ECONOMIA
Jan De Nul defendió el proceso de licitación de la Hidrovía con una carta a las principales entidades vinculadas a la vía navegable

El consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, preadjudicatario de la concesión de la Hidrovía, envío cartas a las principales entidades vinculadas a la Vía Navegable Troncal (VNT) en las que cuestionó la propuesta de descuento tarifario del 17,4% que DEME le planteó al ministro de Economía, Luis Caputo, días después de que el Gobierno anunciara la preadjudicación a favor de su competidor.
En una nota enviada este jueves a los principales entes asociados con el comercio exterior —Ciara, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados Comerciales—, la firma ganadora sostuvo que el supuesto ahorro que esgrime DEME se basa en premisas que calificó de incorrectas: “Omisión del pago de impuestos, falta de inversión adecuada y errores de cálculo de ingresos”.
La carta de Jan De Nul y Servimagnus apunta a desactivar, ante los actores del sector, el planteo de DEME respecto a que “la tarifa mínima fijada en el pliego es artificialmente alta” y que existe margen para ofrecer condiciones más convenientes para la economía argentina.
En una carta enviada al ministro Caputo el 5 de junio, DEME anticipó su intención de presentar una iniciativa privada bajo la Ley 27.742 para relicitar la VNT con condiciones económicas más favorables. La empresa, propuso en esa carta una tarifa máxima de USD 4,77 por tonelada de registro neto (NRT), frente al piso de USD 5,78/NRT establecido en el pliego vigente. Según sus cálculos, “esa rebaja del 17,4% generaría un ahorro nominal de al menos USD 2.500 millones para los usuarios de la vía a lo largo de los 25 años de concesión”.

En el texto, DEME argumentó: “Al aplicar la tarifa mínima establecida en esta concesión, el concesionario podría obtener una rentabilidad relativamente alta de la inversión del proyecto, lo que dejaría margen a nuestro consorcio para proponer una tarifa más baja, lo que en última instancia beneficiaría a la economía argentina y a sus usuarios”. También señaló que si el Gobierno avanzaba con el piso tarifario actual, “los usuarios de la VNT estarían pagando un 21% por encima del precio justo de mercado por los servicios de dragado y balizamiento”.
Jan De Nul y Servimagnus respondieron punto por punto en la nota enviada a las cámaras del sector. El consorcio sostuvo que la propuesta de DEME se realiza “totalmente por fuera de los canales formales del proceso licitatorio” y que se sustenta en su Plan Económico Financiero, el cual —según argumentaron— contiene errores e inconsistencias que ya fueron identificadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) en el dictamen de preadjudicación.
Para el consorcio preadjudicatario, la supuesta rentabilidad elevada que le permitiría a DEME ofrecer una tarifa más baja no refleja eficiencia competitiva sino deficiencias en la confección de su oferta. “La oferta de DEME no permite un ahorro en la tarifa porque sea más competitiva, sino que se trata de una oferta que en forma negligente omite el pago de tributos, no invierte en línea con lo exigido en el Pliego y asume niveles de peaje por encima del máximo permitido”, señalaron.
“La existencia de una alta rentabilidad que permite un descuento en la tarifa es absolutamente irreal e imposible de mantener”, insistieron.
El primer cuestionamiento apunta al tratamiento del IVA en el plan financiero de la firma, también de origen belga. Jan De Nul y Servimagnus indicaron que el charteo de buques y la compra de combustibles —junto a otros costos que representan entre el 75% y el 80% del total de la concesión— están sujetos al IVA, y que el concesionario tiene la obligación de pagar ese IVA crédito y liquidar el impuesto conforme a la legislación vigente.

Según el consorcio, mientras DEME incluyó en su oferta una liquidación de IVA de apenas USD 95 millones para los 25 años de la concesión, “un cálculo razonable/correcto de este impuesto llevaría ese valor al rango de los USD 1.600 millones”, en línea con el modelo de referencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y con los valores de la propia oferta de Jan De Nul. La conclusión que extrajeron fue directa: “En su oferta, DEME no incluyó el IVA en gran parte de los costos y por ello la rentabilidad que presenta es tan alta que le permite ofrecer un descuento en la tarifa”.
