El Gobierno dio nuevo impulso al envión para designar jueces en los juzgados vacantes y en los próximos 20 días elevará al Senado los nombres de unos 30 nuevos postulantes para cubrir cargos clave, algunos en la justicia federal del interior del país.

Así lo dijeron a fuentes oficiales, que señalaron que se pasó de dos años sin ninguna designación a dos meses con más de 100 pliegos de candidatos mandados al Senado.

“Es como un caño tapado que se destapa”, fue la metáfora que eligieron en el Gobierno para explicar la situación.

Sin embargo, las ternas aprobadas la semana pasada, donde la Comisión de Selección eligió a postulantes para ocupar la Cámara Federal, merecieron críticas de un sector de la Corte Suprema de Justicia cercano a Ricardo Lorenzetti.

Lorenzetti ya planteó sus diferencias con la manera en que se están eligiendo a los jueces. Firmó con Carlos Rosenkrantz, su colega en la Corte Suprema, un nuevo reglamento de selección de magistrados que pretende evitar la discrecionalidad en los concursos.

El proyecto pretende que la nota obtenida en los exámenes de oposición sea determinante y evitar que las entrevistas personales alteren el orden de mérito y hagan subir postulantes por razones políticas.

El Consejo de la Magistratura está tratando ese reglamento. Cerca de Lorenzetti les gustaría que ese trámite sea más rápido. Y cuestionaron las ternas aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura para reemplazar a los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

Las ternas más votadas son las integradas por Fernando Poviña, juez federal de Tucumán; Agustina Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem); y Pablo Yadarola, juez en lo penal económico, para un cargo.

Para el otro cargo, la terna integrada por Julio César Di Giorgio, juez del Tribunal Oral Federal de La Matanza; Cecilia Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora; y el mismo Pablo Bertuzzi, que concursó para su propio cargo.

Los favoritos son Yadarola y Bertuzzi para que sus pliegos sean elevados al Senado, tal vez cuando todo el mundo esté mirando el Mundial de Fútbol en menos de 50 días.

Estas ternas merecieron comentarios desfavorables cerca de Lorenzetti, que entiende que hubo quejas por la discrecionalidad con la que se armaron. Señalan que “intervinieron operadores de la política”.

El Consejo de la Magistratura y el Gobierno pusieron velocidad a las designaciones. Una manera de construir poder en el Consejo de la Magistratura es retener los pliegos, demorar los concursos y que los interesados se vean obligados a acudir a ellos.

Cuando el Poder Ejecutivo comenzó a mandar los pliegos, fueron los consejeros quienes comenzaron a apoyar a uno u otro candidato, que queda en deuda con esos gestores.

De hecho, en dos semanas habrá una nueva reunión de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura y los consejeros piensan avanzar con 20 ternas más antes de que termine el mes de mayo. Y en 20 días se enviarán unos 30 pliegos más al Senado. La fábrica de jueces marcha a toda máquina.

Algunos de estos 20 nuevos pliegos elevados al Senado pertenecen a candidatos a tribunales federales del interior del país.

Todos estos movimientos ahondaron la grieta que dejó la iniciativa de Rosenkrantz y Lorenzetti de proponer un nuevo reglamento.

Horacio Rosatti no lo firmó, pero lo acompañó en un acto público y cuando se presentó en el Consejo de la Magistratura.

Hoy esas diferencias con Rosatti se ven más grandes desde el despacho de Lorenzetti.

Allí creen que las diferencias no se reducen a los temas del reglamento, sino a otras cuestiones administrativas y en la firma de sentencias.

“Hay una nueva mayoría en la Corte”, señalan desde ese ala del Palacio de Justicia. Rosenkrantz prefiere mantenerse al margen públicamente.

Cerca de Lorenzetti rescatan que se hubiera cumplido con el fallo de la Corte Suprema al concursar el cargo de Bruglia y Bertuzzi, pero se quejan de que, de todos los jueces trasladados, solo ese concurso avanzó.

Mencionan que Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación, fue trasladado desde la Cámara Nacional y no se hizo este concurso.

“Coco” Mahiques es el padre de Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia.

En medio de estos cambios y esta inercia, la interna política que divide al Gobierno subió al ring a los jueces de la Corte y los acomodó, colocando a algunos del lado de Karina Milei y a otros del lado de Santiago Caputo.

Fue el propio asesor presidencial el que habló de estos alineamientos con un tuit que publicó esta semana, continuación de otro de la semana anterior; y colocó a Rosatti del lado de Karina Milei y a Lorenzetti y Rosenkrantz de su lado.

Caputo criticó a Rosatti después de que advirtiera sobre la inconstitucionalidad de la emisión indiscriminada. Dijo que lo hacía para congraciarse con Milei porque “necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”.

Caputo tiene un vínculo con Lorenzetti. Antes, Caputo ya había apuntado contra Rosatti cuando atacó a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte.

En los Tribunales creen que Caputo traslada su interna con la hermana del Presidente al tablero de la Corte Suprema; es decir, que apunta contra Rosatti y Robles por su supuesta relación con los Menem, aliados internos de Karina Milei.

