El avance de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube, blockchain y el incipiente desarrollo de la computación cuántica ha generado, de manera simultánea, importantes mejoras en la eficiencia del sistema financiero, pero también nuevos y complejos ciber-riesgos para su funcionamiento.

La acelerada digitalización, junto con la proliferación de aplicaciones financieras, ha expandido significativamente el ecosistema de plataformas disponibles, multiplicando las alternativas para gestionar ahorros, pagos e inversiones dando lugar a una marcada expansión y diversificación de las cuentas financieras utilizadas por los argentinos en su vida cotidiana incrementando de forma proporcional los puntos de acceso potencialmente vulnerables a ciberataques.

Más allá de las duplicaciones propias del sistema, el exponencial crecimiento del número de cuentas financieras de todo tipo en manos de argentinos del último lustro es elocuente:

• El último informe de inclusión financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA), señala que a junio de 2025 la cantidad de personas humanas (PH) con cuentas alcanzó la cifra de 37,5 millones, y de ese total cerca de 27 millones mantienen simultáneamente múltiples cuentas bancarias y de pago.
• En forma más precisa, un informe de Coelsa de enero de 2026 estima la existencia de cerca de 322 millones de cuentas digitales totales, lo que implica un promedio cercano a ocho cuentas por persona, distribuidas entre cuentas bancarias (CBU) y cuentas de pago (CVU).
• El informe antes mencionado del BCRA también señala la existencia de 14,6 millones de tarjetas de crédito con saldos deudores.
• Según el reporte mensual de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, existen aproximadamente 30 millones de cuentas de inversión en estos instrumentos.
• A su vez, tanto Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) como A3 Mercados han registrado, por distintas razones, un crecimiento significativo de cuentas comitentes vinculadas a la inversión en bonos, acciones, Cedears y productos derivados entre otros instrumentos.
• En el segmento cripto, aunque los datos son menos precisos por la naturaleza propia del ecosistema, distintas estimaciones –como un informe publicado recientemente por Lemon– estiman que más del 10% de la población argentina utiliza activos digitales, sea en cuentas en mercados centralizados o autocustodiadas.
• Finalmente, distintas fuentes estiman en varios cientos de miles las cuentas de ahorro o inversión que los argentinos mantienen en el exterior.

Este variado y numeroso abanico de puertas de entrada de ataques, constituye un terreno cada vez más fértil para el accionar de ciber-delincuentes.

Es importante marcar además que una parte importante de las nuevas cuentas que se abrieron en los últimos años provinieron de un segmento de la población no digitalizado previamente, con un perfil más vulnerable a este tipo de delitos.

En los últimos cinco años, la tipología de los ciberdelitos ha evolucionado desde ataques relativamente aislados y manuales hacia esquemas altamente automatizados, escalables y sofisticados, impulsados por estas nuevas herramientas disruptivas

Los profesionales responsables de ciberseguridad de todos los actores del sistema financiero argentino sean entidades de cualquier tipo –bancos, financieras, PSPs, ALYCs, PSAVs o FCIs–, mercados, empresas de infraestructura financiera o reguladores, tienen un trabajo ingrato y extremadamente complejo: construir continuamente defensas ante atacantes sofisticados muchas veces invisibles o escurridizos que cuentan con herramientas tecnológicas cada vez más poderosas.

Además, la construcción de defensas basadas en información se ve debilitada por la dificultad de conocer el verdadero alcance de los ciberataques, ya que con frecuencia estos no se hacen públicos o se reportan de manera incompleta por motivos reputacionales. En el sector financiero, donde la confianza es el activo más valioso, muchas entidades optan por gestionar estos incidentes de forma reservada para evitar el pánico, la fuga de depósitos o impactos negativos en su valoración de mercado.

En el campo de la ciberseguridad, la inteligencia artificial no es nueva: desde hace más de una década, bancos y fintechs la utilizan para detectar fraudes y monitorear transacciones sospechosas mediante técnicas de machine learning. La novedad es que, en los últimos años -impulsados por el auge de la IA generativa- los ciberdelincuentes también empezaron a apropiarse de estas herramientas.

En este contexto, la misma herramienta que fortalece la defensa también acelera la ofensiva, generando una carrera permanente entre capacidades de protección y de ataque.

En particular, la inteligencia artificial se ha convertido en un factor central de esta dinámica. Agentes maliciosos la utilizan para ejecutar ataques de ingeniería social altamente personalizados y difundir desinformación creíble; desplegar “bots” autónomos capaces de identificar y explotar vulnerabilidades en tiempo real; y aplicar técnicas de envenenamiento de datos que comprometen el funcionamiento de los sistemas antifraude.

