La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una nueva medida de fuerza en reclamo contra el gobierno de Javier Milei en 27 aeropuertos del país este viernes 6 de noviembre, dos días antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina. La protesta, enmarcada en reclamos por supuestos incumplimientos en seguridad aeroportuaria, podría afectar las operaciones y generar demoras y cancelaciones en los vuelos, incluido en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.

La retención de tareas organizada por el sindicato habilitará que durante el período de protesta únicamente se garanticen vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales.

Asimismo, ATE realizará lo que definió como un “paro a la japonesa” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery, con un esquema de trabajo basado en el control y fiscalización total de aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas, calles de rodaje y cualquier actividad que afecte la seguridad operacional.

“¿El Gobierno espera que ocurra una catástrofe para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores? El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El titular de la organización responsabilizó a la administración mileísta y señaló: “Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno. Estamos comunicando la medida de fuerza con la antelación que exige la ley. En varias provincias ya los aeropuertos no funcionan. Van a dejar aislado a todo el interior del país. Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, es contra el Gobierno para que puedan viajar seguros”.

“[Luis] Caputo y [Federico] Sturzenegger nunca subieron a un avión de línea. ¿Qué pueden saber ellos de seguridad aérea?”, cuestionó Aguiar.

Y agregó: “No se conoce el destino del 90% de lo que se recauda por tasa aérea. Son miles de millones de pesos que pagan los pasajeros y que debieran estar destinados a fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos para los trabajadores”.

“Faltan ambulancias, la mayoría están rotas, tampoco hay insumos para atender emergencias, faltan extintores. Lo que está ocurriendo es una desidia total. La verdad es que son unos improvisados que están jugando con la vida de la gente”, acusó Aguiar en el comunicado al que accedió .

Desde el sindicato que agrupa a empleados y jubilados que desempeñan funciones en la administración pública nacional, provincial y municipal también explicaron que la denuncia —enviada a la Secretaría de Trabajo, dirigida por Julio Cordero— apuntó también contra el deterioro tanto en aeropuertos nacionales como internacionales, lo que “incurre en una grave violación sistemática a la obligatoriedad de proveer condiciones de higiene, seguridad técnica y ambiente de trabajo dignos”.

“A pesar de que el impuesto a la tasa aérea abonado por cada pasajero en la República Argentina genera una recaudación estimada de $220.000 millones anuales, menos del 10% de dichos fondos retorna para el fortalecimiento operativo del organismo, como así tampoco para salarios del personal del organismo, contradiciendo recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos de Norteamérica”, señala el documento que enviaron a Trabajo.

Además, el sindicato argumentó la necesidad de reparar la falta de agentes extintores y equipos de protección personal, y deficiencias en ambulancias e insumos sanitarios para atender emergencias en la gran mayoría de los aeropuertos. Ante está situación, reclamaron “inspecciones integrales de higiene y seguridad en los aeródromos denunciados”, junto con documentación sobre riesgos laborales, ART, mantenimiento de equipos y entrega de elementos de protección personal.

A principios de septiembre, el gremio de estatales ya había realizado un plan de “48 horas de protestas” en más de 20 aeropuertos del país y en reclamo por el incumplimiento de pagos salariales en perjuicio de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En esa oportunidad, la medida de fuerza incluyó asambleas y movilizaciones en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21.

El día que allanaron sus oficinas, el titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, transfirió $2100 millones desde la cuenta de su billetera virtual a la empresa Pagos Dica, firma que aparece investigada en un expediente por presunto juego ilegal.

Según la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelito, está acreditado que Pagos Dica recibió dinero de una mujer que presuntamente trabajaba de “cajera”, es decir, que percibía fondos de apuestas online.

Cuando le tomaron a Vallejo su última declaración indagatoria, el juzgado le informó las pruebas reunidas en su contra y le describió los movimientos de dinero que le detectaron cuando la investigación judicial transitaba sus primeros pasos. Fue entonces cuando -tal como surge del acta de la indagatoria- se enumeraron maniobras tales como “transferencias a sociedades de pago y cobranza, compras de moneda extranjera, ventas de bienes registrables a personas sin capacidad económica y su traslado a otras entidades o billeteras”.

Se trataría de maniobras destinadas a esconder bienes y dinero de la Justicia para “sustraerlos de las medidas cautelares” dictadas en el expediente.

Entre esos movimientos se destacan el traspaso de una Ferrari negra a una jubilada “sin inscripción tributaria ni ingresos acordes” y las transferencias a Pagos Dica, que sumaron $14.898 millones entre el 3 de noviembre, 24 horas después de la primera revelación de , y el 1 de diciembre. De ese dinero, $2160 millones fueron transferidos “el día de los allanamientos”, es decir, el 1 de diciembre. Ese día, el juez Luis Armella allanó la sede central de Sur Finanzas y la sede del club Banfield, entre otros objetivos.

