POLITICA
El Gobierno evalúa modificar el máximo tribunal penal del país
La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, por debajo de la Corte Suprema, que tiene la función de revisar las condenas de funcionarios y exfuncionarios por corrupción, podría pasar de 13 a 9 miembros.
Así se lo propusieron sus actuales integrantes al Gobierno, que se mostraron a favor de dejar sin cubrir la cuatro vacantes que tiene y seguir funcionando con los nueve jueces que la ocupan actualmente.
Esta iniciativa se dio a pesar de que ya se realizaron en el Consejo de la Magistratura los concursos para elegir a los reemplazantes y hay candidatos seleccionados que esperan ascender.
La propuesta de quedar con nueve integrantes se comentó en la última reunión que mantuvieron los jueces con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando los visitó el 23 de marzo pasado.
Allí estuvieron el presidente Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Angela Ledesma. Aquel día no estuvo Alejandro Slokar, el otro integrante del tribunal. Del lado del Poder Ejecutivo estaban Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, y el viceministro, Santiago Viola.
Mahiques, según revelaron a fuentes judiciales y del Gobierno- les dijo que lo hablaran entre ellos y que, si había consenso, se podía avanzar. “En principio, el ministro está abierto a esa posibilidad; no está acá para nombrar jueces porque sí”, dijo una alta fuente del Ministerio de Justicia.
En la cartera argumentan que la cantidad de jueces que integran cada tribunal no es uniforme, ya que depende de lo que establezca la ley específica para cada fuero y la carga que tengan.
El argumento del Gobierno a favor del planteo de cambiar la conformación fue más allá: “Si un tribunal funciona bien y está siendo eficiente, ¿cuál es el apuro en nombrar jueces ahí? ¿Deberían nombrarse más jueces? ¿Es necesario? ¿Responde a una necesidad funcional o se trata de una necesidad política?”.
En esa reunión, los jueces de Casación explicaron al ministro que ocurre lo mismo que ocurre con la Corte Suprema de Justicia, que tiene actualmente tres del total de cinco jueces.
También les dijeron que con nueve jueces estaban bien y que no era necesario cubrir las vacantes que dejaron la salida de los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucchi, Ana María Figueroa, jubilados, y Juan Carlos Gemignani, quien recientemente renunció al tribunal.
Hablaron de las estadísticas que revelan que la productividad de las diferentes salas es buena y que no está afectada por las vacantes, según reconstruyeron fuentes del tribunal de Casación. Todos los argumentos iban en línea con dejar sin integrar el tribunal.
Los jueces funcionan en salas de tres jueces cada uno, que se reparten las diferentes causas que deben revisar. Cuando en una sala hay una o dos vacantes, se sortea a un juez de otra sala. Por eso es que todos los jueces están trabajando en diversas causas y así se lo explicaron al ministro.
El otro argumento que se comentó, ya fuera de la reunión y en conversaciones posteriores de pasillo entre los magistrados, es que los jueces, de este modo, ya funcionan como lo prevé el nuevo Código Procesal Penal acusatorio.
Este sistema manda que la Cámara de Casación tiene la forma de un “colegio de jueces”, donde cada magistrado es sorteado para cada caso. Los camaristas señalaron que al actuar como subrogantes, funcionan prácticamente con la misma modalidad que el colegio de jueces.
Tras la reunión, en el comunicado oficial dijeron que el Gobierno y la Cámara de Casación “ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad jurídica, optimizar el funcionamiento de los tribunales federales y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.
Ninguno de los magistrados se arroga la paternidad de la idea de no cubrir las cuatro vacantes, que circuló entre los jueces y que llegó a tomar incluso la forma de proyecto de ley. Hay dos borradores.
Es que para que la Cámara Federal de Casación pase de tener 13 a 9 jueces, se debe reformar la ley orgánica para la justicia nacional y federal.
