El Banco de la Nación Argentina lanzó una nueva línea de crédito destinada a personas que tienen cuotas vencidas e impagas en la entidad y quieren regularizar su situación antes de caer en mora. El programa permite unificar todas las deudas pendientes en un solo préstamo personal, con plazos de hasta 10 años y una estructura en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) que mantiene las cuotas iniciales bajas.

La herramienta está disponible desde el jueves 26 de junio en todas las sucursales del banco y apunta a clientes con situación crediticia 1 o 2, es decir, aquellos que aún no ingresaron en mora pero acumulan atrasos en sus obligaciones.

El mecanismo es el de una unificación de deudas: el banco no entrega dinero en efectivo al cliente, sino que aplica el monto del préstamo directamente a la cancelación de las cuotas impagas. El financiamiento puede cubrir hasta el 100% de la deuda consolidada, con un tope de $100 millones.

El plazo máximo es de 120 meses —equivalente a 10 años—, lo que permite distribuir el peso de las obligaciones en un período más largo y, en consecuencia, reducir el monto de cada cuota mensual. La tasa de interés es del 10% más UVA. Quienes opten por la cobertura CER-CVS abonan un punto porcentual adicional, pero a cambio sus cuotas se ajustan por la evolución de los salarios, lo que puede resultar conveniente en contextos de actualización salarial.

La afectación de ingresos prevista es del 25% bajo el esquema UVA, en línea con los criterios habituales de evaluación crediticia del sistema bancario.

El comunicado del banco incluye un ejemplo concreto para ilustrar el impacto de la refinanciación. Tomando como referencia una deuda de $1 millón, la cuota mensual actual bajo un plazo de 36 meses es de $67.670. Con el nuevo programa, a 120 meses de plazo, esa cuota inicial baja a $15.279 en la modalidad UVA más 10%. Si se elige la opción con cobertura CER-CVS, la cuota inicial asciende a $16.030.

La diferencia es significativa: en el escenario más conveniente, la cuota se reduce más de un 77% respecto al valor actual. La contrapartida es que el plazo se extiende considerablemente y el saldo se actualiza por inflación a través del índice UVA.

El beneficio está dirigido exclusivamente a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación. Quienes no cumplan con esa condición deberán transferir su cuenta sueldo a la entidad para poder acceder al programa.

El requisito de situación crediticia 1 o 2 implica que la herramienta está diseñada para actuar de forma preventiva: el objetivo es evitar que los deudores con cuotas atrasadas pasen a una categoría de mora que afecte su historial crediticio y limite su acceso futuro al sistema financiero. Una vez en mora, la regularización se vuelve más costosa y las opciones disponibles se reducen.

Los interesados pueden gestionar el trámite en cualquier sucursal desde el 26 de junio. Se pueden consultar las condiciones en la web del Nación o comunicarse con el “Contact Center” del banco.

El lanzamiento se produce en un momento en que la morosidad bancaria de las familias atraviesa uno de sus peores momentos en más de 20 años. Según datos del Banco Central, la proporción de créditos irregulares en los hogares alcanzó el 12,1% en abril —un máximo desde 2004—, frente al 3,7% registrado en el mismo mes del año anterior.

Los préstamos personales, la línea más extendida entre las familias, registraron un índice de mora del 14,9%. Según estimaciones privadas, más de 5,3 millones de personas tienen al menos un crédito en situación irregular, lo que equivale al 26,7% del universo de personas con algún tipo de financiamiento.

El Gobierno nunca había llegado tan lejos: en su disputa con quienes cuestionan la contabilidad fiscal, ya no se limita a discutir con quienes ponen en duda que haya superávit, sino que también desacredita al propio Fondo Monetario Internacional, que mantiene un criterio técnico diferente.

«Lo que dice el FMI está mal», expresó lacónicamente Felipe Núñez, uno de los principales asesores del ministro Toto Caputo, luego de que en las redes sociales le recordaran que, según el organismo, el año pasado no hubo un superávit financiero de 0,2%, sino un déficit de 0,8%, cuando se contabilizan los intereses ya devengados pero todavía no pagados por los bonos del Tesoro.

Y la afirmación ocurre justo cuando el gobierno está festejando los 29 meses consecutivos de superávit primario y 27 meses con superávit financiero -es decir, contabilizando también los pagos de intereses por la deuda pública-.

«Este resultado vuelve a reafirmar el compromiso con el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico. El orden en las cuentas públicas contribuye a la estabilidad económica y permite continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos», dijo Caputo cuando se publicaron las cifras.