A la experiencia natural de los hackers -históricamente aprovechada por las organizaciones para anticipar y mitigar amenazas- se suma ahora un actor de enorme capacidad: la IA generativa. Su habilidad para procesar en tiempo real grandes volúmenes de registros de incidentes (trace-logs) y detectar patrones ocultos permite identificar vulnerabilidades antes inadvertidas, poniendo en tensión incluso a los sistemas de software más extendidos a nivel global.

Un ejemplo reciente de la creciente relevancia de esta problemática lo evidencia la reunión convocada de urgencia a comienzos de mes por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con los directivos de los principales bancos del sistema financiero estadounidense.

En ese encuentro, las autoridades advirtieron que el modelo de inteligencia artificial “Mythos”, desarrollado por Anthropic, no solo sería capaz de generar código con un nivel superior al de las herramientas actuales, sino también de identificar vulnerabilidades críticas en sistemas ampliamente utilizados a nivel global.

Este escenario fue planteado como una amenaza potencialmente sistémica para la ciberseguridad financiera, lo que llevó a instar a las entidades a reforzar de manera urgente sus capacidades de ciberseguridad.

A este nuevo frente se suma otra tecnología aún en desarrollo, pero con implicancias potencialmente disruptivas: la computación cuántica. Diversos avances experimentales han demostrado que, mediante el denominado “algoritmo de Shor”, un computador cuántico suficientemente potente podría, en el futuro, comprometer gran parte de la infraestructura criptográfica que hoy protege a las instituciones financieras.

Sin embargo, la amenaza no es exclusivamente futura. Organismos internacionales y reguladores advierten sobre riesgos actuales asociados a estrategias como “harvest now, decrypt later (HNDL)”, que consisten en recolectar hoy información cifrada -transacciones, comunicaciones o datos sensibles- para descifrarla en el futuro, cuando la capacidad cuántica lo permita.

En este contexto, diversas organizaciones internacionales promueven la adopción temprana de criptografía post-cuántica (PQC), junto con el desarrollo de capacidades de agilidad criptográfica -que permitan reemplazar algoritmos sin rediseños estructurales- con la construcción de inventarios exhaustivos de activos digitales y la necesidad de un enfoque de ciberseguridad dinámico, basado en el monitoreo continuo y la adaptación permanente frente a los rápidos avances de estas tecnologías.

A nivel global, organismos como el G7 (a través de su Grupo de Expertos en Ciberseguridad – CEG), el FMI, el BIS (que agrupa a los bancos centrales) y IOSCO (en el que participan las comisiones de valores) han elevado la ciberseguridad a una cuestión de estabilidad financiera sistémica.

Localmente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha emitido distintas normas que contemplan los riesgos operativos emergentes de estas tecnologías bajo un enfoque de riesgo tecnológico neutro y resiliencia operativa.

La Comunicación “A” 8398 aprobada el 5 de febrero de este año, además, amplía el perímetro regulatorio incorporando a las fintechs, en este caso a los Proveedores de Servicios de Pago que deberán cumplir estándares análogos en las exigencias de Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la Información que los bancos tradicionales, debiendo implementar esas modificaciones antes del 4 de agosto de 2026.

Asimismo, y ante la creciente dependencia de servicios en la nube y software externo, la normativa les exige a todas las entidades un control estricto sobre los proveedores de servicios críticos (donde la nube juega un rol clave), obligando a las entidades a auditar su cadena de suministro digital.

Como un paraguas más amplio que el marco normativo de los organismos de supervisión, en marzo de este año se aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), mediante la Resolución 231/2026 del Ministerio de Seguridad. Este plan establece protocolos de actuación rápida y coordinación entre nación, provincias y municipios y con las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y las entidades financieras para combatir el ecosistema de estafas digitales.

Desde otra perspectiva, la ciberdelincuencia representa un desafío estructural crítico para la justicia argentina, al desafiar los límites tradicionales de la jurisdicción territorial y exigir conocimientos técnicos, y una velocidad de respuesta no contemplada por el sistema judicial clásico.

Todo indica que en los próximos meses y años asistiremos a ataques maliciosos más sofisticados -para los que difícilmente estemos suficientemente preparados- por parte de diversos tipos de organizaciones criminales, inclusive a veces asociadas a Estados, que ponen en jaque tanto la integridad del sistema financiero como el ahorro individual de los usuarios.

