POLITICA
Ley de Soberanía Nacional: cómo el Gobierno busca endurecer la política sobre Malvinas y rediseñar la seguridad y la defensa
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el presidente Javier Milei envió al Congreso nació a partir del rediseño de la política argentina frente a las Islas Malvinas y terminó convertida en un proyecto más amplio: endurece y precisa las herramientas contra la explotación no autorizada de recursos naturales, crea incentivos para que empresas abandonen esas actividades, establece un Sistema de Seguridad Nacional y actualiza los instrumentos disponibles frente a amenazas externas que exceden los conflictos militares tradicionales.
El punto de partida fue Malvinas. La conclusión a la que llegó el Gobierno durante los meses de trabajo previo fue que el marco jurídico disponible tenía limitaciones para intervenir en un escenario económico más complejo que el que existía cuando se sancionó la Ley 26.659, denominada “Ley Pino Solanas”, que tuvo una efectividad limitada.
El nuevo proyecto busca corregir ese problema en tres direcciones: abarcar un universo mayor de recursos naturales, identificar con precisión a los responsables de las actividades consideradas ilegales por la Argentina y modificar los incentivos económicos para que empresas, inversores y proveedores abandonen esos negocios.
La iniciativa ya está en manos del Congreso. Se trata de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, por lo que diputados y senadores deberán discutir sus 133 artículos, introducir modificaciones, agregar controles, cambiar atribuciones y determinar el contenido final de la norma si logra reunir las mayorías necesarias.
El debate será relevante porque varios capítulos exceden la cuestión Malvinas: crean un Consejo de Seguridad Nacional con facultades relevantes, incorporan medidas económicas ante amenazas externas, establecen un régimen de derribo, modifican la Ley de Defensa Nacional e introducen disposiciones frente a distintas formas de influencia extranjera.
El origen y los responsables de la iniciativa
La arquitectura diseñada por el Gobierno tiene tres objetivos, definidos en los fundamentos remitidos al Congreso: castigar a quienes exploten ilegítimamente recursos naturales, generar incentivos para que cesen esas actividades y dotar al Estado de herramientas para protegerse frente a amenazas externas. Milei anunció la iniciativa durante la cadena nacional del 3 de septiembre sobre Malvinas, aunque el trabajo había comenzado varios meses antes.
Según pudo saber Infobae, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, fue la principal encargada de redactar el proyecto y convertir en articulado jurídico el diseño político que venía trabajando el Gobierno. Milei la destacó públicamente por su papel técnico y la definió en distintas oportunidades como “el cerebro” y “el cerebro legal” detrás de buena parte de la arquitectura normativa de su administración. En diciembre de 2025, por ejemplo, la mencionó como “el cerebro” y “la parte técnica” detrás de los decretos de su gobierno.
En la ley, su trabajo se complementó con los aportes del canciller Pablo Quirno, especialmente en los capítulos vinculados con Malvinas, derecho internacional y política exterior, y del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, en los aspectos relacionados con las Fuerzas Armadas, la protección aeroespacial y marítima y la modificación del sistema de Defensa Nacional.
También impulsó el proyecto Santiago Caputo, asesor presidencial y uno de los principales estrategas de Milei, quien participó en la definición política del nuevo enfoque sobre Malvinas y Seguridad Nacional. Caputo, Quirno y Legal y Técnica habían intervenido en la preparación de la cadena nacional en la que Milei presentó el giro de estrategia. El resultado fue una iniciativa que partió de un problema concreto —cómo aumentar la capacidad argentina para actuar frente a explotaciones no autorizadas en Malvinas— y terminó planteando una reorganización más profunda de las herramientas de seguridad y defensa del Estado.
La ampliación del régimen sobre recursos naturales
La primera modificación aparece en el alcance del régimen sobre los recursos naturales. La Ley 26.659 fue diseñada principalmente para intervenir frente a actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en la Plataforma Continental. La nueva iniciativa considera que ese universo quedó estrecho frente al desarrollo económico alrededor de las islas.
El proyecto, de acuerdo a lo que pudo reconstruir Infobae, abandona la referencia exclusiva a los hidrocarburos y alcanza a todos los recursos naturales, renovables y no renovables. Los fundamentos explican que la reforma pretende extender el régimen vigente a cualquier aprovechamiento de recursos realizado sin habilitación argentina: petróleo, gas y pesca, una actividad central en la economía de las islas, además de eventuales explotaciones presentes o futuras de minerales y otros recursos.
