POLITICA
Dos integrantes de grupos terroristas palestinos darán una conferencia en Rosario invitados por ATE
La filial rosarina de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la participación de dos ex prisioneros terroristas palestinos -liberados tras acuerdos de intercambio por rehenes israelíes- como oradores en una jornada por el “Día de los Prisioneros Palestinos”, organizada en conjunto con agrupaciones propalestinas de la ciudad de Rosario. El evento tendrá lugar en San Lorenzo 1879 de aquella ciudad este viernes 17 de abril a las 18.
Asamblea Acción por Palestina confirmó que los convocados son Osman Bilal, integrante de Hamas condenado por múltiples atentados, y Nader Sadaqa, comandante del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
Bilal fue responsable de atentados terroristas en Israel en la década de los noventa, con saldo de decenas de muertos y heridos. Su nombre figura entre los militantes de Hamas que recibieron 27 condenas de prisión perpetua por su participación en ataques calificados como terroristas por el gobierno israelí y por organismos internacionales.
Ei 7 de diciembre último ya participó de un webinar en Canadá invitado por organizaciones activistas de aquel país. El seminario en línea “La Intifada de las Piedras” fue organizado por Masar Badil y su movimiento juvenil Tariq El-Tahrir, en colaboración con el Comité de Prisioneros Basil Al-Araj con sede en Vancouver, la organización Estudiantes Unidos por la Igualdad y el Retorno Palestino en la Universidad de Washington (SUPER UW), y las organizaciones españolas Juventud Palestina Al-Yudur y Acampada por Palestina Madrid.
Según el Centro de Información Palestino, Bilal participó en la planificación de los atentados suicidas con bomba en autobuses de julio de 1995 en Ramat Gan y de agosto de 1995, los cuales en conjunto asesinaron a 12 personas e hirieron a más de 140.
Por su parte, Nader Sadaqa ejerció funciones de comando en el FPLP, organización señalada por múltiples ataques armados y explosivos a comienzos de los años 2000 en territorio israelí, hechos que también causaron víctimas fatales y condujeron a su detención. The Jerusalem Post informó que Sadaqa estuvo implicado en atentados que motivaron su detención y posterior condena a cadena perpetua.
Ambos recuperaron la libertad tras acuerdos de intercambio vinculados a la liberación de ciudadanos israelíes secuestrados durante el ataque terrorista del 7 de octubre pasado perpetrado por Hamas. El acto en Rosario los presenta como “activistas y ex prisioneros”, en un evento que busca moderar el relato a favor de la organización extremista.
La iniciativa generó polémica en el ámbito local y nacional por la inclusión de figuras asociadas con atentados de alto impacto, así como por el respaldo institucional de ATE a la convocatoria. También causó preocupación en la comunidad judía en la Argentina, víctima de dos atentados terroristas en 1992 (Embajada de Israel) y 1994 (AMIA).
El acto forma parte de una serie de actividades internacionales en el marco del “Día de los Prisioneros Palestinos”, con manifestaciones públicas y encuentros en distintas ciudades. La participación de Bilal y Sadaqa sería mediante videollamada, ya que ambos residen actualmente fuera de Argentina tras su liberación.
Organizaciones de la comunidad judía expresaron preocupación por la plataforma otorgada a personas involucradas en hechos violentos.
Las liberaciones de Bilal y Sadaqa formaron parte de negociaciones internacionales para la liberación de rehenes tras el ataque terrorista de octubre de 2023, proceso que involucró la mediación de Egipto y Qatar. Entonces, cientos de terroristas fueron intercambiados por víctimas de Hamas.
War,Middle East,Military Conflicts
POLITICA
Diputados aprobó el proyecto de propiedad privada que restituye el límite de venta de tierras a extranjeros
Con el foco en la restitución de la Ley de Tierras, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con cambios a la sanción del Senado, adonde regresará para su revisión.
El oficialismo logró el quórum con el acompañamiento de los aliados del Pro, la UCR, el MID y fuerzas provinciales. Alcanzó los 133 diputados sentados en sus bancas y abrió el recinto para iniciar el tratamiento de la iniciativa, que fue aprobada por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones.
La norma modifica las leyes de Expropiaciones, de Regularización Dominial, flexibiliza desalojos, moderniza el Registro de la Propiedad Inmueble y establece la restitución de la Ley de Tierras, cuyo capítulo fue aprobada por amplia mayoría, 239 votos afirmativos.
