ECONOMIA
¿Conflicto en puerta?: el Gobierno cuestiona un cálculo del FMI que pone en duda el superávit fiscal
El Gobierno nunca había llegado tan lejos: en su disputa con quienes cuestionan la contabilidad fiscal, ya no se limita a discutir con quienes ponen en duda que haya superávit, sino que también desacredita al propio Fondo Monetario Internacional, que mantiene un criterio técnico diferente.
«Lo que dice el FMI está mal», expresó lacónicamente Felipe Núñez, uno de los principales asesores del ministro Toto Caputo, luego de que en las redes sociales le recordaran que, según el organismo, el año pasado no hubo un superávit financiero de 0,2%, sino un déficit de 0,8%, cuando se contabilizan los intereses ya devengados pero todavía no pagados por los bonos del Tesoro.
Y la afirmación ocurre justo cuando el gobierno está festejando los 29 meses consecutivos de superávit primario y 27 meses con superávit financiero -es decir, contabilizando también los pagos de intereses por la deuda pública-.
«Este resultado vuelve a reafirmar el compromiso con el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico. El orden en las cuentas públicas contribuye a la estabilidad económica y permite continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos», dijo Caputo cuando se publicaron las cifras.
Y destacó el dato de que en lo que va del año, el gasto público, en términos reales, había caído un 2,2% en comparación con el año pasado. La parte que el ministro no contó es que la recaudación de impuestos tuvo una racha de nueve meses consecutivos de caída, por lo que, para seguir manteniendo el superávit, fue necesario extremar la «motosierra» en casi todas las áreas del presupuesto.
Recién en mayo se cortó la racha negativa, pero aun así persisten las dudas sobre si se trató de un cambio de tendencia o de una situación transitoria: en ese mes hubo un efecto que distorsionó las cifras, debido al vencimiento del saldo del impuesto a las Ganancias de Sociedades, que el año pasado había tenido un bajo ingreso.
Gracias a ese efecto es que la recaudación impositiva de mayo tuvo un incremento nominal de 35,6% -lo que implica un aumento real de 1,6% cuando se descuenta la inflación-. Pero la realidad es que, si se excluyera el impuesto a las Ganancias, el resto de la recaudación más ligada a la industria y el comercio apenas varió un 21,7% nominal, lo que implica una brusca caída de 8,8% en comparación con el año pasado.
Un debate sin fin
Pero el debate que se mantiene sin resolución desde hace dos años y que genera controversia entre los economistas el de si se está generando una «bomba fiscal» por los intereses de deuda que mes a mes se acumulan pero no aparecen reflejados en el resultado financiero oficial.
La pelea empezó cuando el gobierno desarmó los pasivos remunerados del Banco Central -los recordados Lebacs, Leliqs y pases a un día-, a los que consideraba una verdadera «bomba» inflacionaria que llegó a representar 10% del PBI. Y, además, argumentaba que esos pasivos ejercían incentivos perversos porque a los bancos les resultaba más convenientes alojar sus pesos sin riesgo y obteniendo una alta tasa, antes que prestarle el dinero a la empresas para que aumentaran su producción.
Fue por eso que desarmó la deuda del Banco Central y la pasó al Tesoro, que cada 15 días sale a absorber pesos y paga una tasa que, en la previsión de Toto Caputo, debería ir en caída,a medida que se consolida el proceso de desinflación.
Pero la controversia consistía en que las Lecaps, a diferencia de otros títulos de deuda, no paga intereses periódicamente, sino que los capitaliza para pagarlos todos juntos al momento del vencimiento del bono. Entonces, los más críticos empezaron a afirmar que Caputo subestimaba el costo financiero y que el superávit fiscal no era tal. La clave del debate pasa por la diferenciación entre lo «devengado» -gastado pero no pagado- con lo efectivamente ya pagado.
Al presentar el informe fiscal cada mes, el gobierno contabiliza en cero esos intereses devengados. Pero los críticos advierten un efecto de bola de nieve.
