POLITICA
El oficialismo impulsa un ambiciosa megasesión en Diputados para bloquear una ofensiva opositora
Se abre una nueva etapa para el oficialismo en la Cámara de Diputados. Con el frente judicial despejado tras la resolución de la Corte Suprema, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) ensaya una ambiciosa estrategia parlamentaria que contempla la convocatoria a una sesión para el 21 de octubre, con una agenda tan amplia como heterogénea, que abarca desde los proyectos de defensa de la soberanía nacional e inviolabilidad de la ppropiedad privada hasta las iniciativas sobre discapacidad y morosidad familiar.
Estos últimos temas forman parte del reclamo impulsado por la oposición, que la administración de Javier Milei busca ahora capitalizar para evitar un nuevo traspié político y recuperar el control de la discusión parlamentaria. Todo ello, con miras a lo que verdaderamente interpela al Gobierno: sellar los acuerdos necesarios para acelerar la suspensión de las PASO y el tratamiento del presupuesto 2027.
Si bien la medida cautelar “interina” de la Corte llevó alivio al Gobierno, tras restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, el oficialismo buscará dar señales de “autonomía” respecto de la decisión judicial.
Así, el próximo miércoles podría presentarse una propuesta basada en los planteos de los bloques dialoguistas para derogar el artículo 154 del DNU 70/23 —hoy suspendido transitoriamente por la Corte- e introducir modificaciones a la ley de lierras.
Claro está, según advierten algunos libertarios, sin alterar los topes establecidos en la normativa, una disputa que el oficialismo ya perdió en el Senado cuando intentó elevar del 15% al 25% el límite de tierras que pueden quedar en manos extranjeras.
Con esta iniciativa, el Gobierno buscaría establecer un “marco jurídico” para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y, sobre todo, separar esa discusión del DNU 70/23, para blindar el megadecreto ante un eventual rechazo legislativo.
Su intención es dictaminar ese mismo miércoles y llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre -como fue oficializado anoche-, junto al resto de las iniciativas mencionadas, en un claro desafío a los bloques opositores de Unión por la Patria, una parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y algunos bloques provinciales que no desisten en dar pelea este próximo jueves cuando bajen al recinto para intentar formar quorum, objetivo que cada vez se aleja más.
Aunque muchos legisladores invoquen la urgencia de tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre morosidad y endeudamiento familiar, la convocatoria a una sesión que incluye estos temas sensibles actúa como paliativo para los legisladores indecisos de los bloques del centro que quieren dar el debate, pero sin quedar expuestos al motivo inicial de la sesión: voltear el DNU 70/23.
El oficialismo procura apropiarse de esos votos del centro, varios de Provincias Unidas -los cordobeses y santafesinos- para la convocatoria del 21, que también someterá a discusión otros proyectos como el de vandalismo rural, entre otros.
En las huestes libertarias se muestran optimistas ante un eventual fracaso de la sesión del jueves 15. Sin embargo, coincidirá con otra foto: la marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento, que se concentrará en las inmediaciones del Congreso.
A ese escenario se suman las críticas de la Iglesia en materia de discapacidad, en momentos en que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió que el papa León XIV se encontrará con “una Argentina dividida y en crisis” y con un “alto porcentaje de pobres”.
El de discapacidad, podría transformarse en uno de los frentes políticos más complejos que deba afrontar esta semana el bloque de LLA, sobre todo cuando algunos de los legisladores dialoguistas, como el misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) -a cargo de la mayoría de los aportes al dictamen oficialista- le exige al Poder Ejecutivo mayor claridad sobre la letra chica del proyecto. Quiere que deje explícitas las partidas presupuestarias y si éstas podrán actualizarse de forma trimestral, al igual que una mayor precisión sobre el modo en que se actualizarán las prestaciones, como le exigieron los aliados, de forma mensual y por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con cierta suspicacia, algunos legisladores advierten que la discusión todavía no está saldada con la Casa Rosada y, en particular, con el Ministerio de Economía, sobre todo después de que el proyecto de Presupuesto incluyera modificaciones que daban marcha atrás con artículos clave en materia de discapacidad. Hasta el momento, se desconoce si el Ejecutivo está dispuesto a eliminar ese capítulo.
