A la hora de alquilar, la gran duda suele ser si conviene pedirle a un familiar o amigo una garantía propietaria o directamente contratar un seguro de caución. Aunque ambos mecanismos sirven para respaldar al propietario ante un eventual incumplimiento, tienen diferencias importantes en costos, rapidez y riesgos.

La garantía propietaria sigue siendo la opción más barata en términos estrictamente económicos. En general no tiene un costo directo: el garante solo debe presentar la escritura, informes de dominio y eventualmente firmar ante escribano. Pero el problema aparece en la práctica: cada vez menos personas quieren comprometer su inmueble para respaldar un alquiler ajeno.

El seguro de caución, en cambio, funciona como una póliza emitida por una aseguradora. El inquilino paga una prima y la compañía responde frente al dueño si hay falta de pago de alquileres, expensas o servicios, según la cobertura contratada.

Cuánto cuesta cada alternativa

La garantía propietaria prácticamente no tiene costo económico relevante. Puede haber gastos menores por certificaciones, informes o escribano, pero suelen representar una cifra baja comparada con el valor total del contrato. El seguro de caución sí implica un desembolso importante. Hoy las aseguradoras cobran entre 4% y 7% del valor total del contrato, aunque depende del perfil crediticio y de las coberturas incluidas. En la práctica, suele equivaler aproximadamente a entre uno y dos meses de alquiler.

Por ejemplo, para un alquiler inicial de $500.000 mensuales, el seguro puede rondar entre $700.000 y más de $1 millón según la duración de contrato, los ingresos declarados, el historial crediticio, si incluye expensas, servicios u ocupación indebida, etc. Debe tenerse en cuenta que según el monto que se trate, muchas compañías permiten financiarlo en cuotas o pagarlo con tarjeta.

Qué conviene para el inquilino y el propietario

Si el inquilino tiene acceso a una garantía propietaria confiable, suele ser la opción más económica. Pero implica pedir un favor importante: el garante pone en juego su patrimonio y queda legalmente comprometido si hay deuda.

El seguro de caución evita ese problema y además agiliza el proceso. Muchas inmobiliarias incluso lo prefieren porque consideran más sencillo reclamarle a una aseguradora que ejecutar una garantía inmobiliaria. En muchos casos la aprobación sale en 24 a 72 horas y el trámite es completamente online.

Además, el seguro tiene ventajas para quienes no tienen familiares propietarios, vienen del interior, son jóvenes que alquilan por primera vez, trabajan como monotributistas o freelancers y necesitan resolver rápido la operación. 

Por el lado de los propietarios, históricamente preferían la garantía propietaria porque existía un inmueble concreto detrás del contrato. Sin embargo, el mercado empezó a cambiar y hoy hay muchas inmobiliarias aceptan o directamente exigen seguros de caución por mayor rapidez de cobro, validación crediticia previa del inquilino, cobertura de expensas y servicios y menor complejidad judicial.

En distintos foros inmobiliarios y experiencias de usuarios aparecen inmobiliarias que ya trabajan directamente con determinadas compañías o marcas de caución como condición para alquilar.

Cuáles son las principales compañías de caución

Entre las empresas y aseguradoras más utilizadas en Argentina aparecen:

• Woranz
• Finaer
• Respaldar
• IAPSER Seguros
• Garantía Ya
• TuGarantía
• Hanseatica Seguros

También existen pólizas emitidas por bancos y aseguradoras tradicionales como BBVA, Banco Provincia, Sancor Seguros, Federación Patronal, San Cristóbal o La Segunda, aunque no todas son aceptadas por todas las inmobiliarias.

Entonces, ¿qué conviene más?

Para quien tiene acceso a una garantía propietaria sólida y no quiere sumar gastos iniciales, sigue siendo la alternativa más barata, pero para quienes buscan rapidez, independencia y evitar comprometer a familiares o amigos, el seguro de caución se convirtió en la opción más práctica y cada vez más usada en el mercado inmobiliario argentino, aunque implique pagar un costo importante al inicio del contrato.

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió buenas noticias de cara a “los mejores 18 meses” que espera a partir de mayo y junio. Uno de los pilares para la reactivación es la Ley de Inocencia Fiscal y el fisco nacional comunicó que hubo un salto en las adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) con más de 80.000 contribuyentes, cuando el último dato oficial que se conocía era de 16.000.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que las adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada duplicaron los registros en solo veinte días, desde que se habilitó el aplicativo digital para formalizar la presentación. El proceso de inscripción ganó impulso a partir de la Resolución General 5820, dictada en febrero, que simplificó el cumplimiento fiscal para personas humanas y sucesiones indivisas. El régimen empezó con 5.800 inscriptos y en abril sumó más de 36.000 nuevos, hasta superar ampliamente los 80.000, un salto que sorprendió a los funcionarios.