La ampliación responde a una lógica preventiva: el Gobierno busca evitar que la legislación deba modificarse cada vez que aparezca una nueva actividad económica alrededor de Malvinas. La cuestión pesquera introduce en el régimen sancionatorio un sector que hasta ahora quedaba fuera del núcleo de la legislación específica para actividades hidrocarburíferas. El nuevo esquema pretende considerar bajo una misma lógica jurídica desde la exploración petrolera de Sea Lion hasta las licencias de pesca otorgadas por las autoridades isleñas sin reconocimiento argentino.
El instrumento también queda preparado para otros recursos. Existen antecedentes públicos de exploraciones de oro y otros minerales en las islas. Los estudios realizados durante la década de 2000 no identificaron depósitos cuya explotación comercial resultara viable, aunque las autoridades locales continuaron contemplando la posibilidad de recibir iniciativas de prospección y exploración minera. Por eso, la redacción evita enumerar recursos específicos: la fórmula comprende todos los recursos naturales, renovables o no renovables.
La modificación también busca definir con mayor precisión a quién puede responsabilizarse. El proyecto alcanza a quien realiza directamente la exploración o explotación sin permiso argentino; extiende la responsabilidad a quienes desarrollen actos económicos, financieros, logísticos, técnicos o de consultoría esenciales para concretarla; e incluye a socios, accionistas, participantes directos y quienes ejerzan control directo o indirecto sobre las compañías involucradas. El texto contempla distintas formas de organización económica para que la responsabilidad no dependa de la existencia de una sociedad comercial tradicional y permita reconstruir la cadena completa que sostiene una explotación: operadores, controlantes, inversores, proveedores, contratistas, firmas de servicios, estructuras fiduciarias y sociedades constituidas en distintas jurisdicciones. La norma procura, además, distinguir grados de responsabilidad entre un operador directo y un proveedor secundario.
Sanciones e incentivos para abandonar las actividades
La segunda modificación consiste en aumentar las consecuencias de permanecer en esas actividades. El proyecto establece multas calculadas sobre el valor de barriles de petróleo, suspensión y revocación de habilitaciones, pérdida de beneficios fiscales, rescisión de contratos e inhabilitaciones para desarrollar actividades económicas en territorio argentino. En determinados casos, prevé penas de hasta 20 años de prisión.
La estrategia, sin embargo, no se limita a las sanciones. Uno de los principales cambios respecto del sistema vigente consiste en reconocer que una legislación exclusivamente punitiva puede crear un incentivo económico contrario al objetivo argentino: una empresa inhabilitada durante cinco, diez o 20 años para hacer negocios en el país puede tener menos razones para abandonar una actividad rentable en las islas.
El proyecto intenta alterar esa ecuación mediante el Régimen de Desistimiento y Regularización. Los sujetos alcanzados podrán ingresar si acreditan que abandonaron las actividades prohibidas y se comprometen a no retomarlas. Luego podrán optar entre pagar una suma establecida por la ley o presentar un compromiso de reconversión de inversiones hacia actividades legales desarrolladas en cualquier parte del territorio argentino.
La intención es incrementar los costos jurídicos y económicos de continuar involucrado en una explotación que la Argentina considera ilegal, pero conservar una puerta de entrada al mercado argentino para quienes decidan retirarse. Cumplidas las condiciones, podrán suspenderse procedimientos administrativos y acciones penales. Una vez realizado el pago o ejecutada la inversión comprometida, el proyecto prevé el archivo de las actuaciones y la extinción de la acción penal. El beneficio solo podrá utilizarse una vez y quedan excluidos quienes tengan condenas firmes o reincidan en las conductas prohibidas. El objetivo es desfinanciar los proyectos desarrollados sin autorización argentina y atraer al territorio nacional a empresas que abandonen esas actividades.
El Consejo y las nuevas herramientas de Seguridad Nacional
Durante la elaboración de la iniciativa surgió una segunda discusión. El Gobierno consideró que, para sostener una estrategia sobre Malvinas, no alcanzaba con perfeccionar una ley sancionatoria: también era necesario revisar las capacidades del Estado frente a amenazas externas que involucren al mismo tiempo cuestiones económicas, diplomáticas, militares, tecnológicas o de inteligencia. Los fundamentos utilizan una expresión concreta: la Seguridad Nacional no puede administrarse mediante “compartimentos estancos”.
