ECONOMIA
Nuevas tecnologías disruptivas y ciberseguridad: una pesadilla para el sistema financiero argentino
El avance de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube, blockchain y el incipiente desarrollo de la computación cuántica ha generado, de manera simultánea, importantes mejoras en la eficiencia del sistema financiero, pero también nuevos y complejos ciber-riesgos para su funcionamiento.
La acelerada digitalización, junto con la proliferación de aplicaciones financieras, ha expandido significativamente el ecosistema de plataformas disponibles, multiplicando las alternativas para gestionar ahorros, pagos e inversiones dando lugar a una marcada expansión y diversificación de las cuentas financieras utilizadas por los argentinos en su vida cotidiana incrementando de forma proporcional los puntos de acceso potencialmente vulnerables a ciberataques.
Más allá de las duplicaciones propias del sistema, el exponencial crecimiento del número de cuentas financieras de todo tipo en manos de argentinos del último lustro es elocuente:
- El último informe de inclusión financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA), señala que a junio de 2025 la cantidad de personas humanas (PH) con cuentas alcanzó la cifra de 37,5 millones, y de ese total cerca de 27 millones mantienen simultáneamente múltiples cuentas bancarias y de pago.
- En forma más precisa, un informe de Coelsa de enero de 2026 estima la existencia de cerca de 322 millones de cuentas digitales totales, lo que implica un promedio cercano a ocho cuentas por persona, distribuidas entre cuentas bancarias (CBU) y cuentas de pago (CVU).
- El informe antes mencionado del BCRA también señala la existencia de 14,6 millones de tarjetas de crédito con saldos deudores.
- Según el reporte mensual de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, existen aproximadamente 30 millones de cuentas de inversión en estos instrumentos.
- A su vez, tanto Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) como A3 Mercados han registrado, por distintas razones, un crecimiento significativo de cuentas comitentes vinculadas a la inversión en bonos, acciones, Cedears y productos derivados entre otros instrumentos.
- En el segmento cripto, aunque los datos son menos precisos por la naturaleza propia del ecosistema, distintas estimaciones –como un informe publicado recientemente por Lemon– estiman que más del 10% de la población argentina utiliza activos digitales, sea en cuentas en mercados centralizados o autocustodiadas.
- Finalmente, distintas fuentes estiman en varios cientos de miles las cuentas de ahorro o inversión que los argentinos mantienen en el exterior.
Este variado y numeroso abanico de puertas de entrada de ataques, constituye un terreno cada vez más fértil para el accionar de ciber-delincuentes.
El BCRA señala que a junio de 2025 la cantidad de personas humanas (PH) con cuentas alcanzó la cifra de 37,5 millones
Es importante marcar además que una parte importante de las nuevas cuentas que se abrieron en los últimos años provinieron de un segmento de la población no digitalizado previamente, con un perfil más vulnerable a este tipo de delitos.
En los últimos cinco años, la tipología de los ciberdelitos ha evolucionado desde ataques relativamente aislados y manuales hacia esquemas altamente automatizados, escalables y sofisticados, impulsados por estas nuevas herramientas disruptivas
Los profesionales responsables de ciberseguridad de todos los actores del sistema financiero argentino sean entidades de cualquier tipo –bancos, financieras, PSPs, ALYCs, PSAVs o FCIs–, mercados, empresas de infraestructura financiera o reguladores, tienen un trabajo ingrato y extremadamente complejo: construir continuamente defensas ante atacantes sofisticados muchas veces invisibles o escurridizos que cuentan con herramientas tecnológicas cada vez más poderosas.
Además, la construcción de defensas basadas en información se ve debilitada por la dificultad de conocer el verdadero alcance de los ciberataques, ya que con frecuencia estos no se hacen públicos o se reportan de manera incompleta por motivos reputacionales. En el sector financiero, donde la confianza es el activo más valioso, muchas entidades optan por gestionar estos incidentes de forma reservada para evitar el pánico, la fuga de depósitos o impactos negativos en su valoración de mercado.
