Grupos piqueteros vinculados a organizaciones de izquierda chocaron este martes con efectivos de la Policía bonaerense en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social en La Plata.

Durante los enfrentamientos, manifestantes encapuchados arrojaron piedras y fueron repelidos con gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad. La protesta, protagonizada por agrupaciones como el MTR Rebelde y el Encuentro Socialista Antiimperialista, buscaba reclamar puestos de trabajo y mayores fondos para los comedores comunitarios del conurbano bonaerense.

La movilización se dirigió hacia la cartera que dirige Andrés “Cuervo” Larroque, mientras el gobernador Axel Kicillof se encontraba en la ciudad de Buenos Aires reclamando fondos ante el Gobierno nacional.

Los referentes de las organizaciones cuestionaron tanto el ajuste nacional como la gestión provincial, señalando que “no se consigue trabajo y para colmo los gobiernos reprimen”.

Además, afirmaron que desde la administración bonaerense “ofrecieron 200 planes de 75 mil pesos”, versión que fue desmentida por el Ejecutivo provincial, el cual aclaró: “No damos planes. Pedían un aumento descabellado de alimentos”.

Desde el gobierno de la provincia minimizaron los hechos de violencia. Por su parte, los movimientos sociales denunciaron la dureza de la respuesta oficial y reafirmaron la gravedad de la situación social en distritos como La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes.

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A casi un año de su resonante naufragio en el Senado, diputados de la oposición buscan reflotar el debate de Ficha Limpia, el proyecto que impide a las personas condenadas por corrupción presentarse como candidatos a cargos electivos.

Este martes, la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, presentó una nueva versión de la iniciativa que casi se convierte en ley en mayo del año pasado. El proyecto, que también lleva las firmas de María Inés Zigarán, Carolina Basualdo y José Nuñez, propone modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir el acceso a cargos electivos a personas con condenas confirmadas por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, delitos vinculados al narcotráfico, contra la vida, la integridad física y el orden constitucional, entre otros.

La propuesta de la diputada cercana al gobernador Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también contempla la imposibilidad de postularse para quienes figuren como deudores alimentarios. Esta ampliación extiende el criterio de responsabilidad pública más allá del ámbito penal, incorporando el incumplimiento de obligaciones alimentarias como causal de inelegibilidad. La iniciativa replica el modelo ya vigente en Santa Fe, donde la normativa fue incorporada a la constitución provincial.

Según detalla el texto, la inhabilitación se aplicará cuando exista condena confirmada por tribunal de alzada, aun si la sentencia no está firme, y se mantendrá durante el tiempo que dure la pena y hasta diez años después de su cumplimiento. Además, la Justicia Nacional Electoral tendrá la responsabilidad de verificar que los candidatos cumplan estos requisitos al momento de oficializar las postulaciones. Por su parte, el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público y actualizado de las sentencias alcanzadas por la ley.

Gisela Scaglia sostuvo que “la Argentina necesita reglas más claras para recuperar la confianza” y resaltó el antecedente de Santa Fe, donde primero se sancionó como ley y después se incorporó a la Constitución Provincial “como política de Estado”. “Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina”, dijo. Según la diputada, “en este tema no hay grises, las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo”.

Desde Provincias Unidas argumentan que en una democracia representativa quienes aspiren a ejercer cargos públicos no solo deben reunir condiciones legales, sino “demostrar un compromiso inequívoco con la legalidad y la integridad institucional”.

En los fundamentos, el proyecto explica que el derecho a ser elegido no es absoluto y puede ser razonablemente restringido cuando está en juego la idoneidad para la función pública. En esa línea, cita antecedentes internacionales, como la Ley de Ficha Limpa en Brasil y regulaciones similares en Italia y España, como respaldo a la legitimidad de este tipo de restricciones.

Durante la última década hubo varios intentos de aprobar una ley de Ficha Limpia. Sus principales impulsores fueron el PRO, la Coalición Cívica y un sector de la UCR.

En 2024, una versión del proyecto impulsada por el PRO obtuvo dictamen de comisión, pero en dos oportunidades naufragó su debate en la Cámara de Diputados por falta de quórum. Por aquel entonces, el núcleo libertario decía no estar de acuerdo con la iniciativa. Sin embargo, a fines de ese año Milei decidió redactar su propia versión junto al entonces ministro Luis Petri y el abogado Alejandro Fargosi, la cual obtuvo media sanción en Diputados.

En el Senado el proyecto obtuvo 36 votos afirmativos y 35 negativos, por lo que no llegó a la mayoría absoluta necesaria (37) para ser sancionado, en medio de las especulaciones por una postulación de Cristina Kirchner, ya que para ese entonces la Corte Suprema de Justicia no había ratificado la condena en su contra.

Una vez consumado el rechazo, desde La Libertad Avanza (LLA) no ahorraron críticas. En un tuit marcaron que “mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de sus jefes, un sector del PRO operaba apresurado para intentar anotarse una victoria política antes de la elección”.

Por su parte, el PRO denunció que todo había sido una maniobra del Gobierno. Los macristas aseguraban que los dos senadores misioneros que cambiaron su voto a último momento y terminaron de inclinar la balanza habían sido, hasta el momento, aliados del oficialismo. En esa línea, denunciaban que la Casa Rosada no quería que salga la ley para que CFK fuera candidata y beneficiarse electoralmente de la polarización.