El comercio exterior argentino atraviesa uno de sus mejores momentos en términos de volumen.

Bajo la gestión de Javier Milei, las exportaciones acumularon dos años consecutivos de crecimiento, alcanzaron cifras históricas en cantidades despachadas y vuelven a colocar al sector externo como uno de los principales motores potenciales de crecimiento, en un contexto además marcado por el reciente avance del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Las exportaciones se encuentran en niveles récord. En marzo de 2026, las exportaciones anuales alcanzaron el máximo histórico, con un acumulado anual de USD 90.268 millones.

En el mes, se exportaron USD 8.645 millones, máximo histórico mensual y se importaron USD 6.122 millones, dando como resultado un saldo de balanza comercial positivo por USD 2.523 millones.

La recuperación exportadora comenzó en 2024, tras la fuerte caída de 2023 provocada por la sequía, y se consolidó durante 2025 y el primer trimestre de 2026. A diferencia del récord de 2022, impulsado principalmente por el salto de los precios internacionales tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, el crecimiento reciente estuvo explicado fundamentalmente por mayores cantidades exportadas, en un contexto de caída de precios internacionales durante tres años consecutivos.

El promedio mensual desestacionalizado de exportaciones pasó de USD 6.642 millones en 2024 a USD 7.259 millones en 2025 y alcanzó USD 8.017 millones en el primer trimestre de 2026, superando por primera vez el promedio mensual récord de 2022.

El principal motor fue el complejo agroindustrial. Los Productos Primarios crecieron impulsados por mayores exportaciones de cereales, especialmente trigo y maíz, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario, aceites, harinas y subproductos del agro, volvieron a consolidarse como el principal rubro exportador del país.

La harina y pellets de soja se mantuvo como el principal producto de exportación individual, concentrando cerca del 10% del total exportado.

En paralelo, el sector energético ganó protagonismo de manera sostenida. Las exportaciones de Combustibles y Energía crecieron impulsadas por la expansión de Vaca Muerta y la maduración de inversiones realizadas en los últimos años. En 2025, el petróleo crudo desplazó al maíz como segundo producto más exportado del país, representando cerca del 8% del total.

El cambio refleja una transformación gradual de la matriz exportadora, con una participación creciente de la energía dentro de la generación de divisas.

Las Manufacturas de Origen Industrial también mostraron un desempeño favorable. El principal dinamizador fue el sector automotriz, particularmente los vehículos de carga y pasajeros, favorecidos por la demanda brasileña y la integración productiva del Mercosur. En marzo de 2026, las exportaciones industriales sorprendieron con una fuerte suba interanual de 26,4%, impulsada por mayores ventas externas de material de transporte, productos químicos y maquinaria.

El dato resulta relevante porque contrasta con una de las críticas más frecuentes al actual esquema macroeconómico: la idea de que el nivel del tipo de cambio real impediría el desarrollo exportador industrial. Sin embargo, aun en este contexto, las exportaciones manufactureras continuaron creciendo y alcanzaron niveles elevados en varios sectores. Esto muestra que el desempeño exportador industrial resulta más heterogéneo y dinámico de lo que suele plantearse en parte del debate público.

El dinamismo exportador estuvo acompañado por una reducción de derechos de exportación. El Gobierno eliminó retenciones para economías regionales, el sector lácteo y la minería, y redujo alícuotas para soja, maíz, girasol, sorgo y carne vacuna.

Como resultado, en 2024 se alcanzó un superávit comercial récord de USD 18.928 millones y comenzó una racha de 25 meses consecutivos de balanza comercial positiva hasta el cierre de 2025, compensando ampliamente el déficit de la cuenta de servicios.

El primer trimestre de 2026 consolidó esa tendencia. Las proyecciones para el conjunto del año estiman exportaciones de bienes entre USD 90.000 y USD 100.000 millones, impulsadas principalmente por el agro, la energía y la minería.

El destino de las exportaciones en 2025 muestra con claridad la fuerte dependencia regional del sector externo. América Latina representó el 34% del total exportado, con Brasil como principal comprador y destino de aproximadamente el 15% de las ventas externas argentinas. China explicó otro 11%, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos representaron alrededor del 10% cada uno.

