En lo que promete convertirse en tormentosa audiencia pública, el camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, concurrirá este jueves, a las 10, a la Comisión de Acuerdos para defender el pliego del Poder Ejecutivo que propone extender su magistratura por cinco años más a partir del próximo mes de noviembre, cuando cumplirá 75 años y según la Constitución Nacional debería jubilarse.

La cita se anticipa polémica por los antecedentes de Mahiques, en particular la decisión del gobierno de Mauricio Macri de trasladarlo, en 2017, por decreto a la Cámara Federal de Casación Penal, cargo para el que no había concursado. Cuatro años antes, había recibido acuerdo del Senado como juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

A priori, todo indica que Mahiques tiene asegurada la mayoría para conseguir dictamen favorable a su nominación que, así, obtendría la luz verde necesaria para ir al recinto en la próxima sesión de la Cámara alta. Por el momento, aunque todavía no fue citada de manera formal, la reunión está prevista para el próximo 29 del corriente.

El traslado de tribunal fue criticado con dureza por el kirchnerismo, que siempre sostuvo que formó parte del “lawfare” contra Cristina Kirchner, la supuesta guerra judicial que el expresidente Mauricio Macri llevó adelante contra la exmandataria que hoy purga prisión domiciliaria por la comisión de delitos de corrupción.

Además, el nombre del padre del ministro de Justicia quedó en el centro de la escena política luego de que revelara que el septuagenario había celebrado su cumpleaños en la quinta de Villa Rosa cuya propiedad, a través de testaferros, se le atribuye a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia en la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e investigado por lavado de dinero.

La polémica por el traslado de tribunal y de fuero fue motivo de un par de impugnaciones mellizas presentadas ante la Comisión de Acuerdos por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Las instituciones tildan su traslado de irregular porque omitió cumplir con el proceso de selección de jueces que establece la Constitución Nacional y que permitió al Poder Ejecutivo designar magistrados en cargos para los cuales no concursaron ante el Consejo de la Magistratura.

Tanto ACIJ como Inecip sostienen que el vicio permanece aún cuando Mahiques haya recibido, en 2018, el acuerdo del Senado para continuar en la Camara Federal de Casación Penal. Se basan en un fallo de la Corte Suprema, en el caso Bertuzzi, en el que el máximo tribunal señaló que los traslados, a los que distinguió de los nombramientos, son transitorios; para concluir que el proceso no se completó nunca por la falta del concurso específico para el cargo que ocupa en la actualidad.

Se espera que Mahiques repita este jueves el descargo que presentó ante la Comisión de Acuerdos, en el cual desestima las impugnaciones por considerar que no se basan en sus condiciones personales para poder continuar como juez después de los 75 años, sino que repiten cuestiones que considera ya decididas y cerradas con el debate de su último acuerdo en el Senado, en 2018.

Más allá de la fuerte polémica que implicó que se revelara que había celebrado su último cumpleaños en la quinta atribuida a Toviggino, personaje investigado por la Justicia por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero, la postulación de Mahiques no encontraría mayores inconvenientes para prosperar y todo indica que antes de fin mes conseguirá su confirmación como juez hasta que cumpla los 80 años.

El Consejo de la Magistratura suspendió y decidió promover el juicio político de dos jueces federales, cerró las investigaciones contra numerosos magistrados, incluida la jueza María Eugenia Capuchetti, y además envió al Poder Ejecutivo ternas de candidatos para cubrir 17 tribunales, algunos de ellos clave en los juicios orales contra funcionarios en Comodoro Py 2002.

El cuerpo se reunió en un plenario encabezado por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y todos los consejeros.

El plenario suspendió y abrió el procedimiento de remoción mediante juicio político de los jueces Alfredo Eugenio López, del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, y del juez Pablo Ramiro Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa.

López renunció hace una semana, pero el Poder Ejecutivo aún no se pronunció acerca de si le acepta o no la dimisión. El asunto no es menor, pues si le admiten la renuncia evitará el juicio político y cobrará su jubilación. Pero si no lo hacen, deberá ser sometido a un jury y si es removido, perderá el derecho a cobrar su retiro.

López está acusado de proferir expresiones anitisemitas mediante su cuenta de X y redactar mensajes en redes sociales en contra de los judíos por su origen y religión.

Pablo Ramiro Díaz Lacava también está acusado de mal desempeño y fue denunciado por ejercer violencia contra empleados de su tribunal y en particular contra las mujeres. También fue suspendido.

Votaron a favor de estas medidas los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena, De la Torre, Agustina Díaz Cordero, Anabel Fernández Sagasti, Juan Manuel Galderisi, Alvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Maques, Mariano Recalde, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Fernanda Vázquez, Eduardo Vischi y el juez Rosatti. Son 15 votos.