El nuevo proyecto incorporó dos artículos. El artículo 38 establece la derogación del artículo 134 del DNU 70/2023, que había eliminado la Ley de Tierras, mientras que el artículo 39 dispone restablecer la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, y establece límites estrictos a la propiedad extranjera sobre tierras rurales en Argentina. La norma fija que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
En relación a las expropiaciones se limita la capacidad del Estado, exige un fin de utilidad pública estricto (bajo un test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad) y obliga a abonar el 100% de la indemnización (incluyendo valor de mercado y lucro cesante) antes de transferir el dominio.
La indemnización comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien.
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La sesión
El debate lo abrió el libertario Santiago Santurio que hizo referencia a la Propiedad Privada, pero nada dijo sobre la reinstalación de la Ley de tierras. Luego, el peronista Diego Giuliano dijo: “En esta exposición no se planteó que han vuelto a la ley del peronismo, y en eso la verdad que estamos de acuerdo. Han vuelto a ratificar la Ley de Tierras Rurales. Ha sido una vuelta de campana que dio el oficialismo y lo dio en función de bajar los decibeles de la inmensa oposición que provocó la extranjerización de la tierra, que ustedes han planteado desde que llegaron al Gobierno”.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro cuestionó al Gobierno nacional: “Pretendían llevarse puesta la Ley de Tierras, la Ley de Integración Socio urbana de los Barrios Populares en la Argentina y la Ley de Manejo del Fuego. Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro (Federico) Sturzenegger. No porque el gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”, manifestó.
También rechazó al DNU 70/2023 del Presidente Javier Milei: “Prometen seguridad jurídica, pero degradan constantemente la democracia y al debate público. Dicen defender la soberanía nacional, pero pretenden la derogación de leyes que protegen nuestros recursos estratégicos como la tierra. Todo DNU es cuestionable, y el DNU 70 es inconstitucional”.
“Hoy tenemos al oficialismo reculando en chancletas y proponiendo dejar sin efecto un artículo de un DNU totalmente inconstitucional que defienden a capa y espada. Y esto después de haber intentado eliminar de un plumazo por decreto y debilitar lo que era la limitación de la compra de extranjeros en lo que respecta a la tierra”, cerró Ferraro.
Desde el oficialismo la legisladora Mercedes Llano aseguró: “La inviolabilidad de la propiedad privada constituye uno de los pilares fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional para garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la paz social”.
La UCR planteó su posicionamiento
Durante la sesión parlamentaria, la presidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR, Pamela Verasay, anunció que la bancada radical acompañará los proyectos del día, remarcando la importancia del trabajo responsable en comisiones y la construcción de acuerdos institucionales en el Congreso.
En su intervención, Verasay criticó la dinámica de enfrentamiento que domina el escenario político actual: “En la Argentina de los extremos parece que solo hay dos lugares posibles: el aplauso incondicional o el rechazo permanente. Nosotros creemos que hay otro lugar, el más difícil y también el más necesario: el de quien entiende que un gobierno necesita herramientas para gobernar, pero que esas herramientas tienen que estar bien construidas”.
Asimismo, la diputada mendocina cuestionó la utilización del recinto con fines electorales: “Empezó la campaña y ya están usando este recinto como tribuna, convirtiendo cada sesión en un acto y cada problema de la gente en un eslogan. Nuestro bloque intenta transitar otro camino, quizás menos marketinero en las redes, pero que busca resolver problemas concretos”.
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Naufragó el tratamiento del proyecto de salud pediátrica
La Cámara baja no alcanzó las mayorías requeridas de tres cuartas partes del Cuerpo para prorrogar la Ley de Emergencia en Salud Infantil. La propuesta la llevó adelante el peronista de UxP Pablo Yedlin ante el próximo vencimiento de la norma, al cumplirse un año de su sanción.
La Ley de Salud pediátrica contempla el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes.
La continuidad, fortalecimiento y sustentabilidad de los sistemas de residencias del equipo de salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde al nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas.
En sus fundamentos Yedlin planteó: “La continuidad y estabilidad a las políticas destinadas a garantizar el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes y a fortalecer el sistema de residencias nacionales en salud, ante la proximidad del vencimiento de la emergencia sanitaria establecida por la norma sancionada en 2025”.
Desde el oficialismo la diputada Silvana Giudici rechazó la propuesta fundamentando que “el Hospital Garrahan no está en emergencia y no hace falta esta ley”. Agregando que una de las Obras Sociales que más le adeuda al Hospital de pediatría es el IOMA, de la Provincia de Buenos Aires, por un mono de 4100 millones de pesos.