Mientras tanto, varios legisladores, entre ellos libertarios, dejan trascender la posibilidad de que el oficialismo llame para este mismo martes a una reunión en informativa en comisiones por el presupuesto.
Otro foco de controversia podría surgir este miércoles, cuando las comisiones retomen el tratamiento del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que la semana pasada despertó numerosos cuestionamientos durante su debate en el plenario.
Resta saber si el bloque libertario estará dispuesto a introducir las “múltiples modificaciones” que reclaman tanto la oposición como sus propios aliados, para conseguir los respaldos necesarios e incorporar también esta iniciativa a la sesión prevista para el 21 de octubre.
la resolución de la Corte Suprema,,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
POLITICA
Sáenz proyecta un nuevo mandato en Salta pero coquetea con transformarse en un actor nacional
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tiene una hoja de ruta diseñada. Puede sufrir modificaciones. Desvíos, reconsideraciones, trabas impensadas. Está decidido a buscar su segunda reelección para tratar de darle inicio a su tercer mandato. Todavía no lo oficializó, pero es lo que piensa. Está al frente del Poder Ejecutivo desde 2019 y consolidó un poder territorial importante, absorbiendo a un sector del peronismo y quedándose este año con la conducción formal del PJ salteño.
Sáenz se alejó definitivamente del núcleo duro del justicialismo. Durante los tres años de gestión de Javier Milei fue un aliado táctico, que movió sus fichas en el Congreso para acompañar, en varias oportunidades, los pedidos de la Casa Rosada. Esa cercanía tuvo un corte durante el año electoral, cuando los libertarios le prometieron que no iban a poner un candidato en la ciudad de Salta y, en el tramo final de la negociación, decidieron plantar a uno que, apadrinado por la sensores María Eugenia Orozco, terminó ganando la elección. No cumplieron lo pactado, pero todo siguió su curso.
El principal escollo que puede el salteño en sus planes de reelección está centrado en el artículo 140 de la Constitución de Salta, que fue modificado por la Convención Constituyente, por iniciativa del propio Sáenz en 2021, a mitad de su primer mandato. El artículo que habilitaba al gobernador a reelegir en dos oportunidades, y así poder completar tres mandatos consecutivos, fue modificado e impuso un límite a las reelecciones. A partir de entonces, el gobernador de Salta solo puede ser reelegido una vez. Es decir, encabezar dos mandatos.
La clave de la discusión está en que Sáenz asumió su primer mandato durante la primera constitución, mientras que su segundo período lo hizo con la reformada concretada. Entonces, puede interpretarse que su segundo mandato es contado como el primero y el que intentaría comenzar en el 2027, sería el segundo. De esa forma, llegaría a tres mandatos, pero dividido entre dos etapas distintas de la Constitución.
Los opositores consideran que de esa forma se está exigiendo de sobremanera la interpretación de la Constitución y que se está violando el principio de alternancia. Además, hay quienes entienden que al limitar los mandatos durante su primer período, las generales de la ley también le caben a él.
En los últimos años la Corte Suprema ha fallado en contra de las distintas interpretaciones sobre las reelecciones. Sucedió en Tucumán con Juan Manzur, en San Juan con Sergio Uñac y en Santiago del Estero con Gerardo Zamora. Siempre ha mostrado su rechazo los vericuetos interpretativos. Sin embargo, nadie sabe la palabra final con exactitud.
Cada caso tiene una especificidad, por lo cual la comparación tiene matices, pero existe una postura uniforme del máximo tribunal sobre las interpretaciones de las constituciones provinciales que es desfavorable a las pretensiones de los oficialismos. De todas formas, por el momento, esa es una amenaza latente de los sectores opositores, afuera y adentro del peronismo, que se podría volver una realidad una vez que haga formal su candidatura.