Lo que fue celebrado por el ministro Caputo quien en la red social X escribió: “Más de 80.000 adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias (…). La cifra se duplicó en los últimos 20 días, fecha en que ARCA puso a disposición el aplicativo para presentar las declaraciones juradas”. El número es considerable si se toma en consideración que en el último año pagaron Ganancias menos de un millón de personas humanas.

El vencimiento para la presentación correspondiente al período fiscal 2025 quedó fijado para junio, de acuerdo con la terminación de la CUIT de cada contribuyente. El aplicativo digital, disponible desde abril, permitió el ingreso de declaraciones juradas con datos precargados y validaciones automáticas, lo que facilitó la regularización de la situación fiscal para miles de contribuyentes y eliminó trabas habituales en el cumplimiento.

Aunque se debe tener en cuenta que las adhesiones no implican que los contribuyentes saquen los dólares del colchón. “De los 80.000 que se adhirieron, la gran mayoría no presentó la declaración jurada, por lo cual puede ser que alguien se adhiera y de acá al vencimiento de la declaración jurada en junio termine presentando por el régimen general, o puede ser alguien que todavía no se adhirió y lo haga más adelante por el RSG”, sostuvo Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios en conversación con Infobae.

Para quien 80.000 es un “número provisorio”. En esa línea, remarcó que si bien las declaraciones juradas simplificadas tienen problemas, en términos generales, son más simples que las del régimen general, por lo cual puede haber incentivos a adherirse. “Puede haber contribuyentes que opten porque es más simple la declaración jurada, por los beneficios que tiene de presunción de exactitud y efecto liberatorio del pago, más allá de utilizar dólares no declarados”, marcó.

Aquellos contribuyentes que adhieran al RSG, presenten la declaración jurada en termino y paguen o el sado en un plan de pagos, se tiene el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud. Esto hace que salvo que se produzca una “discrepancia significativa”, el fisco no puede hacer una determinación sobre ese periodo ni por los periodos fiscales no prescripto tanto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o de Ganancias.

“Puede ser que haya contribuyentes que adhieran al RSG no necesariamente porque van a utilizar dólares del colchón sino porque con este Régimen brindan menos datos al fisco y pagando en termino obtiene un tapón fiscal con el que impiden que le revisen periodos anteriores tampoco. Siempre que no se produzca la discrepancia significativa”, comentó Domínguez.

En las últimas semanas, el Gobierno reforzó su estrategia para atraer ahorros al sistema financiero, especialmente los dólares que los argentinos mantienen fuera del circuito formal. Aunque el ministro Luis Caputo destacó que los depósitos en dólares del sector privado alcanzan niveles récord, la evolución registrada en los últimos cuatro meses evidenció que la Ley de Inocencia Fiscal no generó el impacto esperado en la repatriación de fondos.

El informe monetario diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejó un comportamiento volátil en los depósitos en moneda extranjera del sector privado. El 2 de enero de 2025, el stock se ubicó en USD 37.044 millones. En ese contexto, Caputo promovió públicamente la idea de canalizar los dólares hacia el sistema financiero. El 1° de febrero, los depósitos subieron a USD 37.817 millones y el 2 de marzo alcanzaron USD 39.172 millones, el nivel más alto del período. El 27 de abril, último dato publicado, el saldo bajó levemente a USD 38.967 millones.

Este comportamiento evidenció la cautela de los ahorristas y la incidencia de la confianza en las medidas oficiales. Los saldos bancarios en dólares subieron entre enero y marzo, en coincidencia con la campaña del Gobierno, y luego descendieron levemente. El movimiento de fondos respondió a los incentivos y a la percepción de seguridad del sistema financiero.

En declaraciones recientes, Caputo reconoció que persisten percepciones de incertidumbre entre los profesionales y los contribuyentes. “Está la percepción de algunos contadores de que, genuinamente, pueden creer que hay vacíos, que nosotros no lo vemos, pero tienen su opinión y hay que respetarla. Y hay algunos que ven el famoso riesgo kuka: no importa lo que hagan los de enfrente, son tan salvajes que si algún día vuelven, van a encontrar la forma de romperme los cocos igual”, afirmó.

La evidencia de que la mayoría de los dólares sigue fuera del sistema llevó al equipo económico a acelerar medidas para reducir la burocracia y ampliar la oferta de productos en dólares. Por este motivo, el Ejecutivo avanza con la flexibilización de restricciones financieras y la promoción de nuevos productos de bancos y ALyCs, con el objetivo de mejorar los rendimientos y sumar alternativas para los ahorristas.