Mientras que el Frente e izquierda, por medio de Nicolás del Caño y Romina del Plá, denunciaron al Gobierno por no cumplir los alcances de la ley y la necesidad de prorrogar la misma.
ley de tierras, Diputados, propiedad privada
POLITICA
Pro volvió a diferenciarse de LLA tras los insultos de Milei a Pedro Sánchez y periodistas españoles
Luego de una jornada en la que Javier Milei atacó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y a periodistas durante su paso por Madrid, este jueves Pro volvió a desmarcarse del Gobierno al reivindicar “la libertad de prensa, el respeto por quienes piensan distinto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas”.
“La democracia se fortalece cuando somos capaces de debatir, expresar diferencias y escuchar incluso aquello que nos incomoda”, reza el mensaje compartido en la red social X por el perfil oficial del partido que lidera Mauricio Macri.
Y agrega: “La libertad de prensa, el respeto por quienes piensan distinto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas son valores fundamentales que debemos cuidar todos los días”.
Según pudo saber , la mesa nacional del partido respaldó de manera “unánime” el mensaje propuesto por Fernando de Andreis, secretario general de Pro y mano derecha de Macri. La iniciativa surgió a raíz del malestar que dirigentes y militantes del espacio manifestaron por las actitudes de Milei.
Para el macrismo, tomar distancia en esta oportunidad se justifica por la dimensión internacional que adquirió el episodio. Los insultos del Presidente son moneda corriente, pero nunca habían trascendido las fronteras ni generado tanto revuelo en el exterior.
Además de Macri y De Andreis, integran la mesa ejecutiva del partido la intendenta de Vicente López y vicepresidenta de Pro, Soledad Martínez; los mandatarios provinciales Jorge Macri (Capital), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut); los jefes de los bloques en Diputados, Cristian Ritondo, y en el Senado, Martín Goerling; la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; y el jefe comunal de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.
De ellos, los únicos que compartieron el mensaje en sus propias redes fueron Goerling y Vidal, dos de los dirigentes de Pro que se oponen a la idea de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA). Ambos se muestran cerca de Hernán Lacunza, quien apuesta a la construcción de una alternativa a Milei y se postuló como precandidato presidencial por Pro.
En aquel grupo de diez referentes que componen la mesa ejecutiva del partido convergen dirigentes “autonomistas” como Vidal y Goerling, junto con “acuerdistas”. En este último conjunto tallan fundamentalmente los jefes provinciales y Ritondo, que pujan por un entendimiento electoral con LLA de cara a 2027. Independientemente de las diferencias, en esta ocasión ambos bandos avalaron la publicación del mensaje.
También compartieron el tuit Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales de Jorge Macri, y la legisladora porteña Laura Alonso. “El Pro me representa”, escribió ella.
De todos modos, fuentes partidarias advierten que el gesto no implica una “segunda lectura”. “No hay novedad en el vínculo [con LLA]. Las negociaciones avanzan igual”, aclaran, al tiempo que destacan que tuvieron una “buena reunión” el martes pasado con Diego Santilli y los Menem, representantes del oficialismo, en la que “avanzaron bastante” en los acuerdos.
El partido ya ha utilizado las redes sociales para plantear diferencias respecto del gobierno libertario con mensajes de este estilo: lo hizo respecto de la continuidad del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por su patrimonio, por el “manejo de la política de discapacidad” y por la falta de mejoras en la microeconomía. Algunos de estos tuits incluso causaron revuelo interno.
En el plano internacional, el macrismo también toma distancia de los ataques que referentes como el diputado nacional Luis Petri y el streamer oficialista Daniel Parisini, alias Gordo Dan, lanzaron contra el Islam en los últimos días, al que vinculan con actos terroristas y responsabilizan por la ola de protestas en Europa.
La concejala cordobesa Soher El Sukaria (Pro), quien profesa la religión musulmana, cuestionó hoy al Gordo Dan: “No hay que darle entidad a una persona ignorante, y anónima, que no desempeña ningún rol trascendente para nuestro país”.
Los insultos de Milei en España
Pro defendió la libertad de prensa tras los cruces que Milei mantuvo ayer con cronistas de medios españoles. Consultado por la “incomodidad” del Partido Popular y Vox –espacios que el Presidente respalda de cara a las elecciones del 29 de noviembre– ante su visita, respondió: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.
Otro periodista le preguntó por los argentinos que no llegan a fin de mes, después de que Milei minimizara sus dificultades. El libertario contestó: “Si vos querés abrazarte a un slogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”.
Durante su paso por Madrid, Milei también atacó al Grupo Clarín.
En este punto, Pro ya se ha diferenciado del Gobierno. “El respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia”, escribió Mauricio Macri por el Día del Periodista, el 7 de junio pasado.
Esta mañana, el partido del expresidente también valoró “el respeto por quienes piensan distinto” y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Ayer, Milei llamó “impresentable dictador” a Sánchez y pidió “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones.