Sáenz está decidido a competir, pero todavía no tiene en claro el panorama electoral que se puede encontrar. Tiene un canal de comunicación muy fluido con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, donde se cruzan charlas de gestión, pedidos legislativos y necesidades electorales. La Casa Rosada ya ha dado algunas señales de que no tienen un gran interés en plantar candidatos competitivos para ganar las elecciones provinciales.
Les interesan más las listas de legisladores, que las gobernaciones. La prioridad es mantener las alianzas y asegurarse un cierre de año sin demasiados contratiempos, con el Presupuesto y la reforma política aprobados. El mayor esfuerzo está dirigido a suspender las PASO y el oficialismo parece estar cada vez más cerca de lograrlo.
La principal rival del gobernador en Salta es María Emilia Orozco, senadora nacional y referente principal de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia del norte. La legisladora fue la cabeza visible de la campaña que terminó con un triunfo libertario sorprendente en la ciudad capital y tiene intenciones de competir el año que viene por la gobernación. Es, además, la principal crítica del gobierno provincial y el sostén del crecimiento libertario en la provincia. En Salta Milei tiene buenos niveles de aprobación, aunque fueron bajando en los últimos meses en forma escalonada.
En la Casa Rosada aseguran que la estrategia en la provincia se definirá más adelante y en acuerdo con Orozco que, con muchas de sus intervenciones, ha generado cortocircuitos entre el gobernador y el círculo chico de Milei, con el que tiene diálogo abierto. De todas formas, y en línea con el plan de acción de sostener las estrategia de alianzas con los gobernadores, hoy parece difícil que el Gobierno arme una candidatura sólida para intentar desbancar al gobernador salteño.
Desde que comenzó la era Milei, Sáenz alterna críticas con respaldos al Gobierno. Tres semanas atrás tiró con munición gruesa cuando aseguró que “la lealtad es una avenida de ida y vuelta pero yo siento que los gobernadores venimos siempre y ellos no van nunca para allá, para el interior”. Dos semanas después fue invitado por Milei para viajar al evento Argentina Week, que se realizó en París. Hubo abrazos con el Presidente y predisposición para escuchar a los voceros del Gobierno en tierra francesa.
“Me preocupa mucho que la gente quiera volver al pasado pero es que tampoco están conformes con el presente. Se hace muy difícil discutir Milei o Cristina. Las inversiones no llegan porque no damos confianza al mundo, porque todos amenazan con volver a fojas cero”, dijo en una entrevista con América 24 a fines de septiembre. Un intento por transitar el camino del medio
En esa definición se esconde uno de sus deseos. El mandatario salteño tiene en su cabeza la idea de construir una candidatura nacional. No lo dice en público, pero sí lo analiza en privado. Lejos de la pata peronista de la provincia, que hoy está referenciada en Juan Manuel Urtubey, y sin intenciones claras de estar en la boleta violeta del Gobierno, Sáenz es de los gobernadores que está discutiendo la conformación de una tercera posición para el 2027.
Tal como adelantó Infobae un par de semanas atrás, hay un grupo de ocho gobernadores que vienen dialogando desde hace un tiempo la idea de construir una alternativa que rompa los polos del PJ y LLA. Ese entramado político no tiene posibles candidatos y el salteño, que tiene la voluntad de jugar en el terreno nacional, podría ser una opción. Pero tiene en claro también que el primer paso que debe dar es defender y solidificar su liderazgo en la provincia.
Más allá de si termina siendo candidato nacional o no, Sáenz tiene pensado levantar su perfil y llevar su idea de país a distintas provincias. La herramienta para hacerlo será la presentación de su libro “Federalismo y progreso. Charlas sobre el pasado, presente y futuro de la Argentina”, que se publicó un puñado de días atrás y que le regaló al Presidente durante la estadía en París.