En este sentido el ecosistema financiero argentino en su conjunto enfrenta un desafío inédito y mayúsculo, pero no imposible de afrontar.

El primer paso imprescindible para enfrentar esta amenaza es tratar de abordarla en su enorme complejidad concientizando tanto a los actores públicos como privados de la múltiples implicancias y riesgos que estas nuevas y dinámicas tecnologías traen aparejadas, fortaleciendo la capacitación y la articulación de espacios de trabajo cooperativo a nivel local e internacional.

Weitz es ex presidente de la CNV y profesor de Finanzas Tecnológicas (UBA). Díaz es profesor de posgrado Gestión Estratégica de la Tecnología Informática (GETI) de la Universidad Nacional Rosario

En los 30 días de abril se vendieron en la Argentina 154.792 autos usados, lo que completó para el primer cuatrimestre del año casi 600.000 transferencias, más exactamente la compra-venta de 592.086 vehículos, según datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

El informe destaca que la marca de autos usados más vendidos en la Argentina sigue siendo Volkswagen: entre los modelos Gol y Trend se transfirieron en abril un total de 8.411 unidades. El segundo modelo más vendido fue el Toyota Hillux, con 6.180 unidades y el podio lo completó Chevrolet, la suma de cuyos modelos Corsa y Classic totalizaron 4.401 cambios de titularidad.

Más precisamente, los diez primeros lugares del ranking por cantidad de transferencias registradas fue el siguiente:

1-WV Gol y Gol Trend: 8.411 unidades transferidas.

2-.Toyota Hilux: 6.180 unidades.

3-Chevrolet Corsa/Classic: 4.401

4-Ford Ranger: 4.123

5-VW Amarok: 3.682

6-Peugeot 208: 3.543

7-Ford EcoSport: 3.195

8-Ford Ka: 2.935

9-Fiat Palio: 2.869

10-Toyota Corolla: 2.844 unidades.

A su vez, las provincias en que el número de operaciones más aumentó respecto de marzo fueron La Rioja (24,73%, muy lejos de los guarismos de quienes la escoltaron en el podio: CABA (5,40%) y Río Negro (3,51%). En el extremo opuesto de ese ranking, las provincias donde la cantidad de transferencias más cayó fueron Chaco (- 12,54%), Tierra del Fuego (- 9,41%) y Formosa (- 7,97%)

“El mes de abril se mantuvo prácticamente dentro de los mismos volúmenes de venta que el mes de marzo. Pero tuvo una leve baja con respecto a igual mes del año pasado”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

“En un mercado que no se acomoda, sigue inestable, estamos trabajando nutriendo de nuevas herramientas al sector para que tengan más ventas y el público tenga una noción realista del valor de los autos. Hay mucha distorsión de precios y eso confunde al cliente”, expresó el directivo.

“Hoy los nichos de autos más demandados (modelos y precios) están cubiertos en todas las agencias del país. La financiación sigue siendo crucial: los bancos y financieras

siguen sin estar a tono con las tasas que requiere el mercado. Nos preguntamos si se están vendiendo actualmente 154.000 unidades mensuales, cuánto más se

podría comercializar con tasas más acordes”, mencionó Lamas.

En cuanto a la distribución regional y provincial de operaciones señaló que el interior “sigue mostrando un movimiento de ventas que se mantiene estable, en detrimento del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que sigue con volúmenes de ventas bajos. Apostamos a una normalización rápida del sector y retomar el camino hacía un nuevo récord de ventas para 2026”.

Las provincias en que aumentó el número de operaciones de compra-venta de autos usados registrada fueron las siguientes:

1-La Rioja: 24,73%

2-CABA: 5,40%

3-Río Negro: 3,51%

4-San Juan: 3,47%

5-Salta: 2,41%

6-Buenos Aires 2,05%

7-Mendoza: 1,97%

8-Misiones: 1,50%

9-Córdoba: 0,35%

Cabe destacar, sin embargo, que en cuanto a número de operaciones el grueso se sigue registrando en la provincia de Buenos Aires, que en abril concentró el 38,2% de las transferencias de usados, seguida por Córdoba (12,3%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (9,1%), Santa Fe (8,5%), Mendoza (5,7%) y Entre Ríos (4%).

El informe de la Cámara del Comercio Automotor también incluye el ranking de los autos electrificados más vendidos que en las tres primeras posiciones encabezan tres modelos de Toyota, el Corola Cross, el Corolla (a secas) y el Toyota RAV4.