En el campo de la ciberseguridad, la inteligencia artificial no es nueva: desde hace más de una década, bancos y fintechs la utilizan para detectar fraudes y monitorear transacciones sospechosas mediante técnicas de machine learning. La novedad es que, en los últimos años -impulsados por el auge de la IA generativa- los ciberdelincuentes también empezaron a apropiarse de estas herramientas.
En los últimos cinco años, la tipología de los ciberdelitos ha evolucionado desde ataques relativamente aislados y manuales hacia esquemas altamente automatizados
En este contexto, la misma herramienta que fortalece la defensa también acelera la ofensiva, generando una carrera permanente entre capacidades de protección y de ataque.
En particular, la inteligencia artificial se ha convertido en un factor central de esta dinámica. Agentes maliciosos la utilizan para ejecutar ataques de ingeniería social altamente personalizados y difundir desinformación creíble; desplegar “bots” autónomos capaces de identificar y explotar vulnerabilidades en tiempo real; y aplicar técnicas de envenenamiento de datos que comprometen el funcionamiento de los sistemas antifraude.
A la experiencia natural de los hackers -históricamente aprovechada por las organizaciones para anticipar y mitigar amenazas- se suma ahora un actor de enorme capacidad: la IA generativa. Su habilidad para procesar en tiempo real grandes volúmenes de registros de incidentes (trace-logs) y detectar patrones ocultos permite identificar vulnerabilidades antes inadvertidas, poniendo en tensión incluso a los sistemas de software más extendidos a nivel global.
Un ejemplo reciente de la creciente relevancia de esta problemática lo evidencia la reunión convocada de urgencia a comienzos de mes por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con los directivos de los principales bancos del sistema financiero estadounidense.
En ese encuentro, las autoridades advirtieron que el modelo de inteligencia artificial “Mythos”, desarrollado por Anthropic, no solo sería capaz de generar código con un nivel superior al de las herramientas actuales, sino también de identificar vulnerabilidades críticas en sistemas ampliamente utilizados a nivel global.
Este escenario fue planteado como una amenaza potencialmente sistémica para la ciberseguridad financiera, lo que llevó a instar a las entidades a reforzar de manera urgente sus capacidades de ciberseguridad.
A este nuevo frente se suma otra tecnología aún en desarrollo, pero con implicancias potencialmente disruptivas: la computación cuántica. Diversos avances experimentales han demostrado que, mediante el denominado “algoritmo de Shor”, un computador cuántico suficientemente potente podría, en el futuro, comprometer gran parte de la infraestructura criptográfica que hoy protege a las instituciones financieras.
Sin embargo, la amenaza no es exclusivamente futura. Organismos internacionales y reguladores advierten sobre riesgos actuales asociados a estrategias como “harvest now, decrypt later (HNDL)”, que consisten en recolectar hoy información cifrada -transacciones, comunicaciones o datos sensibles- para descifrarla en el futuro, cuando la capacidad cuántica lo permita.
En este contexto, diversas organizaciones internacionales promueven la adopción temprana de criptografía post-cuántica (PQC), junto con el desarrollo de capacidades de agilidad criptográfica -que permitan reemplazar algoritmos sin rediseños estructurales- con la construcción de inventarios exhaustivos de activos digitales y la necesidad de un enfoque de ciberseguridad dinámico, basado en el monitoreo continuo y la adaptación permanente frente a los rápidos avances de estas tecnologías.
A nivel global, organismos como el G7 (a través de su Grupo de Expertos en Ciberseguridad – CEG), el FMI, el BIS (que agrupa a los bancos centrales) y IOSCO (en el que participan las comisiones de valores) han elevado la ciberseguridad a una cuestión de estabilidad financiera sistémica.
Localmente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha emitido distintas normas que contemplan los riesgos operativos emergentes de estas tecnologías bajo un enfoque de riesgo tecnológico neutro y resiliencia operativa.
La ciberdelincuencia representa un desafío estructural crítico para la justicia argentina
La Comunicación “A” 8398 aprobada el 5 de febrero de este año, además, amplía el perímetro regulatorio incorporando a las fintechs, en este caso a los Proveedores de Servicios de Pago que deberán cumplir estándares análogos en las exigencias de Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la Información que los bancos tradicionales, debiendo implementar esas modificaciones antes del 4 de agosto de 2026.