De allí surge el Sistema de Seguridad Nacional, que integrará funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, de Defensa, jurídicas y de inteligencia, además de las vinculadas con infraestructura crítica y soberanía. En el centro estará el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado permanentemente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
El Consejo deberá elaborar una Política de Seguridad Nacional y coordinar las políticas sectoriales. Defensa deberá producir una Política de Defensa Nacional; Economía, una Política Económica de Seguridad Nacional; Cancillería, una Política Diplomática de Seguridad Nacional; y la SIDE, una Política de Inteligencia Nacional. Todas deberán responder a objetivos comunes.
El proyecto refleja también un trabajo sobre legislación comparada. Sus responsables analizaron sistemas jurídicos de otros países y prestaron especial atención a la estructura de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde existe desde 1947 un National Security Council destinado a integrar, en torno del Presidente, las dimensiones de política exterior, militar y de seguridad. El organismo fue creado por la National Security Act de 1947 y funciona como una de las principales instancias presidenciales de coordinación entre política exterior, Defensa, inteligencia y otras áreas relacionadas con la Seguridad Nacional.
La referencia no supone trasladar automáticamente ese modelo al sistema argentino. La iniciativa establece una estructura propia, sometida al orden constitucional y jurídico local, pero recoge una concepción que atraviesa todo el proyecto: las amenazas actuales pueden combinar componentes militares, económicos, tecnológicos, diplomáticos y de inteligencia. La intención es que una amenaza relevante pueda ser analizada de manera simultánea por Cancillería, Economía, Defensa, Inteligencia, Jefatura de Gabinete y Legal y Técnica, bajo conducción presidencial. Esa lógica explica la presencia permanente de Economía en el Consejo y la incorporación de herramientas financieras y comerciales como posibles instrumentos de Seguridad Nacional.
Controles institucionales y debate legislativo
Las facultades del Consejo serán uno de los puntos más sensibles de la discusión en el Congreso. Podrá requerir información de organismos públicos, coordinar políticas de Seguridad Nacional y actuar como autoridad de aplicación del régimen previsto frente a determinadas amenazas externas. Ante situaciones calificadas como graves e inminentes, podrá intervenir antes de que concluya un procedimiento administrativo sancionatorio y restringir temporalmente operaciones cambiarias, transferencias y pagos; limitar importaciones o exportaciones; bloquear fondos y activos; suspender permisos, concesiones y contrataciones; restringir créditos o subsidios estatales; y aumentar temporalmente los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado. El límite previsto para esos derechos es del 75%.
La amplitud de esas atribuciones abre una discusión que excede al actual gobierno: cuánto margen de discrecionalidad tendrá cualquier Presidente futuro para determinar cuándo existe una amenaza contra la Seguridad Nacional y utilizar estas herramientas. Una eventual ley permanecerá vigente después de Milei y sus facultades podrían ser ejercidas por gobiernos de cualquier signo político.
El diseño jurídico intenta responder a ese interrogante mediante requisitos para la intervención administrativa y la preservación de los mecanismos ordinarios de control constitucional. Para iniciar un procedimiento sancionatorio deberán existir “elementos objetivos suficientes” que permitan presumir razonablemente una conducta prohibida. El acto de apertura deberá identificar la conducta investigada y describir los hechos y circunstancias que justifican la actuación estatal. La persona afectada tendrá derecho a ejercer su defensa antes de una decisión definitiva, aunque la comunicación podrá diferirse temporalmente cuando informar con anticipación pueda frustrar una investigación o una medida urgente.
Las medidas urgentes requieren un riesgo o amenaza grave e inminente. La decisión deberá estar fundada, guardar relación directa con la amenaza y alcanzar solo a las personas, bienes, activos u operaciones vinculados con ella. Además, deberá tener un plazo determinado o una condición objetiva de terminación y cesar cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron su adopción. El Consejo permanecerá dentro del Poder Ejecutivo; sus decisiones deberán expresarse mediante actos administrativos fundados y seguirán sometidas al control del Poder Judicial. Las sanciones definitivas podrán recurrirse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Las medidas urgentes también tendrán revisión judicial, aunque esos recursos no tendrán efecto suspensivo automático.
La iniciativa incorpora, además, riesgos y amenazas externas producidos por actores estatales o no estatales, y distingue entre amenazas “cinéticas” y “no cinéticas”. Busca actualizar una concepción de Defensa asociada históricamente con una agresión militar convencional: una amenaza externa puede materializarse mediante un ciberataque, sabotaje, una operación clandestina o una agresión contra infraestructura esencial sin que exista una guerra convencional. Por eso crea un régimen de Infraestructuras Críticas, definidas como redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para servicios esenciales, salud, seguridad, defensa, economía y funcionamiento del Estado.