En tanto, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre enero y abril se vendieron 2.345 unidades de autos eléctricos nuevos, un 819,6% más que en igual período del año pasado. Se trata de un mercado de valores mucho más altos, especialmente si, como detalló Infobae, se comparan los precios con los salarios promedios vigentes en la Argentina.

Aunque el gobierno se atiene al discurso de que su prioridad sigue siendo bajar la inflación a partir del equilibrio fiscal y la no emisión monetaria, la debilidad de los indicadores de actividad económica, puntuados por anuncios de cierres de empresas, suspensiones y despidos, lo ha ido llevando a anunciar medidas para intentar revertir el clima negativo y hasta de desesperanza que se cierne sobre vastos sectores de la economía.

Milei ha dicho por un lado que no tomaría medidas que vayan en contra de la teoría económica, pero por otro destacó la experiencia internacional de su ministro de Economia, Luis Caputo, como “trader” sometido a la presión de los resultados y que por lo tanto “no se come ni una”, basado en una orientación práctica, basada en resultados, y no en alguna teoría o escuela en particular.

Lo cierto es que en economía argentina hoy conviven sectores con coyunturas y perspectivas muy diversas.

De un lado, aquellos en crecimiento como el campo y la agroindustria, el sector energético y producción de petróleo y gas “no convencional” con epicentro en Vaca Muerta, e inversiones mineras que se acelerarán en los próximos meses tanto por las exigencias normativas en el caso de los proyectos ya aprobados para el RIGI (deben concretar el 20% de la inversión comprometida en el primer año de su ingreso al régimen) como por la aceleración de decisiones a partir de los cambios a la Ley de Glaciares.

Del otro, la mayoría de los sectores industriales, la construcción, el comercio y hasta el turismo, que generan la mayor parte del empleo privado, enfrentan una demanda débil, costos que no ceden y una competitividad cada vez más recortada entre un tipo de cambio que marchó a la zaga de la inflación, encareciendo en dólares a Argentina, y la apertura de la economía.

En este contexto, el anuncio del Súper RIGI es al menos el octavo anuncio o medida oficial para contrarrestar las malas noticias del frente productivo, del consumo. el empleo y los ingresos, a saber:

Como señaló en un reciente análisis Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, desde marzo rige una suerte de “corredor de tasas” de interés, en que el BCRA define piso y techo entre 20 y el 25% anual para las operaciones de cortísimo plazo, por ahora sin mayores resultados.

“El crédito al sector privado todavía no ha reaccionado, con variaciones negativas en términos reales tanto en marzo como abril”, señaló Vasconcelos. El “corredor”, dijo, debería mantenerse en el tiempo y “para que no sea una expresión de voluntarismo, es clave que el mercado de futuros del dólar no desafíe el rumbo de esta política”.

Por ahora los indicadores de ventas de bienes de consumo no salieron de la meseta en la que se instalaron a mediados de 2025 y la recaudación impositiva, su reflejo, podría “llevar la política fiscal a terreno procíclico, con recorte de gastos discrecionales y complicaciones financieras para las empresas proveedoras del estado, por la creciente masa de deuda flotante”, advirtió el economista.

A mediados de abril el BCRA flexibilizó una norma sobre los encajes bancarios para permitir una baja de tasas. Lo hizo mediante una adecuación de las normas de efectivo mínimo (concretamente, redujo el límite de integración diaria al 65% y eliminó restricciones de plazos para los bonos utilizados como encajes) con el objetivo de generar mayor liquidez, estimada en unos $2,8 billones (equivalentes a unos USD 2.000 millones) a través de los bancos comerciales.

En marzo, en la apertura de la edición aniversario de Expoagro 2026 edición YPF Agro, el BNA lanzó una línea de financiamiento integral orientada a renovar el parque de maquinaria, adquirir insumos estratégicos e invertir en capital de trabajo. Ni bien inaugurada ExpoAgro, el BNA anunció allí su nueva línea de créditos a tasa 0% en dólares y 19% en pesos, destinada a la compra de maquinaria nueva y usada, utilitarios, insumos estratégicos y la renovación tecnológica. La propuesta fue presentada por el propio titular del Nación, Darío Wasserman y el gerente general, Gastón Álvarez.

