El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, compartió en Infobae en Vivo un diagnóstico sobre el momento que atraviesa el sector manufacturero: apoyó el rumbo macroeconómico del Gobierno, pero con una advertencia clara sobre los costos de la transición. La industria, dijo, está en un período de ajuste sin que los motores que deberían reemplazar al modelo anterior hayan encendido todavía.

Rappallini planteó que el orden fiscal y la baja de la inflación son pasos necesarios, pero no suficientes para que la actividad industrial se recupere. “El país de las inversiones todavía no llegó”, afirmó. “Todo lo que se está planificando, con la llegada de inversiones por USD 80.000 millones, todavía no está impactando en la economía.”

Esa brecha entre lo que se proyecta y lo que se percibe en los balances y en los puestos de trabajo es, según el titular de la UIA, el núcleo del problema actual. No se trata, aclaró, de una economía partida en dos, sino de una transición que genera tensiones muy concretas sobre sectores que no pueden esperar. “En esta transición, tenemos una situación muy compleja para una gran cantidad de sectores de la industria”, señaló, y mencionó a la construcción como uno de los casos más críticos.

Rappallini reconoció que la entidad que conduce llevó esa preocupación directamente al gabinete económico. “Estuvimos estos días con el ministro Caputo y le planteamos la preocupación por el nivel de actividad”, indicó.

Para entender el presente, Rappallini apela a una perspectiva de largo plazo. La industria argentina no enfrenta solo un problema coyuntural, sino el resultado acumulado de más de una década de estancamiento. “La economía hace quince años que no crece”, afirmó. “A nivel industrial, por habitante, somos la mitad que Brasil”, agregó.

Para el referente de la industria, el rezago estructural se combina con un doble efecto que complica la recuperación: la diferencia de precios y de cantidades. Los consumidores ajustaron su demanda ante la caída del poder adquisitivo, y los industriales deben adaptarse a una nueva estructura de costos que todavía no terminó de acomodarse.

Sin embargo, Rappallini no ve ese horizonte como inalcanzable. “Cuando realmente se enciendan los motores, vamos a tener el nivel de consumo por lo menos de 2022”, estimó. Ese nivel, aclaró, no representa un pico histórico, pero sería una señal concreta de reactivación. “Volver a los niveles de 2022 no es una locura”, insistió.

Parte del diagnóstico de Rappallini apunta a explicar por qué la industria llegó a este punto de fragilidad. Durante años, señaló, el sector manufacturero fue protegido en los precios mientras se lo castigaba por otras vías. “El sector industrial tuvo 120% de inflación en un período en el que los servicios subieron 300%”, describió. “Mientras se protegía a la industria, al mismo tiempo duplicaban los impuestos y las empresas tenían mayores costos financieros.”

El resultado fue una economía que Rappallini define como “distorsionada”, donde la protección arancelaria encubría una pérdida sostenida de competitividad. Esa lógica, sostiene, terminó perjudicando al sector que decía defender. “Muchos defienden el industrialismo y es un error pensar que defendés la industria cuando estás subiendo los impuestos. Cuando perdés tu capacidad de competir globalmente, no estás ayudando a la industria.”

La posición de la entidad no es de oposición al Gobierno, sino de interlocución activa. Rappallini es explícito al respecto: “A nivel general, el rumbo del Gobierno es correcto.” Apoya la baja de la inflación, la reducción de impuestos a las exportaciones y la estabilidad macroeconómica. Pero sostiene que la corrección de distorsiones no está siendo pareja.

“Estamos planteando que hay que nivelar la cancha”, resumió. El sector más golpeado, según su análisis, es el que emplea más mano de obra: la industria tradicional que compite con el exterior y cuyos precios no se fijan localmente. “El problema del transable es que los precios y calidades no se deciden internamente, sino a nivel global”, explicó.

Desde esa lectura, la UIA impulsa dos propuestas concretas. La primera es permitir tomar a cuenta del IVA los aportes patronales, como mecanismo para reducir costos laborales y formalizar empleo. La segunda es extender el régimen RIGI -pensado hasta ahora para sectores como la energía y la minería- a la industria manufacturera. “Queremos un RIGI industrial, para que el sector tradicional transable tenga el mismo régimen del RIGI y el super RIGI”, planteó.

Rappallini cerró su argumento con una reflexión sobre el modelo de país que, desde la UIA, consideran necesario discutir. La Argentina, dijo, no puede apostar todo su desarrollo a los recursos naturales. “La riqueza del país no es sólo la energía y la minería, es también el tejido empresario y el tener gente que sabe hacer cosas.”

Esa capacidad instalada, advirtió, se destruye si no se la defiende. “Lo que hace diferentes a los países es la capacidad de sus empresas”, afirmó. Y subrayó que el empresariado industrial está en condiciones de competir, si se le dan las reglas para hacerlo: “Hay un empresariado muy preparado que quiere competir.”