El Consejo deberá elaborar una estrategia nacional y un plan de protección; las provincias y los operadores también tendrán responsabilidades. Las Fuerzas Armadas deberán estar preparadas para intervenir, cuando corresponda, en la protección de infraestructuras críticas declaradas de interés nacional frente a amenazas externas, sin que la nueva legislación las transforme en una fuerza policial ni les otorgue competencia general sobre la seguridad interior.
La ampliación conceptual incluye disposiciones sobre influencia extranjera. El proyecto restringe la intervención de determinados actores extranjeros en el financiamiento y la organización de campañas electorales, y crea figuras penales vinculadas con operaciones desarrolladas por cuenta, orden o financiamiento de Estados, organizaciones o agentes extranjeros. Una de ellas prevé penas para quienes intenten alterar elecciones o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva con financiamiento total o parcial de un actor extranjero. También incorpora delitos relacionados con asistencia material a operaciones clandestinas de inteligencia y entrega de secretos a Estados o servicios extranjeros. Para el Gobierno, la soberanía comprende el territorio y los recursos, pero también la autonomía estatal para tomar decisiones sin interferencias clandestinas del exterior.
Malvinas fue el punto desde el que comenzó el proceso. La aparición de nuevos proyectos hidrocarburíferos, en particular Sea Lion, aceleró la revisión de las herramientas existentes, mientras que la pesca y los antecedentes de exploración aurífera y minera reforzaron la decisión de no limitar la legislación a un recurso específico. A partir de allí, el Gobierno construyó una estrategia en tres niveles: definir qué se protege y quién puede ser responsabilizado; combinar sanciones con incentivos para provocar el abandono de las actividades cuestionadas y redirigir inversiones hacia la Argentina; y crear una estructura estatal capaz de coordinar herramientas cuando una amenaza externa exceda el ámbito estrictamente militar.
En esa construcción, Ibarzábal Murphy tuvo un rol central en la redacción jurídica; Quirno y Presti aportaron la mirada específica de Cancillería y Defensa; y Caputo impulsó políticamente una estrategia que Milei decidió convertir en uno de los ejes de su política sobre Malvinas y Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo presentó su propuesta. Ahora será el Congreso el que defina cuánto de ese diseño permanecerá intacto, qué aspectos serán modificados y cuáles serán los límites definitivos de una legislación destinada a ser utilizada por este y futuros gobiernos.
Human Interest / Brights / Odd News
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Presupuesto 2027: el Gobierno busca los votos de sus aliados, que reclaman más fondos para Discapacidad y universidades
El Gobierno inició esta semana las negociaciones con los bloques aliados de la Cámara de Diputados para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027: el encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y contó con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Los legisladores dialoguistas reclamaron precisiones sobre las partidas para universidades y discapacidad, además de definiciones sobre el cronograma de tratamiento del proyecto.
De la reunión también participaron la secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, y el senador oficialista Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
Entre los diputados aliados estuvieron los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri; Karina Maureira, de La Neuquinidad; José Luis Garrido, de Santa Cruz; Eduardo Falcone, del MID; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Gladys Medina, del bloque Independencia, y Javier Sánchez Wrba, del PRO.
El objetivo del oficialismo es conseguir dictamen el 28 de octubre y llevar el Presupuesto al recinto durante noviembre, para que el Senado pueda tratarlo antes de la finalización del período de sesiones ordinarias, el 30 de ese mes.
Sin embargo, el cronograma todavía es tentativo y dependerá de los acuerdos que La Libertad Avanza consiga con los sectores dialoguistas.
El Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2027 en noviembre: el cronograma que negocia con los aliados
Durante el encuentro, los diputados solicitaron precisiones sobre las fechas del debate y los funcionarios que concurrirán al Congreso para explicar los principales puntos del proyecto.
“Queremos conocer el cronograma de tratamiento legislativo y qué funcionarios vendrán a defender el proyecto del Gobierno”, señaló uno de los legisladores que participó de la reunión.
En principio, La Libertad Avanza iniciará el debate el martes 13 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch.
Para esa jornada se prevén las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. También se proyectó una segunda reunión para el miércoles 14 de octubre.
El calendario que planteó el oficialismo contempla nuevos encuentros los días 20, 27 y 28 de octubre. La intención es firmar los dictámenes en la última fecha y llevar el proyecto al recinto durante noviembre.