Y destacó el dato de que en lo que va del año, el gasto público, en términos reales, había caído un 2,2% en comparación con el año pasado. La parte que el ministro no contó es que la recaudación de impuestos tuvo una racha de nueve meses consecutivos de caída, por lo que, para seguir manteniendo el superávit, fue necesario extremar la «motosierra» en casi todas las áreas del presupuesto.

Recién en mayo se cortó la racha negativa, pero aun así persisten las dudas sobre si se trató de un cambio de tendencia o de una situación transitoria: en ese mes hubo un efecto que distorsionó las cifras, debido al vencimiento del saldo del impuesto a las Ganancias de Sociedades, que el año pasado había tenido un bajo ingreso.

Gracias a ese efecto es que la recaudación impositiva de mayo tuvo un incremento nominal de 35,6% -lo que implica un aumento real de 1,6% cuando se descuenta la inflación-. Pero la realidad es que, si se excluyera el impuesto a las Ganancias, el resto de la recaudación más ligada a la industria y el comercio apenas varió un 21,7% nominal, lo que implica una brusca caída de 8,8% en comparación con el año pasado.

Un debate sin fin

Pero el debate que se mantiene sin resolución desde hace dos años y que genera controversia entre los economistas el de si se está generando una «bomba fiscal» por los intereses de deuda que mes a mes se acumulan pero no aparecen reflejados en el resultado financiero oficial.

La pelea empezó cuando el gobierno desarmó los pasivos remunerados del Banco Central -los recordados Lebacs, Leliqs y pases a un día-, a los que consideraba una verdadera «bomba» inflacionaria que llegó a representar 10% del PBI. Y, además, argumentaba que esos pasivos ejercían incentivos perversos porque a los bancos les resultaba más convenientes alojar sus pesos sin riesgo y obteniendo una alta tasa, antes que prestarle el dinero a la empresas para que aumentaran su producción.

Fue por eso que desarmó la deuda del Banco Central y la pasó al Tesoro, que cada 15 días sale a absorber pesos y paga una tasa que, en la previsión de Toto Caputo, debería ir en caída,a medida que se consolida el proceso de desinflación.

Pero la controversia consistía en que las Lecaps, a diferencia de otros títulos de deuda, no paga intereses periódicamente, sino que los capitaliza para pagarlos todos juntos al momento del vencimiento del bono. Entonces, los más críticos empezaron a afirmar que Caputo subestimaba el costo financiero y que el superávit fiscal no era tal. La clave del debate pasa por la diferenciación entre lo «devengado» -gastado pero no pagado- con lo efectivamente ya pagado.

Al presentar el informe fiscal cada mes, el gobierno contabiliza en cero esos intereses devengados. Pero los críticos advierten un efecto de bola de nieve.

El FMI contabiliza diferente

Desde la vereda de enfrente se ha rechazado ese argumento por afirmar que es un error de técnica contable mezclar el flujo devengado con los pagos reales. La analogía que hacen estos economistas es la de una persona que considere que sus finanzas del mes fueron negativas, porque tiene cuotas con la tarjeta hasta diciembre.

Es por eso que quienes defienden la contabilidad oficial dicen que, si se cuentan los intereses acumulados de las Lecaps, entonces también tienen que considerarse los ingresos futuros a la caja de ARCA y el efecto de la reactivación de la economía.

Pero hay un problema para el gobierno: el staff del Fondo Monetario no maneja el mismo criterio. Ya el año pasado asumió una postura intermedia entre el gobierno y sus críticos: les dio la razón a quienes dicen que sí hay que contabilizar el interés acumulado, pero advirtió que esa deuda no puede ser tomada de manera nominal sino que debe ser corregida por la inflación.

Y en su último reporte de mayo, previo a la comunicación del nuevo desembolso, el organismo no sólo repitió esa postura sino que, además le puso cifras. En contra de lo que comunicó el gobierno -un superávit fiscal de 0,2% del PBI al cierre de 2025-, indicó que hubo un déficit de 0,8 puntos si se contabiliza el interés acumulado por los bonos «cupón cero».

De momento, esta discrepancia no ha sido un obstáculo para que el gobierno mantenga su buena relación con el organismo, que elogió públicamente el esfuerzo para mantener el «ancla fiscal» aun cuando el alivio tributario haya dificultado la recaudación de impuestos.

Sin embargo, no se trata de una discrepancia inocua: el tener superávit fiscal es lo que le ha permitido al gobierno argumentar que la deuda está cayendo en términos reales y que la venta de dólares por parte del Banco Central al Tesoro no implica una emisión monetaria disfrazada.

El superávit fue, también, uno de los puntos que convencieron al Banco Mundial para otorgar la garantía que le permitirá a Toto acceder al mercado de crédito sin pagar las tasas en torno de 9% que los bancos le estaban pidiendo hasta ahora.

¿Se viene la pelea?

