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POLITICA

Una médica del PAMI cuestionó el recorte: “Vamos a ganar la mitad”

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El PAMI implementó un cambio en la modalidad de pago a los médicos de cabecera, vigente desde abril. El ajuste, comunicado a los profesionales el 10 de abril, impacta directamente en la forma en que reciben sus honorarios. El sistema anterior combinaba un monto fijo por paciente asignado y un pago adicional por cada consulta efectivamente realizada. Ahora, los médicos perciben una suma única mensual por cada beneficiario, lo que reduce a más de la mitad los ingresos para quienes atienden un volumen importante de consultas.

La medida afecta de forma particular a quienes atienden a jubilados y pensionados, uno de los grupos más numerosos dentro del sistema PAMI. La resolución incrementa el pago por cápita, pero elimina el reconocimiento individual por consulta, lo que, en la práctica, representa una disminución significativa de los ingresos para los médicos de cabecera.

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En diálogo con Infobae en Vivo Al Mediodía, la médica clínica y emergentóloga Marcela Terranova explicó cómo funciona el nuevo esquema y cuáles son las consecuencias para los profesionales y la atención de los adultos mayores.

Cómo cambió el sistema de pagos a los médicos de cabecera

Marcela Terranova detalló: “Nos comunicaron el 10 de abril que solo vamos a cobrar por cápita, $2.100 por paciente, por todo concepto”. Antes de la modificación, el sistema establecía un pago fijo de $940 pesos por paciente asignado y un adicional de $5.000 por cada consulta realizada y validada. Asimismo, una vez al año, el chequeo anual otorgaba $10.000 extra.

La especialista aclaró: “El médico de cabecera tiene entre 500 y 1.000 pacientes a cargo. En mi caso, tengo 550 pacientes. Con el sistema anterior, muchas consultas se pagaban bajo el plus establecido, lo que permitía cubrir gastos del consultorio, secretaria y otros costos operativos. Con la nueva modalidad, la suma final se reduce a menos de la mitad de lo que percibíamos antes”.

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Terranova sostuvo: “A partir del mes que viene quizás vamos a ganar la mitad. Tengo hijos a cargo y también debo pagar alquiler. La preocupación en mi entorno es muy grande, porque la diferencia en lo que vamos a cobrar es sustancial”.

Repercusiones económicas para los médicos y su trabajo cotidiano

Con el nuevo esquema, los médicos cobran únicamente por el número total de pacientes, sin importar el volumen real de consultas atendidas. Terranova afirmó: “Ahora solo nos pagan una cápita, pero antes cobraba principalmente por los que se atendían cada mes, unas 190 a 200 consultas”. Este cambio afecta no solo la economía personal de los profesionales, sino también su capacidad para sostener la carga laboral y los costos fijos de sus consultorios.

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En su testimonio, Terranova agregó: “Toda la vida hemos involucrado a la familia en el trabajo administrativo. Hoy, todos pensamos en tener que buscar otro trabajo. Muchos colegas enfrentan la posibilidad de dejar de atender por PAMI si los ingresos no alcanzan”.

Sobre la posibilidad de continuar en el sistema, admitió: “Desde 1994 atiendo por PAMI, con algunas interrupciones. Nuestro trabajo es de alta demanda y muchas veces excede el horario del consultorio. Incluso cuando estamos de paro, los pacientes siguen comunicándose por necesidades de salud”.

La médica describió la inquietud de sus pacientes: “Varios hijos nos preguntan ‘¿Qué hacemos? ¿Buscamos otro médico?’ Otros consultan si podemos atenderlos de manera particular. La situación es incierta y estamos intentando comprender el alcance real de estos cambios”.

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Impacto en el acceso a la atención médica de los jubilados

La modificación del sistema de pagos del PAMI genera preocupación entre los pacientes que dependen de la obra social. Terranova reveló: “Una consulta particular clínica en Mendoza cuesta alrededor de $50.000. Hay colegas que cobran $20.000 a jubilados en sus consultorios privados. A veces, esos pacientes nos piden que les transcribamos recetas o estudios porque continúan con su médico de toda la vida, aunque ese profesional no atienda más por PAMI”.

La eliminación de pagos por consulta impacta directamente en la economía de los profesionales de la salud que atienden a jubilados

Consultada sobre el acceso a medicamentos y recursos, Terranova relató: “Al principio del cambio de gobierno se recortó todo drásticamente. Los pacientes se quedaron sin insulina y los médicos debíamos buscar alternativas con visitadores médicos. Fue una etapa difícil. Con el tiempo, algunos suministros se reestablecieron, como los pañales y ciertas insulinas, pero las tiras reactivas siguen llegando con demoras”.

