POLITICA
Milei necesita ganar antes de ganar

Los 40 días de euforia colectiva que proporcionó el Mundial de fútbol le permitieron a la administración libertaria darse un nuevo orden. Se sacó el lastre de Manuel Adorni, armó un esquema tradicional de negociación política, recalibró su agenda de reformas y afinó el escudo financiero con el que aspira a despejar síntomas de angustia en el año electoral. Es en muchos sentidos un gobierno distinto pero que arrastra un trauma precedente: los éxitos de la estabilidad conviven con una actividad planchada, de bolsillos flacos.
La ansiedad ronda a Javier Milei. El Presidente necesita ganar antes de ganar. El mayor riesgo al que se enfrenta su programa es que cambien las expectativas electorales y se cristalice la incógnita sobre si la Argentina volverá a cambiar la orientación de sus políticas económicas.
Julio no termina exactamente como Milei había calculado. Era el mes en el que el índice de inflación iba a empezar con 0 y, si bien se mantiene la tendencia a la baja, ese umbral queda todavía muy lejos. Hace dos meses llegó a ilusionarse con que para esta altura el consumo iba “a volar”, a partir de un buen dato de la actividad en marzo. Pero el Indec volvió a registrar un estancamiento en abril y mayo, mientras las principales consultoras proyectan un junio también en rojo. Tampoco se siente en los salarios el impacto de la desinflación. La mora bancaria alcanza hasta el 12,8% de las familias, según el último dato oficial.
“Ya están los brotes verdes”, dijo esta semana el viceministro de Economía, José Luis Daza, antes de percatarse del historial maldito de esa frase, un lugar común previo a la crisis que llevó a la derrota a Mauricio Macri. Quiso decir que el orden macro “ya está generando las condiciones para que la gente empiece a sentir mejoras”. Es un argumento diseñado en la Casa Rosada para estos días de resaca mundialista. Menos triunfalismo y más pedidos de paciencia. Hay que alimentar otra vez la esperanza de que el tránsito por el desierto ya termina.
El vocero Adrián Ravier quiso reproducir esa idea, pero cayó en la trampa tan habitual en esta era de hablar con militantes delante de un micrófono. Tan cuidadoso que se lleva escritas las respuestas a las conferencias de prensa, esta vez se soltó. Dijo que el dólar se podía ir a 1800 pesos en los próximos dos meses y se disparó una ola de especulaciones en el mercado. ¿Están pensando en un deslizamiento del tipo de cambio en busca de un impulso para la actividad más allá del boom exportador de la energía, la minería y el agro?
Todas las usinas de información del oficialismo se activaron para desautorizar a Ravier. El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene como meta primordial la estabilidad cambiaria y el proceso de desinflación. Antes que la reactivación del consumo se concentra en asegurarle a Milei que habrá un colchón lo suficientemente amplio para resistir la demanda de dólares y los pagos de deuda en el año electoral.
Enfrenta un dilema. La resistencia del esquema financiero depende en gran medida de que se consolide la percepción de que el libertario llegará competitivo a 2027 y que su continuidad sigue siendo el escenario más probable. Por eso, Caputo dejó de hablar del “riesgo kuka” por mucho que al oficialismo le sirva revivir la idea de la polarización extrema.
La duda está instalada, de todos modos. Lo reflejan los números de la inversión, que cae desde hace cuatro trimestres, y la salida de dólares por compras de particulares y turismo, unos 2000 millones cada mes desde principio de año.
El equipo económico se ilusiona con la baja del riesgo país, aunque no consigue perforar los 400 puntos. En los últimos días por primera vez admitió que la salida a tomar deuda en los mercados puede ser una opción si las condiciones son favorables. Eso requeriría una caída mayor para que la tasa de préstamo no sea prohibitiva.
Milei se acerca a la etapa de su gobierno en la que las encuestas de imagen empiezan a pesar tanto en su destino como las cifras de la macroeconomía.
Los principales consultores lo ubican, con oscilaciones, en el orden del 40% de aprobación. Es un umbral positivo para un presidente en su tercer año de mandato, pero exiguo para despejar las nubes del horizonte. Su tasa de rechazo es lo suficientemente alta como para imaginar una disputa pareja en caso de que la oposición salga de la perplejidad en la que habita desde 2023.
El Índice de Confianza al Consumidor que elabora la Universidad Torcuato Di Tella marcó en julio una caída de 4,8%. La variación interanual registró una baja que no se veía desde los tiempos de la pandemia. El trabajo de campo se hizo entre el 2 y el 16 de julio en plena fiesta de Messi, Scaloni y compañía.