En ese contexto, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que entró en vigencia el 1 de mayo, adquiere relevancia estratégica como herramienta de apertura y diversificación de mercados para las exportaciones argentinas.

El Congreso aprobó el acuerdo en febrero de este año, luego de 27 años de negociaciones, en un contexto particularmente favorable para la inserción internacional argentina: las exportaciones se encuentran en máximos históricos y muestran una expansión impulsada por mayores cantidades exportadas.

El Mercosur, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay como Estados Parte, junto con otros Estados Asociados, negocia comercialmente como bloque y comparte un arancel externo común. El acuerdo con la Unión Europea crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y habilita un acceso preferencial a un mercado de aproximadamente 700 millones de consumidores.

Según los términos del acuerdo, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, equivalentes a alrededor de USD 61.000 millones, y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%, estimado en USD 4.700 millones adicionales. Los sectores alcanzados son amplios e incluyen productos agropecuarios y agroindustriales (carnes, lácteos, miel, aceites, frutas, vinos y biocombustibles), además de cuero, madera, textiles, autopartes, químicos, maquinaria y servicios profesionales como software, ingeniería y producción audiovisual.

Para Argentina, el acuerdo representa una oportunidad de ampliar mercados y diversificar su matriz exportadora, reduciendo la dependencia de unos pocos destinos y productos. También puede contribuir a fortalecer sectores industriales y de servicios con capacidad exportadora, especialmente aquellos vinculados a cadenas globales de valor.

El dinamismo exportador de los últimos dos años muestra, además, que la economía argentina recuperó capacidad física para aumentar sus ventas externas. La expansión simultánea del agro, la energía, la minería y parte de la industria sugiere que existe margen para profundizar esa inserción internacional si se consolidan condiciones de estabilidad macroeconómica y acceso a nuevos mercados.

El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

El avance de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube, blockchain y el incipiente desarrollo de la computación cuántica ha generado, de manera simultánea, importantes mejoras en la eficiencia del sistema financiero, pero también nuevos y complejos ciber-riesgos para su funcionamiento.

La acelerada digitalización, junto con la proliferación de aplicaciones financieras, ha expandido significativamente el ecosistema de plataformas disponibles, multiplicando las alternativas para gestionar ahorros, pagos e inversiones dando lugar a una marcada expansión y diversificación de las cuentas financieras utilizadas por los argentinos en su vida cotidiana incrementando de forma proporcional los puntos de acceso potencialmente vulnerables a ciberataques.

Más allá de las duplicaciones propias del sistema, el exponencial crecimiento del número de cuentas financieras de todo tipo en manos de argentinos del último lustro es elocuente:

• El último informe de inclusión financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA), señala que a junio de 2025 la cantidad de personas humanas (PH) con cuentas alcanzó la cifra de 37,5 millones, y de ese total cerca de 27 millones mantienen simultáneamente múltiples cuentas bancarias y de pago.
• En forma más precisa, un informe de Coelsa de enero de 2026 estima la existencia de cerca de 322 millones de cuentas digitales totales, lo que implica un promedio cercano a ocho cuentas por persona, distribuidas entre cuentas bancarias (CBU) y cuentas de pago (CVU).
• El informe antes mencionado del BCRA también señala la existencia de 14,6 millones de tarjetas de crédito con saldos deudores.
• Según el reporte mensual de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, existen aproximadamente 30 millones de cuentas de inversión en estos instrumentos.
• A su vez, tanto Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) como A3 Mercados han registrado, por distintas razones, un crecimiento significativo de cuentas comitentes vinculadas a la inversión en bonos, acciones, Cedears y productos derivados entre otros instrumentos.
• En el segmento cripto, aunque los datos son menos precisos por la naturaleza propia del ecosistema, distintas estimaciones –como un informe publicado recientemente por Lemon– estiman que más del 10% de la población argentina utiliza activos digitales, sea en cuentas en mercados centralizados o autocustodiadas.
• Finalmente, distintas fuentes estiman en varios cientos de miles las cuentas de ahorro o inversión que los argentinos mantienen en el exterior.