A esos insultos se sumó la falta de una audiencia con el rey Felipe VI, con quien mantiene una relación cordial. Según publicaron medios españoles, la Casa Real rechazó un pedido de encuentro porque el protocolo reserva ese tipo de reuniones para visitas de Estado, una modalidad que el Presidente argentino evita para no compartir agenda con funcionarios del gobierno socialista.
atacó al presidente,@proargentina,https://t.co/hg1n9xl544,October 22, 2026,el martes pasado,https://t.co/HHxGpGTBJi,October 22, 2026,los cruces que Milei mantuvo ayer con cronistas,por el Día del Periodista,Denise Chmois,Pro (Propuesta Republicana),Conforme a
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Internaciones involuntarias, hospitales psiquiátricos y prevención del suicidio: los cambios que impulsa la reforma de Salud Mental
La discusión sobre la reforma de la Ley de Salud Mental llega al Senado con una pregunta que atraviesa a las guardias, las familias y los sistemas de salud de todo el país. El proyecto pone en revisión el requisito de “riesgo cierto e inminente” para las internaciones involuntarias y propone una respuesta que contemple el “riesgo grave para sí y para terceros”.
La iniciativa busca modificar el régimen vigente desde 2010. Antonela Giampieri, diputada nacional de CABA por la Fuerza del Cambio, explicó en Infobae Al Mediodía que aquella norma marcó un cambio de época porque “la ley fue un gran avance en el 2010”, aunque sostuvo que, después de 16 años de aplicación, el sistema necesita correcciones frente a situaciones que describió como complejas.
El planteo reúne cambios en las internaciones involuntarias, la integración de los equipos clínicos, la continuidad de los hospitales especializados y la coordinación de recursos entre la Nación y las provincias.
En ese recorrido, Giampieri remarcó que el objetivo no es abandonar el enfoque de derechos, sino evitar que una persona llegue sin asistencia a una instancia crítica: “Necesitás que llegue al sistema ya con la crisis explotada”.
Cuándo debe intervenir el sistema ante una crisis
La ley actual establece que una internación sin consentimiento requiere un “riesgo cierto e inminente” para la persona o para terceros. La reforma en debate propone reemplazar esa condición por la noción de “riesgo grave para sí y para terceros”, una modificación que apunta a ampliar los elementos considerados por los equipos de salud antes de resolver una internación.
Giampieri cuestionó que el criterio vigente centre la decisión exclusivamente en lo que ocurre durante la consulta o en la guardia. “Hay que evaluarla no solo en el momento de que llega a la guardia”, afirmó al explicar que el proyecto incorpora la posibilidad de tener en cuenta antecedentes clínicos, brotes previos, consumos problemáticos y otros episodios registrados en la historia de la persona.
Bajo esa mirada, la escena de una crisis no quedaría aislada de lo que ocurrió antes. La diputada sostuvo que una conducta observada en una guardia puede requerir la lectura de un proceso más amplio y señaló que deben considerarse “antecedentes de brotes, consumo problemático y episodios previos” al evaluar el riesgo y definir una eventual intervención.
La iniciativa no presenta la internación como una respuesta automática ni única. El debate, según la posición de la legisladora, busca que el sistema pueda actuar antes de que la situación alcance un punto límite, porque el requisito actual exige que exista un “riesgo cierto e inminente” y, en sus palabras, eso puede implicar que la persona llegue con la crisis ya desatada.
La participación de un médico o psiquiatra
Otro de los ejes se concentra en la composición del equipo que interviene ante una internación. Giampieri indicó que el procedimiento requeriría dos firmas, con la condición de que una pertenezca a un médico o a un psiquiatra. “Uno sí o sí tiene que ser el médico”, dijo sobre el cambio propuesto.
La diputada vinculó esa exigencia con la necesidad de distinguir los distintos factores que pueden estar detrás de una alteración de la conducta o de una crisis. Según explicó, un profesional médico puede establecer si el cuadro responde a sustancias, a un tumor o a otras patologías; por eso insistió en que “uno sí o sí tiene que ser el médico”.
Al mismo tiempo, la legisladora rechazó que esa incorporación suponga relegar a otras disciplinas. Psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas forman parte de la atención, según su planteo, y “todos son importantes” dentro de un abordaje que debe conservar su carácter interdisciplinario.
La discusión sobre las firmas se inserta así en una cuestión más amplia: qué saberes deben estar presentes al momento de tomar una decisión que afecta la libertad y la atención de una persona.