El FMI contabiliza diferente
Desde la vereda de enfrente se ha rechazado ese argumento por afirmar que es un error de técnica contable mezclar el flujo devengado con los pagos reales. La analogía que hacen estos economistas es la de una persona que considere que sus finanzas del mes fueron negativas, porque tiene cuotas con la tarjeta hasta diciembre.
Es por eso que quienes defienden la contabilidad oficial dicen que, si se cuentan los intereses acumulados de las Lecaps, entonces también tienen que considerarse los ingresos futuros a la caja de ARCA y el efecto de la reactivación de la economía.
Pero hay un problema para el gobierno: el staff del Fondo Monetario no maneja el mismo criterio. Ya el año pasado asumió una postura intermedia entre el gobierno y sus críticos: les dio la razón a quienes dicen que sí hay que contabilizar el interés acumulado, pero advirtió que esa deuda no puede ser tomada de manera nominal sino que debe ser corregida por la inflación.
Y en su último reporte de mayo, previo a la comunicación del nuevo desembolso, el organismo no sólo repitió esa postura sino que, además le puso cifras. En contra de lo que comunicó el gobierno -un superávit fiscal de 0,2% del PBI al cierre de 2025-, indicó que hubo un déficit de 0,8 puntos si se contabiliza el interés acumulado por los bonos «cupón cero».
De momento, esta discrepancia no ha sido un obstáculo para que el gobierno mantenga su buena relación con el organismo, que elogió públicamente el esfuerzo para mantener el «ancla fiscal» aun cuando el alivio tributario haya dificultado la recaudación de impuestos.
Sin embargo, no se trata de una discrepancia inocua: el tener superávit fiscal es lo que le ha permitido al gobierno argumentar que la deuda está cayendo en términos reales y que la venta de dólares por parte del Banco Central al Tesoro no implica una emisión monetaria disfrazada.
El superávit fue, también, uno de los puntos que convencieron al Banco Mundial para otorgar la garantía que le permitirá a Toto acceder al mercado de crédito sin pagar las tasas en torno de 9% que los bancos le estaban pidiendo hasta ahora.
¿Se viene la pelea?
¿Por qué «está mal lo que dice el FMI»? Aunque es probable que el tema se haya discutido en las reuniones técnicas con el staff técnico del Fondo, el gobierno nunca planteó su postura en público.
Los economistas críticos están viendo con preocupación que, en un momento de contracción del crédito, el Tesoro siga renovando las Lecaps, de manera de que no sólo se limita a «rollear» la deuda que vence, sino que además sigue absorbiendo liquidez del mercado.
El stock de Lecaps se estima en unos $30 billones -equivalente a u$s20.000 millones, al tipo de cambio actual-, y los vencimientos son de corto plazo. Todos los meses vence un promedio de $10 billones.
De momento, el FMI no ha opinado al respecto, pero su último informe deja planteado el interrogante sobre si las divergencias respecto del criterio para contabilizar los intereses de la deuda podrán, en algún momento, convertirse en un problema.
No es, por cierto, el único punto en el que el organismo mostró diferencias con el gobierno. También proyectó un déficit de la cuenta corriente para este año -por 0,8% del PBI- e insistió respecto de que tipo de cambio ha perdido competitividad respecto de su nivel de diciembre, que el FMI ya consideraba atrasado.
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Una escena sintetiza mejor que cualquier encuesta cómo está leyendo el proceso argentino en el exterior.
Un reconocido director de un banco internacional acaba de completar una gira por Europa, Estados Unidos e incluso un par de países de África, donde mantuvo reuniones con 45 grandes fondos de inversión para explicarles el momento económico y político que atraviesa la Argentina de Javier Milei.
La conclusión con la que regresó fue contundente: el interés por el país volvió a crecer y los administradores de fondos están dispuestos a aumentar sus apuestas sobre los activos argentinos.
Una apuesta que podría presionar a la baja al riesgo país, que cerró la semana cerca de los 410 puntos.
Se trata, sobre todo, de colocaciones financieras, aunque con una condición muy clara: que Milei logre consolidar el rumbo económico hasta las elecciones presidenciales de 2027. Y así lograr la reelección.