El segundo eje del cuestionamiento apunta al nivel de inversiones previsto por DEME. Según Jan De Nul y Servimagnus, el Plan Económico Financiero de su competidor contempla apenas USD 280 millones de inversión durante los primeros cinco años de la concesión, y cero durante los veinte años restantes. “Resulta muy difícil justificar que un valor tan bajo sea suficiente para mantener actualizado todo lo relacionado a señalización, balizamiento y modernización tecnológica de la VNT”, sostuvieron, y señalaron que tanto el modelo de Unctad como su propia oferta proyectaban inversiones superiores a los USD 850 millones.
El tercer punto cuestionado es un error de cálculo en las tarifas de peaje que DEME proyectó para el período posterior a la profundización del canal. Según el consorcio, la empresa modeló tarifas que exceden los valores máximos permitidos por el pliego. “De esta forma, sus ingresos han sido sobreestimados en aproximadamente USD 370 millones”, indicaron.
Más allá de los números, Jan De Nul y Servimagnus plantearon también un argumento de consistencia: DEME no cuestionó el esquema tarifario durante el proceso licitatorio, a pesar de haber tenido oportunidad de hacerlo, y en noviembre de 2025 había emitido un comunicado oficial en el que avaló el proceso, elogió su “transparencia, la búsqueda de consensos” y respaldó la participación de Unctad en la elaboración de los pliegos.

“En ese contexto, DEME participó voluntariamente del proceso licitatorio y no lo impugnó en ninguna de sus instancias, teniendo la posibilidad de hacerlo, por lo que recién ahora —cuando no están de acuerdo con la evaluación— pretenden esgrimir cuestionamientos que contradicen tales actos de conformidad”, señalaron.
El Gobierno nacional anunció el 4 de junio la preadjudicación de la concesión de la VNT a Jan De Nul y Servimagnus, luego de una auditoría del proceso conducida por Anpyn. En la etapa técnica, Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos contra 42,14 de DEME. En la instancia económica ambas empresas presentaron exactamente la misma oferta: USD 3,80 por el primer tramo, USD 4,65 por el segundo y USD 5,78 por el tercero, lo que totaliza USD 14,23 por el recorrido completo —el nivel mínimo admitido por el pliego—. La diferencia técnica fue la que determinó la preadjudicación.
La nota del consorcio preadjudicatario fue firmada por Wim Bosteels y Leonardo Roman, y dirigida a Gustavo Idigoras, titular de Ciara, y también a las autoridades de la UIA, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados Comerciales. Según indicaron en el texto, el objetivo de las aclaraciones era que las entidades pudieran “evaluar correctamente la veracidad y el alcance de las afirmaciones referidas” por su competidor.
Más allá de las idas y vueltas entre las partes, se espera que el Gobierno anuncie la adjudicación definitiva en los próximos días.
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ECONOMIA
Empresa textil con 80 años de historia cayó en concurso y estuvo a punto de apagar sus máquinas

Con casi 80 años de trayectoria, Texilo SA se convirtió en una nueva muestra de la crisis que atraviesa la industria manufacturera argentina. La empresa, dedicada a la producción de hilos, sogas, hilados y lonas para distintos sectores productivos, solicitó la apertura de su concurso preventivo luego de reconocer un pasivo superior a $2.500 millones, producto de años de caída en la actividad, aumento de costos, endeudamiento financiero y una pesada carga impositiva y laboral. En paralelo, la compañía estuvo al borde de quedarse sin suministro eléctrico en su planta santafesina, un escenario que hubiera significado la paralización de la producción.
La firma opera desde Barrio Caima, en Desvío Arijón, provincia de Santa Fe, donde fabrica hilos y sogas de fibras naturales, artificiales y sintéticas, hilados de polipropileno y lonas de algodón que comercializa bajo las marcas Texilo, Hilos Parval y Caima. En su presentación ante la Justicia destacó que desarrolla esa actividad desde hace casi ocho décadas, que mantiene 24 puestos de trabajo directos y que el objetivo del concurso no es liquidar la compañía sino preservar una unidad productiva que todavía tiene mercado y capacidad para generar ingresos.