De concretarse ese esquema, el Senado tendría tiempo para avanzar con un tratamiento acelerado en comisión y una posterior votación antes del cierre de las sesiones ordinarias.
No obstante, las fechas están sujetas a modificaciones y todavía no existe un cronograma definitivo.
La reunión también incluyó planteos sobre otros temas que generan diferencias entre el oficialismo y sus aliados.
Como el diputado Eduardo Falcone, del MID, que solicitó definiciones sobre la situación de la Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/2023. El legislador insistió en la necesidad de que el Gobierno presente una propuesta y no descartó que el tema se incorpore al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya fue aprobado por el Senado.
El oficialismo rápidamente convocó al plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para el próximo miércoles para tratar el proyecto de Propiedad Privada que incluirá un capítulo referido a la extranjerización de tierras rurales.
“Algunos de ellos están más preocupados que nosotros en que no se caiga el DNU 70/23”, señaló una diputada libertaria sobre la posición de algunos bloques dialoguistas.
Según pudo saber TN, Karina Maureira, diputada de La Neuquinidad y representante del espacio político del gobernador Rolando Figueroa, también reclamó explicaciones sobre temas pendientes, entre ellos el endeudamiento familiar y discapacidad.
Ambas cuestiones forman parte de los asuntos que la oposición busca discutir en una sesión especial solicitada para el jueves 15 de octubre.
Los aliados reclaman más fondos para universidades y discapacidad en el Presupuesto 2027
Uno de los principales planteos de los bloques dialoguistas estuvo relacionado con los recursos destinados a las universidades públicas y al sector de discapacidad.
Los reclamos son impulsados, entre otros, por legisladores vinculados con los gobernadores de Misiones y Salta, nucleados en Argentina Federal.
En ese contexto, el diputado nacional misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para exigir que el Ejecutivo incorpore al Presupuesto 2027 los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La iniciativa busca garantizar las partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización de sus presupuestos, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el financiamiento de becas estudiantiles.
“El financiamiento de nuestras universidades públicas debe ser una prioridad en la planificación presupuestaria del Estado nacional. No alcanza con reconocer la importancia de la educación superior: es indispensable garantizar los recursos que permitan sostener su funcionamiento, acompañar a sus trabajadores y asegurar el acceso de nuestros jóvenes a la educación universitaria”, sostuvo Arrúa.
Pedido de la UCR
La Mesa de conducción del Comité Nacional del radicalismo, liderado por Leonel Chiarella, en conjunto con legisladores nacionales y el bloque de Rectores Reformistas se pronunciaron a favor del proyecto de Presupuesto Universitario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la defensa de la autonomía, luego de una reunión que mantuvieron.
La UCR exhortó a los diputados y senadores a defender el financiamiento necesario para el funcionamiento de las Universidades Nacionales en el debate por el presupuesto 2027.
En la discusión por el presupuesto para el año próximo, las instituciones de educación superior volvieron a encender las alertas producto de la insuficiencia de recursos que pretende asignar el Poder Ejecutivo.
El CIN elaboró una propuesta que contempla las necesidades de las universidades en materia salarial, funcionamiento, investigación, ciencia y tecnología, extensión, becas e infraestructura. Esto contempla alrededor de 11 billones de pesos. El proyecto oficial estima un 34% menos de lo requerido para poder funcionar.
Los pedidos por universidades y discapacidad se suman así a las negociaciones parlamentarias que el Gobierno deberá afrontar para reunir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto.
El proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre, establece las previsiones de recaudación, el resultado fiscal esperado, el nivel de gasto público y las partidas destinadas a las distintas áreas de la administración nacional.
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El oficialismo impulsa un ambiciosa megasesión en Diputados para bloquear una ofensiva opositora
Se abre una nueva etapa para el oficialismo en la Cámara de Diputados. Con el frente judicial despejado tras la resolución de la Corte Suprema, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) ensaya una ambiciosa estrategia parlamentaria que contempla la convocatoria a una sesión para el 21 de octubre, con una agenda tan amplia como heterogénea, que abarca desde los proyectos de defensa de la soberanía nacional e inviolabilidad de la ppropiedad privada hasta las iniciativas sobre discapacidad y morosidad familiar.
Estos últimos temas forman parte del reclamo impulsado por la oposición, que la administración de Javier Milei busca ahora capitalizar para evitar un nuevo traspié político y recuperar el control de la discusión parlamentaria. Todo ello, con miras a lo que verdaderamente interpela al Gobierno: sellar los acuerdos necesarios para acelerar la suspensión de las PASO y el tratamiento del presupuesto 2027.