¿Por qué «está mal lo que dice el FMI»? Aunque es probable que el tema se haya discutido en las reuniones técnicas con el staff técnico del Fondo, el gobierno nunca planteó su postura en público.

Los economistas críticos están viendo con preocupación que, en un momento de contracción del crédito, el Tesoro siga renovando las Lecaps, de manera de que no sólo se limita a «rollear» la deuda que vence, sino que además sigue absorbiendo liquidez del mercado.

El stock de Lecaps se estima en unos $30 billones -equivalente a u$s20.000 millones, al tipo de cambio actual-, y los vencimientos son de corto plazo. Todos los meses vence un promedio de $10 billones.

De momento, el FMI no ha opinado al respecto, pero su último informe deja planteado el interrogante sobre si las divergencias respecto del criterio para contabilizar los intereses de la deuda podrán, en algún momento, convertirse en un problema.

No es, por cierto, el único punto en el que el organismo mostró diferencias con el gobierno. También proyectó un déficit de la cuenta corriente para este año -por 0,8% del PBI- e insistió respecto de que tipo de cambio ha perdido competitividad respecto de su nivel de diciembre, que el FMI ya consideraba atrasado.

La venta de SanCor suma un nuevo actor que amenaza con abrir otro frente judicial. Un grupo empresario cercano al rosarino Gustavo Scaglione cuestionó el esquema de licitación aprobado para la cooperativa quebrada. La Justicia había valuado los activos en u$s52,1 millones.

El nombre de Scaglione ganó notoriedad nacional el año pasado cuando su holding tomó el control de Telefe, al adquirir el paquete accionario del canal la multinacional Paramount por una suma cercana a los u$s95 millones.

El planteo busca suspender el proceso ya que -señala- el modelo actual favorece la fragmentación de la compañía y destruye valor económico.

El fideicomiso Fidulac formalizó la impugnación. Es acreedor de la quiebra y está presidido por el propio Scaglione. Presentó un recurso de revocatoria con apelación subsidiaria para dejar sin efecto la resolución del juez Marcelo Gelcich.

Esa resolución había aprobado el pliego de bases y condiciones para la venta de los activos. Fidulac también solicitó la suspensión inmediata de la licitación.

La presentación sostiene que las decisiones adoptadas respecto de la venta de los bienes «inciden de manera inmediata y directa sobre las posibilidades de satisfacción de los créditos» y sobre la preservación del valor económico del activo.

El recurso advierte que la continuidad del proceso podría generar consecuencias de muy difícil o imposible reversión. La tensión está planteada: venta fragmentada versus compra integral.

Por qué Scaglione apuesta a una solución integral para SanCor

Fuentes cercanas al grupo empresario explicaron que la apuesta es por una solución integral para la cooperativa. No buscan activos aislados sino preservar la estructura productiva completa.

«Hoy el principal atractivo económico de SanCor es su marca», reconocieron. Pero agregaron que el desafío va más allá. Se trata de mantener una estructura que permita sostener el negocio en el tiempo.

La intención es mantener integrada la operación. No limitarse a la adquisición de marcas o plantas por separado. El argumento: una empresa completa vale más que la suma de sus partes.

Desde ese espacio también expresaron reparos sobre los tiempos del proceso. Según señalaron, el cronograma licitatorio avanzó con una velocidad inusual.

Entienden que no se agotaron instancias previstas para la intervención de los acreedores. «Todavía existen cuestiones procesales pendientes que deberían resolverse antes de avanzar con la adjudicación», sostuvieron.

Cuánto valen las marcas de SanCor y por qué generan polémica

La resolución firmada por Gelcich estableció una base total de u$s52,1 millones para quienes ofertan por el conjunto de los activos. Pero el desglose de esa cifra llamó la atención en el mercado.

Las marcas y bienes intangibles fueron valuados en u$s24,7 millones. Es decir, prácticamente la mitad del valor total de la compañía. El resto corresponde a las seis plantas industriales distribuidas entre Santa Fe y Córdoba.

En el sector reconocen que el principal atractivo económico de SanCor sigue siendo su marca. Es una de las más tradicionales y reconocidas de la industria alimenticia argentina.

Pero para Fidulac, el valor de la compañía aumenta si se preserva la unidad productiva. «La empresa como unidad productiva presentará un mayor valor que las unidades que la integran consideradas en forma separada», sostiene el recurso judicial.

Según fuentes consultadas, una planta industrial asociada a una marca consolidada genera mayores incentivos para invertir. También para ampliar producción y sostener puestos de trabajo.

«Si la compañía se fragmenta, se reducen las posibilidades de preservar la actividad y el empleo», afirmaron. El argumento apunta a que un comprador de la marca sin las plantas podría operar solo como licenciatario.