Cómo una empresa histórica terminó en cesación de pagos
En el expediente, la propia compañía reconstruyó el camino que la llevó al concurso. Explicó que durante los últimos ejercicios la planta comenzó a trabajar muy por debajo de su capacidad instalada, mientras la estructura de costos permanecía prácticamente sin cambios, lo que deterioró los márgenes y volvió deficitaria la operación. En el período contable analizado, las ventas netas alcanzaron $637,9 millones, frente a un costo de ventas de $940 millones, lo que arrojó un resultado bruto negativo superior a $302 millones.
La empresa sostuvo además que el contexto macroeconómico terminó de agravar la situación. Aunque reconoció un escenario de desaceleración inflacionaria, afirmó que los costos de los insumos textiles, la energía eléctrica y la mano de obra continuaron aumentando, mientras los plazos de cobro se extendieron y deterioraron el capital de trabajo. A eso se sumó un creciente sobreendeudamiento financiero, con préstamos y descubiertos en bancos como BBVA, Macro, Supervielle, Provincia y Nación, cuyo servicio dejó de ser compatible con la generación de fondos de la empresa.
Otro de los factores que pesó sobre la caja fue la acumulación de obligaciones impositivas y previsionales. Texilo informó que al 28 de febrero de 2026 mantenía planes de regularización con AFIP/ARCA por casi $750 millones, reflejo, según la propia compañía, de la imposibilidad estructural de afrontar en término impuestos y cargas sociales. A eso se agregaron $534,7 millones de deuda por remuneraciones y aportes laborales, además de una creciente litigiosidad judicial con condenas y reclamos laborales.
La empresa ubica el inicio de la cesación de pagos entre el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026, aunque identifica un hecho puntual que terminó por volver irreversible la crisis.
Según relató, el 16 de enero de 2026 dejó impagas cuotas de 15 planes de facilidades de pago con AFIP/ARCA por $51,5 millones y apenas un mes después, el 16 de febrero, volvió a incumplir otros $47,3 millones, acumulando en treinta días casi $99 millones de cuotas vencidas que ya no pudo refinanciar ni incorporar a nuevos planes de pago.
Para la empresa, ese fue el momento en que la continuidad del giro normal dejó de ser posible y quedó expuesta la cesación de pagos.
El expediente también enumera otros hechos que evidenciaron el deterioro: sentencias laborales con embargos sobre bienes de la compañía, descubiertos bancarios superiores a $52 millones, préstamos que pasaron a ser exigibles por $143 millones, mora en salarios y cargas sociales y la necesidad de que el presidente de la empresa, Fernando Andrés González, aportara $432,9 millones de su patrimonio personal para mantener la operación.
Cheques rechazados, bancos y una fábrica que casi se queda sin energía
La delicada situación también aparece reflejada en el sistema financiero. De acuerdo con la Central de Deudores del Banco Central, Texilo registra las siguientes obligaciones:
- $224,8 millones con Banco Supervielle y $11 millones con Argenpymes SGR en situación 2
- $221,5 millones con BBVA en situación 3
- $108,3 millones con Banco Provincia en situación 3
- $53,3 millones con Banco Macro en situación 3
Además, acumula 55 cheques rechazados por más de $48 millones, otra muestra de las dificultades para atender sus compromisos de corto plazo.
La crisis llegó a un punto crítico cuando la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) intimó a la compañía por una deuda cercana a $12 millones y le notificó que procedería a dar de baja el suministro eléctrico, retirar el medidor y desmontar las instalaciones de la planta industrial. Para una fábrica cuya producción depende íntegramente de maquinaria eléctrica, la medida implicaba, en los hechos, detener completamente la actividad. Frente a ese escenario, Texilo pidió una medida urgente dentro del concurso y, en las últimas horas, la sindicatura dictaminó a favor de mantener el suministro, al recordar que la Ley de Concursos y Quiebras impide suspender servicios públicos por deudas anteriores a la apertura del proceso.