Asimismo, y ante la creciente dependencia de servicios en la nube y software externo, la normativa les exige a todas las entidades un control estricto sobre los proveedores de servicios críticos (donde la nube juega un rol clave), obligando a las entidades a auditar su cadena de suministro digital.
Como un paraguas más amplio que el marco normativo de los organismos de supervisión, en marzo de este año se aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), mediante la Resolución 231/2026 del Ministerio de Seguridad. Este plan establece protocolos de actuación rápida y coordinación entre nación, provincias y municipios y con las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y las entidades financieras para combatir el ecosistema de estafas digitales.
Desde otra perspectiva, la ciberdelincuencia representa un desafío estructural crítico para la justicia argentina, al desafiar los límites tradicionales de la jurisdicción territorial y exigir conocimientos técnicos, y una velocidad de respuesta no contemplada por el sistema judicial clásico.
Todo indica que en los próximos meses y años asistiremos a ataques maliciosos más sofisticados -para los que difícilmente estemos suficientemente preparados- por parte de diversos tipos de organizaciones criminales, inclusive a veces asociadas a Estados, que ponen en jaque tanto la integridad del sistema financiero como el ahorro individual de los usuarios.
En este sentido el ecosistema financiero argentino en su conjunto enfrenta un desafío inédito y mayúsculo, pero no imposible de afrontar.
El primer paso imprescindible para enfrentar esta amenaza es tratar de abordarla en su enorme complejidad concientizando tanto a los actores públicos como privados de la múltiples implicancias y riesgos que estas nuevas y dinámicas tecnologías traen aparejadas, fortaleciendo la capacitación y la articulación de espacios de trabajo cooperativo a nivel local e internacional.
Weitz es ex presidente de la CNV y profesor de Finanzas Tecnológicas (UBA). Díaz es profesor de posgrado Gestión Estratégica de la Tecnología Informática (GETI) de la Universidad Nacional Rosario
A pesar de la caída de ventas superior al 30% interanual y del 12,8% en los primeros siete meses del año, la mayoría de las automotrices argentinas aplicaron aumentos en sus listas de precios de agosto respecto a los valores que rigieron durante julio.
“Esto es algo que varios veníamos diciendo, pero no era para que la gente deje de esperar bajas de precio sino para que se entendiera que los precios están en un piso del que no se puede bajar sin perder sustentabilidad en el negocio”, explicó un ejecutivo de una terminal automotriz a Infobae este lunes, cuando se empezaron a recibir las primeras listas de precios con ajustes varios.
“En los autos más accesibles, los márgenes son mínimos, y la prueba está en que los modelos de media gana se pueden sostener sin aumentar, pero los autos de volumen de las marcas no pueden sostener precios sin actualización porque, aunque está bajando, la inflación sigue existiendo”, completó.
La realidad parece ir de la mano con esa explicación, porque después de haber estado prácticamente congelados durante los primeros seis meses, los precios volvieron a aumentar en julio, también impulsados por el dólar oficial que salió de la franja de los $1.450 y subió a la de $1.500.
“Prácticamente el 50% de los componentes de los autos son importados, sube el dólar y son más competitivas nuestras exportaciones, pero también suben los costos de todas esas piezas importadas que tienen los autos nacionales”, remarcó el empresario.
Las listas de agosto
Así, con casi todas las automotrices comunicando sus listas de precios de agosto, (solo falta Volkswagen), el aumento promedio del sector ronda el 1,3%, pero con diferentes estrategias de las marcas. Mientras que algunas casi no incrementaron los precios de su portafolio, otras aplicaron aumentos a la mayoría de sus modelos.
Toyota fue la primera en comunicar sus precios de agosto y la más conservadora en precios, ya que solo incrementó un 2% la línea Yaris hatchback (no el Yaris Cross), y un 1% los furgones Hiace. El resto de sus modelos no tuvieron alteraciones de precio; por lo tanto, el incremento de la marca es de un 0,2 por ciento.