Este variado y numeroso abanico de puertas de entrada de ataques, constituye un terreno cada vez más fértil para el accionar de ciber-delincuentes.

Es importante marcar además que una parte importante de las nuevas cuentas que se abrieron en los últimos años provinieron de un segmento de la población no digitalizado previamente, con un perfil más vulnerable a este tipo de delitos.

En los últimos cinco años, la tipología de los ciberdelitos ha evolucionado desde ataques relativamente aislados y manuales hacia esquemas altamente automatizados, escalables y sofisticados, impulsados por estas nuevas herramientas disruptivas

Los profesionales responsables de ciberseguridad de todos los actores del sistema financiero argentino sean entidades de cualquier tipo –bancos, financieras, PSPs, ALYCs, PSAVs o FCIs–, mercados, empresas de infraestructura financiera o reguladores, tienen un trabajo ingrato y extremadamente complejo: construir continuamente defensas ante atacantes sofisticados muchas veces invisibles o escurridizos que cuentan con herramientas tecnológicas cada vez más poderosas.

Además, la construcción de defensas basadas en información se ve debilitada por la dificultad de conocer el verdadero alcance de los ciberataques, ya que con frecuencia estos no se hacen públicos o se reportan de manera incompleta por motivos reputacionales. En el sector financiero, donde la confianza es el activo más valioso, muchas entidades optan por gestionar estos incidentes de forma reservada para evitar el pánico, la fuga de depósitos o impactos negativos en su valoración de mercado.

En el campo de la ciberseguridad, la inteligencia artificial no es nueva: desde hace más de una década, bancos y fintechs la utilizan para detectar fraudes y monitorear transacciones sospechosas mediante técnicas de machine learning. La novedad es que, en los últimos años -impulsados por el auge de la IA generativa- los ciberdelincuentes también empezaron a apropiarse de estas herramientas.

En este contexto, la misma herramienta que fortalece la defensa también acelera la ofensiva, generando una carrera permanente entre capacidades de protección y de ataque.

En particular, la inteligencia artificial se ha convertido en un factor central de esta dinámica. Agentes maliciosos la utilizan para ejecutar ataques de ingeniería social altamente personalizados y difundir desinformación creíble; desplegar “bots” autónomos capaces de identificar y explotar vulnerabilidades en tiempo real; y aplicar técnicas de envenenamiento de datos que comprometen el funcionamiento de los sistemas antifraude.

A la experiencia natural de los hackers -históricamente aprovechada por las organizaciones para anticipar y mitigar amenazas- se suma ahora un actor de enorme capacidad: la IA generativa. Su habilidad para procesar en tiempo real grandes volúmenes de registros de incidentes (trace-logs) y detectar patrones ocultos permite identificar vulnerabilidades antes inadvertidas, poniendo en tensión incluso a los sistemas de software más extendidos a nivel global.

Un ejemplo reciente de la creciente relevancia de esta problemática lo evidencia la reunión convocada de urgencia a comienzos de mes por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con los directivos de los principales bancos del sistema financiero estadounidense.

En ese encuentro, las autoridades advirtieron que el modelo de inteligencia artificial “Mythos”, desarrollado por Anthropic, no solo sería capaz de generar código con un nivel superior al de las herramientas actuales, sino también de identificar vulnerabilidades críticas en sistemas ampliamente utilizados a nivel global.

Este escenario fue planteado como una amenaza potencialmente sistémica para la ciberseguridad financiera, lo que llevó a instar a las entidades a reforzar de manera urgente sus capacidades de ciberseguridad.

A este nuevo frente se suma otra tecnología aún en desarrollo, pero con implicancias potencialmente disruptivas: la computación cuántica. Diversos avances experimentales han demostrado que, mediante el denominado “algoritmo de Shor”, un computador cuántico suficientemente potente podría, en el futuro, comprometer gran parte de la infraestructura criptográfica que hoy protege a las instituciones financieras.

Sin embargo, la amenaza no es exclusivamente futura. Organismos internacionales y reguladores advierten sobre riesgos actuales asociados a estrategias como “harvest now, decrypt later (HNDL)”, que consisten en recolectar hoy información cifrada -transacciones, comunicaciones o datos sensibles- para descifrarla en el futuro, cuando la capacidad cuántica lo permita.