El ministro Caputo anticipó cambios en la Comisión Nacional de Valores (CNV): los fondos abiertos dejarán de requerir aprobación previa y pasarán a un régimen de anuncio, mientras que los fondos cerrados y las obligaciones negociables tendrán trámites más ágiles. Caputo subrayó la importancia de mejorar los rendimientos: “Esto es muy importante porque si querés llevar tus dólares al banco y, por ahí, si te dicen ‘te pago 2%’, decís ‘no sé’. En cambio, si te dicen podés colocarlo en este fondo de préstamos hipotecarios que rinde 7%, o en este fondo de préstamos de infraestructura que rinde 8%”.

En momentos en que parecía que la apuesta por el rearme se consolidaría como un rasgo característico de la gestión presidencial de Javier Milei, el Gobierno movió las piezas y dispuso un recorte multimillonario en los presupuestos del Ministerio de Defensa y las respectivas Fuerzas Armadas. A través de una resolución publicada en las últimas horas en el Boletín Oficial, se estableció un recorte cercano a los $50.000 millones por lo que entró en fase de «freezer» la compra de cuatro helicópteros navales Leonardo AW109M y se aleja la posibilidad de avanzar con la incorporación de submarinos. También se reducirá fuertemente la compra de equipamiento para comunicaciones y se definieron recortes en insumos para la cobertura de la campaña en la Antártida.

Los alcances de la motosierra en cuestión fueron detallados Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial durante la jornada del lunes 11. «… corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido», argumentó el oficialismo en los párrafos iniciales de la resolución.

Fuerte recorte en el presupuesto militar

De acuerdo a plataformas especializadas como Zona Militar, el ajuste «afecta programas de alistamiento operacional, logística, sostenimiento y equipamiento de las tres fuerzas, y cancela el crédito externo asignado a uno de los proyectos de adquisición más esperados por la Armada Argentina: la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano«.

«El recorte de mayor magnitud corresponde al Programa 16 de Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), que pierde 16.500 millones de pesos en gastos de capital destinados a herramientas y repuestos mayores y equipo militar», añadió la fuente. Lo establecido para la FAA sorprendió y mucho a los altos mandos castrenses dada la permanente publicidad respecto de los F-16 y la «recuperación de la capacidad aérea» que realiza La Libertad Avanza (LLA)

A esa arma le sigue el Ejército Argentino en términos presupuesto: su programa de alistamiento operacional registrará una reducción de $12.622 millones en maquinaria, equipo de transporte y equipo militar.

En tanto, la Armada «acumulará recortes por 15.220 millones en su programa de alistamiento, incluyendo bienes de consumo, mantenimiento de edificios e infraestructura, y la eliminación completa del crédito externo para el Proyecto 22 de helicópteros navales».

En cuanto al Ministerio de Defensa, se impondrán recortes al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), que dejará de contar con $3.300 millones para la actualización de equipamiento, al Programa de Logística de la Defensa, que ya no dispondrá de $1.000 millones para el mantenimiento y reparación de vehículos, y al Servicio de Hidrografía, con una baja de $1.700 millones en maquinaria y equipo.

«El Estado Mayor Conjunto registrará recortes en el Programa de Planeamiento Militar Conjunto ($1.800 millones en equipos de comunicación, repuestos y equipos varios) y en el Sostén Logístico Antártico ($960 millones en combustibles)«, detalló la plataforma.

F-16: menos vuelos y ejercicios

Ya en marzo pasado una serie de datos expuestos de forma oficial levantaron polvareda en torno a la Fuerza Aérea Argentina. Ocurre que, según datos del informe más reciente divulgado por la Oficina Nacional de Presupuesto, el arma en cuestión cerró 2025 con números en rojo en términos de horas de operación y ejercicios por falta de presupuesto.

Se indicó que la FAA sufrió la «falta de disponibilidad» de recursos para cubrir aspectos como el costo de combustible aeronáutico y realizar el mantenimiento pertinente que demandan radares y aeronaves.

Al mismo tiempo, se señalaron falta de avances en la recuperación u optimización de las unidades C/KC-130 Hércules y T-6C+ Texan II. Tampoco se registraron novedades presupuestarias ligadas a la aplicación de mejoras o directamente el reemplazo de los aviones de combate A-4Ar Fighting Hawk, en tierra desde julio de 2024.

El informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, al que accedió iProfesional recientemente, afirma que, «midiendo la cantidad de horas de operación y de ejercicios», el cierre de 2025 fue con un registro donde quedó en evidencia «un desvío negativo en ambas medidas«.

Y que ese resultado «se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones».

En concreto, el informe señaló que las horas de operación bajaron 36,6% durante el último trimestre de 2025, mientras que los ejercicios evidenciaron una merma superior al 61 por ciento.