La oposición en la Cámara de Diputados intenta activar una agenda propia enfocada en la situación económica y pone el foco en el problema del sobreendeudamiento familiar. Este miércoles comenzó a debatirse una batería de proyectos en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, presidida por el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria), donde se acumulan al menos 18 iniciativas vinculadas al crédito, la morosidad y la protección de los consumidores.

Según un estudio del Instituto Argentina Grande basado en datos del Banco Central, en febrero de 2026 había 4.818.440 personas con deudas impagas por más de tres meses, un aumento del 45% respecto de dos años atrás, cuando los morosos sumaban 3.314.998.

“Nos va a servir para continuar con el debate de un tema que ahora es necesario retomar porque la situación se va tornando acuciante”, dijo Yasky al introducir a los invitados a exponer en la Comisión.

El canal oficial de la Cámara -Diputados TV- definió no transmitir la Comisión en vivo. En su lugar, pasó una programación repetida. “Se prioriza la reunión conjunta entre Relaciones Exteriores y Legislación Penal”, respondió a uno de los responsables del canal, cercanos a Martín Menem. Ese plenario fue conducido por la oficialista Juliana Santillán.

El informe económico también muestra un cambio en la composición del endeudamiento. Disminuye la proporción de personas que deben únicamente a bancos (577.809) y crece con fuerza el número de quienes acumulan deudas con entidades no financieras y también con prestamistas no financieros (2,2 millones). El informe atribuye esta situación a un agotamiento del crédito formal: ante la mayor morosidad, los bancos restringen préstamos y los consumidores migran hacia formas alternativas de financiamiento.

Los datos evidencian además un impacto particularmente fuerte en los jóvenes. Entre las personas de 15 a 24 años, cerca del 33% del crédito está en situación de mora, lo que equivale a que uno de cada tres pesos adeudados por ese grupo etario se encuentra impago.

La agenda parlamentaria se activa luego de que el Indec informara que la inflación de marzo fue del 3,4%, la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre acumuló 9,4%, casi el mismo nivel que el proyectado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para todo el año en el presupuesto. El incremento interanual llegó al 32,6%.

El dato generó incluso una reacción poco habitual del presidente Javier Milei, quien reconoció ayer en redes sociales y en su discurso en Amcham que “el dato es malo” aunque sostuvo que existen factores que permitirían retomar la desaceleración inflacionaria.

Frente a ese escenario, la Comisión comenzó a ordenar una agenda que abarca distintos enfoques para abordar el problema del endeudamiento.

Un primer grupo de proyectos apunta a fortalecer las reglas del crédito responsable. Entre ellos figura una iniciativa de la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) que propone establecer un marco federal para el otorgamiento de préstamos y fijar un límite máximo de endeudamiento equivalente al 35% de los ingresos netos del solicitante. Otros proyectos impulsan evaluaciones más estrictas de solvencia por parte de las entidades antes de conceder financiamiento, con especial foco en sectores considerados más vulnerables, como jóvenes y adultos mayores.

Otra línea de trabajo se centra en los costos financieros asociados a tarjetas de crédito y medios de pago. Algunas propuestas, una de Fabiola Aubone (UP) y otra que agrupa a los peronistas Kelly Olmos, Guillermo Michel, Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz, buscan establecer topes a las comisiones que pagan los comercios por las operaciones con tarjeta y limitar la tasa de interés que pueden cobrar las entidades emisoras.

“Las tasas no pueden tener que ver con tasas de mercado sino que tienen que estar fijadas en relación a los ingresos y al costo de vida”, señaló la socióloga Lucía Cavallero como especialista invitada a la Comisión.

También aparece una iniciativa del diputado mandato cumplido Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) orientada a mejorar la transparencia de los resúmenes de cuenta, para que los consumidores puedan identificar con claridad el origen de cada cargo.

La batería legislativa incluye además proyectos destinados a aliviar la situación de quienes ya se encuentran sobreendeudados. Entre las alternativas se analizan programas de refinanciación obligatoria, esquemas de reestructuración de pasivos y la prohibición de ciertas prácticas que agravan el peso de la deuda, como la capitalización automática de intereses. Algunas iniciativas incluso plantean condonaciones parciales de punitorios o regímenes especiales de reorganización judicial para consumidores insolventes.

Alejandra Fernández Scarano, directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explicó que el ratio de irregularidad en el crédito al sector privado alcanzó su máximo histórico en enero de 2026, con 6,4%. En noviembre de 2023 estaba en 2,7%. Es decir: hoy hay más del doble de préstamos con atrasos o problemas de pago que hace dos años.

