CÓRDOBA.- La pelea entre el gobierno nacional y los gobernadores por los recursos tiene múltiples capítulos que abarcan desde la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al financiamiento de la obra pública pasando por la presión de la Casa Rosada para que las provincias reduzcan impuestos considerados distorsivos. El ministro Luis Caputo analiza convocar a los mandatarios provinciales para un nuevo acuerdo fiscal, contexto en el cual se debe discutir quién recauda y quién se encarga de las funciones del Estado. Este año hay seis impuestos menos que en 2025 -suman 150- pero el 85% de la recaudación total lo explican seis.

El último Vademécum Tributario elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que dirige Nadín Argañaraz muestra que 82 de las 150 cargas tributarias relevadas son tasas municipales. Caputo insiste en que estos tributos pueden representar hasta 6% del precio de los productos y pone el foco especialmente en aquellas que no tienen una contraprestación directa.

En el debate público, gobernadores e intendentes apuntan que tienen restricciones para cambios tributarios porque Nación eliminó fondos especiales (por ejemplo, para el transporte y la educación) y tiene menos presencia en áreas como salud e infraestructura, por lo que ellos deben asumir algunas de esas funciones.

El impuesto en el que se concentra el gran tironeo entre Nación y provincias, Ingresos brutos, ocupa el cuarto puesto entre los que más recaudan. Aporta el 14,7% de la recaudación total. Hay provincias en las que esa carga alcanza hasta 80% de los recursos propios, por eso la dificultad para eliminarlo. En el pacto fiscal de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, se fijó una ruta de reducción que se alteró a un año de iniciada por la crisis cambiaria y se frenó en 2019.

La tensión con los municipios transita carriles similares. La TISH, frecuentemente cuestionada por empresas, industrias y cámaras comerciales, representa por sí sola 2,6% de la recaudación consolidada, según los cálculos del Iaraf.

A las tradicionales tasas por servicios urbanos, habilitación comercial o alumbrado público aparecen otras cada vez más específicas: contribuciones ambientales, tasas vinculadas a la gestión de residuos, tributos por monitoreo y seguridad urbana, contribuciones por tránsito pesado, ecotasas, derechos sobre actividades turísticas, tasas aeroportuarias municipales, gravámenes asociados a plusvalías urbanísticas y contribuciones vinculadas a infraestructura.

El otro aspecto que genera fricción entre todos los niveles del Estado es cómo se reparte la recaudación. El año pasado, en la apertura del año legislativo, el presidente Javier Milei anunció: “Estamos trabajando en brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado nacional en su nombre. De este modo, el Estado nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto, sustancialmente inferior al total actual, y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio”. Después no volvió sobre esa agenda.

Unos meses después, el ministro de Desregulación, Federico Sturzzeneger, interpretó que el proyecto de coparticipación de los ATN impulsado por los gobernadores resolvía la discusión de cómo cambiar esa ley. Los constitucionalistas rechazaron esa mirada y ratificaron que se requiere una ley convenio.

Ya nada es igual. Todo podría precipitarse antes y de una manera diferente a la deseada por Javier y Karina Milei. Es lo que le han advertido al Presidente y a su poderosa hermana en las últimas 72 horas unos muy pocos colaboradores que se animan a decir lo que la fraternidad gobernante no quiere escuchar y lo que la mayoría de sus subordinados no se atreve a pronunciar por temor a reacciones desmesuradas, que ya han padecido.

La decisión de Javier Milei de sostener a Manuel Adorni, tras la bochornosa e inverosímil versión sobre su patrimonio no declarado y la admisión de una sucesión infinita de mentiras, llevó a la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, y a otros dos oficialistas destacados, a enviar alertas inequívocas sobre la crítica situación que enfrenta el cuestionadísimo protegido de Karina Milei.

El mensaje fue explícito: si el Presidente no le pide la renuncia, el jefe de Gabinete quedaría al borde de una moción de censura, que hace un par de días parecía lejana. Si eso ocurriera, el Congreso, por primera vez en 31 años, desde que existe el cargo, echaría al ministro coordinador y le asestaría a Milei una de las más duras derrotas de su corta, pero muy exitosa carrera política, con consecuencias impredecibles. Además del costo político y más daño a la ya golpeada imagen presidencial, varios planes clave del oficialismo, hoy en suspenso, podrían fracasar.