Pese al cuadro financiero, la empresa asegura que todavía tiene posibilidades de recuperarse: acompañó un flujo de fondos proyectado entre junio de 2026 y mayo de 2027 que prevé un resultado positivo acumulado de $287,6 millones, sobre el cual sostiene que buscará formular una propuesta de acuerdo a sus acreedores. La continuidad de la fábrica representa una mejor alternativa que su liquidación, tanto para preservar los puestos de trabajo como para maximizar el recupero de los créditos.
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ECONOMIA
Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF explicó por qué “la infraestructura es clave para el desarrollo sostenible”

En una entrevista con Infobae en Vivo, Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), explicó la relevancia de la infraestructura para el desarrollo sostenible y abordó los principales desafíos de la región. “La infraestructura es clave para el desarrollo sostenible”, afirmó el funcionario al analizar el escenario actual y subrayar el papel de los gobiernos locales en la transformación social y económica de América Latina.
La conversación se centró en el rol de las ciudades y los municipios. Según Asinelli, la CAF realizó un informe sobre las ciudades en la región, donde identificó que existen más de dieciocho mil gobiernos locales en América Latina y el Caribe. En el caso de Argentina, la cifra supera los dos mil doscientos municipios, mientras que Brasil tiene más de cinco mil y México más de dos mil quinientos. El funcionario remarcó la “mucha disparidad en toda la región” y subrayó que “lo que no se resuelve en el tema local, en el territorio, es muy difícil que se resuelva a nivel nacional”.
El contacto directo con la ciudadanía, a juicio de Asinelli, permite entender rápidamente los problemas y, en muchas ocasiones, buscar soluciones más efectivas. Sin embargo, reconoció que la capacidad fiscal y administrativa de los municipios varía considerablemente según el país y la estructura política. En América Latina, solo Argentina, Brasil, Venezuela y México tienen sistemas federales, mientras que el resto de los países son unitarios, con una centralización de la toma de decisiones.
En este contexto, Asinelli planteó que la CAF enfoca su trabajo en los gobiernos subnacionales, ya que considera que la solución a muchos desafíos regionales está en el ámbito local. Temas como el acceso al agua y el saneamiento, donde existen grandes brechas incluso dentro de una misma provincia, forman parte de las prioridades del banco de desarrollo. “Dentro de una misma provincia podés tener lugares que tienen el setenta, ochenta, noventa por ciento de acceso a agua limpia y hay otros que tienen el veinte, treinta, cincuenta”, ejemplificó.
Durante la entrevista, el vicepresidente de la CAF detalló que en los últimos cinco años la entidad financió unos seis mil millones de dólares en proyectos específicamente del ámbito subnacional. En el lustro anterior, la cifra ascendía a dos mil doscientos millones, lo que refleja un crecimiento en el financiamiento orientado a ciudades y provincias. Este salto estuvo asociado a la capitalización más grande en la historia del banco, aprobada por los ministros de Economía que integran el directorio, y que permitió ampliar la capacidad de préstamo.
La CAF, según Asinelli, cuenta con una calificación doble A, superior a la de la mayoría de los países miembros, lo que facilita el acceso a financiamiento más barato para proyectos fundamentales en las ciudades. El funcionario consideró esto como un logro colectivo de los países latinoamericanos, quienes lograron consolidar un bien público regional a través del banco y avanzar en el desarrollo de infraestructura crítica.
La entrevista de Infobae en Vivo abordó el tema de las capacidades institucionales y la generación de redes entre ciudades. Asinelli valoró las redes como espacios donde los gobiernos locales pueden interactuar, acceder a información, buscar alternativas de financiamiento y encontrar soluciones compartidas. “Cuando caminas toda América Latina y el Caribe, los problemas son parecidos”, aseguró, y destacó la importancia de “aprender de la experiencia ajena” para acelerar los procesos de mejora.
