El presidente Javier Milei volvió a referirse al conflicto en Medio Oriente y reiteró su respaldo a Israel en la guerra frente a Irán. Todo se da antes del viaje que el mandatario tiene preparado para los próximos días, donde participará de los festejos por el Día de la Independencia del país hebreo.

En una entrevista con el Canal 14 de Israel, Milei sostuvo: “Si hay algo que caracteriza a Israel es que puede convivir con sus vecinos. No tiene problemas de convivencia. Sin embargo, el caso de Irán quiere el exterminio de Israel. Entonces, usted no puede tener una actitud pasiva, una actitud tibia al respecto. Claramente, Irán es una amenaza”.

En ese sentido, afirmó que el régimen iraní es «enemigo de Argentina» luego de los dos atentados en la Embajada de Israel y en la AMIA terroristas que sufrió el país durante la década de los noventa, que dejaron centenares de víctimas. “Estamos hablando de un país que trabajó con organizaciones terroristas para poner bombas en mi país. Y además, el peligro que representaba Irán desarrollando potencial nuclear, poniendo en riesgo a todo el planeta, sino que además exportaba el terrorismo por el mundo y además lo financiaba”, continuó.

“Claramente no es solamente un enemigo de Israel, es un enemigo de todo Occidente. Es decir, frente a alguien que lo quiere exterminar, usted no puede negociar, no puede tener una posición intermedia, no puede tener una posición gris, se lo va a llevar puesto”, enfatizó.

Las palabras de Milei llegaron mientras Estados Unidos e Israel negocian con el régimen iraní para cortar el conflicto armado y retomar las condiciones normales en el Estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el gobierno israelí acordó un alto al fuego con Libano que entrará en vigor en la tarde de este jueves.

Sin embargo, ante la pregunta sobre cómo el mandatario argentino veía a la comunidad internacionales, aseguró: “Son cobardes que tienen miedo de enfrentarlos. Si usted quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra. Si no entendemos eso y no estamos dispuestos a enfrentar a aquellos que quieren arruinar nuestra existencia, uno va a terminar siendo víctima de todas maneras. La persona que tiene miedo muere todos los días. En cambio, el que enfrenta la vida con coraje va a morirse una sola vez”.

Y añadió: “Nosotros hemos sido víctimas de eso, pero yo soy muy optimista con lo que está pasando en este momento. Debemos agradecer al Creador por tener líderes de la estatura de Netanyahu y de Donald Trump, decididos a poner fin a este flagelo sobre la humanidad. Los dos merecen mi total apoyo, porque es la forma de encarar y terminar de una vez por todas de estas personas que se encargan de sembrar el terror y el horror en el mundo”.

En tanto, Mieli se refirió antes de su viaje a Israel para los festejos por el Día de la Independencia y donde será homenajeado por el presidente Isaac Herzog con la “Medalla de Honor Presidencial” por su “incansable apoyo internacional” a esa nación y su compromiso personal con “los familiares de las víctimas” desde los ataques Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Verdaderamente me sentí emocionado. Defiendo la causa de Israel, la causa del pueblo judío, porque es una causa justa. Y lo hago sin especulación política, sin especulación de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la posibilidad de alinear esta visión”.

Además de los reconocimientos, Milei se reunirá por tercera vez con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En tanto, se esperan avances con la mudanza de la embajada de Argentina a Jerusalén, mientras la representación diplomática a cargo de Axel Wahnish sigue en Tel Aviv.

El escándalo con Julieta Makintach no termina. La Suprema Corte de Justicia la acusa de haber cobrado un dinero que no correspondía. Como respuesta, la destituida jueza del caso Maradona redobló la apuesta. No solo dijo que no tiene que devolver la suma exigida, sino que presentó una cautelar para seguir percibiendo el sueldo como jueza.

La medida cautelar fue presentada por Makintach el 29 de diciembre último a las 11:24:42 y advierte sobre su “situación de total indefensión, atento que su destitución aún no se encuentra firme y sus ingresos, además de revestir carácter alimentario, sostén familiar, le permiten seguir sosteniendo su defensa”.

