La Ciudad de Buenos Aires dio la nota esta semana al colocar un bono a diez años en el mercado internacional por USD 500 millones. a una tasa de 7,37% anual, la más baja de su historia. Además, recibió propuestas por más de USD 3.000 millones, de los cuales el 80% correspondió a inversores internacionales y solo 20% a inversores argentinos.

Tras la exitosa emisión, el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, contó detalles de las reuniones previas a la colocación en Nueva York: “Vimos en total a 46 fondos de inversión distintos. Prácticamente recibimos la misma inquietud de todos, que pasa por las dudas sobre el rumbo que tomará Argentina luego de las elecciones del 2027. Nadie quiere que tengamos de vuelta una marcha atrás”.

La agenda electoral pasó a un primer plano, pero no tiene que ver solo con un tema de ansiedad de los inversores. La caída de los Índices de Confianza en el Gobierno, la caída del poder de compra y escándalos como el que hace ya dos meses jaquea a Manuel Adorni, están impactando en la fortaleza del Presidente y su proyección electoral.

Este escenario de incertidumbre provoca que el mercado tome sus recaudos. Uno de los más visibles pasa por un riesgo país que se resiste a bajar de los 500 puntos básicos. Los más de USD 7.000 millones comprados por el Central en lo que va de 2026 o el financiamiento que ahora está consiguiendo el Tesoro a través de la emisión de Bonares en dólares no parece ser suficiente para convencer a los inversores. Aún a pesar de que el año pasado se pedía de manera insistente que el Central empiece a comprar.

La calificadora Fitch, que elevó la nota de la deuda argentina a B- esta semana, calculó que las reservas brutas del Central pegarán un salto desde los casi USD 46.000 millones actuales a poco más de USD 52.000 millones para fin de año. Tampoco parece ser un dato suficiente para convencer a los inversores a apostar por la deuda argentina, pese a que gradualmente mejora la capacidad de pago del Gobierno.

La diferencia de rendimientos entre el Bonar 2027 y el Bonar 2028 es un claro ejemplo de las dudas que surgen en relación al proceso electoral que atravesará la Argentina el año próximo. Mientras que el rendimiento del primero es de solo 5,1% anual en dólares, solo un año después salta al 8,7% anual. La diferencia pasa por las elecciones y la posibilidad de un recambio de signo político.

El vicepresidente de Moodys para América Latina y encargado de la calificación argentina, Jaime Reusche, pasó esta semana por Buenos Aires y dejó una definición sugestiva: ”Este gobierno hizo un ajuste mucho más importante que el de Mauricio Macri. Sin embargo, la nota hoy está dos escalones por debajo que aquella vez porque nosotros también somos más cautelosos y no nos queremos apurar”.

No obstante, también dejó trascender que en dos semanas comenzará formalmente el proceso de revisión de la nota y que habrá una definición “antes de julio”. Lo más probable es que la decisión sea a un mejora que siga los mismos pasos de Fitch.

Luis “Toto” Caputo también se refirió a la reticencia de los mercados por redoblar la apuesta en Argentina: “Sigue pesando el riesgo kuka. Para mí se equivocan, porque no hay ninguna posibilidad de que vuelvan”, aseguró en referencia al kirchnerismo.

En la oposición, sin embargo, empiezan a moverse de cara al 2027. En ese marco hay que entender la presentación de Axel Kicillof en la Feria del Libro tras el viaje por Europa. No parece una casualidad que su flamante libro “De Smith a Keynes” tenga en su título nada menos que Adam Smith, el padre de la libertad de mercado pero al mismo tiempo también las políticas keynesianas, que aluden a una mayor presencia del Estado para reactivar la economía.

El gobernador bonaerense tendrá un arduo recorrido para llegar a las elecciones. Primero, necesita llegar como candidato de unidad del peronismo y kirchnerismo. Pero luego tiene un desafío enorme: convencer a los mercados que no se repetirá la fallida experiencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019.