El esquema de financiamiento para la compra de maquinaria agroindustrial nueva prevé líneas con desembolso único, plazos de hasta 60 meses y hasta el 100% de financiamiento del valor del bien, con una tasa nominal del 19% en pesos (menor a la inflación esperada por la población y el consenso del merado) y del 0% en dólares. Solo en el primer día, la entidad recibió solicitudes de crédito por $30 billones

A partir del 6 de abril y con el objetivo de reactivar la actividad y facilitar el acceso al crédito en un contexto marcado por las dificultades financieras para las empresas, el Banco Nación puso en marcha nuevas líneas de financiamiento para pymes con tasas reducidas.

La tasa nominal anual de estos préstamos es del 25%, varios puntos por debajo del actual ritmo de inflación anual y una reducción muy significativa respecto del 38% que regía previamente. Además, la entidad ofrece la posibilidad de descontar cheques a 30 días a una tasa del 23%, dos puntos menos que la anterior. Ambas iniciativas cuentan con un cupo de $1 billón y buscan fortalecer la capacidad productiva y la inversión de este segmento clave para la economía nacional.

En línea con su decisión de desregular y privatizar acciones antes cumplidas por el Estado que pudieran ser asumidas presumiblemente con mayor eficiencia y asumiendo riesgos por parte del sector privado, el gobierno había anunciado que a partir de este año la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para paliar la insuficiencia de gas durante los meses de consumo residencial pico del invierno dejaría de estar en manos de Enarsa, una ingente consumidora de subsidios del Estado, para pasar a manos privadas.

Sin embargo , ante la paridad de ofertas de Naturgy y Trafigura para hacerse cargo de la operación y en medio de una coyuntura internacional marcada por precios elevados y menor disponibilidad, debido a la Guerra en Medio Oriente, finalmente decidió que este año la operación siga a cargo de Enarsa. Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la decisión obedeió “a la suba y volatilidad del precio internacional” y a que “no es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema, justo cuando Argentina está bajando el uso de GNL”.

La medida, oficializada mediante la Resolución 111/2026 del área energética, busca ofrecer previsibilidad frente a condiciones energéticas cambiantes por el conflicto en Medio Oriente, aún cuando Argentina registró en el primer trimestre del año un superávit energético de USD 2.405 millones, el mayor del que se tenga registro para ese período. El alivio se suma al descuento general del 50% que ya estaba vigente. Así, durante mayo los hogares beneficiarios recibirán una reducción total del 75% sobre su consumo base (50% base + 25% extraordinario).

El primero de abril, a un mes del inicio de la Guerra en Medio Oriente y cuando los precios locales de los combustibles ya habían aumentado en promedio un 23%, pero los precios internacionales seguían sin estabilizarse, alcanzando incluso nuevos récords, YPF anunció su decisión de no trasladar al surtidor por 45 días el aumento del precio actuando así como una suerte de “amortiguador”, en reacción a la baja del consumo que tuvo lugar, en particular, en el interior del país.

Tras este período, que expira el próximo viernes, 15 de mayo, la empresa encabezada por Horacio Marín decidirá la política de precios a seguir. Uno de los insumos de esa decisión será una reunión que el titular de la petrolera de mayoría estatal mantendrá este lunes con otros referentes del sector petrolero.

Desde Los Ángeles, donde participó de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, el miércoles el presidente Javier Milei anunció que el gobierno trabaja en un proyecto de Super RIGI (en referencia al vigente Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones) y ya de regreso a la Argentina escribió que enviará al Congreso “una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”. A posteriori, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en rueda de prensa que la Argentina compite con países que le llevan “décadas de ventaja en términos de instituciones y composición impositiva” y que el proyecto buscará generar condiciones favorables a la instalación y desarrollo de industrias que hoy no existen o existen muy limitadamente en el país, como la fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena del valor del uranio, amén de -a partir de la abundancia de gas- aumentar la producción local de fertilizantes.

El Súper RIGI, adelantó Caputo, tendrá diferencias concretas con el sistema vigente: la tasa del Impuesto a las Ganancias para las empresas beneficiadas será del 15%, frente al 25% del RIGI actual y se permitirá deducir el 60% de la inversión en el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero, esto es un ritmo más rápido que el RIGI ya vigente, por el que —entre iniciativas aprobadas y en evaluación— ya aprobó planes de inversión por más de USD 27.000 millones y tiene 22 proyectos pendientes de aprobación por casi USD 68.000 millones más.

Habrá que ver si las empresas ya acogidas al RIGI hacen fila para pedir el mismo trato. Además, según el rango de inversión al que apunte, podría dejar sin incentivos a los planes de inversión de entre USD 9 y USD 200 millones, pues entre USD 150.000 y 9 millones ya existe el Mini RIGI y para los auperiores a USD 200 millones el RIGI a secas.