El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, compartió en Infobae en Vivo un diagnóstico sobre el momento que atraviesa el sector manufacturero: apoyó el rumbo macroeconómico del Gobierno, pero con una advertencia clara sobre los costos de la transición. La industria, dijo, está en un período de ajuste sin que los motores que deberían reemplazar al modelo anterior hayan encendido todavía.

Rappallini planteó que el orden fiscal y la baja de la inflación son pasos necesarios, pero no suficientes para que la actividad industrial se recupere. “El país de las inversiones todavía no llegó”, afirmó. “Todo lo que se está planificando, con la llegada de inversiones por USD 80.000 millones, todavía no está impactando en la economía.”

Esa brecha entre lo que se proyecta y lo que se percibe en los balances y en los puestos de trabajo es, según el titular de la UIA, el núcleo del problema actual. No se trata, aclaró, de una economía partida en dos, sino de una transición que genera tensiones muy concretas sobre sectores que no pueden esperar. “En esta transición, tenemos una situación muy compleja para una gran cantidad de sectores de la industria”, señaló, y mencionó a la construcción como uno de los casos más críticos.

Rappallini reconoció que la entidad que conduce llevó esa preocupación directamente al gabinete económico. “Estuvimos estos días con el ministro Caputo y le planteamos la preocupación por el nivel de actividad”, indicó.

Para entender el presente, Rappallini apela a una perspectiva de largo plazo. La industria argentina no enfrenta solo un problema coyuntural, sino el resultado acumulado de más de una década de estancamiento. “La economía hace quince años que no crece”, afirmó. “A nivel industrial, por habitante, somos la mitad que Brasil”, agregó.

Para el referente de la industria, el rezago estructural se combina con un doble efecto que complica la recuperación: la diferencia de precios y de cantidades. Los consumidores ajustaron su demanda ante la caída del poder adquisitivo, y los industriales deben adaptarse a una nueva estructura de costos que todavía no terminó de acomodarse.

Sin embargo, Rappallini no ve ese horizonte como inalcanzable. “Cuando realmente se enciendan los motores, vamos a tener el nivel de consumo por lo menos de 2022”, estimó. Ese nivel, aclaró, no representa un pico histórico, pero sería una señal concreta de reactivación. “Volver a los niveles de 2022 no es una locura”, insistió.

Parte del diagnóstico de Rappallini apunta a explicar por qué la industria llegó a este punto de fragilidad. Durante años, señaló, el sector manufacturero fue protegido en los precios mientras se lo castigaba por otras vías. “El sector industrial tuvo 120% de inflación en un período en el que los servicios subieron 300%”, describió. “Mientras se protegía a la industria, al mismo tiempo duplicaban los impuestos y las empresas tenían mayores costos financieros.”

El resultado fue una economía que Rappallini define como “distorsionada”, donde la protección arancelaria encubría una pérdida sostenida de competitividad. Esa lógica, sostiene, terminó perjudicando al sector que decía defender. “Muchos defienden el industrialismo y es un error pensar que defendés la industria cuando estás subiendo los impuestos. Cuando perdés tu capacidad de competir globalmente, no estás ayudando a la industria.”

La posición de la entidad no es de oposición al Gobierno, sino de interlocución activa. Rappallini es explícito al respecto: “A nivel general, el rumbo del Gobierno es correcto.” Apoya la baja de la inflación, la reducción de impuestos a las exportaciones y la estabilidad macroeconómica. Pero sostiene que la corrección de distorsiones no está siendo pareja.

“Estamos planteando que hay que nivelar la cancha”, resumió. El sector más golpeado, según su análisis, es el que emplea más mano de obra: la industria tradicional que compite con el exterior y cuyos precios no se fijan localmente. “El problema del transable es que los precios y calidades no se deciden internamente, sino a nivel global”, explicó.

Desde esa lectura, la UIA impulsa dos propuestas concretas. La primera es permitir tomar a cuenta del IVA los aportes patronales, como mecanismo para reducir costos laborales y formalizar empleo. La segunda es extender el régimen RIGI -pensado hasta ahora para sectores como la energía y la minería- a la industria manufacturera. “Queremos un RIGI industrial, para que el sector tradicional transable tenga el mismo régimen del RIGI y el super RIGI”, planteó.

Rappallini cerró su argumento con una reflexión sobre el modelo de país que, desde la UIA, consideran necesario discutir. La Argentina, dijo, no puede apostar todo su desarrollo a los recursos naturales. “La riqueza del país no es sólo la energía y la minería, es también el tejido empresario y el tener gente que sabe hacer cosas.”

Esa capacidad instalada, advirtió, se destruye si no se la defiende. “Lo que hace diferentes a los países es la capacidad de sus empresas”, afirmó. Y subrayó que el empresariado industrial está en condiciones de competir, si se le dan las reglas para hacerlo: “Hay un empresariado muy preparado que quiere competir.”

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento del 2,58% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de junio, en línea con la fórmula de movilidad que utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con la información oficial, los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo cobrarán un total de $674.976,99 en junio. Esta suma incluye el haber mensual con aumento, un bono extraordinario y el medio aguinaldo correspondiente. El monto se compone de $403.317,99 por el haber mínimo actualizado, $70.000 de bono y $201.659 de medio aguinaldo.

Para quienes cobran más que la jubilación mínima, el bono será proporcional hasta alcanzar el monto equivalente al haber mínimo más el bono, según detalló Anses. De esta forma, quienes superen el piso no quedarán excluidos del refuerzo, aunque el plus se ajustará en relación a su prestación.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total que recibirán los beneficiarios será de $553.981,59. El detalle incluye $322.654,39 de haber con aumento, $70.000 de bono y $161.327 de medio aguinaldo.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán $493.483,89. Esta cifra se integra por $282.322,59 de haber con aumento, $70.000 de bono y $141.161 de medio aguinaldo.