La victoria de aquella fórmula presidencial provocó una caída récord de la Bolsa y de los bonos. A los pocos meses el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya avanzaba con una nueva renegociación de la deuda en dólares.

Kicillof, si quiere asegurar gobernabilidad en caso de una victoria presidencial, deberá convencer a Wall Street que está convencido de mantener el superávit fiscal y que la deuda debe ser honrada. El dilema es cómo hacer campaña para asegurarse al electorado pero al mismo tiempo no espantar a los inversores. Le juega en contra la historia de cepos, default, cierre de la economía y brecha cambiaria que acompañó a las distintas gestiones kirchneristas.

Claro que todavía queda mucho por andar hasta llegar a las elecciones del año que viene. Los tiempos se aceleran, sin embargo, porque el Gobierno no tendría los votos para eliminar las PASO. Por lo tanto, el calendario electoral está mucho más cerca de lo que parece.

La marcha de la economía será fundamental para que se detenga el deterioro de los últimos meses que sufrió la imagen de Milei.

El jueves se conocerá el dato de inflación de abril, que arrojará una disminución por primera vez en diez meses. Este descenso continuaría en los próximos meses y según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) se perforaría el 2% en agosto. El descenso de la inflación es clave para que empiece a repuntar el poder adquisitivo, luego de muchos meses de deterioro.

La liquidación de la cosecha gruesa traerá una lluvia de dólares en la próxima semana, lo que le permitirá al Central acelerar la compra de divisas y acumular reservas. La gran pregunta es hasta qué punto habrá un efecto derrame por ejemplo en los grandes centros urbanos.

La industria y la construcción arrojaron un interesante rebote luego de la caída de febrero. Pero por ahora no parece una tendencia firme. Los datos adelantados de abril sugieren que no logró mantenerse el envión y que se trata de sectores más bien amesetados.

Otra variable que juega a favor es la baja de la tasa de interés, sobre todo para el financiamiento de capital de trabajo de las PYMES. Hoy el descuento de cheques ya se está haciendo a tasas del 27% anual, muy lejos del 70% y hasta 80% del año pasado. Esto debería servir como efecto dinamizador para las empresas.

La economía de los próximos meses proyecta más crecimiento pero que seguirá concentrado en sectores que no generan mucha mano de obra, como el agro o la energía. Además, el dólar se mantendrá tranquilo aunque podría empezar a subir en el segundo semestre, mientras que la inflación se proyecta en baja en forma gradual.

Todavía la incertidumbre se proyecta en la situación de los grandes centros urbanos, especialmente el Conurbano, más afectado por el cierre de fábricas e ingresos deprimidos. Se trata de un amplio segmento de la población que eventualmente puede definir el resultado de las elecciones del año próximo.

La multinacional que se dedica a productos de protección de cultivos, tomó la decisión de cerrar su filial en Argentina por la situación económica y fiscal

09/05/2026 – 21:34hs

El mapa corporativo de la Argentina vuelve a encogerse con la confirmación de una nueva salida de peso en el sector del agro. Tras 23 años de presencia ininterrumpida con filial propia, la multinacional alemana Helm, especializada en productos de protección de cultivos, anunció el cese de sus operaciones en el país. La decisión, tomada en la cúspide global de la compañía, se hará efectiva este mismo año y marca el final de una era para una firma que llegó a facturar hasta 40 millones de dólares anuales en el mercado local.

La salida de Helm no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un complejo escenario financiero y de rentabilidad. El proceso de desmantelamiento ya comenzó: las actividades comerciales cesarán antes de diciembre y actualmente la firma se encuentra liquidando su stock remanente, habiendo suspendido tanto la importación como la formulación de nuevos productos químicos.