Qué irregularidades denuncia Fidulac en el proceso de venta

Además de cuestionar el esquema de venta, Fidulac denunció presuntas irregularidades en el procedimiento. El escrito sostiene que la resolución fue dictada «sin sustanciación previa ni posibilidad de contradicción» por parte de los interesados.

Cuestiona que el proceso se haya desarrollado sin la intervención efectiva de los acreedores. También denuncia la ausencia del Comité de Acreedores.

Ese órgano está previsto por la Ley de Concursos y Quiebras para supervisar este tipo de actos. Según el recurso, la aprobación del pliego se produjo «prescindiendo de los mecanismos de control» que la propia ley establece.

Otro cuestionamiento apunta al funcionamiento de la sindicatura plural designada para la quiebra. Según Fidulac, uno de los síndicos habría quedado excluido de la elaboración del pliego.

También de las actuaciones vinculadas con la enajenación de los activos. Eso habría neutralizado uno de los principales mecanismos de control previstos para un proceso de esta complejidad.

El recurso advierte que los antecedentes técnicos y tasaciones no fueron sometidos al control de los acreedores. Tampoco incorporados al expediente de manera que permitieran ejercer adecuadamente el derecho de defensa.

Fidulac también cuestiona la reducción del 20% aplicada sobre la valuación de la planta de Sunchales. Esa rebaja se aplicó luego del incendio registrado en junio.

Según la presentación, no existiría en el expediente un nuevo informe técnico que justifique específicamente esa reducción. Ni constancias suficientes sobre el alcance de los daños sufridos por el establecimiento.

Qué está en juego: el futuro de una cooperativa emblemática

La presentación judicial deja planteada una discusión de fondo sobre el futuro de SanCor. Si la histórica cooperativa será liquidada mediante la venta fragmentada de sus activos o si todavía existe margen para preservarla integrada.

Mientras la Justicia avanza con el cronograma de venta, distintos jugadores del sector analizan participar de la compulsa. El grupo empresario cercano a Scaglione busca posicionarse como alternativa.

Su apuesta: mantener articuladas las marcas, las plantas y la operación industrial. No solo adquirir activos aislados sino reconstituir la empresa como unidad de negocio.

La definición de esa puja podría marcar no sólo el futuro de SanCor sino también el alcance de la recuperación del empleo y la actividad en una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea argentina.

Por ahora, la pelota está en manos del juez Gelcich. Deberá resolver si acepta suspender la licitación o si el proceso sigue adelante tal como estaba previsto.

Gustavo Scaglione, el empresario que compró Telefe y va por SanCor

En la última década, el nombre de Gustavo Scaglione se volvió habitual en el mapa de medios argentinos. Empresario nacido en Rosario, supo consolidar un conglomerado de empresas periodísticas y audiovisuales que, con el tiempo, lo posicionó como uno de los actores más influyentes fuera de Buenos Aires. En septiembre de 2025, su nombre volvió a surgir, ya que un grupo local que lidera el empresario rosarino concretó la compra de Telefe.

Su desembarco en el sector se dio con la compra del grupo Televisión Litoral, que concentra varias de las señales más consumidas en la región: Canal 3, la tradicional Radio 2, la emisora FM Vida y el portal Rosario3, uno de los sitios digitales con mayor audiencia en el interior del país. Ese primer movimiento le permitió construir una base sólida y diversificada de medios locales, con presencia en televisión abierta, radio y digital.

Con esa estructura consolidada, Scaglione avanzó hacia el terreno editorial. Adquirió una participación mayoritaria en el Multimedios La Capital, histórico referente del periodismo en Rosario. La operación incluyó no solo el diario La Capital —el más antiguo en circulación en la Argentina—, sino también cabeceras regionales como Uno de Santa Fe y Uno de Paraná.

Junto con la prensa escrita, sumó además nuevas emisoras radiales, entre ellas LT8 y FM Del Siglo, ampliando así su influencia en la agenda mediática santafesina.

La estrategia de Scaglione no se limitó a Rosario. Con el tiempo fue adquiriendo repetidoras y señales en distintas provincias, lo que le permitió extender su presencia más allá de Santa Fe.

Canales en Salta, Tucumán y Bahía Blanca se sumaron a su estructura, consolidando un esquema federal que lo proyectó como un jugador con alcance nacional.

Por la diversidad de soportes y la extensión geográfica de sus medios, en distintos ámbitos se lo empezó a apodar «el pulpo», en alusión a su capacidad de tejer una red de señales de televisión, radios, diarios y plataformas digitales en múltiples puntos del país.

Lo que comenzó como una apuesta local se convirtió en un conglomerado con fuerte peso regional, que hoy lo coloca entre los empresarios más influyentes del sector.