La jueza destituida adjuntó declaraciones juradas para demostrar que “es sostén familiar, teniendo a cargo a su cónyuge y sus dos hijos menores de edad” y la notificación de la baja en la prepaga para ella y su grupo familiar.

La demanda de Makintach al Poder Judicial bonaerense es por partida doble: se resiste a devolver 4,5 millones de pesos y exige seguir percibiendo el salario de jueza porque, argumenta, la destitución fue apelada.

“El perjuicio concreto a la actora es irreparable atento que: priva a la actora de su salario, afecta su estabilidad laboral, proyecta consecuencias funcionales, patrimoniales y reputacionales, consolida una situación de hecho ilegítima con el mero transcurso del tiempo”, dice el escrito que recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo N4 de La Plata y reclama: “La presente medida reviste carácter urgente, atento a que cada día que transcurre sin tutela cautelar agrava el daño patrimonial, profundiza la afectación del derecho al salario, consolida una situación de hecho ilegítima, vacía de contenido la tutela judicial efectiva. Por ello, se solicita el tratamiento inmediato y prioritario de la presente petición”. Makintach alega una antigüedad y aportes de 27 años.

Según pudo saber TN, la denuncia que Makintach impulsó a fin de año tuvo movimientos hasta el último mes. El 27 de febrero, la Suprema Corte respondió a la demanda y el 5 de marzo, la Fiscalía de Estado se presentó en la causa.

La destitución de Makintach

A las 10.41 del 18 de noviembre último, un jury destituyó a la jueza del caso Maradona por unanimidad debido a su participación en el documental comercial “Justicia Divina”. La exmagistrada, de 48 años, decidió no asistir para escuchar el veredicto: “Necesito paz para mí y para mi familia ahora”.

Cuarenta días después demandó al Estado. Entonces, analizaba cómo seguiría su vida después de la destitución. Una posibilidad que barajó era ejercer la abogacía junto a su mentor, Rafael Sal Lari, que integra el reconocido estudio Trovato, Accetta, Donnes & Sal-lari. Pero en San Isidro está impedida de seguir con la profesión porque el Colegio de Abogados le quitó la matrícula.

A su vez, la UFI N°1 de San Isidro lleva adelante un juicio contra Makintach por los siguientes cargos: cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Dos días después de demandar al Estado, el 31 de diciembre, Makintach subió una historia a sus redes sociales: «I don’t hate you 2025, but you were a difficult year full of challenges” (“No te odio 2025, pero fuiste un año difícil, lleno de desafíos”). Y completó: “Gracias por mostrarme a las personas valiosas, amistades verdaderas y vínculos nobles por sobre cualquier apariencia de éxito, mentira, hipocresía, vocación heredada, título o doctorado colgado, ignorado, muerto de tristeza en una pared”.

Fue la única referencia pública al escándalo que la tuvo como protagonista el año pasado. TN buscó comunicarse con la exfuncionaria, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

La batalla de Makintach con la Suprema Corte por su sueldo

La Suprema Corte de Justicia y Makintach mantienen desde fines del año último una pulseada por dinero. El Poder Judicial le reclama que devuelva $4.565.499,91 porque en septiembre y octubre cobró el 100% del salario cuando debió percibir el 60%, ya que había sido suspendida desde el 26 de agosto y pesaba una reducción salarial del 40%.

Pero Makintach impugnó la medida y pidió “la inmediata suspensión de los efectos de las Resoluciones RAS-1075-2025 y RAS-1169-2025, ambas suscriptas por el Señor Secretario de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por resultar prima facie ilegítimas, arbitrarias y gravemente lesivas de derechos y garantías constitucionales y convencionales con jerarquía constitucional”.

La resolución de la Suprema Corte RAS-1075-2025, con fecha en noviembre, alertaba sobre el cobro indebido por parte de Makintach de $4.565.499,91 y la RAS-1169-2025, de diciembre, disponía la liquidación total después de ser destituida. Debía cobrar $9.327.897,08, menos los $4.565.499,91 que adeudaba. Esto es $4.762.397,17. Pero la exjueza impugnó todo.