El mandatario salteño hace tiempo que repite que en el año electoral debe haber un “proyecto lógico”, que se escape de los polos y brinde otra alternativa al electorado. Sáenz cree que una opción política que contenga al kirchnerismo sería volver al pasado, pero que el Gobierno no logra advertir con claridad que no basta con el ordenamiento de la macroeconomía para llevar adelante la gestión. Ni una cosa, ni la otra.
El Gobernador tiene ambiciones presidenciales. En su interior se anima a creer que puede ser un potencial candidato de una opción de centro. Pero aún faltan varios meses por delante y un sinfín de acontecimientos políticos que pueden dar vuelta el tablero electoral.
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POLITICA
Presupuesto 2027: el Gobierno busca los votos de sus aliados, que reclaman más fondos para Discapacidad y universidades
El Gobierno inició esta semana las negociaciones con los bloques aliados de la Cámara de Diputados para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027: el encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y contó con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Los legisladores dialoguistas reclamaron precisiones sobre las partidas para universidades y discapacidad, además de definiciones sobre el cronograma de tratamiento del proyecto.
De la reunión también participaron la secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, y el senador oficialista Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
Entre los diputados aliados estuvieron los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri; Karina Maureira, de La Neuquinidad; José Luis Garrido, de Santa Cruz; Eduardo Falcone, del MID; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Gladys Medina, del bloque Independencia, y Javier Sánchez Wrba, del PRO.
El objetivo del oficialismo es conseguir dictamen el 28 de octubre y llevar el Presupuesto al recinto durante noviembre, para que el Senado pueda tratarlo antes de la finalización del período de sesiones ordinarias, el 30 de ese mes.
Sin embargo, el cronograma todavía es tentativo y dependerá de los acuerdos que La Libertad Avanza consiga con los sectores dialoguistas.
El Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2027 en noviembre: el cronograma que negocia con los aliados
Durante el encuentro, los diputados solicitaron precisiones sobre las fechas del debate y los funcionarios que concurrirán al Congreso para explicar los principales puntos del proyecto.
“Queremos conocer el cronograma de tratamiento legislativo y qué funcionarios vendrán a defender el proyecto del Gobierno”, señaló uno de los legisladores que participó de la reunión.
En principio, La Libertad Avanza iniciará el debate el martes 13 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch.
Para esa jornada se prevén las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. También se proyectó una segunda reunión para el miércoles 14 de octubre.
El calendario que planteó el oficialismo contempla nuevos encuentros los días 20, 27 y 28 de octubre. La intención es firmar los dictámenes en la última fecha y llevar el proyecto al recinto durante noviembre.
De concretarse ese esquema, el Senado tendría tiempo para avanzar con un tratamiento acelerado en comisión y una posterior votación antes del cierre de las sesiones ordinarias.
No obstante, las fechas están sujetas a modificaciones y todavía no existe un cronograma definitivo.
La reunión también incluyó planteos sobre otros temas que generan diferencias entre el oficialismo y sus aliados.
Como el diputado Eduardo Falcone, del MID, que solicitó definiciones sobre la situación de la Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/2023. El legislador insistió en la necesidad de que el Gobierno presente una propuesta y no descartó que el tema se incorpore al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya fue aprobado por el Senado.
El oficialismo rápidamente convocó al plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para el próximo miércoles para tratar el proyecto de Propiedad Privada que incluirá un capítulo referido a la extranjerización de tierras rurales.
“Algunos de ellos están más preocupados que nosotros en que no se caiga el DNU 70/23”, señaló una diputada libertaria sobre la posición de algunos bloques dialoguistas.
Según pudo saber TN, Karina Maureira, diputada de La Neuquinidad y representante del espacio político del gobernador Rolando Figueroa, también reclamó explicaciones sobre temas pendientes, entre ellos el endeudamiento familiar y discapacidad.