Desde la compañía identificaron dos factores críticos que precipitaron la decisión de abandonar la Argentina. El primero es lo que definen como un «riesgo financiero» insostenible, vinculado a una deuda impositiva que el Estado mantiene con la empresa. Se estima que Helm tiene cerca de u$s 5 millones retenidos en concepto de diversos tributos que no ha podido recuperar, una cifra que asfixia su operatividad.

Entre los puntos de mayor conflicto fiscal se destacan:

• Impuesto PAIS: Un 65% del monto abonado se encuentra «clavado» como un crédito que no es de libre disponibilidad.
• Retenciones provinciales: Acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos de diversas jurisdicciones.
• Carga nacional: Saldos técnicos de IVA y anticipos de Ganancias que la firma no logra compensar.

A este laberinto fiscal se suma una «brutal caída del margen del negocio». Si bien esta problemática afectó a la firma en otros mercados como Estados Unidos y Brasil, la particularidad argentina aceleró la salida, mientras que en el país vecino la empresa conservará su cuota de mercado. En la Argentina, el margen de rentabilidad de Helm se redujo a la mitad en los últimos años, volviendo inviable la permanencia de la filial.

Impacto laboral y competencia china

El cese de la operatoria tiene un correlato inmediato en el empleo. Helm contaba con un plantel de 30 profesionales calificados en el país, de los cuales la mitad ya fueron desafectados. El resto del personal permanecerá únicamente para completar la etapa de liquidación de stock y cierre administrativo de la filial.

En el sector agroindustrial, la noticia generó preocupación y malestar. Fuentes de la cadena advirtieron que la industria en general sufre hoy una pérdida de rentabilidad pese a las proyecciones de una buena cosecha. A los problemas internos de costos se suma la avanzada de operadores chinos, quienes compiten de manera directa en el segmento de agroquímicos. Según los referentes locales, estos competidores se ven favorecidos por la flexibilización de las barreras a la importación impulsada por el Gobierno nacional, lo que termina de «destruir» los márgenes de las compañías que ya estaban radicadas y operando con estructuras locales.

El avance de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube, blockchain y el incipiente desarrollo de la computación cuántica ha generado, de manera simultánea, importantes mejoras en la eficiencia del sistema financiero, pero también nuevos y complejos ciber-riesgos para su funcionamiento.

La acelerada digitalización, junto con la proliferación de aplicaciones financieras, ha expandido significativamente el ecosistema de plataformas disponibles, multiplicando las alternativas para gestionar ahorros, pagos e inversiones dando lugar a una marcada expansión y diversificación de las cuentas financieras utilizadas por los argentinos en su vida cotidiana incrementando de forma proporcional los puntos de acceso potencialmente vulnerables a ciberataques.

Más allá de las duplicaciones propias del sistema, el exponencial crecimiento del número de cuentas financieras de todo tipo en manos de argentinos del último lustro es elocuente:

• El último informe de inclusión financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA), señala que a junio de 2025 la cantidad de personas humanas (PH) con cuentas alcanzó la cifra de 37,5 millones, y de ese total cerca de 27 millones mantienen simultáneamente múltiples cuentas bancarias y de pago.
• En forma más precisa, un informe de Coelsa de enero de 2026 estima la existencia de cerca de 322 millones de cuentas digitales totales, lo que implica un promedio cercano a ocho cuentas por persona, distribuidas entre cuentas bancarias (CBU) y cuentas de pago (CVU).
• El informe antes mencionado del BCRA también señala la existencia de 14,6 millones de tarjetas de crédito con saldos deudores.
• Según el reporte mensual de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, existen aproximadamente 30 millones de cuentas de inversión en estos instrumentos.
• A su vez, tanto Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) como A3 Mercados han registrado, por distintas razones, un crecimiento significativo de cuentas comitentes vinculadas a la inversión en bonos, acciones, Cedears y productos derivados entre otros instrumentos.
• En el segmento cripto, aunque los datos son menos precisos por la naturaleza propia del ecosistema, distintas estimaciones –como un informe publicado recientemente por Lemon– estiman que más del 10% de la población argentina utiliza activos digitales, sea en cuentas en mercados centralizados o autocustodiadas.
• Finalmente, distintas fuentes estiman en varios cientos de miles las cuentas de ahorro o inversión que los argentinos mantienen en el exterior.