“Ordene a la demandada abstenerse de ejecutar los efectos de cualquier acto derivado de dichas resoluciones, retrotrayendo al estado anterior el pago íntegro del salario de la actora, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo o subsidiariamente, por acto debidamente fundado, con previa vista y acceso al expediente, se abone el 60% de los salarios, en ambos casos con cobertura médica total del grupo familiar a cargo”, dice el escrito que presentó Makintach, al que tuvo acceso TN.

El argumento de la exjueza es que, después de la destitución, presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte y planteó que, en el caso de ser rechazado, apelará a la Corte Suprema de la Nación.

Para sostener que la destitución no está firme y reclamar el cobro del salario, mencionó dos antecedentes. Por un lado, “la queja presentada por el exjuez Ariel Federico Arias, que finalmente el 13 de mayo de 2020 (la Suprema Corte) hizo lugar al recurso interpuesto y declaró la nulidad de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que denegara los recursos extraordinarios”. Y por otro, “el precedente de la CSJN invocado Graffigna Latino, que dispone la recurribilidad de las resoluciones de los jurados de enjuiciamiento provinciales ante arbitrariedad o violación al debido proceso y derecho de defensa como en el caso”.

“Una campaña para castigarla”

Makintach volvió a cargar contra una supuesta campaña para desprestigiarla. “A raíz del procedimiento iniciado en su contra, se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad, ante la arbitraria, infundada y desproporcionada campaña mediática, hostigamiento, denuncias, falacias, sumado al pedido de suspensión de su cargo desde el principio de las actuaciones, medida de dudosa constitucionalidad, violatoria del principio-garantía de debido proceso previo, negándole la posibilidad de ser oída con carácter previo a resolver y a ejercer la oportuna, real y efectiva defensa de sus derechos. Lo único cierto es que se condenó a la hoy actora desde el momento en que se hicieron públicas sus imágenes, se hurgó en su intimidad y en la de su familia, para condenarla de plano, por mujer, por jueza, por hija de, e incluso llegando la degradación a ser tal llegando a esparcir rumores, colocándola en una situación de total vulnerabilidad sembrando total desconfianza sobre su idoneidad, se la condenó del minuto cero, sin siquiera oírla, para luego coartar el ejercicio de su defensa en cada oportunidad establecida por el procedimiento al que solo se le dio cumplimiento formal, vacío de contenido sustancial a fin de justificar cada medida adoptada para castigarla“.

La jueza fue destituida el 18 de noviembre por nueve inconductas que el jury calificó como “graves”, “reiteradas” y “manifiestamente incompatibles con la magistratura”:

1. Autorización irregular del acceso al edificio judicial con fines comerciales
2. Habilitación de filmación clandestina en el debate
3. Violación de la prohibición de filmar
4. Abuso de autoridad
5. Uso indebido de recursos públicos
6. Mentira deliberada y recurrente
7. Negación sistemática de la irregularidad
8. Parcialidad manifiesta
9. Generación de grave perjuicio a la imagen del Poder Judicial

Julieta Makintach, Causa Maradona

La Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario federal de per saltum para que intervenga directamente en el expediente sobre la Ley 27.802 de Modernización Laboral sin esperar fallo alguno de segunda instancia.

El escrito del cuerpo de abogados del Estado pide la revisión de la sentencia del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el 30 de marzo de 2026 suspendió la aplicación de más de 80 artículos de la ley.

La Procuración, representando a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, exigió que se acepte el recurso extraordinario, que se declare su admisibilidad y que se suspendan los efectos de la sentencia cautelar hasta que la Corte resuelva de modo definitivo.

Además, solicita que la Corte revoque la sentencia del tribunal laboral en cuanto considera que fue dictada por un juez incompetente y que no se configura un caso judicial ni existe legitimación activa colectiva.

Según el texto presentado, la acción inicial fue iniciada por la CGT, que había pedido la declaración de inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de una serie de artículos de la Ley 27.802.

La CGT argumentó que los artículos impugnados modifican el régimen laboral vigente y vulneran derechos y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. El titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, aceptó la medida cautelar solicitada, suspendiendo con alcance general los artículos cuestionados por la central obrera.

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