En relación a los planes sociales, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $144.932, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad será de $471.915. A su vez, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubicará en $72.474.

• Jubilación mínima: $403.317,99
• Jubilación mínima con bono: $473.317,99
• Jubilación mínima con bono y aguinaldo: $674.976,99
• PUAM: $322.654,39
• PUAM con bono: $392.654,39
• PUAM con bono y aguinaldo: $553.981,59
• Pensión no contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $282.322,59
• Pensión no contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez con bono: $352.322,59
• Pensión no contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez con bono y aguinaldo: $493.483,89‬
• Pensión Madre de 7 Hijos: $403.317,99
• Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $473.317,99
• Pensión Madre de 7 Hijos con bono y aguinaldo: $674.976,99

• Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932‬
• AUH hijo con discapacidad: $471.915
• Asignación por Hijo: $72.474
• Asignación por Hijo con discapacidad: $235.967

• DNI terminados en 0: 8 de junio
• DNI terminados en 1: 9 de junio
• DNI terminados en 2: 10 de junio
• DNI terminados en 3: 11 de junio
• DNI terminados en 4: 12 de junio
• DNI terminados en 5: 16 de junio
• DNI terminados en 6: 17 de junio
• DNI terminados en 7: 18 de junio
• DNI terminados en 8: 19 de junio
• DNI terminados en 9: 22 de junio

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
• DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
• DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
• DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

• DNI terminados en 0: 8 de junio
• DNI terminados en 1: 9 de junio
• DNI terminados en 2: 10 de junio
• DNI terminados en 3: 11 de junio
• DNI terminados en 4: 12 de junio
• DNI terminados en 5: 16 de junio
• DNI terminados en 6: 17 de junio
• DNI terminados en 7: 18 de junio
• DNI terminados en 8: 19 de junio
• DNI terminados en 9: 22 de junio

• DNI terminados en 0: 10 de junio
• DNI terminados en 1: 11 de junio
• DNI terminados en 2: 12 de junio
• DNI terminados en 3: 16 de junio
• DNI terminados en 4: 17 de junio
• DNI terminados en 5: 18 de junio
• DNI terminados en 6: 19 de junio
• DNI terminados en 7: 22 de junio
• DNI terminados en 8: 23 de junio
• DNI terminados en 9: 24 de junio

A contramano de la expectativa oficial de una pronta recuperación del consumo y el crédito, los datos del sistema financiero volvieron a lanzar una señal de alerta roja.

Según el último informe especial de la consultora 1816, basado en el procesamiento de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), la morosidad crediticia volvió a subir en abril, consolidando una tendencia que no solo no se detiene, sino que se acelera.

Para medir la irregularidad en el sistema financiero, la consultora tomó la deuda con un atraso de al menos 90 días (la denominada «Situación 3» en adelante). Bajo esta métrica, los números son contundentes: «La mora de las familias saltó del 11,5% en marzo al 12,0% en abril», reveló el reporte al que tuvo acceso iProfesional.

Por su parte, la mora de las empresas pasó del 3,1% al 3,3%, lo que llevó la irregularidad total del sector privado del 7,0% al 7,3% en apenas un mes.

En este contexto, el Gobierno acaba de lanzar un «kit de soluciones» para atender a los deudores morosos, a través del Banco Nación.

La morosidad volvió a subir y alcanzó nuevo récord en dos décadas

Lo más preocupante del reporte es el diagnóstico sobre el crédito a hogares.

Se trata de la decimoctava alza mensual consecutiva de la mora, un fenómeno que sigue batiendo récords históricos de los últimos 20 años.

Para dimensionar la velocidad del deterioro, basta mirar hacia atrás: en octubre de 2024, la irregularidad en las familias era de apenas un 2,5%.

En solo un año y medio, «la morosidad se multiplicó casi por cinco», incluso en un contexto donde el PBI mostró algunos signos de crecimiento.

A diferencia de lo observado en marzo, cuando el incremento había sido de 0,3 punto, en abril el proceso se aceleró a 0,5 punto. Este cambio de ritmo genera dudas sobre si el pico de morosidad se alcanzará efectivamente en este segundo trimestre, como se especulaba inicialmente.

La crisis es sistémica. De las 30 entidades financieras más grandes del país en términos de préstamos a familias, en 26 de ellas la mora subió durante abril, apuntó la consultora.

El sector no financiero y el impacto en las billeteras virtuales

Si los números de los bancos asustan, el panorama en las entidades no financieras (fintechs y tarjetas de retail) es aún más crítico.

En este segmento, la irregularidad alcanzó el 31,5% en abril. Jugadores clave que explican más del 50% de este mercado, como Tarjeta Naranja y Mercado Pago, experimentaron subas en sus niveles de irregularidad.

Este dato no es menor para el consumo masivo, considerando que las entidades no financieras representan alrededor del 17% del total de préstamos a familias en el sistema.

Más de cinco millones de argentinos fuera del radar

El impacto económico de este fenómeno es profundo y condiciona el futuro inmediato.

De acuerdo con el análisis de 1816, existen hoy «5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular» (impago por más de 90 días), sobre un universo total de 20 millones de tomadores de préstamos.

Esto significa que el «26,7% de los argentinos que tienen algún crédito en el sistema se encuentran en situación de mora». La consecuencia directa es que estos individuos dejan de ser «sujetos de crédito», lo que limita severamente la posibilidad de que el financiamiento a las familias actúe como motor de la actividad económica, tal como ocurrió entre finales de 2024 y principios de 2025.

De hecho, los datos preliminares de mayo sugieren que los préstamos privados en pesos caerán nuevamente en términos reales, marcando el «quinto mes consecutivo de retroceso».