Ambas cuestiones forman parte de los asuntos que la oposición busca discutir en una sesión especial solicitada para el jueves 15 de octubre.
Los aliados reclaman más fondos para universidades y discapacidad en el Presupuesto 2027
Uno de los principales planteos de los bloques dialoguistas estuvo relacionado con los recursos destinados a las universidades públicas y al sector de discapacidad.
Los reclamos son impulsados, entre otros, por legisladores vinculados con los gobernadores de Misiones y Salta, nucleados en Argentina Federal.
En ese contexto, el diputado nacional misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para exigir que el Ejecutivo incorpore al Presupuesto 2027 los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La iniciativa busca garantizar las partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización de sus presupuestos, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el financiamiento de becas estudiantiles.
“El financiamiento de nuestras universidades públicas debe ser una prioridad en la planificación presupuestaria del Estado nacional. No alcanza con reconocer la importancia de la educación superior: es indispensable garantizar los recursos que permitan sostener su funcionamiento, acompañar a sus trabajadores y asegurar el acceso de nuestros jóvenes a la educación universitaria”, sostuvo Arrúa.
Pedido de la UCR
La Mesa de conducción del Comité Nacional del radicalismo, liderado por Leonel Chiarella, en conjunto con legisladores nacionales y el bloque de Rectores Reformistas se pronunciaron a favor del proyecto de Presupuesto Universitario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la defensa de la autonomía, luego de una reunión que mantuvieron.
La UCR exhortó a los diputados y senadores a defender el financiamiento necesario para el funcionamiento de las Universidades Nacionales en el debate por el presupuesto 2027.
En la discusión por el presupuesto para el año próximo, las instituciones de educación superior volvieron a encender las alertas producto de la insuficiencia de recursos que pretende asignar el Poder Ejecutivo.
El CIN elaboró una propuesta que contempla las necesidades de las universidades en materia salarial, funcionamiento, investigación, ciencia y tecnología, extensión, becas e infraestructura. Esto contempla alrededor de 11 billones de pesos. El proyecto oficial estima un 34% menos de lo requerido para poder funcionar.
Los pedidos por universidades y discapacidad se suman así a las negociaciones parlamentarias que el Gobierno deberá afrontar para reunir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto.
El proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre, establece las previsiones de recaudación, el resultado fiscal esperado, el nivel de gasto público y las partidas destinadas a las distintas áreas de la administración nacional.
POLITICA
A un mes de la visita del papa León XIV, el Gobierno prepara un megaoperativo de seguridad y la Iglesia atrae aportantes privados
Cuando falta un mes para que el papa León XIV aterrice en la Argentina, el Gobierno y la Iglesia ultiman detalles de la organización de una cita histórica, una tarea que exige una precisión casi quirúrgica. Mientras la Casa Rosada y las provincias avanzan con la coordinación del megaoperativo de seguridad que se desplegará entre el 8 y 11 de noviembre, las autoridades de la Conferencia Episcopal aceleran las gestiones para garantizarse los fondos necesarios para cubrir los costos del viaje apostólico y pastoral del pontífice.
La Santa Sede enviará en las próximas semanas la última misión de avanzada antes de que comience la gira por Sudamérica del Papa. Es probable que viajen integrantes de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Vaticana.
La gran preocupación de la gestión de Milei es garantizar la seguridad y exhibir un alto nivel organizativo. En el Gobierno insisten en que esperan un aforo de siete millones de personas para los tres grandes encuentros masivos que presidirá León XIV en la Argentina. En el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, trabajan junto con el Vaticano en el diseño de un megaoperativo para blindar al Papa. Monteoliva, a su vez, articula con los funcionarios de la Ciudad, Córdoba y Buenos Aires.
A diferencia del plan que se desplegó para el G-20 en 2018, la administración de Milei tendrá el desafío de gestionar a las multitudes que se movilizarán para asistir a las misas del Pontífice al pie del Monumento de los Españoles, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, y en la Basílica de Luján. Por eso, todas las fuerzas federales –la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal- y la SIDE estarán involucradas en una operación de logística sin precedentes y que se prepara hace meses.
