ECONOMIA
El titular de la UIA advirtió que “el país de las inversiones todavía no llegó” y volvió a exigir un RIGI para la industria
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, compartió en Infobae en Vivo un diagnóstico sobre el momento que atraviesa el sector manufacturero: apoyó el rumbo macroeconómico del Gobierno, pero con una advertencia clara sobre los costos de la transición. La industria, dijo, está en un período de ajuste sin que los motores que deberían reemplazar al modelo anterior hayan encendido todavía.
Rappallini planteó que el orden fiscal y la baja de la inflación son pasos necesarios, pero no suficientes para que la actividad industrial se recupere. “El país de las inversiones todavía no llegó”, afirmó. “Todo lo que se está planificando, con la llegada de inversiones por USD 80.000 millones, todavía no está impactando en la economía.”
Esa brecha entre lo que se proyecta y lo que se percibe en los balances y en los puestos de trabajo es, según el titular de la UIA, el núcleo del problema actual. No se trata, aclaró, de una economía partida en dos, sino de una transición que genera tensiones muy concretas sobre sectores que no pueden esperar. “En esta transición, tenemos una situación muy compleja para una gran cantidad de sectores de la industria”, señaló, y mencionó a la construcción como uno de los casos más críticos.
Rappallini reconoció que la entidad que conduce llevó esa preocupación directamente al gabinete económico. “Estuvimos estos días con el ministro Caputo y le planteamos la preocupación por el nivel de actividad”, indicó.
Para entender el presente, Rappallini apela a una perspectiva de largo plazo. La industria argentina no enfrenta solo un problema coyuntural, sino el resultado acumulado de más de una década de estancamiento. “La economía hace quince años que no crece”, afirmó. “A nivel industrial, por habitante, somos la mitad que Brasil”, agregó.
Para el referente de la industria, el rezago estructural se combina con un doble efecto que complica la recuperación: la diferencia de precios y de cantidades. Los consumidores ajustaron su demanda ante la caída del poder adquisitivo, y los industriales deben adaptarse a una nueva estructura de costos que todavía no terminó de acomodarse.
Sin embargo, Rappallini no ve ese horizonte como inalcanzable. “Cuando realmente se enciendan los motores, vamos a tener el nivel de consumo por lo menos de 2022”, estimó. Ese nivel, aclaró, no representa un pico histórico, pero sería una señal concreta de reactivación. “Volver a los niveles de 2022 no es una locura”, insistió.
Parte del diagnóstico de Rappallini apunta a explicar por qué la industria llegó a este punto de fragilidad. Durante años, señaló, el sector manufacturero fue protegido en los precios mientras se lo castigaba por otras vías. “El sector industrial tuvo 120% de inflación en un período en el que los servicios subieron 300%”, describió. “Mientras se protegía a la industria, al mismo tiempo duplicaban los impuestos y las empresas tenían mayores costos financieros.”
El resultado fue una economía que Rappallini define como “distorsionada”, donde la protección arancelaria encubría una pérdida sostenida de competitividad. Esa lógica, sostiene, terminó perjudicando al sector que decía defender. “Muchos defienden el industrialismo y es un error pensar que defendés la industria cuando estás subiendo los impuestos. Cuando perdés tu capacidad de competir globalmente, no estás ayudando a la industria.”
La posición de la entidad no es de oposición al Gobierno, sino de interlocución activa. Rappallini es explícito al respecto: “A nivel general, el rumbo del Gobierno es correcto.” Apoya la baja de la inflación, la reducción de impuestos a las exportaciones y la estabilidad macroeconómica. Pero sostiene que la corrección de distorsiones no está siendo pareja.
“Estamos planteando que hay que nivelar la cancha”, resumió. El sector más golpeado, según su análisis, es el que emplea más mano de obra: la industria tradicional que compite con el exterior y cuyos precios no se fijan localmente. “El problema del transable es que los precios y calidades no se deciden internamente, sino a nivel global”, explicó.
Desde esa lectura, la UIA impulsa dos propuestas concretas. La primera es permitir tomar a cuenta del IVA los aportes patronales, como mecanismo para reducir costos laborales y formalizar empleo. La segunda es extender el régimen RIGI -pensado hasta ahora para sectores como la energía y la minería- a la industria manufacturera. “Queremos un RIGI industrial, para que el sector tradicional transable tenga el mismo régimen del RIGI y el super RIGI”, planteó.
Rappallini cerró su argumento con una reflexión sobre el modelo de país que, desde la UIA, consideran necesario discutir. La Argentina, dijo, no puede apostar todo su desarrollo a los recursos naturales. “La riqueza del país no es sólo la energía y la minería, es también el tejido empresario y el tener gente que sabe hacer cosas.”
Esa capacidad instalada, advirtió, se destruye si no se la defiende. “Lo que hace diferentes a los países es la capacidad de sus empresas”, afirmó. Y subrayó que el empresariado industrial está en condiciones de competir, si se le dan las reglas para hacerlo: “Hay un empresariado muy preparado que quiere competir.”