Milei insiste en todas sus conversaciones con ministros, funcionarios y particulares que lo visitan en que los resultados del orden y la estabilidad van a reflejarse a tiempo en la economía familiar. Transmite un optimismo que ahora modera en su discurso público, tan propenso a la hipérbole. Empezó a aceptar el viejo consejo de que, en política, si se dice qué no se dice cuándo y viceversa.
Lo obsesiona en estos días el impulso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la que en esencia pretende impedir que el Tesoro sea financiado con emisión. También le da vueltas a su proyecto de “shutdown”, que imita el mecanismo estadounidense para suspender funciones estatales no esenciales cuando se agote el presupuesto anual.
Caputo promocionó la nueva versión de la Inocencia Fiscal, después del fracaso de la ley original en la aparición de dólares guardados fuera del sistema. En el Congreso la llaman la “ley Adorni”, porque el exjefe de Gabinete se inscribió en el nuevo régimen antes de admitir que había “ahorrado en negro” durante años. Los aliados piden que se excluya a los funcionarios si quieren asegurarse los votos. Está en veremos. Para Economía es clave abrir todas las fuentes posibles de dólares para aguantar la demanda preelectoral.
El precio de la cautela
La agenda legislativa se agranda con una nueva batería de desregulaciones. Ese proyecto surgido del ministerio de Federico Sturzenegger incluía en origen un pedido de facultades especiales para actuar por decreto, como ocurrió con la primigenia Ley Bases. Se descartó después de constatar que no había margen en el Congreso para plantear algo así.
El clima político no es el mismo del verano, cuando Milei pudo imponer la reforma laboral. Los aliados miran las encuestas y se levantan el precio, frente a un gobierno que los acostumbró a un toma y daca cotidiano.
La flamante gestión de Diego Santilli como jefe de Gabinete modificó las formas. El diálogo con los gobernadores fluye entre profesionales de la política. La regla es la cautela ante las señales de incertidumbre. Nadie negocia en el vacío y todos leen los mismos números. La reforma electoral para eliminar las PASO sigue estancada, a la espera de que escampe.
En el Senado, Patricia Bullrich tampoco consigue destrabar la llamada ley de propiedad privada, que elimina límites para que los extranjeros compren tierras productivas.
“Los extranjeros tienen los mismos derechos que los argentinos, lo dice la Constitución”, dijo Bullrich el miércoles. Tuvo la mala suerte de que ese mismo día sectores de La Libertad Avanza (LLA) habían presentado proyectos para arancelar la universidad pública y la atención hospitalaria a inmigrantes, en respuesta a la “campaña anti-Argentina” desatada en el tramo final del Mundial.
A la Casa Rosada le costó aprovechar, aunque lo intentó, el brote patriotero que se impuso después de la remontada contra Inglaterra, seguido de la angustia por la derrota ante España y las acusaciones alucinadas de racismo y otros pecados colectivos de la sociedad argentina. El nacionalismo no conjuga bien con Milei.
Se apuró a anunciar un feriado para festejar el subcampeonato sin consultar antes con la delegación, que quedó hundida en las penas y no tenía ganas de ningún homenaje después de perder. El Presidente giró después su narrativa al territorio seguro de la batalla cultural. “El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-Argentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas; promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados; fomentaron el odio contra Messi”, escribió el ideólogo Agustín Laje, a quien Milei alentó desde las redes sociales. La diputada Lilia Lemoine añadió que la campaña, en realidad, fue “anti-Occidente”: una reacción de la izquierda global para dejar mal parado al gobierno libertario.
El rival deseado
La línea argumental no prendió y desde la Casa Rosada se desactivó el victimismo futbolero antes del fin de semana.
Acusar al kirchnerismo funciona como un acto reflejo en el organismo libertario. La polarización sobrevive como el escenario deseado por Milei de cara a la reelección. Le resultó muy rentable en el balotaje de 2023 y también en las legislativas del año pasado. El protagonismo de rivales vinculados a los gobiernos de Cristina Kirchner limita, a juicio de los armadores oficialistas, la posibilidad de que surjan propuestas alternativas en el centroderecha, desde Macri a la propia Bullrich o los nuevos outsiders que olfatean el terreno.