Este variado y numeroso abanico de puertas de entrada de ataques, constituye un terreno cada vez más fértil para el accionar de ciber-delincuentes.

Es importante marcar además que una parte importante de las nuevas cuentas que se abrieron en los últimos años provinieron de un segmento de la población no digitalizado previamente, con un perfil más vulnerable a este tipo de delitos.

En los últimos cinco años, la tipología de los ciberdelitos ha evolucionado desde ataques relativamente aislados y manuales hacia esquemas altamente automatizados, escalables y sofisticados, impulsados por estas nuevas herramientas disruptivas

Los profesionales responsables de ciberseguridad de todos los actores del sistema financiero argentino sean entidades de cualquier tipo –bancos, financieras, PSPs, ALYCs, PSAVs o FCIs–, mercados, empresas de infraestructura financiera o reguladores, tienen un trabajo ingrato y extremadamente complejo: construir continuamente defensas ante atacantes sofisticados muchas veces invisibles o escurridizos que cuentan con herramientas tecnológicas cada vez más poderosas.

Además, la construcción de defensas basadas en información se ve debilitada por la dificultad de conocer el verdadero alcance de los ciberataques, ya que con frecuencia estos no se hacen públicos o se reportan de manera incompleta por motivos reputacionales. En el sector financiero, donde la confianza es el activo más valioso, muchas entidades optan por gestionar estos incidentes de forma reservada para evitar el pánico, la fuga de depósitos o impactos negativos en su valoración de mercado.

En el campo de la ciberseguridad, la inteligencia artificial no es nueva: desde hace más de una década, bancos y fintechs la utilizan para detectar fraudes y monitorear transacciones sospechosas mediante técnicas de machine learning. La novedad es que, en los últimos años -impulsados por el auge de la IA generativa- los ciberdelincuentes también empezaron a apropiarse de estas herramientas.

En este contexto, la misma herramienta que fortalece la defensa también acelera la ofensiva, generando una carrera permanente entre capacidades de protección y de ataque.

En particular, la inteligencia artificial se ha convertido en un factor central de esta dinámica. Agentes maliciosos la utilizan para ejecutar ataques de ingeniería social altamente personalizados y difundir desinformación creíble; desplegar “bots” autónomos capaces de identificar y explotar vulnerabilidades en tiempo real; y aplicar técnicas de envenenamiento de datos que comprometen el funcionamiento de los sistemas antifraude.

A la experiencia natural de los hackers -históricamente aprovechada por las organizaciones para anticipar y mitigar amenazas- se suma ahora un actor de enorme capacidad: la IA generativa. Su habilidad para procesar en tiempo real grandes volúmenes de registros de incidentes (trace-logs) y detectar patrones ocultos permite identificar vulnerabilidades antes inadvertidas, poniendo en tensión incluso a los sistemas de software más extendidos a nivel global.

Un ejemplo reciente de la creciente relevancia de esta problemática lo evidencia la reunión convocada de urgencia a comienzos de mes por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con los directivos de los principales bancos del sistema financiero estadounidense.

En ese encuentro, las autoridades advirtieron que el modelo de inteligencia artificial “Mythos”, desarrollado por Anthropic, no solo sería capaz de generar código con un nivel superior al de las herramientas actuales, sino también de identificar vulnerabilidades críticas en sistemas ampliamente utilizados a nivel global.

Este escenario fue planteado como una amenaza potencialmente sistémica para la ciberseguridad financiera, lo que llevó a instar a las entidades a reforzar de manera urgente sus capacidades de ciberseguridad.