Y así darle continuidad al actual modelo económico de orden fiscal y relación amigable con el mercado financiero.
La apuesta de los financistas
Para esos inversores, la variable política es inseparable de la económica. Y el diagnóstico predominante es que, si el Gobierno consigue derrotar definitivamente a la inflación y la economía logra ingresar en una etapa de crecimiento sostenido, el Presidente tiene elevadas posibilidades de obtener la reelección.
No es casual que esa lectura coincida casi exactamente con la estrategia que Milei acaba de explicitar en la medianoche del 9 de Julio desde Tucumán.
Ahí lanzó lo que el propio Milei llamó la «nueva etapa» de su gestión. El Presidente dejó en claro cuáles serán las prioridades de aquí en adelante.
El objetivo central de Milei
El objetivo central de Milei pasa por destruir la inflación, ya de cara a las elecciones 2027. De lograrlo, sería el caballito de batalla de su campaña electoral.
En la Casa Rosada consideran que allí se juega buena parte del futuro político del oficialismo.
La convicción de Milei es que una inflación que empiece con «1» este año y con «0» durante buena parte de 2027 constituye el principal activo electoral con vistas a la búsqueda de un segundo mandato.
Aun cuando ese mandato choque, de alguna manera, con la posibilidad de que la actividad económica levante, Milei considera que el electorado premiará el ordenamiento cambiario y la baja de la inflación.
Dos variables -el dólar y los precios- que el último gobierno peronista no pudo «domar».
Los mandatos de la Casa Rosada
Ese doble objetivo explica buena parte de las decisiones económicas que viene tomando el Gobierno.
La primera consiste en sostener un dólar sin sobresaltos. Cualquier episodio de volatilidad cambiaria se trasladaría rápidamente a los precios poniendo en riesgo el principal capital político del Presidente.
Por eso, además del estricto compromiso con el superávit fiscal, el Banco Central continúa fortaleciendo su posición financiera. La estrategia consiste en seguir acumulando reservas y construir una especie de «escudo» que permita enfrentar eventuales turbulencias durante el año electoral.
En el mercado descuentan que, si fuera necesario, esa mayor capacidad financiera podría utilizarse para intervenir sobre el mercado cambiario y evitar movimientos bruscos del dólar durante la campaña presidencial.
¿Llegan los dólares?
El plan no se agota allí. El Gobierno también apuesta a que continúe ingresando un flujo importante de divisas provenientes de:
- La minería
- El petróleo
- El agro
- Nuevas inversiones financieras atraídas por la estabilización macroeconómica y la reducción del riesgo país
Desde esa perspectiva, los dólares del superávit comercial, los recientes acuerdos con los bancos internacionales y los ingresos por las privatizaciones y las colocaciones de deuda, conforman un mismo esquema destinado a reducir al mínimo la incertidumbre cambiaria de cara a 2027.
Ese fue, precisamente, uno de los aspectos que más interés despertó entre los grandes administradores de fondos durante las reuniones mantenidas en la gira internacional.
La pregunta ya no pasa tanto por si Argentina podrá estabilizar la economía, sino por cuánto tiempo podrá sostener ese proceso y cuál será el escenario político una vez que se acerquen las elecciones presidenciales.
La respuesta que hoy predomina entre esos inversores resulta favorable para el Gobierno. Observan una oposición todavía fragmentada y un peronismo que, al menos por ahora, no logra construir una alternativa competitiva. Bajo ese escenario, consideran que Milei llega con ventajas importantes para buscar la reelección, siempre y cuando la inflación continúe descendiendo.
La estrategia también tiene costos.
Lo dicho más arriba: la otra cara del programa económico aparece en la actividad. Mientras las variables financieras muestran una mejora, buena parte de la economía real continúa dibujando un «serrucho». Con caídas importantes en la industria y un estancamiento en el comercio.
Los sectores más intensivos en empleo, como el comercio y la industria, siguen operando en niveles históricamente bajos. La construcción, en cambio, empieza a mostrar algunos signos de estabilización después de haber sufrido una de las caídas más profundas desde el inicio de la gestión libertaria.