La propuesta conserva la participación de equipos diversos, pero reserva una intervención específica para el área médica, ya que, como señaló Giampieri, “todos son importantes”, aunque existen evaluaciones clínicas que demandan esa formación.
Qué dispositivos necesitan las provincias para atención especializada
La continuidad de los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental es otro de los puntos que la reforma busca instalar en el debate. Giampieri cuestionó la idea de que todos los pacientes deban ser atendidos en hospitales generales y planteó que la respuesta sanitaria debe adecuarse a cada situación: “Hay pacientes que pueden estar en hospitales generales, pero otros no”.
La legisladora señaló que algunos casos pueden sostenerse con atención ambulatoria, centros de día u hospitales de día, mientras que otros requieren internaciones con plazos definidos y seguimiento profesional.
En la Ciudad de Buenos Aires, mencionó la existencia de los hospitales Borda, Moyano y Alvear como parte de una red especializada y sostuvo que “hay pacientes que pueden estar en hospitales generales, pero otros no”.
En ese punto, Giampieri rechazó que la existencia de instituciones especializadas equivalga a una vuelta a prácticas de encierro. “Los manicomios no existen en la Argentina”, afirmó, al distinguir entre esos modelos y los dispositivos de salud mental que, según su postura, deben continuar disponibles para los casos que requieran una atención diferenciada.
La diputada sostuvo que la aplicación de la ley actual impulsó el cierre de instituciones especializadas en varias provincias. Frente a ese escenario, propuso que cada jurisdicción pueda definir sus necesidades y que “el Ministerio de Salud de la Nación, junto con las jurisdicciones”, determine los recursos y dispositivos necesarios para garantizar la atención.
El proyecto contempla cooperación financiera nacional para reforzar las capacidades provinciales. Giampieri planteó que no todas las regiones requieren la misma infraestructura: algunas podrían necesitar hospitales especializados y otras, centros de día o dispositivos sociales. “El Ministerio de Salud de la Nación, junto con las jurisdicciones”, debe resolver esa planificación, sostuvo.
La prevención del suicidio y los consumos problemáticos
La discusión también se conecta con la prevención del suicidio, la depresión y los consumos problemáticos entre adolescentes. Giampieri sostuvo que las políticas públicas deben trabajar sobre las señales de alerta antes de una crisis y citó una dimensión que consideró central: “El suicidio es la primera causa de muerte violenta en el país”.
Según la diputada, en la Argentina mueren entre 11 y 12 personas por día por suicidio. Giampieri señaló que se trata de un fenómeno de causas múltiples, en el que intervienen factores biológicos y sociales, enfermedades mentales, depresión y consumo de sustancias. “El suicidio no es previsible, pero sí es prevenible”, afirmó.
Esa definición ordena su planteo sobre el papel de las escuelas. La legisladora aclaró que los docentes no deben diagnosticar, pero sí necesitan herramientas para advertir situaciones de riesgo y activar los circuitos correspondientes con las áreas de salud.
Los clubes también aparecen en su propuesta como ámbitos posibles de escucha y contención. Para Giampieri, la respuesta requiere articulación entre familias, escuelas, organismos de niñez y ministerios de Salud, en lugar de intervenciones aisladas. “Hay que evaluarla no solo en el momento de que llega a la guardia”, señaló, al extender esa lógica preventiva a los espacios cotidianos de adolescentes y jóvenes.
Educación digital antes que prohibiciones generales sobre redes sociales
En el tramo final de su intervención, la diputada vinculó la salud mental con el uso de redes sociales y el crecimiento de herramientas de inteligencia artificial. Planteó que el Congreso debe dar una discusión sobre educación digital y regulación de las plataformas, pero se mostró contraria a respuestas generales basadas en la prohibición: “No creo en la prohibición de las redes sociales”.
Su propuesta pasa por explicar a niños y adolescentes cómo funcionan las plataformas, qué riesgos pueden aparecer y de qué manera identificarlos. La diputada insistió en que el trabajo preventivo no se limita a restringir el acceso y sostuvo que “no creo en la prohibición de las redes sociales”, sino en una formación que permita comprender el entorno digital.
Giampieri también advirtió sobre el uso de asistentes como ChatGPT, Claude o Gemini como sustitutos de la consulta con profesionales de salud mental. “No son psicólogos”, afirmó, y añadió que una máquina no puede resolver ese tipo de problemas porque “no tiene empatía”.
Con esos cambios, el Senado deberá definir si actualiza el marco de internaciones, la participación médica en las decisiones clínicas y la organización territorial de la atención. En el centro de esa discusión queda una premisa que la diputada repitió al referirse a las herramientas digitales y a la atención profesional: “No son psicólogos”.
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