Durante su último año “en el llano”, el ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió dinero por parte de Imhouse, la productora de su amigo periodista Marcelo Grandio, que luego trabó contratos con el Estado.

Los trasferencias, registradas en la causa por dádivas que lleva el juez Ariel Lijo, suman un total de alrededor de 1 millón 600 mil pesos y se repartieron entre finales de 2022 y todo el 2023. Se interrumpieron cuando Adorni se convirtió en funcionario libertario, en diciembre de aquel año, con el cambio de Gobierno.

El último de aquellos pagos fue por poco más de 600.000 pesos, según precisó una fuente judicial que conoce el expediente. Fue el más importante de todos.

Las transferencias refuerzan la relación entre ambos periodistas y, más especialmente, el vínculo de Adorni con la productora de Grandio, que celebró con la TV estatal al menos tres contratos durante el gobierno libertario.

La productora de Grandio, además, fue quien pagó parte de los vuelos privados en los que Adorni y su familia fueron por unos días a Punta del Este, en febrero de este año.

Esta información fue ratificada en sede judicial por quien vendió aquellos pasajes privados, el broker Agustín Issin. El hombre -que es también piloto- precisó que el vuelo de ida lo pagó Grandio y fue facturado a su productora, y que el de vuelta fue pagado por su empresa (Jag Executive Aviation) y que luego fue revendido a Grandio por 3000 dólares.

La causa se inició cuando se conoció que Adorni viajó a Nueva York en un viaje oficial junto a su mujer, Betina Angeletti, y comenzaron a surgir dudas sobre cómo se había financiado ese traslado.

Es una causa distinta, aunque conexa, a la que lleva el fiscal Gerardo Pollicita, donde el funcionario libertario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito luego de que se conociera que durante su tiempo como funcionario compró al menos dos inmuebles sin desprenderse del que ya tenía.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de la defensa del operador judicial Santiago Busaniche, acusado en una causa por corrupción judicial relacionada con el juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien actualmente cumple prisión preventiva monitoreado por una tobillera electrónica, investigado por el supuesto cobro de una coima de 200.000 dólares.

Busaniche recibió un revés de la Cámara Federal de Casación cuando pretendía apartar al equipo de fiscales que lo investiga y al juez federal Carlos Vera Barros, que dictó su procesamiento.

Busaniche está procesado junto al juez Salmain y el financista arrepentido Fernando Whpei por integrar una “asociación ilícita” que usó a la justicia federal para dictar fallos que generaran grandes dividendos a cambio de coimas.

En dos sentencias, la Sala II del máximo tribunal penal del país −integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar− resolvió declarar inadmisibles las quejas de Busaniche contra dos resoluciones de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

La defensa de Busaniche, encabezada por los abogados Deborah Lichtmann y Diego Pirota, había intentado recusar y apartar del expediente tanto al magistrado Vera Barros como a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Agustín Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Rodríguez y Esteban Venditti.

Sin embargo, los camaristas Yacobucci y Slokar, con la adhesión de Ledesma, determinaron que los recursos presentados se limitaban a “meros juicios discrepantes” que no lograban refutar el razonamiento de las instancias anteriores.

La Cámara de Casación subrayó que la defensa no logró argumentar adecuadamente “la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta cámara como tribunal intermedio”.

El trasfondo de este incidente es un escándalo de corrupción institucional donde Busaniche se encuentra procesado junto al juez federal Salmain y al financista, en calidad de arrepentido, Whpei.

A los acusados se les imputa formar parte de una “asociación ilícita” que operaba en las sombras de los tribunales. Según la investigación, esta red utilizó a la justicia federal de manera sistemática para dictar fallos a medida, cuyo objetivo era generar dividendos financieros a cambio del pago de coimas.

Busaniche está señalado y procesado por actuar como un “operador judicial” dentro de la organización delictiva.

La causa contra Salmain se consolidó con la declaración de Whpei como arrepentido. El financista afirmó en un acuerdo de colaboración ante el Ministerio Público que, con la ayuda del operador Busaniche, Salmain lo autorizó en diciembre de 2023 a comprar US$10 millones al precio oficial, en momentos que regía el cepo cambiario, a cambio de una coima del 10%, estimada en unos US$200.000.