Si bien la medida cautelar “interina” de la Corte llevó alivio al Gobierno, tras restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, el oficialismo buscará dar señales de “autonomía” respecto de la decisión judicial.
Así, el próximo miércoles podría presentarse una propuesta basada en los planteos de los bloques dialoguistas para derogar el artículo 154 del DNU 70/23 —hoy suspendido transitoriamente por la Corte- e introducir modificaciones a la ley de lierras.
Claro está, según advierten algunos libertarios, sin alterar los topes establecidos en la normativa, una disputa que el oficialismo ya perdió en el Senado cuando intentó elevar del 15% al 25% el límite de tierras que pueden quedar en manos extranjeras.
Con esta iniciativa, el Gobierno buscaría establecer un “marco jurídico” para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y, sobre todo, separar esa discusión del DNU 70/23, para blindar el megadecreto ante un eventual rechazo legislativo.
Su intención es dictaminar ese mismo miércoles y llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre -como fue oficializado anoche-, junto al resto de las iniciativas mencionadas, en un claro desafío a los bloques opositores de Unión por la Patria, una parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y algunos bloques provinciales que no desisten en dar pelea este próximo jueves cuando bajen al recinto para intentar formar quorum, objetivo que cada vez se aleja más.
Aunque muchos legisladores invoquen la urgencia de tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre morosidad y endeudamiento familiar, la convocatoria a una sesión que incluye estos temas sensibles actúa como paliativo para los legisladores indecisos de los bloques del centro que quieren dar el debate, pero sin quedar expuestos al motivo inicial de la sesión: voltear el DNU 70/23.
El oficialismo procura apropiarse de esos votos del centro, varios de Provincias Unidas -los cordobeses y santafesinos- para la convocatoria del 21, que también someterá a discusión otros proyectos como el de vandalismo rural, entre otros.
En las huestes libertarias se muestran optimistas ante un eventual fracaso de la sesión del jueves 15. Sin embargo, coincidirá con otra foto: la marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento, que se concentrará en las inmediaciones del Congreso.
A ese escenario se suman las críticas de la Iglesia en materia de discapacidad, en momentos en que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió que el papa León XIV se encontrará con “una Argentina dividida y en crisis” y con un “alto porcentaje de pobres”.
El de discapacidad, podría transformarse en uno de los frentes políticos más complejos que deba afrontar esta semana el bloque de LLA, sobre todo cuando algunos de los legisladores dialoguistas, como el misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) -a cargo de la mayoría de los aportes al dictamen oficialista- le exige al Poder Ejecutivo mayor claridad sobre la letra chica del proyecto. Quiere que deje explícitas las partidas presupuestarias y si éstas podrán actualizarse de forma trimestral, al igual que una mayor precisión sobre el modo en que se actualizarán las prestaciones, como le exigieron los aliados, de forma mensual y por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con cierta suspicacia, algunos legisladores advierten que la discusión todavía no está saldada con la Casa Rosada y, en particular, con el Ministerio de Economía, sobre todo después de que el proyecto de Presupuesto incluyera modificaciones que daban marcha atrás con artículos clave en materia de discapacidad. Hasta el momento, se desconoce si el Ejecutivo está dispuesto a eliminar ese capítulo.
Mientras tanto, varios legisladores, entre ellos libertarios, dejan trascender la posibilidad de que el oficialismo llame para este mismo martes a una reunión en informativa en comisiones por el presupuesto.
Otro foco de controversia podría surgir este miércoles, cuando las comisiones retomen el tratamiento del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que la semana pasada despertó numerosos cuestionamientos durante su debate en el plenario.
Resta saber si el bloque libertario estará dispuesto a introducir las “múltiples modificaciones” que reclaman tanto la oposición como sus propios aliados, para conseguir los respaldos necesarios e incorporar también esta iniciativa a la sesión prevista para el 21 de octubre.
la resolución de la Corte Suprema,,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
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A un mes de la visita del papa León XIV, el Gobierno prepara un megaoperativo de seguridad y la Iglesia atrae aportantes privados
Cuando falta un mes para que el papa León XIV aterrice en la Argentina, el Gobierno y la Iglesia ultiman detalles de la organización de una cita histórica, una tarea que exige una precisión casi quirúrgica. Mientras la Casa Rosada y las provincias avanzan con la coordinación del megaoperativo de seguridad que se desplegará entre el 8 y 11 de noviembre, las autoridades de la Conferencia Episcopal aceleran las gestiones para garantizarse los fondos necesarios para cubrir los costos del viaje apostólico y pastoral del pontífice.