Aunque se reportaron abusos en la entrega gratuita de medicamentos en el pasado, Terranova afirmó que la actual situación limita los beneficios para los jubilados. “Ahora los pacientes no tienen tantos beneficios y la situación se agrava porque los montos de las jubilaciones no alcanzan”.

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Reclamos y perspectivas del sector médico ante la reducción de ingresos

La medida del PAMI impactó en la relación con los profesionales. De acuerdo a Terranova, la comunicación con la sede local del PAMI en Mendoza fue fluida, aunque los representantes reconocieron estar “desbordados, atendiendo hasta cuatrocientas consultas en una mañana”. El apoyo del personal del PAMI local no alcanza a revertir el impacto de lo que consideran una decisión nacional.

Terranova planteó: “No estamos pidiendo un aumento, solo queremos que no nos recorten lo que venimos cobrando. La diferencia es tan grande que muchos evalúan dejar el sistema”. Desde el gremio médico, se esperan definiciones en una próxima reunión con autoridades nacionales para reconsiderar la normativa.

Finalmente, la médica propuso una alternativa: “Si no quieren este modelo, que la cápita aumente a $4.000. Así podríamos mantener los ingresos y continuar atendiendo”. Para los médicos, el desafío es sostener la atención ante una caída abrupta en la remuneración.

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El sector permanece atento a los próximos anuncios para determinar el futuro del vínculo laboral con el PAMI y el impacto en la cobertura de salud de los jubilados.

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Lilia Lemoine: "Me agradaría una fórmula Bullrich-Milei"

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Con un claro mensaje hacia la interna y los desacuerdos en la cúpula del oficialismo, la diputada libertaria Lilia Lemoine sostuvo que le “ilusionaría” una fórmula presidencial encabezada por Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich para las elecciones de 2027. Por otro lado, apuntó contra el “adoctrinamiento” en las universidades tras la Marcha Federal que se realizó en el Congreso, y cuestionó a quienes “querían tirar el DNU 70/23” para “dañar al Gobierno”.

En una entrevista con Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Maia Jastreblansky, Lemoine expresó su respaldo a una oferta electoral Milei-Bullrich para asegurar la continuidad de La Libertad Avanza, a pesar de la tensiones internas por lo movimientos de la exministra de Seguridad. “Me agradaría una formula. A mi me gustaría, me ilusionaría una fórmula así”, dijo.

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Consultada por la movilización de docentes, trabajadores y alumnos universitarios, la legisladora se refirió al episodio que vivió en las inmediaciones de Congreso, que quedó registrado en video. Entre otros puntos, recordó que caminaba con la diputada mendocina Mercedes Llano cuando comenzaron las agresiones verbales. “Estábamos esperando en la esquina. Obviamente, a mí me reconocen. Se acerca una chica y me empieza a insultar”, reconstruyó sobre el incidente que registró con su teléfono.

La diputada diferenció a quienes participaron de manera pacífica de otros grupos que, según afirmó, se acercaron a la zona con una dinámica organizada. “Había una parte pacífica de la marcha”, dijo, antes de cuestionar la presencia que observó en las inmediaciones. “Empezaban a llegar personas de municipalidades, que salieron organizadas de los consejos deliberantes y algunas universidades de la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad vi muy poco estudiante ahí”, planteó.

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Lemoine también mencionó algún hecho puntual donde hubo estudiantes que afrontan presiones políticas dentro de las universidades. Citó un caso en la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, donde aparentemente un docente -según su versión- pidió una foto de asistencia a la marcha para aprobar la materia. “Eso es extorsión a los alumnos. Adoctrinamiento político”, expresó.

Ante la observación de que esos casos no necesariamente describen la totalidad del sistema universitario, Lemoine aseguró que sería atacada si ingresara a una facultad. “A mí me tirarían piedras adentro de la universidad (pública). Te lo apuesto”, agregó. “El asco que me tienen la feministas y la izquierda es tan grande, y son tan violentos y tan cobardes, que cuando están en grupo son extremadamente agresivos”, afirmó.

La diputada consideró que detrás de la movilización y del debate parlamentario había un propósito político contra el Poder Ejecutivo. “Ayer querían tirar el DNU 70/23 no porque estaban preocupados por la educación pública o la soberanía, todo eso es mentira”, dijo, e insistió que el objetivo era desestabilizar al oficialismo. “Querían subir el riesgo país, querían ver si tiraban un muerto, querían ver si podían dañar al gobierno”, enumeró, sin presentar pruebas durante la entrevista.

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El rumbo del Gobierno: “Podría estar mejor”

Por otro lado, Lemoine reconoció dificultades en la situación económica, aunque aseguró que el Gobierno atraviesa una recuperación después de la crisis profunda de 2023. “Podría estar mejor. Estamos saliendo de una crisis muy profunda que podría haber terminado en una hiperinflación”, sostuvo, y consideró que resolver en dos años los efectos de los gobiernos anteriores era imposible. “Es fantasioso si alguien pensó en algún momento que se podían resolver veinte años de populismo y de miseria en dos años”, agregó.

En ese marco, afirmó que la baja de la inflación es un indicador central. “Este es el primer presidente desde la vuelta de la democracia que va a entregar el gobierno con menos inflación de la que tenía cuando empezó”, sostuvo, al destacar la eliminación de restricciones cambiarias. “No hubo plan Bonex, no hubo corralito, se quitó el cepo”, enumeró.

Sobre la actividad comercial y el consumo, planteó que existen problemas derivados del retiro de subsidios y de las políticas aplicadas durante dos décadas. Y también defendió que el cambio de la composición del empleo sea con contrataciones precarias. “Ser monotributista no es algo malo, no es un insulto. Yo soy monotributista, no he tenido problemas con eso”, afirmó. Tras ser consultada por el cierre de empresas, respondió con interrogantes sobre nuevos emprendimientos e inversiones. “¿Y cuántas abrieron y cuántas migraron? ¿Y cuántas inversiones llegan?”, planteó.

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Más allá de las dificultades, Lemoine aseguró que el Gobierno debe mantener su programa económico. “Hay que seguir avanzando en lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo ha dado sus frutos”, afirmó.

En el cierre, pidió apoyo electoral para el mandatario libertario. “Javier Milei es el primer presidente que hace lo que dice que va a hacer. No hay sorpresas. Con este presidente vos tenés previsibilidad, tenés un camino de libertad por delante”, concluyó.

Durante la entrevista, defendió las reacciones del Presidente frente a las críticas de la prensa.

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POLITICA

El gobierno de Trump envía a la Argentina a dos altos funcionarios para avanzar con un ambicioso proyecto de infraestructura

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WASHINGTON.- Luego de la visita de Javier Milei a esta capital, el gobierno de Donald Trump anunció este viernes que dos altos funcionarios del Departamento de Estado viajarán la semana próxima a la Argentina para promover el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una ambiciosa iniciativa de infraestructura con inversión norteamericana sellada entre ambas administraciones el mes pasado.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos y con un rol clave en el vínculo de la administración Trump con la región, llegarán a la Argentina tras un paso previo por Asunción, en Paraguay. La gira será del 19 al 26 de octubre, aunque no se especificó la fecha exacta de su arribo a Buenos Aires.

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en el consulado argentino en Nueva York.Guillermo Idiart

“En Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta de Estados Unidos y la Argentina suscripta durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, señaló en un comunicado difundido esta mañana el Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio.

“El viaje del Landau refleja el compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”, añadió la nota.

El 23 de septiembre pasado, los gobiernos de Milei y Trump anunciaron el lanzamiento del “Corredor Andes-Atlántico”, una iniciativa que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital.

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El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7000 millones hacia 2027.

El anuncio se realizó durante el foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino en Nueva York. Landau y el canciller Pablo Quirno encabezaron la presentación en representación de ambos gobiernos, una nueva muestra de la alianza estratégica entre las administraciones de Milei y Trump.

En ese momento se había anticipado que la cooperación tendría una próxima instancia este mes con el viaje de Landau a la Argentina para reunirse con representantes del sector público y privado e impulsar proyectos vinculados con el corredor.

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El canciller Pablo Quirno y del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en el consulado argentino en Nueva York.Guillermo Idiart

El miércoles pasado, en Washington, Quirno se reunió con Segura, con quien repasó la agenda bilateral en distintos ejes, como el acuerdo de financiamiento con Washington para inversiones en infraestructura, según supo . El funcionario norteamericano también había estado presente en la presentación del acuerdo en Nueva York.

Para Washington, la iniciativa “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y une a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico del país, según señaló el Departamento de Estado. Además, apunta a conectar la matriz productiva argentina con los mercados de Occidente a través de inversión estadounidense.

El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental, que se suma a los de otras regiones. El objetivo es ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas, de los que la Argentina tiene amplios recursos.

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La novedad más concreta figura en el capítulo energético: el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM Bank) presentó al proyecto de Gas Natural licuado Argentina LNG, liderado por YPF, una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta US$6000 millones.

Los fondos se destinarían a la compra de bienes y servicios estadounidenses para desarrollar la infraestructura y la producción. El crédito todavía no está aprobado: la propuesta es indicativa y no vinculante, y su eventual otorgamiento requiere la aprobación final del directorio de EXIM.

YPF desarrolla el proyecto junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. La primera fase prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL y el inicio de operaciones proyectado para 2031.

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La visita de Landau y Segura se producirá en la previa del viaje del vicepresidente norteamericano, JD Vance, a Buenos Aires en noviembre próximo, en un viaje oficial. Aún restan conocer detalles de la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país que tendrá el número dos de la Casa Blanca.



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La Iglesia le pidió a Villarruel que el Senado trate la ley contra la ludopatía antes de que pierda estado parlamentario y se archive

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La Iglesia volvió a reclamar por la ley de prevención de la ludopatía. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le mandó una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, y a todos los senadores para pedirles que retomen “de manera urgente” el tratamiento del proyecto que regula los juegos de azar y las apuestas online.

La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero está frenada en el Senado. Según la CEPAS, existe “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”. Si eso pasa, el texto se archiva y el debate tiene que empezar de cero.

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“Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”, plantea la carta, en la que los obispos les piden a los legisladores que lleguen a los acuerdos necesarios para que el proyecto se convierta en ley.

En el texto, la Pastoral Social sostiene que la ludopatía dejó de ser una advertencia a futuro y se convirtió en un problema con consecuencias visibles. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias”, señala. También advierte que no hacer nada también es una decisión y que sería “profundamente lamentable”.

Victoria Villarruel recibió un reclamo de la Iglesia por la ley de ludopatía. (Foto: Luciano Ingaramo/ Comunicación Senado)

La CEPAS remarcó que el Estado tiene que proteger a los más vulnerables y cuestionó que los intereses económicos del sector sigan avanzando. Según la carta, los costos humanos, familiares, sociales y sanitarios no los pagan quienes ganan dinero con el juego, sino las personas, las familias y las comunidades. Para respaldar su planteo, citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina sobre el impacto de las apuestas online en chicos y adolescentes y en personas sin protección.

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La carta también retoma una frase del papa León XIV en la encíclica Magnífica Humanitas, en la que habla de “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. Y cierra con un pedido directo a los senadores: “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”.

No es la primera vez que la Iglesia presiona por esta ley. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron la campaña “Apostar no es un juego”. En noviembre de ese año, la CEPAS les pidió a los diputados que trataran el proyecto con urgencia y, en febrero de 2025, llevó el mismo reclamo al Senado, donde habló de una “cultura de la timba y del azar”.

En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina fue más allá y afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida”. En ese momento, los obispos advirtieron que, sin controles, cada celular podía convertirse en un “casino”.

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En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida”. (Foto NA)
En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida”. (Foto NA)

Lo que propone la ley

Diputados aprobó el proyecto el 27 de noviembre de 2024, con el voto en contra de La Libertad Avanza. La iniciativa, impulsada por la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro como autor principal, prohíbe la publicidad de apuestas en medios, plataformas online, eventos y camisetas deportivas, y prevé sanciones para los influencers que las promocionen. También exige verificación biométrica para entrar a las plataformas de juego online, crea un régimen de autoexclusión, prohíbe el uso de tarjetas de crédito para apostar y no permite que los dueños de empresas de apuestas sean dirigentes de clubes.

Las universidades volvieron a reclamar que se cumpla la Ley de Financiamiento: “Estamos en riesgo”

En mayo de este año, el Gobierno mandó al Senado su propio proyecto sobre ludopatía, con diferencias importantes. La propuesta oficial permite la publicidad de las plataformas con licencia y apunta las sanciones a los operadores clandestinos, con penas de 3 a 6 años de prisión. Además, deja en manos de las empresas el control de la edad de los usuarios, en lugar de la verificación biométrica con el Sistema de Identidad Digital que aprobó Diputados.

Victoria Villarruel, apuestas, Iglesia

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