En este contexto, diversas organizaciones internacionales promueven la adopción temprana de criptografía post-cuántica (PQC), junto con el desarrollo de capacidades de agilidad criptográfica -que permitan reemplazar algoritmos sin rediseños estructurales- con la construcción de inventarios exhaustivos de activos digitales y la necesidad de un enfoque de ciberseguridad dinámico, basado en el monitoreo continuo y la adaptación permanente frente a los rápidos avances de estas tecnologías.

A nivel global, organismos como el G7 (a través de su Grupo de Expertos en Ciberseguridad – CEG), el FMI, el BIS (que agrupa a los bancos centrales) y IOSCO (en el que participan las comisiones de valores) han elevado la ciberseguridad a una cuestión de estabilidad financiera sistémica.

Localmente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha emitido distintas normas que contemplan los riesgos operativos emergentes de estas tecnologías bajo un enfoque de riesgo tecnológico neutro y resiliencia operativa.

La Comunicación “A” 8398 aprobada el 5 de febrero de este año, además, amplía el perímetro regulatorio incorporando a las fintechs, en este caso a los Proveedores de Servicios de Pago que deberán cumplir estándares análogos en las exigencias de Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la Información que los bancos tradicionales, debiendo implementar esas modificaciones antes del 4 de agosto de 2026.

Asimismo, y ante la creciente dependencia de servicios en la nube y software externo, la normativa les exige a todas las entidades un control estricto sobre los proveedores de servicios críticos (donde la nube juega un rol clave), obligando a las entidades a auditar su cadena de suministro digital.

Como un paraguas más amplio que el marco normativo de los organismos de supervisión, en marzo de este año se aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), mediante la Resolución 231/2026 del Ministerio de Seguridad. Este plan establece protocolos de actuación rápida y coordinación entre nación, provincias y municipios y con las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y las entidades financieras para combatir el ecosistema de estafas digitales.

Desde otra perspectiva, la ciberdelincuencia representa un desafío estructural crítico para la justicia argentina, al desafiar los límites tradicionales de la jurisdicción territorial y exigir conocimientos técnicos, y una velocidad de respuesta no contemplada por el sistema judicial clásico.

Todo indica que en los próximos meses y años asistiremos a ataques maliciosos más sofisticados -para los que difícilmente estemos suficientemente preparados- por parte de diversos tipos de organizaciones criminales, inclusive a veces asociadas a Estados, que ponen en jaque tanto la integridad del sistema financiero como el ahorro individual de los usuarios.

En este sentido el ecosistema financiero argentino en su conjunto enfrenta un desafío inédito y mayúsculo, pero no imposible de afrontar.

El primer paso imprescindible para enfrentar esta amenaza es tratar de abordarla en su enorme complejidad concientizando tanto a los actores públicos como privados de la múltiples implicancias y riesgos que estas nuevas y dinámicas tecnologías traen aparejadas, fortaleciendo la capacitación y la articulación de espacios de trabajo cooperativo a nivel local e internacional.

Weitz es ex presidente de la CNV y profesor de Finanzas Tecnológicas (UBA). Díaz es profesor de posgrado Gestión Estratégica de la Tecnología Informática (GETI) de la Universidad Nacional Rosario

La disputa judicial que involucra a la República Argentina, YPF y el fondo Burford Capital entró en una nueva etapa luego de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtiera la condena de USD 16.100 millones en contra del país. La decisión de la Cámara de Apelaciones cambió de manera sustancial el curso del litigio y abrió un escenario diferente para los próximos pasos legales impulsados por Burford.

El 27 de marzo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito emitió su fallo y revocó la sentencia que establecía una indemnización multimillonaria en favor de los demandantes Petersen y Eton Park, cuyos derechos había adquirido Burford Capital. La demanda, que se originó a partir de la adquisición de los derechos del Grupo Petersen por cerca de USD 16 millones, encontró así un giro inesperado, ya que la decisión judicial desestimó la acción y modificó el recorrido de un juicio que generó atención internacional.

