La disputa judicial que involucra a la República Argentina, YPF y el fondo Burford Capital entró en una nueva etapa luego de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtiera la condena de USD 16.100 millones en contra del país. La decisión de la Cámara de Apelaciones cambió de manera sustancial el curso del litigio y abrió un escenario diferente para los próximos pasos legales impulsados por Burford.

El 27 de marzo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito emitió su fallo y revocó la sentencia que establecía una indemnización multimillonaria en favor de los demandantes Petersen y Eton Park, cuyos derechos había adquirido Burford Capital. La demanda, que se originó a partir de la adquisición de los derechos del Grupo Petersen por cerca de USD 16 millones, encontró así un giro inesperado, ya que la decisión judicial desestimó la acción y modificó el recorrido de un juicio que generó atención internacional.

Tras este revés, Burford Capital anunció la presentación de un pedido de rehearing en banc ante el Segundo Circuito, con el propósito de que el pleno de jueces activos del tribunal reconsidere la decisión. La Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, subrayó que este tipo de recurso tiene un carácter excepcional y se reserva para contadas ocasiones, bajo condiciones de admisibilidad estrictas. La posición argentina sostiene que esos requisitos no se cumplen en este caso y que el intento del fondo litigante representa una estrategia sin sustento jurídico.

Junto a ese movimiento, Burford comunicó su intención de recurrir a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El fondo ya había evaluado esta opción en 2015, pero en ese momento optó por renunciar a esa vía y centrar la disputa en los tribunales de Nueva York.

“El intento de reabrir ahora esa vía constituye un nuevo e improcedente esfuerzo de los demandantes por pretender revivir, sin credibilidad alguna, un reclamo que ya fue rechazado de manera contundente por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito”, dijeron desde la Procuración.

El análisis de la Procuración pone el foco en la falta de credibilidad de este último intento de Burford Capital. Según la interpretación oficial, la alternativa del CIADI ya quedó descartada por decisión de los propios demandantes, lo que debilita cualquier argumento para que ese tribunal acepte el caso en la instancia actual. La estrategia de defensa de la Argentina enfatiza que la vía internacional se abandona voluntariamente en 2015 y que el regreso a esa opción judicial ahora carece de fundamentos sólidos.

Desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei, la Procuración del Tesoro delineó una estrategia de defensa integral, considerando todos los escenarios procesales posibles. El equipo jurídico oficial sostiene una línea de acción proactiva para resguardar los intereses del Estado y lograr la consolidación del resultado obtenido en la apelación. El objetivo central es lograr la victoria definitiva en un litigio que involucró sumas extraordinarias y que atrajo la atención de inversores, abogados y actores políticos.

La condena original, que ascendía a USD 16.100 millones, generó preocupación por el impacto potencial en las finanzas públicas de la República Argentina. El hecho de que la Corte de Apelaciones haya revertido esa sentencia representa, para el Gobierno y sus equipos legales, un paso fundamental para fortalecer la posición argentina en el ámbito judicial internacional. El énfasis en la defensa proactiva se refleja en la continuidad de las acciones emprendidas por la Procuración, que mantiene el monitoreo sobre todos los movimientos procesales, tanto en los tribunales de Estados Unidos como en organismos internacionales como el CIADI.

El litigio tuvo como protagonistas centrales a los fondos Burford Capital, Petersen y Eton Park, además de la petrolera YPF y la propia República Argentina. La adquisición de los derechos del reclamo por parte de Burford, por un monto significativamente menor al de la sentencia original, dio lugar a un proceso judicial seguido de cerca por la comunidad financiera global. La estrategia argentina apuntó desde el inicio a cuestionar la legitimidad de los reclamos y a exponer la falta de justificación en la pretensión de indemnización.

La Procuración del Tesoro insiste en que la decisión de la Cámara de Apelaciones representa un antecedente clave y que el escenario actual favorece la posición nacional. El equipo jurídico sostiene que los recursos excepcionales, como el rehearing en banc, cuentan con una probabilidad muy baja de prosperar y que el intento de reactivar un arbitraje en el CIADI no encuentra sustento en las reglas del sistema internacional de solución de controversias.

En este contexto, el Gobierno argentino mantiene una postura de seguimiento riguroso de todas las alternativas y ratifica su compromiso de continuar la defensa en cada instancia que corresponda. La Procuración del Tesoro, bajo la conducción de Sebastián Amerio, reafirma su estrategia de consolidar el resultado favorable en la apelación y de actuar frente a cualquier nuevo intento de litigio que busque revertir la situación lograda tras el fallo del Segundo Circuito.

El caso YPF continúa en el centro de la agenda jurídica y política, con la atención puesta en las próximas definiciones del tribunal neoyorquino y la eventual admisión de un arbitraje internacional en el CIADI. Mientras tanto, la posición argentina se sostiene en la contundencia del fallo de la Cámara de Apelaciones y en una estrategia legal que aspira a garantizar la defensa de los intereses nacionales en el plano internacional.