La consecuencia es que el consumo todavía no logra despegar con fuerza y la evolución de los ingresos de las familias continúa siendo una de las principales incógnitas.
En otras palabras, Milei parece haber elegido deliberadamente sus prioridades. Prefiere resignar velocidad en la recuperación de algunos sectores de la economía antes que poner en riesgo el proceso de desinflación.
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A días de las vacaciones de invierno, el costo de viajar a Mar del Plata y a los principales puntos turísticos de la Costa Atlántica aumentará debido a la suba del 6,71% en las tarifas de los peajes que forman parte del Sistema Vial Integrado del Atlántico (Svia).
El ajuste tarifario se dispuso a través de la Resolución 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que determinó nuevos valores para los peajes de las rutas que conectan con los principales destinos turísticos de la provincia.
Los considerandos de la norma señalan: “La empresa concesionaria propuso realizar una actualización trimestral tomando como base el Coeficiente de Variación Tarifaria, llamado CVT, metodología que considera los siguientes componentes: 55% del Índice de Salarios para trabajadores registrados publicados por el Indec, 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y 20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.
“La actualización del cuadro tarifario propuesto aparece como una medida necesaria atento a los niveles de inflación sufridos en el curso del corriente año, y especialmente luego de la última actualización en febrero”, agregan.
Desde la cartera de Infraestructura y Servicios públicos bonaerense explicaron: “Las actualizaciones están financiando todas las obras que se están haciendo desde 2024. Entre ellas se encuentran la repavimentación a nuevo de la Ruta 2, el tercer y cuarto carril de la Autopista Buenos Aires- La Plata, la transformación en autovía de más de 70 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Chiquita y la puesta en valor de la Ruta 6″.
Indicaron que Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) cuenta con un plan de intervenciones para el periodo 2024-2027, que contempla 25 obras y proyectos, a partir de una inversión estimada de $354.481 millones, con los que se ejecutarán mejoras en 786 km de las rutas, autopistas y autovías bajo su concesión.
Para los autos, el esquema tarifario en los peajes de las principales rutas hacia la Costa Atlántica presenta los siguientes valores: en las estaciones de Samborombón y Maipú, ubicadas sobre la Ruta 2, el costo es de $7.900. La misma cifra rige para el peaje de La Huella, en la Ruta 11.
En tanto, en Mar Chiquita, también sobre la Ruta 11, la tarifa es de $3.700, mientras que en General Madariaga, sobre la Ruta 74, el valor asciende a $3.300.
Para quienes cuentan con el sistema TelePASE, los importes se reducen levemente: Samborombón, Maipú y La Huella quedan en $7.856,80; Mar Chiquita en $3.614,12, y General Madariaga en $3.299,84.
Además, siguen en vigencia las tarifas bonificadas para la temporada baja. El beneficio rige desde las 12 del lunes hasta las 12 del viernes, y no se aplica durante feriados ni fines de semana largos. En esos casos, se cobrará la tarifa básica desde las 12 del último día hábil previo hasta las 12 del primer día hábil posterior.
De este modo, el aumento de las tarifas de peaje encarecerá los costos de viaje hacia los principales destinos de la Costa Atlántica de cara a las vacaciones de invierno, un período en el que el tránsito suele incrementarse de manera significativa.
El movimiento turístico constituye uno de los principales motores económicos para las localidades de la región durante el receso invernal. Las autoridades y operadores turísticos mantienen expectativas respecto al flujo de visitantes, atentos a cómo la evolución de los costos y las nuevas tarifas puedan influir en la demanda.
Vale recordar también que las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie (inflación +2%) y tendrán un aumento del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21 según el horario.
Considerada una de las principales productoras de maquinaria agrícola de la Argentina, Metalfor acaba de quedar en el ojo de los cuestionamientos tras ejecutar despidos de una forma insólita. En concreto, la firma despidió a 35 empleados de su planta de Noetinger, en la provincia de Córdoba, tras autorizar a su plantel de operarios a ver el partido en el que la selección nacional venció a Egipto. Fue en ese lapso que los cesanteados recibieron el telegrama de despido en sus respectivos hogares. Metalfor viene de abrir un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo cordobés por el atraso en el pago de los sueldos de sus 600 trabajadores directos. La empresa acumula un pasivo financiero del orden de los 55.000 millones de pesos.