El funcionario mencionó el caso de la ciudad de Córdoba, donde el exgobernador Schiaretti impulsó la creación de un ente metropolitano para coordinar políticas públicas con los veintisiete municipios del área. Una de las prioridades fue la gestión de residuos, dado que los municipios más pequeños no contaban con los recursos necesarios para afrontar ese desafío. Otro ejemplo citado fue Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, que avanzó en capacitación y separación de residuos para cerrar el mayor contenedor de residuos de la provincia.
Asinelli explicó que la CAF, junto a organismos como el Banco Mundial y el BID, tiene un rol estratégico en la región, pero advirtió que los bancos de desarrollo no pueden resolver todos los problemas estructurales. En América Latina, la necesidad anual de infraestructura para cerrar las brechas ronda los cuatrocientos mil a quinientos mil millones de dólares, mientras que el conjunto de bancos de desarrollo presta unos cincuenta mil millones. En ese sentido, remarcó la importancia de la coordinación y la eficiencia para seleccionar los proyectos prioritarios.
Respecto a la normativa para el financiamiento, Asinelli precisó que la institucionalidad de cada país define si la CAF puede otorgar créditos de manera directa a los municipios. En Colombia, Uruguay y Ecuador, por ejemplo, la normativa permite el financiamiento directo. En Argentina, en cambio, los municipios necesitan la garantía soberana del Estado nacional para acceder a créditos. Esto otorga al gobierno central un control sobre la distribución del financiamiento y puede influir en la dinámica política entre provincias y el Estado central.
Otro aspecto abordado fue el principio de subsidiariedad, según el cual las tareas que pueden gestionar los gobiernos locales no deberían trasladarse a instancias superiores. Asinelli subrayó que esto requiere que los municipios cuenten con equipos técnicos y personal capacitado para diseñar y ejecutar proyectos, un factor que consideró clave para la sostenibilidad de las políticas públicas.
La planificación urbana y la integración entre lo público y lo privado también formaron parte del análisis. El vicepresidente de la CAF indicó que, al igual que en el diseño de un centro comercial, la planificación de una ciudad requiere pensar de manera integral, considerando tanto la política pública como la lógica privada. En su opinión, la experiencia argentina en municipalismo es sólida y existen muchos intendentes y dirigentes capacitados para asumir este enfoque.
El turismo, tanto de eventos como religioso, surgió como un ejemplo de cómo los gobiernos locales pueden impulsar el desarrollo sin depender completamente de los niveles provincial o nacional. La ciudad de Buenos Aires, con sus alianzas con otras ciudades, fue citada como modelo de gestión autónoma y exitosa en la promoción del turismo.
Durante la charla, Asinelli puso en valor el compromiso de los intendentes y las intendentas de la región. Destacó que muchos de ellos, tras superar una primera gestión con dificultades, logran consolidar su liderazgo y obtienen altos niveles de aprobación en las siguientes elecciones. “La cercanía es la clave”, sostuvo, al referirse al vínculo directo de los jefes comunales con la ciudadanía.
El funcionario recordó que en las décadas del ochenta y noventa los gobiernos locales recibieron nuevas responsabilidades, como la educación y la recolección de residuos, aunque muchas veces no recibieron el financiamiento adecuado para ejercerlas. Esta situación generó desafíos persistentes y demandó mayor creatividad y capacidad de gestión por parte de los intendentes.
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ECONOMIA
A 1 año del «comprá dólares, campeón»: cómo les fue a los ahorristas que le hicieron caso a Caputo

A lo largo de un año pueden ocurrir muchas cosas en la economía argentina, pero aun así no alcanza como para hacer olvidar algunas situaciones especiales o frases célebres. Por ejemplo, el ya histórico «comprá, no te la pierdas, campeón», con la que Toto Caputo «toreó» a quienes, exactamente un año atrás, afirmaban que se estaba generando un atraso cambiario y que era inevitable una suba en la cotización del dólar.
En aquel entonces recién llevaba poco más de dos meses el levantamiento del cepo y la inauguración del sistema cambiario de banda de flotación. Y, como tantas veces, se planteaba el debate respecto de si realmente había un cambio flotante o si el gobierno lo «pisaba» mediante medidas intervencionistas.
