representaron el 76% del total después de dos meses sin distribución.

Cinco provincias recibieron ATN por $5.000 millones cada una: Catamarca (tercera vez en el año), Córdoba (primera vez en el año y durante el gobierno de Milei), Entre Ríos (tercera vez en el año), Misiones (cuarta vez en el año) y Santa Fe (segunda vez en 2026). En tanto, Jujuy tiene un ATN devengado por $5.000 millones aún no pagado. El resto de las provincias recibió montos menores, sin la asignación de ATN.

Todas ellas tienen una importancia relativa en el Congreso, aunque tanto desde el sector de los gobernadores como en la misma Casa Rosada afirman que las ATN son un porcentaje menor respecto a las transferencias que reciben por Coparticipación. La gran incertidumbre que se genera entre los mandatarios provinciales es sobre la evolución del crecimiento económico, ya que en caso de ser positivo favorecerá a sus arcas. De no ser así, las negociaciones electorales pueden complicarse hacia más adelante porque, al mismo tiempo, una falta de crecimiento también produce un efecto negativo en la evaluación que el votante hace de la gestión de Milei.

La pyme FADEMI, ubicada en Larroque, un pueblo entrerriano de 6.500 habitantes, atravesó un extenso y virulento conflicto laboral que comenzó en junio de 2024 e incluyó medidas de fuerza, bloqueos contra sus instalaciones y hasta amenazas mafiosas con un paquete de balas que le dejaron a su dueña en su casa.

Ahora, la justicia laboral acaba de revocar un fallo que en enero del año pasado le había ordenado a FADEMI reincorporar a 35 trabajadores que participaron del bloqueo, por lo que quedaron en firme esas cesantías.

La resolución del juez Julio Armando Grisolía, a cargo Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55, dictada el 17 de este mes, se convirtió en otro capítulo de una verdadera pesadilla que sufrió esta pyme familiar que fabrica baterías para vehículos desde que, en junio de 2024, el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició protestas en reclamo de un aumento salarial que, según argumentó la empresa, era imposible de pagar.

Entre abril de 2023 y abril de 2024, los empleados habían recibido una mejora del 400%, más de 100 puntos por encima de la inflación acumulada, que fue del 290%. El sueldo inicial neto del sector estaba desde hacía 7 meses en $1,5 millones y el sueldo promedio mensual de bolsillo que pagaba la empresa ascendía a $2 millones.

Como informó Infobae, los sindicalistas adujeron como una de las razones para justificar su reclamo el incremento en las cuotas de los colegios privados. “Pero en Larroque no hay”, les respondió el apoderado de FADEMI, Emiliano Gietz, pero el razonamiento quedó sin respuesta. No hubo negociación posible y de inmediato el sindicato comenzó con las medidas de acción directa.

Según Gietz, “primero hicieron asambleas: se retiraban del lugar de trabajo por un tiempo que fue de una a cinco horas; después pasaron al quite de colaboración y redujeron la producción a un 10%, por lo que de 1.200 unidades diarias programadas hacían unas 100, a veces menos”. Como consecuencia de estas medidas sindicales, la pyme aseguró que dejó de producir 30 mil baterías.

La tensión fue escalando hasta llegar el bloqueo de la planta cuando, a comienzos de junio de 2024, un camión que debía cargar productos no pudo ingresar al predio porque el sindicato se lo impidió. El gremio también forzó el retiro de los empleados de la línea de producción en medio del proceso. La medida puso en peligro la fabricación de 2 mil unidades abandonadas sin terminar y con exposición de productos químicos de alto riesgo. Finalmente, el lote pudo ser salvado.

Sin embargo, todo empeoró: el viernes 5 de julio arrancó el cese total de actividades que dejó a la planta con producción en cero y sin stock. La protesta llevó a que muchos clientes cancelaran sus pedidos ante el incumplimiento de las entregas. La empresa entró en una situación dramática. Su flujo de fondos estuvo cortado y no podía cumplir con las obligaciones con sus proveedores.

El prejuicio no sólo fue económico: el sindicato, según la empresa, impulsó agresiones contra los dueños de FADEMI que incluyeron desde pintadas en el frente de una de sus casas hasta las bombas de estruendo arrojadas contra otro domicilio, pasando por la irrupción de activistas con bombos en medio de un asado familiar.

Según el sindicato, FADEMI no cumplía con las condiciones de seguridad en la planta (algo que no verificaron las autoridades) y ejecutó descuentos sin justificación en los salarios. Luego siguió el despido de 3 empleados, que derivó en una huelga en demanda de su reincorporación, mientras que a continuación se concretaron 25 cesantías. El 20 de enero de 2025, finalmente, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar al reclamo del sindicato y le ordenó a la empresa la reincorporación de los despedidos por haber participado de una huelga.

Aun así, el conflicto se tiñó nuevamente de violencia: en enero de 2025 apareció ante la casa de la dueña de la pyme un paquete que contenía dos balas y la leyenda “Familia FADEMI”. Fue un claro mensaje intimidatorio que se complementó con otro hecho grave, ya que en esos días a los empleados les llegó por WhatsApp un sticker que utiliza un dirigente sindical y en el que se lo ve a él con las cabezas sangrantes de dos de los dueños de FADEMI, como si hubieran sido degollados.

Tras la inmediata denuncia policial, intervino la Fiscalía de Gualeguay y la sorpresa llegó cuando los responsables de haber dejado el paquete con balas fueron identificados rápidamente porque quedaron filmados por una cámara ubicada en el frente de la casa: se descubrió que eran dos empleados de la pyme que viven en Larroque y habían participado de las protestas en la empresa.

En el video se ve cómo uno de ellos se baja de un auto, manejado por otra persona, y deja el paquete ante la puerta. La curiosidad es que queda a la vista la patente del vehículo y se determinó que es el mismo con el que uno de los empleados va a trabajar a la fábrica. Los dos agresores fueron detenidos en una carpa del sindicato instalada ante la entrada de FADEMI.

Ambos, Mauricio Javier Taffarel y Cristhian Aurelio Taffarel, permanecieron dos meses en prisión, luego quedaron libres porque les morigeraron la prisión preventiva, pero, de todas formas, quedaron imputados en la causa por coacciones agravadas y la primera audiencia del juicio oral será en octubre próximo.

El abogado de FADEMI es Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), desde donde vienen logrando fallos judiciales clave en favor de las pymes que son bloqueadas y condenas contra los responsables de esas protestas.