La Santa Sede enviará en las próximas semanas la última misión de avanzada antes de que comience la gira por Sudamérica del Papa. Es probable que viajen integrantes de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Vaticana.
La gran preocupación de la gestión de Milei es garantizar la seguridad y exhibir un alto nivel organizativo. En el Gobierno insisten en que esperan un aforo de siete millones de personas para los tres grandes encuentros masivos que presidirá León XIV en la Argentina. En el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, trabajan junto con el Vaticano en el diseño de un megaoperativo para blindar al Papa. Monteoliva, a su vez, articula con los funcionarios de la Ciudad, Córdoba y Buenos Aires.
A diferencia del plan que se desplegó para el G-20 en 2018, la administración de Milei tendrá el desafío de gestionar a las multitudes que se movilizarán para asistir a las misas del Pontífice al pie del Monumento de los Españoles, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, y en la Basílica de Luján. Por eso, todas las fuerzas federales –la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal- y la SIDE estarán involucradas en una operación de logística sin precedentes y que se prepara hace meses.
Un protocolo estricto
Tanto en los espacios abiertos como en los cerrados -los encuentros en la UCA y en el Palacio Libertad o la recorrida en el Cottolengo Don Orione-, el protocolo de seguridad será muy estricto. “Todas las especificaciones las plantea la Santa Sede”, señalan en el Poder Ejecutivo. El enlace con Roma para esta tarea fue Monteoliva, quien mantuvo contactos frecuentes con Gianluca Gauzzi Broccoletti, director de la Dirección de Servicios de Seguridad y Protección Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano y comandante del Cuerpo de Gendarmería.
En Córdoba, por ejemplo, se destinarán unos 13.000 efectivos para custodiar la misa que celebrará León XIV el martes 10 de noviembre. La Fuerza Aérea y el Ejército prestarán colaboración, según fuentes oficiales. Allí, el jefe de la Iglesia hará un recorrido con el papamóvil. Se espera una gran concurrencia. Calculan que la convocatoria equivaldrá a 15 estadios del Mario Alberto Kempes, que tiene una capacidad para más de 50 mil espectadores.
En el Gobierno prevén que la visita del Papa movilizará al turismo local y atraerá a visitantes del exterior. Por caso, ya saben que habrá tours religiosos que traerán turistas de Bolivia, Paraguay y otros países limítrofes entre el 8 y 11 de noviembre, cuando León XVI estará en la Argentina.
Durante la estadía del Santo Padre se empleará un esquema de protección en capas. En el primer anillo estarán sus escoltas de confianza: la Guardia Suiza y la gendarmería vaticana. Ellos también serán los encargados de manejar los vehículos blindados en los que se moverá León XIV y su comitiva. Cerca de esa primera capa quedarán los efectivos de asuntos internacionales de la Policía Federal, que actuarán como un refuerzo. En el segundo anillo estarán las fuerzas federales, como prefectura, la Gendarmería y la PFA. Y en el círculo más alejado al Papa y más cercano al público se ubicarán los efectivos de las policías locales: la bonaerense, la porteña o la de Córdoba.
La agenda del Pontífice provocará cortes de calles, desvíos y alteraciones en el transporte público. Lo que más inquieta al Gobierno es la posibilidad de que se produzcan desmanes en los eventos masivos. Por eso, el ingreso al público se abrirá con mucha antelación, entre diez y doce horas antes del inicio del acto religioso en el Monumento de los Españoles o en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se dispondrán “pulmones” –zonas sin público- y carriles de evacuación. Se calcula que se requerirán unos 60 kilómetros de vallas de contención. Por eso, el gobierno nacional solicitó colaboración a las administraciones provinciales, como Santa Fe y Entre Ríos, que aportarán vallas para los actos multitudinarios. También ya contactaron a las principales empresas que se dedican al alquiler de baños químicos.
El Vaticano dispuso que la inscripción previa será necesaria para concurrir a las misas. En el Poder Ejecutivo, en tanto, pidieron a la Iglesia que los voluntarios –se anotaron hasta ahora unos 25.000- presenten un certificado de antecedentes penales. El costo del trámite fue asumido por la gestión nacional.