Un año más tarde, y con un contexto no tan diferente, los economistas recuerdan aquella frase y entran en polémicas respecto de si el ministro de Economía había tenido razón o si cometió un error al provocar a los ahorristas nerviosos, que le tomaron la palabra y compraron todos los dólares que pudieron.
Un reciente informe del Banco Central indica que el año pasado hubo -entre la compra de billetes verdes en efectivo y las tomas de cobertura financiera- una demanda de dólares de u$s35.000 millones. En otras palabras se dolarizó el 60% de la base monetaria M2 -que incluye circulante y cuentas bancarias a la vista-.
De manera que, si la intención de Caputo había sido la de disuadir a los inversores para que no compraran dólares, no puede decirse que su frase haya tenido un efecto positivo. Tanto es así que, al día de hoy, ya pasados ocho meses de las elecciones legislativas, todavía no se nota un aumento importante en la demanda de pesos, lo cual ha llevado a que, entre el Tesoro y el Banco Central, hayan retirado liquidez para evitar cualquier riesgo de dolarización excesiva.
Punta a punta, perdió el dólar
Pero otra cosa es determinar si Caputo tuvo razón al vaticinar que quienes invirtieran en dólares saldrían perdiendo frente a otras alternativas de inversión. En ese caso, obviamente, hay una discusión de acuerdo imposible, porque el resultado depende de si se hace la medición «punta a punta» o si se considera la volatilidad ocurrida a lo largo del año.
En el primer caso, las cifras le dan la razón al ministro, porque quien compró en julio y guardó los billetes bajo el colchón, tuvieron una pérdida de 7,4% contra la inflación.
También perdieron frente a quienes depositaron sus ahorros en pesos a plazo fijo: para quien haya renovado colocaciones a 30 días desde julio del año pasado, la suba nominal es de 29,9%, que pierde contra la inflación pero que igual le gana al 23,5% que subió el dólar.
Y, desde ya, las pérdidas para los «ahorristas del colchón» fueron mucho mayores si la comparación se hace con quienes compraron bonos de deuda pública en pesos, apostando al «carry trade».
Ganadores en la montaña rusa
Claro, esa evaluación que da la razón a Caputo tiene validez solamente para quienes se dolarizaron por todo el año. Pero, en el medio, hubo una «montaña rusa» en la cotización. De manera que, quienes hayan sabido cuándo entrar y salir a tiempo, no sólo no tuvieron pérdidas, sino que obtuvieron grandes ganancias por apostar al billete verde.
Para empezar, los que le tomaron la palabra al ministro y compraron dólares en el mismo momento de su desafío, la valorización fue alta. Sólo en el mes siguiente a la célebre frase, el dólar tuvo una suba nominal de 14%, algo que superaba cualquier cobertura en pesos. Pero en seguida hubo un bajón de 6% en la cotización. A partir de ahí, el día en que el dólar tuvo su cotización más baja fue el 20 de agosto, con un precio de $1.292,50.
Fue en ese momento en que se produjo otra aceleración de 14% en apenas un mes, hasta que el billete alcanzó un pico de $1.475. Fue entonces cuando apareció Scott Bessent, el secretario del US Treasury, con su histórico tuit en el anunció que haría «todo lo que haga falta» para ayudar a Argentina a recuperar la estabilidad monetaria. Esto derrumbó la cotización un 10% en una semana, hasta el precio de $1.326.
Pero la ayuda del amigo americano nunca logró imponer una estabilidad prolongada. Lo que siguió desde entonces fue un «electrocardiograma» cambiario, que alcanzó su pico en los días previos a la elección legislativa, con una cotización de $1.492 en el mercado mayorista.
A esa altura, quienes hubieran comprado dólares en el momento del desafío de «compra campeón», se habrían encontrado con una valorización de 24% en menos de cuatro meses. La inflación acumulada en ese período fue de 8,4%, mientras que el rendimiento del plazo fijo fue de 12%.