Un protocolo estricto
Tanto en los espacios abiertos como en los cerrados -los encuentros en la UCA y en el Palacio Libertad o la recorrida en el Cottolengo Don Orione-, el protocolo de seguridad será muy estricto. “Todas las especificaciones las plantea la Santa Sede”, señalan en el Poder Ejecutivo. El enlace con Roma para esta tarea fue Monteoliva, quien mantuvo contactos frecuentes con Gianluca Gauzzi Broccoletti, director de la Dirección de Servicios de Seguridad y Protección Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano y comandante del Cuerpo de Gendarmería.
En Córdoba, por ejemplo, se destinarán unos 13.000 efectivos para custodiar la misa que celebrará León XIV el martes 10 de noviembre. La Fuerza Aérea y el Ejército prestarán colaboración, según fuentes oficiales. Allí, el jefe de la Iglesia hará un recorrido con el papamóvil. Se espera una gran concurrencia. Calculan que la convocatoria equivaldrá a 15 estadios del Mario Alberto Kempes, que tiene una capacidad para más de 50 mil espectadores.
En el Gobierno prevén que la visita del Papa movilizará al turismo local y atraerá a visitantes del exterior. Por caso, ya saben que habrá tours religiosos que traerán turistas de Bolivia, Paraguay y otros países limítrofes entre el 8 y 11 de noviembre, cuando León XVI estará en la Argentina.
Durante la estadía del Santo Padre se empleará un esquema de protección en capas. En el primer anillo estarán sus escoltas de confianza: la Guardia Suiza y la gendarmería vaticana. Ellos también serán los encargados de manejar los vehículos blindados en los que se moverá León XIV y su comitiva. Cerca de esa primera capa quedarán los efectivos de asuntos internacionales de la Policía Federal, que actuarán como un refuerzo. En el segundo anillo estarán las fuerzas federales, como prefectura, la Gendarmería y la PFA. Y en el círculo más alejado al Papa y más cercano al público se ubicarán los efectivos de las policías locales: la bonaerense, la porteña o la de Córdoba.
La agenda del Pontífice provocará cortes de calles, desvíos y alteraciones en el transporte público. Lo que más inquieta al Gobierno es la posibilidad de que se produzcan desmanes en los eventos masivos. Por eso, el ingreso al público se abrirá con mucha antelación, entre diez y doce horas antes del inicio del acto religioso en el Monumento de los Españoles o en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se dispondrán “pulmones” –zonas sin público- y carriles de evacuación. Se calcula que se requerirán unos 60 kilómetros de vallas de contención. Por eso, el gobierno nacional solicitó colaboración a las administraciones provinciales, como Santa Fe y Entre Ríos, que aportarán vallas para los actos multitudinarios. También ya contactaron a las principales empresas que se dedican al alquiler de baños químicos.
El Vaticano dispuso que la inscripción previa será necesaria para concurrir a las misas. En el Poder Ejecutivo, en tanto, pidieron a la Iglesia que los voluntarios –se anotaron hasta ahora unos 25.000- presenten un certificado de antecedentes penales. El costo del trámite fue asumido por la gestión nacional.
En paralelo, se prevé que el espacio aéreo en el país se cerrará en los momentos en que el Papa aborde un vuelo –su llegada desde Montevideo, los trayectos entre Buenos Aires y Córdoba, y la salida a Perú-. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) regulará el uso de los drones.
En el Poder Ejecutivo están en alerta por las eventuales complicaciones que el fenómeno meteorológico de El Niño podría generar en el itinerario del pontífice. “Habrá que rezar”, bromean en los despachos oficiales.