Renault se adelantó a otros meses y también comunicó sus listas este lunes. En esta marca había una especial atención porque el Renault Kwid, el auto más accesible del mercado desde su regreso a Argentina en diciembre de 2024, podía perder ese sitial de privilegio si no aplicaba una rebaja de por lo menos el 6,5 por ciento.
Tal como era de esperarse, esa baja de precios no ocurrió, sino todo lo contrario. Por lo tanto, el Jmev Easy 3, un auto chino 100% eléctrico que importa el Grupo Antelo, se convirtió en el auto de menor precio del mercado con sus USD 16.900, que son equivalentes a unos $25.600.000.
Renault aplicó aumentos a casi todos sus autos, incluido el Kwid, aunque este fue el modelo de menor incremento (solo un 2%) mientras que el resto del portafolio subió un 2,5%. Los modelos son Kardian, Duster, Oroch, Koleos, Boreal, Kangoo y Master. En cambio, los que mantuvieron sus precios fueron los modelos que ya se discontinuaron como Sandero, Stepway, Logan y la pick up Alaskan. El promedio de aumentos de Renault fue del 1,7%.
Stellantis también publicó sus precios el primer día hábil del mes para todas sus marcas, que desde agosto suman a la nueva Leapmotor también. Ahora son siete, aunque los precios que se modifican son en 5 de ellas, ya que la nueva marca y DS tienen sus precios en dólares.
De todos modos, en general se aplicó un 2% a toda la gama con algunas excepciones. En el caso de Fiat, el único vehículo que no aumentó fue el Fiat 600 Hybrid, que mantuvo el mismo precio de julio en $49.340.000. En Peugeot y Citroën el incremento fue general para todos los modelos.
En el caso de Jeep y RAM, se aplicó un 2% a todos los productos brasileños y argentinos, y solo se dejaron sin aumentar los precios en dólares que tienen Jeep Wrangler, Gladiator y Grand Cherokee, y las RAM 1500 y 2500.
Ford también decidió aumentar algunos modelos y dejar sin cambios otros de su portafolio. Los aumentos fueron del 2,1% para Bronco Sport y 2% para Maverick (los dos modelos que vienen de México con acuerdo comercial suspendido), y del 1% para toda la línea nacional de la pick up Ford Ranger y para la Transit Van. El resto de los modelos, especialmente Territory, no tuvieron cambio de precio respecto a junio.
Chevrolet tomó también la decisión de aplicar un 2% de aumento a la mayoría de sus modelos, con algunas excepciones hacia arriba y hacia abajo. Los que tuvieron variaciones distintas son la versión LT de Tracker, el Captiva PHEV, y la pick up S10 cabina simple 4×4, que subieron un 2,5%, mientras que la S10 cabina simple 4×2 subió un 3,5%.
En cambio, los que quedaron abajo del 2% fueron el Chevrolet Spark EUV y la S10 cabina doble 4×2 , con un 1,5%, y el resto de la gama S10 que subió solo un 1%. El promedio de General Motors fue del 2%.
Finalmente, Nissan, Honda y Hyundai comunicaron también su política de precios para agosto con diferentes decisiones. La primera aplicó aumentos del 2% a la gama Versa y a las pickup Frontier, pero dejó el resto de los modelos sin aumento alguno. En cambio, Honda y Hyundai decidieron no modificar ninguno de sus precios y dejar la lista igual que en julio.
ECONOMIA
El Gobierno aseguró que habrá sanciones por el paro de prácticos que paraliza a los puertos
El Gobierno nacional advirtió sobre la inminencia de sanciones para los responsables del paro de prácticos que afecta la operatoria en los principales puertos del país. La decisión surgió durante una conferencia de prensa realizada hoy, en la que el vocero oficial, Adrián Ravier, detalló la postura oficial frente al conflicto que mantiene inmovilizados a numerosos buques y compromete la logística nacional.