Los cálculos de los oficialistas que tienen mejores relaciones con los legisladores y gobernadores aliados y dialoguistas empezaron a mutar en las últimas horas. “Hay alto riesgo de que se produzca el efecto Kueider y se reúna el número en las dos cámaras para interpelarlo y votar la moción de censura”, dicen.

Se refieren a lo que sucedió con el exsenador entrerriano Edgardo Kueider, tras ser detenido al intentar ingresar a Paraguay con más de 200.000 dólares. En ese caso, lo que empezó con el propósito de limitarse a suspenderlo terminó sucumbiendo a la ofensiva kirchnerista para removerlo, luego de diversos quiebres y cambios de posiciones en los demás bloques. Fueron muchos los que no quisieron quedar defendiendo lo indefendible ante la opinión pública.

“Como pasó esa vez, ahora, son cada vez menos los dispuestos a inmolarse por alguien que ni siquiera ha logrado esgrimir una explicación verosímil, sino todo lo contrario”, advierten dos altas fuentes libertarias.

Hasta anoche, en la Casa Rosada y en la residencia presidencial de Olivos se empeñaban en rechazar las versiones sobre una revisión del blindaje a Adorni. Sin embargo, en el entorno de Karina Milei empezó a haber movimientos que sugieren cambios de postura. Estarían evaluando figuras de reemplazo en caso de no poder sostenerlo, para no perder ese codiciado espacio, conquistado tras la expulsión del antecesor de Adorni, Guillermo Francos, en octubre pasado.

La interna influye

Según fuentes calificadas de Diputados, uno de los karinistas más conspicuos, como es el presidente de la Cámara, Martín Menem, se habría apresurado a avisar que no aspira a ocupar el cargo que más cambió de ocupantes desde que La Libertad Avanza (LLA) llegó al poder. Nadie sabe si es una acción preventiva o un ejercicio de distracción. Lo que sí ha quedado claro es que es una auténtica novedad que se hagan trascender tales versiones cuando hasta hace 24 horas la salida de Adorni era un tabú impronunciable.

Como se recordará, la hermanísima se quedó con ese lugar en cumplimiento de la máxima del poder que dice que “el que saca no pone”, ya que Francos fue eyectado luego de que reclamara que el asesor presidencial y rival de Karina Milei, Santiago Caputo, tuviera un cargo formal y asumiera las responsabilidades y las consecuencias jurídicas que este conlleva.

Ahora, el santicaputismo disimula sus ansias de revancha y transita entre la satisfacción por las desventuras del karimenemismo y la preocupación por el daño que Adorni le infiere al Gobierno y al modelo que encarna Milei.

Por eso, en la última reunión de la mesa política, tras el desafortunado sketch televisivo del jefe de Gabinete, el gurú Caputo apenas si se limitó a decir: “Hubiera sido mejor contar antes lo de los bitcoins”. Una forma (¿mordaz?) de marcar su desacuerdo con la ridiculizada estrategia defensiva que expuso Adorni, pero sin avanzar en ningún reclamo de paso al costado. Delicias de las guerras fratricidas.

Contrastó eso con la solitaria voz de Patricia Bullrich, quien volvió a coincidir con sus excorreligionarios macristas, al espetarle al escorado funcionario que antes que reclamar que se lo defienda se ocupe de no dañar al Gobierno y al rumbo de la gestión.

Esa es la línea por la que ha decidido transitar la senadora: cuestionar a Adorni en defensa de Milei y del Gobierno y no como desafiante de la autoridad presidencial, de lo que la acusan los protectores del jefe de Gabinete, que desconfían de sus proyectos personales.

Sus recientes y recurrentes gestos independentistas y la identificación como una opción presidencial capaz de ofrecer continuidad con cambio de formas por parte de figuras destacadas del establishment y por votantes que migraron de Cambiemos a LLA la obligan a cuidar las apariencias más que nunca.

También, Bullrich se afana en preservar, hasta la exageración, las mejores relaciones posibles con el núcleo del poder libertario. Así se explica la invitación a la hermanísima para asistir al festejo de cumpleaños que los familiares le organizaron anteanoche a la senadora. Todos fingieron cordialidad y, algunos, demencia. Ninguna de las dos está en condiciones de asumir las consecuencias de una fractura. Al menos, por ahora.

“El costo enorme de tener que echarlo por presión o decisión del Congreso puede ser evitado con la renuncia de Adorni o, al menos, con una licencia hasta que la Justicia decida si lo procesa. Patricia se lo dijo a Karina, pero no tuvo eco. Ellos creen que soltarle la mano a Adorni sería una muestra de debilidad y que después van a ir por el Presidente”, explican en el entorno de la jefa del bloque libertario.