Una ingeniería financiera
En la Iglesia estiman que la visita del Papa a la Argentina, la primera de un pontífice al país desde 1987, demandará unos 30 millones de dólares. El Vaticano solo cubre los gastos del vuelo que traerá a León XIV desde Roma a Uruguay, donde iniciará su peregrinaje por Sudamérica. El resto de las erogaciones -desde los traslados, el alojamiento del séquito papal y la seguridad hasta el montaje de escenarios y la puesta de vallas y baños químicos para los actos multitudinarios- correrán por cuenta del Episcopado, del gobierno nacional y las tres jurisdicciones involucradas en los preparativos: la Capital, Buenos Aires y Córdoba.
La Iglesia asumirá una tercera parte del costo total del viaje. Hasta ahora, logró recaudar $650 millones entre sus feligreses. Es una cifra exigua, ya que se calcula que se requerirán unos diez millones por día para cubrir los gastos papales. Por eso, los prelados que afilan lápices comenzaron a acercarse a grandes empresarios, como Marcos Bulgheroni o Eduardo Eurnekian, que estén dispuestos a aportar dinero fresco para la llegada de León XIV. “Es un trabajo artesanal”, deslizan los obispos.
En la Iglesia procuran actuar de manera discreta. Muchos empresarios pretenden cooperar con recursos, pero exigen reserva. Es probable que el Papa les retribuya el gesto. Pese a que tendrá una agenda muy apretada, León XIV podría recibir a los grandes aportantes en la Nunciatura para saludarlos y darles su agradecimiento. Por lo pronto, los prelados ya se garantizaron el respaldo de varias compañías. Los flamantes patrocinadores aparecen mencionados en la página oficial de la visita de León XIV: están el Grupo Techint, Banco Santander, las distribuidoras Edenor y Edemsa, Mercedes Benz, Dolmen Buenos Aires Hotel, Hoopla, la Universidad Católica de La Plata y Establecimiento Metalúrgico GCD. Son las que aceptaron incluir su logo en la web y actuarán como sponsors del viaje papal. Por caso, podrían tener una publicidad en las pecheras de los voluntarios.
Entre las empresas que colaborarán también están YPF y Aerolíneas Argentinas, que pondrá aviones de su flota para traer al Papa desde Montevideo. También la firma estatal lo llevará a Córdoba desde Buenos Aires -cubrirá ida y vuelta- y, finalmente, a Perú, para la última etapa de la gira. Es uno de los ítems más costosos de la visita. Toyota, por su parte, se ocupó de preparar el papamóvil. Serán dos unidades, ya que León usará uno de los vehículos para saludar a los feligreses en la Capital y en la provincia de Buenos Aires -se prevé que recorrerá 700 metros en Claypole, en el corazón del conurbano, antes de llegar al Cottolengo Don Orione-.
En los últimos meses, el Episcopado también cerró un trato con la agencia publicitaria Mercado McCann, que finalmente optó por ofrecer sus servicios de manera gratuita. Solo cobrará a la Iglesia los trabajos que deba tercerizar. La agencia estará a cargo de elaborar los spots de radio y televisión que se difundirán en los días previos a la llegada de León XIV, según fuentes eclesiásticas. El Estado nacional también cooperará con los equipos necesarios para realizar la televisación de la visita. Si bien el director de cámara será designado por el Vaticano, el Gobierno acercará a la productora audiovisual que se encarga de las transmisiones oficiales de la Presidencia: MediaHub, del empresario Alejandro Spinello. Además, la gestión de Milei se encargará de costear el hospedaje de parte de la comitiva que viajará con el Papa desde Roma. Se alojarían a metros de la Nunciatura.
A su vez, el gobierno nacional compartirá con la administración porteña de Jorge Macri los gastos por el alquiler del escenario –que tendrá unos 70 metros de largo-, la luz y el sonido o los baños químicos para uno de los eventos masivos que encabezará el Papa: la misa en el Monumento de los Españoles. En esa celebración participarán más de 2000 sacerdotes y se estima que se repartirán unas 500.000 hostias.
agenda del Pontífice,Matías Moreno,Conforme a
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