No era el primer allanamiento. Vallejo ya había sido allanado diez días antes por orden del juez Sebastián Casanello en el marco de la causa Andis.

Del acta de la indagatoria de Vallejo surgen más detalles sobre sus movimientos; por ejemplo, que las transferencias se realizaron desde una cuenta de Sur Finanzas PSP, la billetera virtual que desarrolló Vallejo y que es foco de la investigación sobre presunto lavado de dinero.

La Justicia busca determinar si dicha plataforma fue utilizada para dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito. Dentro de la información recolectada, aparecieron estos movimientos de dinero que encuentran a Pagos Dica como receptora de miles de millones de pesos.

Ante una consulta de , en el entorno de Vallejo pusieron en duda los datos sobre las transferencias millonarias a Pagos Dica.

El nexo entre esta empresa y el juego surge de otro expediente, que nada tiene que ver con la causa Sur Finanzas y que se tramita en la justicia bonaerense. Ese caso investiga apuestas atribuidas a casinos online ilegales.

El pedido de elevación a juicio de parte de ese expediente señala que una mujer que percibía fondos de apuestas de un casino online ilegal luego transfirió dinero a Pagos Dica. ¿Cómo se reconstruyó ese camino? Los investigadores judiciales primero simularon una apuesta: ingresaron al sitio ilegal e intentaron crear un usuario. Esto hizo que fueran redireccionados a una ventana de WhatsApp con un número de teléfono determinado. En la conversación con el usuario de esa línea, le pasaron un alias al que transferirle el dinero. Esa cuenta que pretendía ser receptora de fondos estaba a nombre de una mujer de 22 años.

−Hola, quiero crear mi usuario —comenzó la conversación.

—¡Buenas! —les contestaron a los investigadores. Y luego les dieron el link del casino online ilegal con instrucciones sobre cargas mínimas de saldo para apostar y premios, entre otras cosas.

El diálogo siguió con la creación del usuario y las coordenadas de pago: una cuenta específica a donde transferir el dinero. Ahí aparecieron los datos de la mujer de 22 años. El análisis de la cuenta a su nombre arrojó que, entre enero y mayo de 2024, recibió 2147 transferencias y que, en paralelo, registró 195 transferencias salientes. De ellas, 42 fueron hacia Pagos Dica, siempre según la información judicial. Las restantes se distribuyeron entre otras cuatro sociedades.

El fiscal bonaerense que pidió la elevación a juicio y dio cuenta de Pagos Dica, Alejandro Musso, profundizó su investigación sobre esta nómina de cinco empresas receptoras de transferencias de la cajera. Obtuvo así los movimientos de estas sociedades a través de billeteras virtuales.

Pagos Dica es una empresa que se dedica al servicio de cobranzas y liquidación de transferencias por órdenes electrónicas, entre otras cosas, según el expediente. Pese a eso, no fue posible encontrar su página web con contactos correspondientes.

Al intentar corroborar su inscripción ante ARCA, el fisco informa que la sociedad tiene “requerimientos” pendientes de respuesta. se dirigió a dos domicilios vinculados a la empresa y en ninguno de ellos reconocieron a Pagos Dica.

La situación de Vallejo

Esto se suma a lo que investiga la fiscal Cecilia Incardona. Tal como informó , en el acta de la indagatoria aparece señalado que Vallejo y su entorno “administraron, transfirieron, pusieron en circulación y disimularon −según el caso− fondos provenientes del juego clandestino y de la intermediación financiera no autorizada de la propia sociedad”. Luego de esa indagatoria, el financista quedó detenido.

En las billeteras se habrían depositado $19.908.082.184 y en el banco otros $2.031.016.425, en efectivo. “Los fondos de las billeteras provenían de la explotación de un casino online clandestino y de las defraudaciones mediante el uso indebido de datos de terceros”, afirmó la fiscal.

La pista del juego clandestino, que siempre estuvo dando vueltas desde el comienzo en la causa Sur Finanzas, proviene de otro expediente judicial, a cargo de la fiscal platense Betina Lacki, que investiga una organización que captaba personas de bajos recursos y abría cuentas en billeteras virtuales con sus datos biométricos. Parte del dinero recaudado terminaba en proveedores de servicios de pago, entre ellos Sur Finanzas.

Ese expediente paralelo trascendió a partir de la detención de Albertina Mangini, una funcionaria judicial que trabajaba en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Su arresto tuvo en vilo a la administración de Axel Kicillof. “La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires”, dijo el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena.

En los juzgados porteños también avanzan otras causas por presunto juego ilegal que involucran a Sur Finanzas. Por ejemplo, el caso de un cajero que, según documentos judiciales, canalizaba pagos de supuestas apuestas en una cuenta abierta en dicha billetera virtual, cuyo nombre anterior era Neblockchain. Ese cajero, un hombre mayor de edad, apareció vinculado al sitio de apuestas ilegal 1xslot, que llegó a burlar los controles y a tener publicidad en la vía pública y en colectivos.