Axel Kicillof es el enemigo deseado y el contendiente con el que lo cotejan los encuestadores. El gobernador acaba de dar un paso relevante al proclamar su apoyo a la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. Un guiño bien de “la casta” en medio de las dificultades para procesar su pelea con los Kirchner (madre e hijo) y la falta de apoyos visibles en el peronismo del interior.
Milei se tienta con un arma de doble filo. Un mano a mano con Kicillof puede alimentar la sospecha del péndulo. Si el cambio de rumbo económico se percibiera como posible, el colchón de dólares de Caputo se vería sometido a un estrés muy desafiante.
Por eso la velocidad de la reactivación resulta definitoria. Milei sacrificó en el altar de Adorni la épica de la lucha contra los privilegios. Hoy pasó de antisistema a administrador del sistema. La estadía en el poder erosiona por naturaleza la representación del enojo. Si el orden macroeconómico no llega de manera palpable a la calle, puede quedar aferrado a una versión reducida de sí mismo. Ser apenas una expresión de repudio a lo que estaba antes.
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El fiscal de Casación pidió que la Corte Suprema se expida sobre quién debe investigar la causa de la mansión de Pilar

La disputa por quién debe investigar la causa de la “mansión de Pilar” puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal para que analice quién debe quedarse con el expediente. La presentación también solicita que deje sin efecto la decisión que hizo que el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quedara a cargo de la pesquisa.
Este pedido es la última vía que le queda al Ministerio Público en esta disputa. El 6 de octubre, la Sala I de la Casación, integrada por Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, declaró inadmisible el recurso extraordinario de Villar. Por eso ahora el asunto pretende escalar hasta la Corte, mediante un escrito que habla de presuntas “suspicacias en la opinión pública”.
El centro del planteo es que la Casación mandó la causa a Campana con el argumento de que el lavado de dinero es un delito federal, pero sin analizar dónde habrían ocurrido los hechos que se investigan. La hipótesis plantea que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, no en Campana. “Conformarse con la afirmación de que el delito de lavado de dinero es de competencia de la justicia federal, como si esta frase tuviera algún contenido mágico que implicara que no debe observarse la competencia territorial, es insostenible”, escribió el fiscal. Y agregó: “La Cámara de Casación está dejando de lado la ley procesal, citada por ambas partes, respecto de la competencia territorial, y no le importó”.
A su vez, Villar dio cuenta de un grupo de expedientes. “Las causas en trámite contra los dirigentes de la AFA y personas allegadas no se limitan a las presentes actuaciones, sino que comprenden un entramado de causas, que en su mayoría están bajo pedidos de inhibitoria por el juez federal de Campaña”, sostuvo. Enumeró la investigación por la “mansión de Pilar” y el expediente proveniente de los tribunales de Santiago del Estero por presunta defraudación en la AFA.
Por ese motivo, el fiscal aludió a un posible “forum shopping”, en referencia a la “acumulación de causas” en un juez que considera no debería estar a cargo de los expedientes.
Esta causa trata sobre quién es el dueño de la quinta de Pilar, que perteneció a Carlos Tevez. Su relevancia es tal porque el juez que investigue este caso arrastrará todas las causas de supuesto lavado de dinero y fraude ligadas con la AFA, que involucran a Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino. La entidad siempre negó las acusaciones en su contra.
La denuncia original es del 1 de diciembre de 2025 y fue realizada por Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, integrantes de la Coalición Cívica.
Los denunciantes apuntaban por lavado de dinero a quienes aparecen como dueños de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas, donde había canchas de fútbol, un haras, caballos árabes, un helipuerto, gimnasio, casas, quincho y parrilla y un galpón con 54 automóviles de alta gama, incluidos algunos clásicos de colección y otros deportivos último modelo. Sospechan que son testaferros de alguien más.
La quinta, que la Justicia estimó que tiene un valor de 25 millones de dólares, con los autos dentro, pertenece en los papeles a Real Central SRL, una sociedad a cargo de Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Conte, jubilada. Cuando se allanó la quinta, en su interior fueron hallados objetos con el nombre de Pablo Toviggino, como un bolso y una placa.
Ignacio Grimaldi,Conforme a
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La causa por la mansión de Pilar llegó a la Corte Suprema: el fiscal pidió revisar qué juez debe investigar a la cúpula de la AFA

La causa en la que se investiga la compra de la mansión de Pilar que se vincula con el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, llegó a la Corte Suprema.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó un recurso de queja para que el máximo tribunal revise la decisión que dejó el expediente en manos de la Justicia federal de Campana.