Tras este revés, Burford Capital anunció la presentación de un pedido de rehearing en banc ante el Segundo Circuito, con el propósito de que el pleno de jueces activos del tribunal reconsidere la decisión. La Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, subrayó que este tipo de recurso tiene un carácter excepcional y se reserva para contadas ocasiones, bajo condiciones de admisibilidad estrictas. La posición argentina sostiene que esos requisitos no se cumplen en este caso y que el intento del fondo litigante representa una estrategia sin sustento jurídico.

Junto a ese movimiento, Burford comunicó su intención de recurrir a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El fondo ya había evaluado esta opción en 2015, pero en ese momento optó por renunciar a esa vía y centrar la disputa en los tribunales de Nueva York.

“El intento de reabrir ahora esa vía constituye un nuevo e improcedente esfuerzo de los demandantes por pretender revivir, sin credibilidad alguna, un reclamo que ya fue rechazado de manera contundente por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito”, dijeron desde la Procuración.

El análisis de la Procuración pone el foco en la falta de credibilidad de este último intento de Burford Capital. Según la interpretación oficial, la alternativa del CIADI ya quedó descartada por decisión de los propios demandantes, lo que debilita cualquier argumento para que ese tribunal acepte el caso en la instancia actual. La estrategia de defensa de la Argentina enfatiza que la vía internacional se abandona voluntariamente en 2015 y que el regreso a esa opción judicial ahora carece de fundamentos sólidos.

Desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei, la Procuración del Tesoro delineó una estrategia de defensa integral, considerando todos los escenarios procesales posibles. El equipo jurídico oficial sostiene una línea de acción proactiva para resguardar los intereses del Estado y lograr la consolidación del resultado obtenido en la apelación. El objetivo central es lograr la victoria definitiva en un litigio que involucró sumas extraordinarias y que atrajo la atención de inversores, abogados y actores políticos.

La condena original, que ascendía a USD 16.100 millones, generó preocupación por el impacto potencial en las finanzas públicas de la República Argentina. El hecho de que la Corte de Apelaciones haya revertido esa sentencia representa, para el Gobierno y sus equipos legales, un paso fundamental para fortalecer la posición argentina en el ámbito judicial internacional. El énfasis en la defensa proactiva se refleja en la continuidad de las acciones emprendidas por la Procuración, que mantiene el monitoreo sobre todos los movimientos procesales, tanto en los tribunales de Estados Unidos como en organismos internacionales como el CIADI.

El litigio tuvo como protagonistas centrales a los fondos Burford Capital, Petersen y Eton Park, además de la petrolera YPF y la propia República Argentina. La adquisición de los derechos del reclamo por parte de Burford, por un monto significativamente menor al de la sentencia original, dio lugar a un proceso judicial seguido de cerca por la comunidad financiera global. La estrategia argentina apuntó desde el inicio a cuestionar la legitimidad de los reclamos y a exponer la falta de justificación en la pretensión de indemnización.

La Procuración del Tesoro insiste en que la decisión de la Cámara de Apelaciones representa un antecedente clave y que el escenario actual favorece la posición nacional. El equipo jurídico sostiene que los recursos excepcionales, como el rehearing en banc, cuentan con una probabilidad muy baja de prosperar y que el intento de reactivar un arbitraje en el CIADI no encuentra sustento en las reglas del sistema internacional de solución de controversias.

En este contexto, el Gobierno argentino mantiene una postura de seguimiento riguroso de todas las alternativas y ratifica su compromiso de continuar la defensa en cada instancia que corresponda. La Procuración del Tesoro, bajo la conducción de Sebastián Amerio, reafirma su estrategia de consolidar el resultado favorable en la apelación y de actuar frente a cualquier nuevo intento de litigio que busque revertir la situación lograda tras el fallo del Segundo Circuito.

El caso YPF continúa en el centro de la agenda jurídica y política, con la atención puesta en las próximas definiciones del tribunal neoyorquino y la eventual admisión de un arbitraje internacional en el CIADI. Mientras tanto, la posición argentina se sostiene en la contundencia del fallo de la Cámara de Apelaciones y en una estrategia legal que aspira a garantizar la defensa de los intereses nacionales en el plano internacional.