La protección frente a prácticas abusivas de cobranza también aparece en la agenda. Un proyecto de la fueguina Carolina Yutrovic (UP), diputada mandato cumplido, propone regular las gestiones extrajudiciales para evitar situaciones de hostigamiento, como llamadas reiteradas, contactos con terceros o comunicaciones en horarios inapropiados.

“Los bancos venden las deudas a los estudios que se dedican a las cobranzas y eso se hace de una forma muy irregular. Cuando la persona quiere pagar no sabe a quién le está pagando y cómo certificar que pagó y no tiene garantías de que la deuda en el banco desaparecerá”, dijo Arturo Pozzali, defensor adjunto de la Defensoría del Público de la Ciudad. La morosidad está pasando del 7% al 22%, señaló Pozzali, que es doctor en economía. “Después vamos a tener que generar un salvataje para las entidades financieras, cosa que ya sucedió en este país y no debería volver a pasar”, cerró.

Finalmente, varios proyectos buscan actualizar la regulación frente al crecimiento del crédito digital, en particular los préstamos rápidos ofrecidos por billeteras virtuales y plataformas fintech. Las iniciativas apuntan a que estas operaciones queden registradas en la Central de Deudores del Banco Central y a reforzar la supervisión sobre los proveedores de servicios de pago, ante el riesgo de que el acceso inmediato al crédito favorezca un endeudamiento difícil de detectar.

Scarano señaló que la morosidad en entidades financieras es del 11,2% mientras que aquella en entidades no financieras es del 29,9%.

Desde el oficialismo, el diputado Marcos Patiño Brizuela (LLA) sostuvo que el debate debería abordarse de manera más integral. Recordó que el Código Civil incorporó la defensa del consumidor en 2015 y que desde 2019 hay en la Cámara un proyecto de Código de Defensa del Consumidor que nunca se trató y que contempla, entre otros puntos, un proceso de saneamiento para deudas de consumo. A su entender, el Congreso debería “afinar el lápiz” para dar soluciones duraderas y no solo respuestas para los próximos meses.

El Gobierno busca impulsar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ya presentado ante el Senado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El texto propone simplificar desalojos en casos de falta de pago, ocupación o toma de terrenos, facilitar la compra de tierras para ciudadanos extranjeros y reducir las posibilidades de ejecutar una expropiación.

La propuesta modificaría el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de viviendas y terrenos. El plan establece un juicio sumarísimo, un trámite exprés para expulsar a quienes no paguen el alquiler, “okupas” o personas que tomen un terreno.

De acuerdo con la norma, en caso de que el reclamo sea válido, el juez deberá entregar la propiedad al dueño dentro de los cinco días. El proyecto también fija un plazo de 72 horas para que la policía identifique a los ocupantes del inmueble.

La reforma también exige que el Estado justifique de forma estricta por qué necesita quedarse con un bien determinado y obliga a pagar al dueño el precio real de mercado antes de tomar posesión. Esta compensación debe incluir el dinero que el propietario deja de ganar por no disponer de su bien. En caso de ser ocupado por una emergencia, el trámite no puede superar los 60 días.

La ley propone que los ciudadanos extranjeros puedan acceder a tierras sin los límites vigentes, al derogar las trabas impuestas en la Ley 26.737. El Gobierno justifica la decisión afirmando que esa normativa dificultaba operaciones y desincentivaba la llegada de inversiones.

El Estado solo controlaría las operaciones donde participen otros países o empresas ligadas a gobiernos extranjeros. La medida también busca potenciar el desarrollo del sector agropecuario mediante la llegada de capitales externos.

El texto también pretende acabar con las restricciones impuestas por la Ley del Manejo del Fuego y permitir vender tierras rurales que sufrieron incendios. El proyecto busca eliminar la prohibición de comercializar esos campos por plazos de entre 30 y 60 años.

Esta medida solo se mantendría para los bosques nativos que cuentan con una protección especial. El Ejecutivo argumentó que la prohibición actual castigó el valor de las tierras de los productores sin alcanzar resultados reales en el cuidado del ambiente.

La iniciativa otorga a las provincias y a los municipios la facultad de entregar escrituras en los barrios populares. El Gobierno señaló que el sistema centralizado actual falló, ya que solo se entregaron títulos de propiedad al 0,08% de los vecinos en siete años.

Toda la información de las propiedades pasaría a un formato digital, donde los ciudadanos presentarán documentos con firma electrónica y podrán consultar datos a distancia. Esta medida apunta a bajar los gastos de las operaciones inmobiliarias y reducir las demoras en las oficinas públicas.