En paralelo, se prevé que el espacio aéreo en el país se cerrará en los momentos en que el Papa aborde un vuelo –su llegada desde Montevideo, los trayectos entre Buenos Aires y Córdoba, y la salida a Perú-. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) regulará el uso de los drones.
En el Poder Ejecutivo están en alerta por las eventuales complicaciones que el fenómeno meteorológico de El Niño podría generar en el itinerario del pontífice. “Habrá que rezar”, bromean en los despachos oficiales.
Una ingeniería financiera
En la Iglesia estiman que la visita del Papa a la Argentina, la primera de un pontífice al país desde 1987, demandará unos 30 millones de dólares. El Vaticano solo cubre los gastos del vuelo que traerá a León XIV desde Roma a Uruguay, donde iniciará su peregrinaje por Sudamérica. El resto de las erogaciones -desde los traslados, el alojamiento del séquito papal y la seguridad hasta el montaje de escenarios y la puesta de vallas y baños químicos para los actos multitudinarios- correrán por cuenta del Episcopado, del gobierno nacional y las tres jurisdicciones involucradas en los preparativos: la Capital, Buenos Aires y Córdoba.
La Iglesia asumirá una tercera parte del costo total del viaje. Hasta ahora, logró recaudar $650 millones entre sus feligreses. Es una cifra exigua, ya que se calcula que se requerirán unos diez millones por día para cubrir los gastos papales. Por eso, los prelados que afilan lápices comenzaron a acercarse a grandes empresarios, como Marcos Bulgheroni o Eduardo Eurnekian, que estén dispuestos a aportar dinero fresco para la llegada de León XIV. “Es un trabajo artesanal”, deslizan los obispos.
En la Iglesia procuran actuar de manera discreta. Muchos empresarios pretenden cooperar con recursos, pero exigen reserva. Es probable que el Papa les retribuya el gesto. Pese a que tendrá una agenda muy apretada, León XIV podría recibir a los grandes aportantes en la Nunciatura para saludarlos y darles su agradecimiento. Por lo pronto, los prelados ya se garantizaron el respaldo de varias compañías. Los flamantes patrocinadores aparecen mencionados en la página oficial de la visita de León XIV: están el Grupo Techint, Banco Santander, las distribuidoras Edenor y Edemsa, Mercedes Benz, Dolmen Buenos Aires Hotel, Hoopla, la Universidad Católica de La Plata y Establecimiento Metalúrgico GCD. Son las que aceptaron incluir su logo en la web y actuarán como sponsors del viaje papal. Por caso, podrían tener una publicidad en las pecheras de los voluntarios.
Entre las empresas que colaborarán también están YPF y Aerolíneas Argentinas, que pondrá aviones de su flota para traer al Papa desde Montevideo. También la firma estatal lo llevará a Córdoba desde Buenos Aires -cubrirá ida y vuelta- y, finalmente, a Perú, para la última etapa de la gira. Es uno de los ítems más costosos de la visita. Toyota, por su parte, se ocupó de preparar el papamóvil. Serán dos unidades, ya que León usará uno de los vehículos para saludar a los feligreses en la Capital y en la provincia de Buenos Aires -se prevé que recorrerá 700 metros en Claypole, en el corazón del conurbano, antes de llegar al Cottolengo Don Orione-.
En los últimos meses, el Episcopado también cerró un trato con la agencia publicitaria Mercado McCann, que finalmente optó por ofrecer sus servicios de manera gratuita. Solo cobrará a la Iglesia los trabajos que deba tercerizar. La agencia estará a cargo de elaborar los spots de radio y televisión que se difundirán en los días previos a la llegada de León XIV, según fuentes eclesiásticas. El Estado nacional también cooperará con los equipos necesarios para realizar la televisación de la visita. Si bien el director de cámara será designado por el Vaticano, el Gobierno acercará a la productora audiovisual que se encarga de las transmisiones oficiales de la Presidencia: MediaHub, del empresario Alejandro Spinello. Además, la gestión de Milei se encargará de costear el hospedaje de parte de la comitiva que viajará con el Papa desde Roma. Se alojarían a metros de la Nunciatura.
A su vez, el gobierno nacional compartirá con la administración porteña de Jorge Macri los gastos por el alquiler del escenario –que tendrá unos 70 metros de largo-, la luz y el sonido o los baños químicos para uno de los eventos masivos que encabezará el Papa: la misa en el Monumento de los Españoles. En esa celebración participarán más de 2000 sacerdotes y se estima que se repartirán unas 500.000 hostias.
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