El Gobierno nunca había llegado tan lejos: en su disputa con quienes cuestionan la contabilidad fiscal, ya no se limita a discutir con quienes ponen en duda que haya superávit, sino que también desacredita al propio Fondo Monetario Internacional, que mantiene un criterio técnico diferente.

«Lo que dice el FMI está mal», expresó lacónicamente Felipe Núñez, uno de los principales asesores del ministro Toto Caputo, luego de que en las redes sociales le recordaran que, según el organismo, el año pasado no hubo un superávit financiero de 0,2%, sino un déficit de 0,8%, cuando se contabilizan los intereses ya devengados pero todavía no pagados por los bonos del Tesoro.

Y la afirmación ocurre justo cuando el gobierno está festejando los 29 meses consecutivos de superávit primario y 27 meses con superávit financiero -es decir, contabilizando también los pagos de intereses por la deuda pública-.

«Este resultado vuelve a reafirmar el compromiso con el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico. El orden en las cuentas públicas contribuye a la estabilidad económica y permite continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos», dijo Caputo cuando se publicaron las cifras.

Y destacó el dato de que en lo que va del año, el gasto público, en términos reales, había caído un 2,2% en comparación con el año pasado. La parte que el ministro no contó es que la recaudación de impuestos tuvo una racha de nueve meses consecutivos de caída, por lo que, para seguir manteniendo el superávit, fue necesario extremar la «motosierra» en casi todas las áreas del presupuesto.

Recién en mayo se cortó la racha negativa, pero aun así persisten las dudas sobre si se trató de un cambio de tendencia o de una situación transitoria: en ese mes hubo un efecto que distorsionó las cifras, debido al vencimiento del saldo del impuesto a las Ganancias de Sociedades, que el año pasado había tenido un bajo ingreso.

Gracias a ese efecto es que la recaudación impositiva de mayo tuvo un incremento nominal de 35,6% -lo que implica un aumento real de 1,6% cuando se descuenta la inflación-. Pero la realidad es que, si se excluyera el impuesto a las Ganancias, el resto de la recaudación más ligada a la industria y el comercio apenas varió un 21,7% nominal, lo que implica una brusca caída de 8,8% en comparación con el año pasado.

Un debate sin fin

Pero el debate que se mantiene sin resolución desde hace dos años y que genera controversia entre los economistas el de si se está generando una «bomba fiscal» por los intereses de deuda que mes a mes se acumulan pero no aparecen reflejados en el resultado financiero oficial.

La pelea empezó cuando el gobierno desarmó los pasivos remunerados del Banco Central -los recordados Lebacs, Leliqs y pases a un día-, a los que consideraba una verdadera «bomba» inflacionaria que llegó a representar 10% del PBI. Y, además, argumentaba que esos pasivos ejercían incentivos perversos porque a los bancos les resultaba más convenientes alojar sus pesos sin riesgo y obteniendo una alta tasa, antes que prestarle el dinero a la empresas para que aumentaran su producción.

Fue por eso que desarmó la deuda del Banco Central y la pasó al Tesoro, que cada 15 días sale a absorber pesos y paga una tasa que, en la previsión de Toto Caputo, debería ir en caída,a medida que se consolida el proceso de desinflación.

Pero la controversia consistía en que las Lecaps, a diferencia de otros títulos de deuda, no paga intereses periódicamente, sino que los capitaliza para pagarlos todos juntos al momento del vencimiento del bono. Entonces, los más críticos empezaron a afirmar que Caputo subestimaba el costo financiero y que el superávit fiscal no era tal. La clave del debate pasa por la diferenciación entre lo «devengado» -gastado pero no pagado- con lo efectivamente ya pagado.

Al presentar el informe fiscal cada mes, el gobierno contabiliza en cero esos intereses devengados. Pero los críticos advierten un efecto de bola de nieve.

El FMI contabiliza diferente

Desde la vereda de enfrente se ha rechazado ese argumento por afirmar que es un error de técnica contable mezclar el flujo devengado con los pagos reales. La analogía que hacen estos economistas es la de una persona que considere que sus finanzas del mes fueron negativas, porque tiene cuotas con la tarjeta hasta diciembre.

Es por eso que quienes defienden la contabilidad oficial dicen que, si se cuentan los intereses acumulados de las Lecaps, entonces también tienen que considerarse los ingresos futuros a la caja de ARCA y el efecto de la reactivación de la economía.

Pero hay un problema para el gobierno: el staff del Fondo Monetario no maneja el mismo criterio. Ya el año pasado asumió una postura intermedia entre el gobierno y sus críticos: les dio la razón a quienes dicen que sí hay que contabilizar el interés acumulado, pero advirtió que esa deuda no puede ser tomada de manera nominal sino que debe ser corregida por la inflación.

Y en su último reporte de mayo, previo a la comunicación del nuevo desembolso, el organismo no sólo repitió esa postura sino que, además le puso cifras. En contra de lo que comunicó el gobierno -un superávit fiscal de 0,2% del PBI al cierre de 2025-, indicó que hubo un déficit de 0,8 puntos si se contabiliza el interés acumulado por los bonos «cupón cero».

De momento, esta discrepancia no ha sido un obstáculo para que el gobierno mantenga su buena relación con el organismo, que elogió públicamente el esfuerzo para mantener el «ancla fiscal» aun cuando el alivio tributario haya dificultado la recaudación de impuestos.

Sin embargo, no se trata de una discrepancia inocua: el tener superávit fiscal es lo que le ha permitido al gobierno argumentar que la deuda está cayendo en términos reales y que la venta de dólares por parte del Banco Central al Tesoro no implica una emisión monetaria disfrazada.

El superávit fue, también, uno de los puntos que convencieron al Banco Mundial para otorgar la garantía que le permitirá a Toto acceder al mercado de crédito sin pagar las tasas en torno de 9% que los bancos le estaban pidiendo hasta ahora.

¿Se viene la pelea?

¿Por qué «está mal lo que dice el FMI»? Aunque es probable que el tema se haya discutido en las reuniones técnicas con el staff técnico del Fondo, el gobierno nunca planteó su postura en público.

Los economistas críticos están viendo con preocupación que, en un momento de contracción del crédito, el Tesoro siga renovando las Lecaps, de manera de que no sólo se limita a «rollear» la deuda que vence, sino que además sigue absorbiendo liquidez del mercado.

El stock de Lecaps se estima en unos $30 billones -equivalente a u$s20.000 millones, al tipo de cambio actual-, y los vencimientos son de corto plazo. Todos los meses vence un promedio de $10 billones.

De momento, el FMI no ha opinado al respecto, pero su último informe deja planteado el interrogante sobre si las divergencias respecto del criterio para contabilizar los intereses de la deuda podrán, en algún momento, convertirse en un problema.

No es, por cierto, el único punto en el que el organismo mostró diferencias con el gobierno. También proyectó un déficit de la cuenta corriente para este año -por 0,8% del PBI- e insistió respecto de que tipo de cambio ha perdido competitividad respecto de su nivel de diciembre, que el FMI ya consideraba atrasado.