Es decir, hasta la elección, Caputo no había quedado bien parado con su provocadora frase: los «campeones» que apostaron al dólar ganaron en grande.
Tras la elección comenzó otra historia, en la que bajó el riesgo país, disminuyó la demanda de dólares por parte del público minorista y empezó una paulatina normalización de las tasas de interés. El tipo de cambio cayó un 7% en tres semanas, hasta el nivel de $1.387.
Sin embargo, hubo otra escalada en los últimos meses del año, de forma que el 2026 se inició con un dólar de $1.475, un valor que no sería superado hasta después de seis meses. En el medio, hubo muchos «subibajas» del dólar, con una tendencia a la baja en marzo y una recuperación en abril.
En medio del renovado debate sobre el atraso cambiario, el tipo de cambio se mantuvo debajo de los $1.400 hasta fines de mayo, cuando empezó la tendencia ascendente en la que se encuentra ahora.
El gobierno rechaza las acusaciones de haber «pisado» el precio y, más bien al contrario, afirma que las compras del Banco Central -u$s11.175 millones en el primer semestre- eran la prueba de que no existía tal intervención. Más bien al contrario, afirma Caputo, si no fuera por el Central, el dólar se habría desplomado en un contexto de boom exportador.
Sin embargo, los críticos no terminan de aceptar ese argumento. Para empezar, porque señalan que el «cepo residual» que sigue rigiendo para las empresas es un factor distorsivo en el mercado. Y, además, porque el BCRA suele intervenir en los momentos de suba de la divisa, ya sea a través de la venta de bonos «dólar linked» o mediante fuertes posturas que aplastan la tasa de interés implícita en el mercado de futuros.
Lo que viene
Como el debate cambiario es recurrente, podría ahora la misma situación del año pasado, y Caputo hasta podría sentirse tentado de repetir el mismo desafío a los inversores, con el argumento de que quienes no le creyeron el año pasado, terminaron perdiendo plata.
En un intento de transmitir confianza, el ministro usó la llamativa expresión de que «esta vez, la economía se va a llevar puesta a la política». Es decir, que no ocurrirá la situación de que la incertidumbre electoral se traduzca en una corrida cambiaria, sino que la fortaleza del plan económico no sólo garantizará la estabilidad financiera sino que, además, le allanará a Javier Milei el camino a la reelección.
Pero es una opinión que está lejos de generar consenso. Porque la afirmación de Caputo parte de la base de que el elevado saldo de balanza comercial -y hasta un posible superávit de cuenta corriente– seguirá permitiendo las compras de divisas por parte del Banco Central, lo cual dará respaldo para que los inversores no teman por el calendario de pagos de la deuda.
Además, el ministro ha dejado en claro que sigue de cerca la evolución de la demanda de dinero, y que está dispuesto a «prender la aspiradora» ante la menor duda sobre si los pesos que emite el BCRA cuando compra dólares pueden presionar los precios o el tipo de cambio.
Con ese panorama, Caputo se animó a otra frase con destino de polémica: «Ahora, hay dólares para todos».
Del lado opuesto al de Caputo, los economistas críticos afirman que el actual boom exportador es más una excepción que una «nueva normalidad». Y apuntan, en particular, que el precio del petróleo ya volvió a los niveles previos al conflicto de Medio Oriente, lo cual hará que el «efecto Vaca Muerta» pierda fuerza en los próximos meses.
Por otra parte, muestran su convencimiento de que la dolarización pre-electoral resultará inevitable. De hecho, la demanda de dólares por parte de los ahorristas viene en ascenso, con un promedio de unos u$s3.000 millones por mes -de los cuales, dos tercios son compras de billetes en efectivo-. Caputo se consuela con el argumento de que, a diferencia de lo que ocurría en gobiernos anteriores, ahora la mayoría de esos dólares no van «al colchón» sino que quedan en el sistema bancario.
Pero lo cierto es que él mismo ha sido el principal promotor del argumento del «riesgo kuka», según el cual el mercado toma actitudes defensivas ante la posibilidad de que en 2027 haya un cambio de signo político en la Casa Rosada.
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