A este nuevo frente se suma otra tecnología aún en desarrollo, pero con implicancias potencialmente disruptivas: la computación cuántica. Diversos avances experimentales han demostrado que, mediante el denominado “algoritmo de Shor”, un computador cuántico suficientemente potente podría, en el futuro, comprometer gran parte de la infraestructura criptográfica que hoy protege a las instituciones financieras.

Sin embargo, la amenaza no es exclusivamente futura. Organismos internacionales y reguladores advierten sobre riesgos actuales asociados a estrategias como “harvest now, decrypt later (HNDL)”, que consisten en recolectar hoy información cifrada -transacciones, comunicaciones o datos sensibles- para descifrarla en el futuro, cuando la capacidad cuántica lo permita.

En este contexto, diversas organizaciones internacionales promueven la adopción temprana de criptografía post-cuántica (PQC), junto con el desarrollo de capacidades de agilidad criptográfica -que permitan reemplazar algoritmos sin rediseños estructurales- con la construcción de inventarios exhaustivos de activos digitales y la necesidad de un enfoque de ciberseguridad dinámico, basado en el monitoreo continuo y la adaptación permanente frente a los rápidos avances de estas tecnologías.

A nivel global, organismos como el G7 (a través de su Grupo de Expertos en Ciberseguridad – CEG), el FMI, el BIS (que agrupa a los bancos centrales) y IOSCO (en el que participan las comisiones de valores) han elevado la ciberseguridad a una cuestión de estabilidad financiera sistémica.

Localmente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha emitido distintas normas que contemplan los riesgos operativos emergentes de estas tecnologías bajo un enfoque de riesgo tecnológico neutro y resiliencia operativa.

La Comunicación “A” 8398 aprobada el 5 de febrero de este año, además, amplía el perímetro regulatorio incorporando a las fintechs, en este caso a los Proveedores de Servicios de Pago que deberán cumplir estándares análogos en las exigencias de Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la Información que los bancos tradicionales, debiendo implementar esas modificaciones antes del 4 de agosto de 2026.

Asimismo, y ante la creciente dependencia de servicios en la nube y software externo, la normativa les exige a todas las entidades un control estricto sobre los proveedores de servicios críticos (donde la nube juega un rol clave), obligando a las entidades a auditar su cadena de suministro digital.

Como un paraguas más amplio que el marco normativo de los organismos de supervisión, en marzo de este año se aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), mediante la Resolución 231/2026 del Ministerio de Seguridad. Este plan establece protocolos de actuación rápida y coordinación entre nación, provincias y municipios y con las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y las entidades financieras para combatir el ecosistema de estafas digitales.

Desde otra perspectiva, la ciberdelincuencia representa un desafío estructural crítico para la justicia argentina, al desafiar los límites tradicionales de la jurisdicción territorial y exigir conocimientos técnicos, y una velocidad de respuesta no contemplada por el sistema judicial clásico.

Todo indica que en los próximos meses y años asistiremos a ataques maliciosos más sofisticados -para los que difícilmente estemos suficientemente preparados- por parte de diversos tipos de organizaciones criminales, inclusive a veces asociadas a Estados, que ponen en jaque tanto la integridad del sistema financiero como el ahorro individual de los usuarios.

En este sentido el ecosistema financiero argentino en su conjunto enfrenta un desafío inédito y mayúsculo, pero no imposible de afrontar.

El primer paso imprescindible para enfrentar esta amenaza es tratar de abordarla en su enorme complejidad concientizando tanto a los actores públicos como privados de la múltiples implicancias y riesgos que estas nuevas y dinámicas tecnologías traen aparejadas, fortaleciendo la capacitación y la articulación de espacios de trabajo cooperativo a nivel local e internacional.

Weitz es ex presidente de la CNV y profesor de Finanzas Tecnológicas (UBA). Díaz es profesor de posgrado Gestión Estratégica de la Tecnología Informática (GETI) de la Universidad Nacional Rosario