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ECONOMIA
Del phishing al temor por los datos críticos: expresidentes, expertos y funcionarios alertaron sobre los riesgos de los ataques con IA
Desde Cancún, México. La inteligencia artificial redujo los costos y los tiempos necesarios para ejecutar fraudes y ataques digitales, pero también amplió las capacidades de prevención y respuesta de organizaciones y gobiernos, y esas dos velocidades abren un amplio abanico de desafíos a nivel global y económico. Esa tensión concentró buena parte de las discusiones entre expresidentes, especialistas en IA, ejecutivos, funcionarios públicos durante un encuentro especializado en ciberseguridad.
Con la predicción de un jefe de seguridad de Anthropic, quien estimó en más de 10% la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque la extinción humana en la próxima década, como telón de fondo,, el consenso fue que la tecnología acelera amenazas ya conocidas y obliga a revisar con urgencia las estrategias de protección de datos, infraestructura y servicios esenciales. El desafío abarca desde la identificación de vulnerabilidades hasta la definición de controles sobre sistemas automatizados y el intercambio de información ante incidentes.
Durante dos días y en más de 20 paneles, el Digi Americas LATAM CISO Summit, realizado en Cancún, México, reunió a ex jefes de Estado, referentes tecnológicos, jefes de seguridad cibernética y funcionarios públicos para debatir cómo la inteligencia artificial modifica los riesgos digitales y las respuestas de empresas y gobiernos. Entre los temas abordados estuvieron el phishing, la suplantación de identidad, la cadena de suministro, la soberanía digital, la amenaza latente ante los datos críticos de los países y la cooperación internacional.
Frente a esa dinámica, los expositores insistieron en la necesidad de reforzar principios básicos de seguridad: identificar activos críticos, limitar privilegios, clasificar datos, controlar identidades y mantener visibilidad sobre la superficie de ataque. La incorporación de herramientas generativas y de agentes autónomos también abrió interrogantes sobre el acceso a la información, los permisos de cada usuario o sistema y las decisiones que pueden quedar en manos de procesos automatizados.
La cadena de suministro concentró otra parte de las preocupaciones. La dependencia de proveedores, plataformas en la nube, desarrolladores externos y sistemas interconectados amplía los riesgos más allá de los límites de cada organización. Los panelistas plantearon que la evaluación de terceros ya no puede depender solo de certificaciones o auditorías periódicas: requiere monitoreo continuo, identificación de dependencias y planes de contingencia para sostener operaciones ante la caída de un proveedor crítico.
También hubo acuerdo en que la ciberseguridad debe incorporarse desde el diseño de productos, procesos e infraestructura, en lugar de quedar relegada a una instancia posterior. En sectores como finanzas, salud, energía, transporte y administración pública, esa perspectiva se vincula con la resiliencia operativa: preparar a las organizaciones para contener incidentes, recuperar capacidades y garantizar la continuidad de servicios.
La cooperación entre empresas, gobiernos, reguladores y equipos técnicos fue otro de los puntos de acuerdo del evento. Los ataques aprovechan vulnerabilidades compartidas y se desplazan entre países y sectores, por lo que los participantes reclamaron reglas claras, intercambio de información y capacidades técnicas coordinadas. La inteligencia artificial incrementa la velocidad de las amenazas y, según se planteó en los paneles, exige respuestas colectivas que involucren desde los directorios hasta los usuarios finales.
Durante la conferencia se expusieron ejemplos sobre cómo los nuevos modelos de inteligencia artificial reducen el costo y aceleran las modalidades de fraude digital. Se mencionó que, por unos diez dólares, es posible enviar mil correos electrónicos de phishing con redacción convincente y adaptados a distintos idiomas, lo que facilita las campañas de engaño y suplantación de identidad.
También se alertó sobre el uso de herramientas capaces de replicar una voz a partir de apenas 15 segundos de audio. Esa capacidad puede utilizarse para simular llamadas de familiares, directivos o empleados y pedir transferencias de dinero o datos sensibles. Incluso, los especialistas en la materia recomendaron tener una “palabra de seguridad” con las personas allegadas para evitar ser víctimas de un fraude telefónica vía uso de inteligencia artificial.
El modelo de Estonia
Uno de los expositores más destacados fue el expresidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, quien planteó que la discusión sobre la modernización del Estado adquirió otra dimensión ante el avance de la inteligencia artificial, la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros y la creciente exposición a incidentes informáticos. “En esta nueva era, la idea de soberanía digital y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial cambiaron mucho las cosas, incluso respecto de hace un año y medio”, afirmó.
Ilves señaló que la posibilidad de que servicios tecnológicos sean interrumpidos desde Estados Unidos, junto con la expansión de la inteligencia artificial agéntica, modificó el escenario para los gobiernos. “Es un mundo nuevo respecto del que existía hace apenas dos años”, sostuvo, al defender la necesidad de que los países desarrollen infraestructura y capacidades propias.