El impacto del paro de prácticos, considerado un servicio esencial dentro de la cadena logística, generó preocupación en el Ejecutivo. Según expuso Ravier, la administración dictó un decreto para adelantar la introducción de nuevas reglas en el sector, con el objetivo de reducir los costos logísticos y facilitar la competencia. El funcionario subrayó: “Ahora, se aprobó un decreto para adelantar inmediatamente este concepto, que es muy importante para que los costos logísticos bajen”.
La medida, impulsada en coordinación con el Ministerio de Desregulación y con el economista Federico Sturzenegger, pretende abrir el mercado del practicaje a nuevos actores. De acuerdo con lo expresado por Ravier, la intención oficial es permitir la entrada de nuevos jugadores, lo que posibilitaría “precios más competitivos” y, en consecuencia, “una mejora para empresas y consumidores que teniendo un costo logístico menor, esto va a favorecer esos precios”.
El conflicto surgió por la resistencia de algunos sectores ante la apertura del mercado. “Por supuesto, hay personas que operaban en ese mercado, que operan en ese mercado, que ante la entrada de competidores plantean este reclamo y eventualmente hacen este paro que perjudica la logística”, remarcó el vocero. La interrupción de actividades generó la paralización de buques y la alteración en la programación de movimientos portuarios.
En este contexto, el Gobierno insistió en que el practicaje constituye un servicio esencial y que sus operadores deben garantizar su continuidad. “Estas empresas, estas personas tienen la obligación de sostener el servicio esencial. Lo mismo que decíamos antes con respecto a la educación”, sostuvo Ravier.
Consultado por la prensa sobre la posibilidad de aplicar sanciones, el funcionario fue enfático. “¿Va a tener esto sanciones? Seguramente. Se está… es algo que está ocurriendo en este momento. No tengo detalles ahora sobre las sanciones que van a ocurrir, pero sin duda es algo que va a ocurrir”, afirmó Ravier durante la conferencia.
El impacto económico del paro también fue eje de preguntas. Si bien hasta el momento no se difundieron cifras oficiales, el vocero reconoció que la interrupción en el servicio generará pérdidas. “Sin duda esto va a generar un costo, pero no tengo números para darles inmediatamente en este momento”, expresó en respuesta a los periodistas.
El Gobierno vinculó esta situación a una política más amplia de desregulación y apertura de mercados. “La Argentina en esta materia tiene un costo elevado comparativamente con otros países. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve con competencia. Lo que estamos haciendo es abrir la competencia, permitir que, en este caso del practicaje, puedan entrar nuevos jugadores”, explicó Ravier. El objetivo declarado es alinear los costos logísticos locales con los estándares internacionales e incentivar inversiones en el sector.
La controversia por el paro se produce en medio de otras reformas impulsadas por el Ejecutivo. Durante la rueda de prensa, Ravier también mencionó proyectos de ley orientados a facilitar la inversión extranjera y la adquisición de tierras por parte de actores internacionales, aunque evitó vincular directamente estas iniciativas con el conflicto portuario.
Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de las obligaciones de servicio esencial será un criterio determinante para definir las sanciones. La referencia a la educación como otro ámbito donde se aplican normas similares sirvió para subrayar la postura del Gobierno frente a la interrupción de actividades estratégicas.
Durante la conferencia, la prensa también consultó a Ravier sobre otros temas de actualidad, como la deuda con el dirigente sindical Hugo Moyano y las expectativas respecto de la ley de propiedad privada. El funcionario optó por no brindar detalles sobre esos puntos y centró sus respuestas en la problemática del paro y sus repercusiones inmediatas.
La administración nacional dejó en claro que avanzará con las acciones disciplinarias correspondientes, aunque evitó precisar los alcances y modalidades de las mismas. El Ejecutivo reiteró que la prioridad es restablecer el funcionamiento normal de los puertos y garantizar la continuidad de un sector estratégico para la economía.
El conflicto, que involucra a empresas y trabajadores del practicaje, sigue sin una resolución definitiva. La expectativa oficial se orienta a que la aplicación de sanciones y la apertura del mercado contribuyan a restablecer la normalidad operativa. Las próximas horas serán decisivas para conocer la magnitud de las medidas y su impacto en la logística portuaria.
ECONOMIA
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