En la Corte Suprema le restaron trascendencia a estos tuits que quisieron trasladar la interna de la Casa Rosada al Palacio de Justicia.

Los tres jueces de la Corte Suprema, con matices, ignoraron el tuit del asesor presidencial. “Lo que diga Caputo tiene cero trascendencia, entre nosotros no tiene ninguna repercusión”, dijeron cerca de uno de los magistrados.

En otro despacho de la Corte señalaron: “Mirá si nos vamos a preocupar por lo que tuitea un monotributista”, en alusión a que el asesor presidencial no tiene cargo de funcionario. “Es un tuitero más”, señalaron por otro lado.

En las oficinas de Rosenkratz eludieron todo comentario. “El juez no es comentarista de la política. Una cosa es la Corte y otra la política”, indicó un colaborador.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de los bienes de Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, para cobrar una multa de 274 millones de dólares que le fue impuesta en la causa de la ruta del dinero K donde fue condenado por lavado de dinero.

El decomiso fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Martín Báez contra la orden de decomiso.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 dispuso avanzar con la ejecución de los bienes que están embargados y congelados para satisfacer el pago de la multa. La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.

El tribunal oral que condenó a Báez hijo había dispuesto el 12 y el 20 de noviembre de 2025 ejecutar los bienes cautelados de Martín Báez; y convocó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para la enajenación de los bienes identificados.

La multa fijada para Martín Báez ascendió al equivalente en pesos de 274.364.333 de dólares, según la cotización oficial del dólar minorista vendedor del Banco Central al momento del efectivo pago. Los jueces que rechazaron el recurso de Báez son Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

Hornos votó por declarar admisible el recurso, pero rechazarlo en cuanto al fondo. Carbajo, aunque inicialmente entendió que debía declararse inadmisible, quedó en minoría sobre ese punto y, conocido el criterio de sus colegas, adhirió a la solución de Hornos para rechazar la impugnación.

Hornos sostuvo que, si bien la defensa cuestionaba una decisión adoptada en la etapa de ejecución de la pena y que, por ello, correspondía asegurar un control judicial amplio, la pena de multa se encontraba firme y, por lo tanto, debía hacerse efectiva sobre los bienes, salarios u otros ingresos del condenado.

El magistrado rechazó el argumento de la defensa según el cual el juez de ejecución habría ampliado indebidamente el universo de bienes a ejecutar, más allá de los individualizados por el Ministerio Público Fiscal.

Para Hornos, en la etapa de ejecución el juez no está atado al dictamen fiscal, sino que debe realizar su propio control de legalidad y garantizar el cumplimiento de la pena dentro del marco constitucional y legal. Según ese razonamiento, nada impide que el juez adopte medidas para hacer efectiva la sanción pecuniaria.

La defensa también sostuvo que no podía avanzarse con la enajenación de bienes sin resolver antes la alternativa del pago en cuotas.

Borinsky votó en disidencia parcial. A diferencia de la mayoría, propuso hacer lugar parcialmente al recurso de la defensa, anular los decretos de decomiso del 12 y 20 de noviembre de 2025 y reenviar el expediente al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento luego de una debida sustanciación.

Para Borinsky, el tribunal de ejecución había avanzado con la liquidación de bienes sin resolver fundadamente el pedido del pago en cuotas de la multa. También propuso apartar a la UIF del rol de querellante, aunque dejó a salvo la validez de los actos ya cumplidos. En cambio, rechazó el planteo relativo al apartamiento de ARCA.

La Cámara Federal de Casación ya había confirmado la condena de Lázaro Báez por lavado de dinero, aunque la redujo de 12 a 10 años de prisión, y absolvió a sus hijas.

Para que exista el delito de lavado se debe establecer qué delito precedente originó ese dinero; en la sentencia de hoy, Casación consideró que fue la evasión fiscal y no la corrupción de la obra pública de Austral Construcciones investigada en la causa Vialidad, lo que derivó en el lavado de activos.

Asimismo, el fallo confirmó la existencia de un mecanismo societario y financiero sofisticado, incluyendo la utilización de sociedades “pantalla” para eludir los controles fiscales, permitiendo el movimiento de dinero por transacciones en distintos bancos internacionales, y su repatriación mediante operaciones de aparente legalidad, por una suma total equivalente a U$D 54.870.000 durante el 2010 y 2013.

El monto coincide con las evasiones fiscales precedentes efectuadas por Lázaro Báez. La condena estableció multas por 330 millones de dólares y decomisos por 65 millones de dólares.

Todos los imputados fueron beneficiados con reducciones de sus condenas: Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Jorge Leonardo Fariña, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco, Fabián Virgilio Rossi, César Gustavo Fernández, Juan Alberto De Rasis, Julio Enrique Mendoza, Leandro Antonio Báez, Walter Adriano Zanzot, Federico Elaskar, Martín Andrés Eraso, Claudio Fernando Bustos, Carlos Juan Molinari, Daniel Alejandro Bryn y Alejandro Ons Costa.

Las dos hijas de Báez, Melina y Luciana, fueron absueltas.