El ex jefe de Estado también advirtió sobre la necesidad de resguardar la información crítica frente a conflictos, ciberataques y desastres naturales. Recordó que Japón perdió parte de sus registros nacionales tras el accidente nuclear de Fukushima y afirmó que ese antecedente llevó a Estonia a diseñar un sistema de respaldo externo. “No podemos perder nuestros datos nacionales críticos”, resumió.
En ese marco, mencionó la creación de una embajada de datos en Luxemburgo, donde Estonia conserva copias sincronizadas de sus registros esenciales bajo un régimen de extraterritorialidad diplomática. La iniciativa contempla información vinculada con la identidad de los ciudadanos, registros fiscales, datos de salud y otros sistemas estatales.
Respecto de la aplicación de la IA en la administración pública, Ilves indicó que Estonia lanzó este año un programa para incorporar esta tecnología en los distintos sectores del Gobierno y la economía. “Estamos otorgando una identidad propia a todos los agentes. La finalidad es aumentar la rendición de cuentas: saber quién hace qué”, afirmó.
Seguridad digital y economía
Otro de los disertantes principales, el ex presidente de Colombia, Iván Duque, planteó que los riesgos asociados a la inteligencia artificial y los ataques digitales deben abordarse como un problema económico y de seguridad estatal.
“Mi primera preocupación es que debemos entender que la seguridad digital es un asunto macroeconómico. Debemos entender el costo que esto produce a nivel mundial y el daño económico que genera en un país específico”, afirmó.
También alertó sobre el crecimiento de los ataques en la región: “En América Latina, en los últimos cinco años los ciberataques se han más que triplicado o cuadruplicado en distintos países, y la cantidad de personas investigadas o juzgadas ni siquiera está disponible o registrada”.
Duque sostuvo que la respuesta requiere una conducción política centralizada y con capacidad de coordinación entre organismos públicos. “La gobernanza, en mi opinión, tiene que ser de arriba hacia abajo. Necesitamos jefes de Estado que incorporen cerca de sus oficinas a directores de tecnología, como hicimos en Colombia, que creen un marco de gobernanza y alineen a todo el Estado para pensar en seguridad digital”, señaló.
Bajo su perspectiva, la expansión de las amenazas tecnológicas exige que los gobiernos integren la ciberseguridad en sus decisiones de política pública y en la protección de la actividad económica.
La mirada local
En tanto, el director del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) de la Argentina, Ariel Waissbein, planteó que la regulación no puede detener por completo el avance tecnológico. “Por más que exista la legislación, uno no puede impedir ciertas tecnologías, ciertos cambios”, afirmó, al referirse a la IA.
En tal sentido, el funcionario nacional sostuvo que el desafío para los gobiernos consiste en crear condiciones de seguridad para su adopción y en reducir las amenazas sin bloquear la innovación. En ese sentido, consideró que las normas deben tener un alcance amplio y capacidad de adaptación frente a un escenario tecnológico que cambia con rapidez.
Waissbein también puso el foco en la coordinación entre el Estado, las empresas y los organismos internacionales. Señaló que la puesta en práctica de las políticas requiere generar confianza, explicar las amenazas y detectar medidas de aplicación rápida que permitan avanzar en conjunto.
“La cooperación internacional es muy importante”, expresó, porque permite conocer los problemas que enfrentan otros países y las respuestas que desarrollan. A su criterio, esos intercambios facilitan la creación de proyectos específicos para responder a desafíos compartidos.
También participaron senadores y diputados de distintos países de la región como México, Colombia, Brasil y Uruguay, quienes coincidieron en la necesidad de mejorar los marcos regulatorios para reforzar la ciberseguridad en sus respectivos países.
La predicción fatalista
La IA se colocó en el centro de la agenda mediática internacional en los últimos días luego de las declaraciones de Evan Hubinger, responsable de un equipo de seguridad de Anthropic: “De verdad creemos que la IA podría matar a todos los humanos. Yo calculo más de 10% en la próxima década”.
Hubinger remarcó que la empresa para la que trabaja “todavía no tiene un plan para resolver la alineación de una superinteligencia” y que ni siquiera existe certeza de que pueda desarrollarlo. La alineación refiere a que una inteligencia artificial actúe de acuerdo con los valores de sus creadores.
Los dichos del referente tecnológico resonaron tanto en los paneles como en los pasillos del Digi Americas LATAM CISO Summit. La mayor parte de los participantes le puso paños fríos a la teoría de Hubinger, desechando la idea de que la IA se encuentre “fuera de control”.
“Es un título sensacionalista”, sentenció el ejecutivo de una importante compañía americana de ciberseguridad en diálogo con Infobae. Esa mirada se repitió en buena parte de los jefes de seguridad y funcionarios que participaron del encuentro, aunque otros se mostraron más cautos y no descartaron del todo la posibilidad de una “superinteligencia” capaz de superar ampliamente las capacidades humanas en la mayoría de las tareas cognitivas, como el razonamiento, la investigación científica y la toma de decisiones.
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