“El problema es que el empecinamiento en sostenerlo, después de sus absurdas y autoincriminatorias explicaciones, le da verosimilitud a las acusaciones de que Adorni sabe o comparte cosas comprometedoras que involucran al Presidente y a Karina, aunque no haya nada de eso”, admiten y se atajan bullrichistas destacados, que solo hablan en off the record.

“Ya Patricia ha dicho lo suficiente, pero, obviamente, estamos totalmente de acuerdo con lo que dice. Lo mejor que puede pasarnos es que Adorni renuncie y no siga causando daño”, explica una diputada a la que le sobra desparpajo, verborragia y energía cuando se trata de atacar a adversarios y de defender al Gobierno. La misma que se mostraba hasta no hace mucho como cruzada del republicanismo, contra la corrupción y en defensa de la libertad de expresión.

Los exmacristas devenidos mileístas comparten la incomodidad con sus excorreligionarios del Pro, aunque con más restricciones para expresarse, pero con parecidas limitaciones para actuar.

De todas maneras, el partido amarillo dio una señal clara de que no está dispuesto ni en condiciones de seguir acompañando incondicionalmente sin poner en riesgo su supervivencia: lo que le queda de su base de sustentación le exige algo más de audacia y firmeza ante un caso tan flagrante.

“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, fue la publicación en la cuenta oficial red X del partido, el viernes pasado, que sonó más a un ruego que una intimación a Milei para que entregue a su jefe de gabinete y le evite tener que sumarse a la ofensiva de los opositores más radicales.

El mensaje es claro: no quieren exponerlo a semejante derrota, pero tampoco inmolarse por alguien que ni siquiera ha logrado esgrimir una autodefensa verosímil, sino todo lo contrario.

La negativa reacción social que generó la aparición de Adorni e inundó las redes sociales y la esfera pública dio lugar a la escalada macrista, luego de haberse tomado más de 18 horas para dar su primer pronunciamiento crítico.

El debate interno estuvo condicionado por la genuina prudencia política de algunos, por su rol de aliados del Gobierno en cuanto al rumbo económico y las relaciones personales de algunos dirigentes con el oficialismo. Pocos olvidan que Milei salió en defensa del jefe del bloque de diputados del Pro, Cristian Ritondo, antes que Mauricio Macri cuando se reveló la existencia de inmuebles y sociedades off shore a su nombre y de su esposa no declarados. Casualidades y causalidades.

Del lado de los gobernadores dialoguistas de origen peronista y cambiemita se dan situaciones parecidas. El ministro del Interior, Diego Santilli, que estaba dedicado a negociar votos para descongelar la reforma política-electoral que impulsa el oficialismo debió cambiar de objetivo para tratar de evitar la censura legislativa a Adorni. Cambio abrupto de prioridades y de urgencias.

“El problema es que aunque Diego consiga la promesa de apoyo de los gobernadores, con el reparto de recursos, eso no asegura el voto de los senadores y diputados de sus provincias. La calle pide que se vaya Adorni y evitar su caída tiene, para muchos, el costo de ser vistos como cómplices. Serían casta al cuadrado”, admite un colaborador presidencial que evita quedar atrapado entre los bandos oficialistas en disputa.

Pero no es solo la dimensión política la que está siendo impactada por los escándalos sin fin del jefe de Gabinete. Aunque menos frontalmente, el equipo económico ya ha dejado trascender su malestar con este affaire, que está ensombreciendo buenas noticias de la macroeconomía.

“Necesitamos recrear expectativas. Por eso es importante que se puedan potenciar noticias como la baja de la inflación o del riesgo país, mientras la microeconomía sigue estando complicada en muchos sectores. Por eso esto hace mucho daño”, admite un miembro del gabinete.

Como señaló el director de la consultora Isonomía Pablo Knopoff, gran parte de la sociedad continúa apoyado al Gobierno, a pesar de no estar pasándola bien, “por miedo a que el enorme esfuerzo que viene haciendo no sirva de nada, más que por temor al pasado”, pero para sostenerlo necesita recibir señales que justifiquen que el sacrificio no es solo suyo. Adorni no ayuda. Se ha convertido en un activo cada vez más tóxico.

Por eso, las presiones y las incomodidades crecen dentro y fuera del Gobierno frente a su permanencia y la defensa del Presidente. Ya nada es igual.