Villar recurrió a la Corte luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible su recurso extraordinario. En esa presentación, el fiscal busca que se revoque el fallo que asignó la causa al juzgado federal de Campana y que intervenga la Justicia competente tanto por la materia como por el territorio.
El planteo se centra en la garantía del juez natural. Para Villar, la resolución de Casación no tuvo en cuenta que la investigación no se limita a la propiedad de Pilar: también abarca presuntas maniobras económicas vinculadas con la AFA y un posible delito precedente de administración fraudulenta contra la asociación. Como la sede de la entidad está en la Ciudad de Buenos Aires, sostiene que la causa debe tramitar en ese distrito.
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Caso Andis: amplían el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados por el esquema de sobreprecios en la compra de insumos

El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, y otros involucrados en la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo.
Lijo dispuso ampliar la acusación por el presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud. La medida alcanza a Spagnuolo, Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, sindicados como los jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis.
El presunto esquema de sobreprecios no se limitó a los medicamentos sino que también alcanzó a prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y los materiales de traumatología, cardiología y neurología que la Andis compraba, y, en términos provisorios, superó la barrera de los $7800 millones, tal como se desprende de un escrito firmado por el juez.
Además de ampliar la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro imputados, Lijo procesó hoy a un grupo de empresarios por los sobreprecios detectados en la compra de insumos.
“El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963″, señaló el magistrado.
La cifra surge de un relevamiento y planillas incorporadas al expediente que consideró las operaciones de al menos seis empresas con la Andis. “Esta cifra representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado”, aclara el texto judicial que lleva la firma de Lijo.
Esto se suma al trabajo que ya había realizado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre las compras de medicamentos. “Examinó once productos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24″, trajo a colación esta nueva ampliación de procesamientos. Si ambas cifras se sumaran, el número superaría los $7000 millones.
“En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24″, señala el documento judicial.
Según la resolución de Lijo, una “organización delictiva” que presuntamente funcionó al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipuló las compulsas de precios del Programa Incluir Salud, mediante el cual el organismo compraba medicamentos e insumos. La imputación agrega: “Simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones” a favor de empresas elegidas de antemano, a cambio de retornos para funcionarios.
En febrero pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Hoy, Lijo ratificó a Spagnuolo, Garbellini, –ex número dos de la Agencia–, y a Calvete como los supuestos jefes de “una asociación ilícita” que operaba en la Andis y amplió los embargos. En el caso de Calvete, también le imputó el delito de lavado de activos. En su acusación, además, el juez sumó a otros empresarios.
Las planillas y auditorías analizadas por el juez incluyeron los informes que Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, había trabajado. Tal como informó , el exfuncionario y el Ministerio de Salud habían enviado a la Justicia ese material que comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% “técnicamente indefendibles”.
Uno de los casos detectados fue el de un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso. O una factura que se pagó dos veces. Y comparaciones como compras por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe oficial.
Fuentes cercanas a Spagnuolo señalaron que “la condición jerárquica” no autoriza “por sí sola” a presumir “responsabilidad”. Garbellini, otro de los exfuncionarios investigados en esta causa, quien se encargaba de la aplicación del programa Incluir Salud, siempre negó sobreprecios y rechazó haber percibido coimas.
Garbellini es quien escribió el mensaje de las ofrendas. “Sus ofrendas de esta semana”, le escribió el por entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis a uno de los contratistas del organismo de Discapacidad, Miguel Calvete. Ese mensaje, del 24 de julio de 2025, estuvo acompañado por una tabla con 10 empresas y al lado una cifra. Los montos, que en total suman $2.021 millones, y los nombres de las compañías coinciden con los certificados de pago emitidos ese mismo día, a los que tuvo acceso .
Para el fiscal Franco Picardi, esto es muestra de un presunto circuito de dinero que terminaba en coimas. Por el contrario, según Garbellini, la expresión de las “ofrendas” se debió al modo en que Calvete le reclamaba “religiosamente” el pago de deudas “dando sermones cargados de retórica pesada y moralista”, tal como declaró ante la Justicia. “Expresiones así eran comunes, utilizadas por los proveedores como una manera de presionar agilidad en la gestión”, agregó Garbellini mientras sostuvo que no configuraba hecho de “complicidad” o corrupción.
La defensa de Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.
La causa se inició en agosto de 2025 con una denuncia presentada tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Y ahora avanza mientras mira qué pasó con las compras de la exAndis.
incluyeron los informes,Ignacio Grimaldi,Conforme a
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