Se abstuvieron los concejeros del oficialismo, el libertario Gonzalo Roca y el representante del Poder Ejecutivo Santiago Viola. Quien votó en contra fue el consejero juez Alberto Lugones. Estuvieron ausentes Alejandra Provítola y Guillermo Tamarit.

El cuerpo, además, decidió cerrar al menos 16 expedientes disciplinarios contra otros tantos jueces, porque se vencieron los tres años sin tratarlos, porque renunciaron o porque no encontraron evidencias en su contra.

Entre ellos están los que enfrentaban la jueza María Eugenia Capuchetti por la investigación del atentado contra Cristina Kirchner y la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Asimismo, el Consejo de la Magistratura aprobó 17 ternas de candidatos a jueces para cubrir diferentes tribunales, algunos de ellos clave, pues son los tribunales orales federales de Comodoro Py 2002, que juzgan a los funcionarios y exfuncionarios acusados de corrupción.

De los ocho tribunales orales federales, hay vacantes en casi la mitad de ellos.

Un ejemplo de los problemas que trae esta situación se dio la semana pasada, pues se sorteó el tribunal que debe hacer el juicio contra exfuncionarios del Ministerio de Salud por la existencia del Vacunatorio VIP durante la pandemia del Covid y salió sorteado el tribunal oral federal 6, que no tiene jueces.

Por eso, se designó como suplentes a otros magistrados de sus propios tribunales que tiene sus propios casos en marcha. Ellos son Enrique Méndez Signori (caso cuadernos), Adriana Palliotti (Hotesur y Los Sauces) y Diego García Berro (Penal Económico).

Los candidatos para seis cargos que fueron elegidos para estos tribunales son:

Primera terna: 1º) Agustina Inés Rodríguez, 7º) Nicolás Antonio Pacilio, 13º) Mariano Jorge Cartolano.

Segunda terna: 2º) Nicolás Schiavo, 8º) Nicolás Ramón Ceballos, 14º) Valeria Alejandra Rico.

Tercera terna: 3º) Luis Alcides Arnaudo, 9º) Gabriel Gonzalo Rey, 15) Albertina Anatonia Carón.

Cuarta terna: 4º) Ignacio Labadens, 10º) Nicolás Grappasonno, 16º) Diego Perone.

Quinta terna: 5º) Marcelo Alejandro Peluzzi, 11º) Vanesa Silvana Alfaro, 17º) Juan Carlos Palacios.

Sexta terna: 6º) Ivana Sandra Quinteros, 12º) Santiago Juan Schiopetto, 18º) Raúl Alejandro Roust.

También fueron elegidos candidatos para ocho cargos en los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de instrucción, para delitos comunes.

Los ternados son:

Primera terna: 1°) Fernando Buján, 9°) Laura Belloqui, 17°) Sebastián Noé Alfano.

Segunda terna: 2°) Santiago Alberto López, 10°) María Jimena Monsalve, 18°) Ignacio Labadens.

Tercera terna: 3°) David Gabriel Mangiafico, 11°) Ramiro Javier Rua, 19°) Lucía Inés Gallagher Campo.

Cuarta terna: 4°) Marina Soberano, 12°) Ariel Alejandro Vilar, 20°) Juan Carlos Bernial.

Quinta terna: 5°) Javier Teodoro Álvarez, 13°) Érica María Uhrlandt, 21°) Gastón Ariel Bermúdez.

Sexta terna: 6°) Mariana Salduna, 14°) Ramiro Riera, 22°) Pablo Alberto Bonini.

Séptima terna: 7°) Mariano Jorge Cartolano, 15°) Gabriela Eugenia Topalián, 23°) Walter Alfredo Cavassa.

Octava terna: 8°) Sixto Mihura Gradín, 16°) Diego Olivera Zapiola, 24°) Romina Monteleone.

Fueron elegidos los postulantes para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba e integran la terna: 1°) María Soledad Mancini, 2°) Hugo Germán Burgos, 3°) Gustavo Javier Zapata.

La fiscal María Carmona, que salió primera y denunció haber sido relegada tras la entrevista personal, no entró en la terna, sino que fue incluida en una lista complementaria.

Fueron enviadas al Poder Ejecutivo ternas para cubrir dos cargos en la Cámara Federal de Córdoba, atravesada por denuncias contra sus integrantes.

Los ternados son:

Primera terna: 1º) Pablo Roberto Toledo, 3º) Germán Luis Gianotti, 5º) María Soledad Mancini.

Segunda terna: 2º) José Manuel Belisle, 4º) Manuel Celedonio Malbrán, 6º) Facundo Carlos Cortés.

El plenario también aprobó el pase a la Comisión de Acusación del único expediente que quedaba en la Comisión de Disciplina sobre denuncias contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain.