La Universidad de Buenos Aires nombró al papa León XIV con el título de Doctor Honoris Causa, a días de la primera visita del sumo pontífice a la Argentina, en reconocimiento a su liderazgo global, su defensa del diálogo y su intervención en debates sobre pobreza, tecnología, paz y convivencia democrática. El Consejo Superior aprobó la distinción por unanimidad en su sesión del 28 de octubre de 2026.

La máxima distinción de la casa de altos estudios se dio a conocer a pocos días de la visita del Papa a la Argentina, que tendrá lugar entre los días 8 y 11 de noviembre. La llegada del jefe de la iglesia al país se confirmó luego de la intervención a la que debió someterse por un complejo cuadro de salud. El papa manifestó una recuperación óptima, que le permitió mantener el compromiso de visitar Argentina.

En la distinción, el Consejo Superior de la UBA consignó que Robert Francis Prevost, elegido como pontífice el 8 de mayo de 2025, se convirtió en el 267.º sucesor de San Pedro al adoptar el nombre de León XIV. La UBA valoró que su pensamiento excede el ámbito religioso y se proyecta sobre discusiones sociales, políticas, culturales y académicas de alcance internacional.

La resolución señala que el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica se pronunció desde el inicio de su pontificado sobre la desigualdad, la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental, los conflictos armados y la construcción de la paz.

También incorporó a sus intervenciones las transformaciones tecnológicas y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral. La institución destacó, además, sus planteos sobre la convivencia democrática y el fortalecimiento de espacios de intercambio entre culturas y religiones.

El reconocimiento se apoya particularmente en la concepción del diálogo como una herramienta para construir consensos y reconocer la dignidad de quienes sostienen ideas, creencias o formas de vida diferentes. La universidad vinculó esa posición con sus propios principios de diversidad de ideas, libertad de pensamiento e intercambio entre perspectivas plurales.

La decisión no se limita a la figura personal del pontífice. Para la UBA, el título expresa la importancia que atribuye al diálogo académico, cultural e interreligioso frente a los desafíos contemporáneos.

La resolución también menciona el compromiso de León XIV con la paz internacional, sus aportes al entendimiento entre tradiciones religiosas y culturales, y su labor en favor de sociedades más inclusivas. Esos elementos fueron considerados méritos excepcionales para conceder la máxima distinción honorífica de la institución.

Formación universitaria y actividad pastoral en Perú

León XIV nació en Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955. Es miembro de la Orden de San Agustín y desarrolló una formación académica que reunió estudios de Matemáticas, Filosofía, Teología y Derecho Canónico.

Obtuvo una licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Villanova, una licenciatura en Teología en la Unión Teológica Católica de Chicago y los títulos de licenciado y doctor en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Italia. La UBA consideró que ese recorrido fue la base de su trayectoria académica, pastoral y de gobierno eclesial.

Su actividad misionera comenzó en 1985 en Chulucanas, Perú, donde ejerció como vicario parroquial y canciller de la prelatura territorial. Desde 1988 desarrolló tareas pastorales y formativas en Trujillo, ciudad en la que fue prior de comunidad, vicario judicial y párroco.

En esa ciudad peruana también se desempeñó como director de estudios y rector interino del Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo. Allí dictó materias vinculadas con Derecho Canónico, Teología Moral y Patrología, el estudio de los autores cristianos de los primeros siglos.

Su experiencia incluyó la función de director de formación y maestro de profesos de la Orden de San Agustín, con responsabilidades en la preparación académica, espiritual y pastoral de nuevas generaciones de religiosos. La resolución remarca su sostenida labor docente en instituciones de formación religiosa y de educación superior en Perú.

Antes de la distinción de la UBA, el pontífice ya había recibido doctorados honoríficos de la Universidad de Villanova, en Ciencias Humanísticas, y de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Perú. Ambas instituciones reconocieron su capacidad para integrar el conocimiento jurídico-canónico, la acción pastoral y el servicio a las iglesias particulares.

“Magnifica Humanitas” y los desafíos de la inteligencia artificial

La primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas, cuyo título se traduce como “Magnífica Humanidad”, ocupa un lugar central en los fundamentos de la resolución. El documento aborda la protección de la persona y de su dignidad ante el avance de la inteligencia artificial desde la Doctrina Social de la Iglesia.

El texto examina las consecuencias éticas, sociales y educativas de las transformaciones tecnológicas, con atención a la relación entre innovación, bien común y dignidad humana. También plantea la necesidad de un acceso equitativo a la educación y a los beneficios del progreso científico y tecnológico.

La encíclica resalta el intercambio entre conocimiento científico, humanidades y reflexión ética. Además, asigna a la educación un papel en la formación del pensamiento crítico, la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de la dignidad de cada persona.

La UBA sostuvo que esas reflexiones ponen de relieve la responsabilidad social del conocimiento y de la innovación. La resolución asocia esos planteos con la misión universitaria de producir y transmitir saberes, formar personas comprometidas con su tiempo y contribuir a la construcción del bien común.

El máximo órgano de gobierno de la casa de estudios está integrado por el rector, los decanos de sus 13 facultades y cinco representantes de cada claustro: profesores, graduados y estudiantes. La decisión se encuadra en las atribuciones previstas por el Estatuto Universitario para conceder reconocimientos honoríficos.

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La jueza federal Mariel Borruto admitió la intervención de la provincia de Tierra del Fuego en la causa judicial contra el proyecto petrolero Sea Lion y ratificó la vigencia de la medida cautelar que prohibió a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum iniciar, continuar o ejecutar cualquier obra, como perforaciones, infraestructura submarina, unidades flotantes de producción y obras terrestres o portuarias de apoyo.

La resolución, firmada el 27 de octubre y notificada por cédula electrónica al día siguiente en un expediente impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), formaliza una disputa procesal que se extendió por varias semanas: la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego había pedido ingresar a la causa, aunque lo hará con facultades acotadas: actuación accesoria y subordinada a la parte actora.

El fundamento central de la magistrada es que la Fiscalía de Estado no hizo valer en la causa una posición material diferenciada. Por el contrario, en su presentación del 23 de septiembre declaró concurrir “compartiendo con las asociaciones actoras (el CECIM y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas -AAdeAA-) el propósito de prevenir el daño ambiental de incidencia colectiva”, y reservó para otras vías las pretensiones sobre titularidad de recursos naturales, daños propios e indemnizaciones.

Así, Tierra del Fuego podrá formular alegaciones, aportar elementos de juicio y promover prueba, pero dentro de los límites de la acción original. No podrá ampliar el objeto de la demanda ni introducir pretensiones autónomas.

La cautelar sigue en pie y no se revisará todavía

La jueza Borruto tampoco hizo lugar al pedido de la Fiscalía de incorporar recaudos adicionales a las condiciones de revisión de la cautelar, ni ordenó que Rockhopper y Navitas presenten por ahora las pólizas de seguros y garantías ambientales solicitadas por la provincia. Ambas decisiones se sustentaron en que los informes ordenados en septiembre aún no se incorporaron al expediente y las empresas demandadas todavía no fueron notificadas, dos condiciones que el propio tribunal había fijado como necesarias para reevaluar el alcance de la medida.

La cautelar del 16 de septiembre detuvo las obras de Rockhopper y Navitas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente. El proyecto contempla 23 pozos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, y tiene como primera extracción de crudo el primer trimestre de 2028. Navitas controla el 65% y Rockhopper el 35% restante.

Por otro lado, la Fiscalía fueguina también había solicitado convocar al Estado nacional al proceso. Borruto rechazó ese pedido. La magistrada aclaró que ya había ordenado el 16 de septiembre informes a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, a la Secretaría de Energía y a la Cancillería, cuya incorporación al expediente se encuentra pendiente.

“La sola condición de legitimado ambiental, o la existencia de competencias nacionales relacionadas con el emprendimiento, no impone su participación necesaria en todos los procesos de tutela del ambiente”, sostuvo Borruto.

Avance legislativo

La incorporación de la Fiscalía de Estado al expediente no fue espontánea: respondió a una resolución de la Legislatura de Tierra del Fuego que, en septiembre, instruyó al Poder Ejecutivo provincial y a la Fiscalía a tomar intervención en la causa. El proyecto, impulsado por el legislador Matías Lapadula del bloque Provincia Grande, requirió al gobierno de Gustavo Melella que pusiera a disposición del tribunal la información técnica y administrativa disponible sobre las Islas del Atlántico Sur y sobre las obras de Sea Lion, y que informara a la Cámara las medidas adoptadas dentro de los 30 días.

La iniciativa argumentó que tanto la infraestructura logística proyectada en Puerto Argentino como las instalaciones marítimas del proyecto involucran territorio y espacios marítimos correspondientes a la Provincia, en virtud de la Ley de provincialización 23.775 y del artículo 81 de la Constitución fueguina, que declara de dominio provincial los recursos naturales de su mar adyacente.

Antes de que la causa ingresara al Juzgado Federal de Río Grande, el gobierno de Melella había tomado iniciativas propias. En mayo, la provincia presentó una denuncia contra Navitas Petroleum ante la Autoridad de Valores de Israel por presuntamente ocultar a sus inversores el riesgo jurídico y diplomático del proyecto.

El gobierno fueguino trabaja además en un proyecto de ley de orden interno que regulará las operaciones marítimas dentro de las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur -como la observada reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas (Chile) y Malvinas- y contemplará sanciones económicas y prohibición de operar en puertos argentinos para empresas que actúen sin autorización provincial. Así lo informó el secretario de Malvinas provincial, Andrés Dachary, a Infobae.

La legisladora María Victoria Vuoto (PJ) también impulsó un proyecto de declaración de rechazo al intercambio comercial que instrumentará la naviera chilena Easter Island, por la preocupación de que esa conexión pueda servir de soporte logístico al proyecto Sea Lion.

La resolución de Borruto llegó en un momento en que el conflicto por Sea Lion escaló a varios frentes simultáneos: por ejemplo, la Argentina inició en octubre un arbitraje ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la disputa de la soberanía sobre los recursos naturales con Reino Unido, bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Las primeras audiencias se realizarán el 10 y 11 de noviembre.

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Pese a que el PRO y La Libertad Avanza trabajan desde hace varias semanas en un mesa política para intentar avanzar en un acuerdo político, todavía no hubo grandes anuncios al respecto. En este sentido, en las últimas horas el propio Mauricio Macri descartó que existan grandes avances, hecho que generó un nuevo cruce con el Gobierno, que aseguró que se demora el entendimiento por una interna de sus eventuales socios.

“No hubo acance concreto está bien que no haya acuerdo hoy”, señalaron en el entorno de Macri a TN. “Se están conversando otras situaciones y cuestiones antes de avanzar en un acuerdo nacional”, aclararon.

También descartaron tener un apuro en cerrar una alianza electoral. “Corresponde más a una ansiedad del periodismo que a una necesidad real de los partidos o un hecho político concreto”, expresaron cerca del expresidente a este medio. “Tanto el PRO como LLA vienen bien como están por el momento”, sentenciaron.

En tanto, el diputado nacional y presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, afirmó a TN: “El foco es el mismo que venimos marcando hace semanas. Hoy la conversación está puesta principalmente en el plano legislativo”.