El día del cotejo, declararon los cesanteados, la compañía en cuestión autorizó que sus operarios se retiren de la planta al mediodía. Fue en ese lapso que varios de los ahora exempleados de Metalfor recibieron mensajes de Whatsapp donde se les solicitó que se acerquen a la oficina de correo local.
Los primeros operarios que arribaron al correo rápidamente informaron al resto de sus compañeros que debían retirar los telegramas de despido.
Despidos en pleno partido de la Scaloneta
«Me fui a mi casa contento porque digo ‘Me voy a sentar a comer, voy a mirar el partido en familia. Si hay un gol de Argentina, lo voy a festejar con mi familia’. Y te puedo asegurar que en ese momento en el que la Argentina estaba jugando, yo levantaba el telegrama de despido, lo leía y lo dejaba a un costado y volvía a mirar el partido«, declaró al respecto Fausto Barbero, uno de los cesanteados.
«A los cinco minutos volvía a levantar el mismo telegrama y lo volvía a leer para tratar de entender qué era lo que me estaba pasando en ese momento», agregó.
Por su parte, Santiago Luna, otro de los trabajadores despedidos, afirmó que Noetinger es una localidad de 6.000 habitantes donde ese tipo de situaciones resulta poco frecuente. Afirmó que la compañía comenzó a perder capacidad comercial durante 2025 siendo que, un año antes, Metalfor había liderado las ventas de su segmento.
«Ya en 2025, los primeros meses nos empezaron a pagar en cuotas, que se hicieron cada vez más largas«, precisó.
Luna dijo que en los últimos tres meses la empresa comenzó a abonar cuotas de $50.000 a cada operario, con una periodicidad de entre dos y tres días. «Ahora nos encontramos con que nos deben casi el 60% del mes de mayo, la totalidad de junio y los días de julio que alcanzamos a trabajar», expresó.
Entre los empleados de Metalfor aún en funciones predomina la incertidumbre ante distintos movimientos que viene llevando a cabo la cúpula de la firma. Uno de ellos: el traslado de piezas desde la planta de Noetinger hacia dos fábricas en Marcos Juárez, donde funciona la sede central de la empresa.
«Están vaciando la fábrica de a poco y nos damos cuenta de que algo está pasando», afirmó Luna, quien además expuso que los titulares de la compañía «prácticamente no aparecen. No tenemos contacto con nadie, pero uno no tiene vendas en los ojos y se da cuenta que la empresa está mal».
Perfil de Metalfor
Fundada en 1974 por el emprendedor Luis Dadomo en El Fortín, Córdoba, la empresa nació como un pequeño galpón de herrería. Con apenas 20 años, su fundador fabricaba, pintaba y vendía personalmente sus productos por todo el país.
Tal como indicó iProfesional recientemente, a lo largo de 50 años Metalfor se transformó en el termómetro de la salud del campo argentino. Se especializó en pulverizadoras autopropulsadas, esas máquinas imponentes con brazos laterales de 30 metros que aplican fitosanitarios con precisión quirúrgica.
Su dominio es tal que, según registros de la propia firma, respaldados por los datos de patentamientos sectoriales, una de cada dos pulverizadoras que trabajan en los campos argentinos lleva su marca. Además, es uno de los pocos fabricantes nacionales que se atrevió a competir en el segmento de las cosechadoras, un mercado históricamente dominado por multinacionales como John Deere o New Holland.
En 2017, tras décadas de crecimiento que incluyeron el desembarco en Brasil con una planta propia, Metalfor pasó a manos de Bertotto Boglione, otra empresa metalúrgica nacional de gran trayectoria. Su importancia en el tejido productivo es vital, ya que no es solo una fábrica, sino el corazón de una cadena de proveedores locales y una red de 25 sucursales propias que cubren todo el territorio nacional.
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