Hay dos proyectos que empezaron a circular en los tribunales de Comodoro Py y hasta en el Palacio de Justicia, dijeron fuentes judiciales. En la Cámara de Casación negaron el detalle de los proyectos, que otras fuentes dijeron haber tenido en sus manos.
Claro que para aprobarlos es necesario un acuerdo político que requiere que un sector de los aliados del Gobierno lo apoye. Un esfuerzo demasiado grande con un alto costo. El otro problema surge porque el Consejo de la Magistratura ya realizó el concurso para cubrir las vacantes.
Los mejor posicionados son Gabriela López Iñiguez, la primera postulante, jueza de un tribunal oral federal. Obtuvo 166,75 puntos en el concurso, compuesto de 86,75 en el examen de oposición y 80 puntos por antecedentes.
Le siguieron el juez José Michilini, con 95,95 puntos por antecedentes y 70 en el examen de oposición, lo que hace un total de 165,95 puntos, y el fiscal Leonel Gómez Barbella, con 154,5 puntos (84,5 en antecedentes y 70 en el examen de oposición).
Deben celebrarse audiencias personales entre los primeros 20 candidatos y seguramente cambiarán de nuevo los lugares.
Además, rige el cupo de género: en este caso debe haber tres ternas y una lista complementaria. En cada terna debe haber una mujer, con lo que la candidata que está décima, por ejemplo, Jimena Monsalve, jueza de ejecución penal y candidata por la lista Compromiso Judicial, tiene opciones de integrar una terna.
Lo mismo ocurre con la siguiente candidata mujer, la defensora oficial Pamela Bisserier. El requisito es que deben tener al menos 50 puntos en el examen de oposición.
La lista de mérito está integrada, además, por el juez Fernando Machado Pelloni, Marcelo Ferrante, Fernando Bellido y Mariano Pérez Roller.
También está entre los posicionados, Jorge Gorini, que condenó a Cristina Kirchner, Diego Amarante, juez en lo Penal Económico, que proceso a Claudio Tapia y trabajó 15 años en la Casación.
A ninguno de los concursantes le hace gracia la idea de que no se cubran las vacantes, después de participar en esta selección que arrancó en 2022 y que aún resta concluir.
“La única razón que se me ocurre es favorecer la concentración de poder en pocas manos”, dijo uno de los concursantes indignado por esta iniciativa.
Otro señaló que las estadísticas no respaldan esta idea y otro mencionó que “no se entiende cuál sería la ventaja para la sociedad de tener menos jueces, pero pagando lo mismo en sueldos. Menos gente trabajando y ni siquiera hay un ahorro”, en alusión a una versión, confirmada en la Casación, que los magistrados propusieron mantener el presupuesto y repartirlo no entre 13, sino entre 9 camaristas.
Los perfiles de algunos de los concursantes que están mejor posicionados no son del agrado del Gobierno y eso podría ser uno de los argumentos determinantes en la Casa Rosada para apoyar la idea de reducir la cantidad de cargos en el tribunal.
Hernán Cappiello,Conforme a
La Cámara Nacional Electoral aprobó la creación de una plataforma para que la ciudadanía reúna firmas electrónicas en apoyo de proyectos de ley que se presenten ante el Congreso. El sistema será gratuito, estará bajo control del tribunal y convivirá con las adhesiones manuscritas en papel previstas hasta ahora para las iniciativas populares.
La medida fue resuelta este jueves mediante la acordada extraordinaria 173. El tribunal, presidido por Alberto Ricardo Dalla Via, deberá definir las condiciones operativas de una herramienta que podrán utilizar personas particulares, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil.
La incorporación de este mecanismo digital no altera los requisitos de fondo de la iniciativa popular, incluida la cantidad de respaldos necesaria ni las materias que la Constitución y la ley excluyen de este procedimiento. Sí habilita una vía electrónica para registrar y verificar las adhesiones.
El artículo 39 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994, reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados. La norma dispone que el Congreso debe dar tratamiento expreso a esas propuestas dentro de los doce meses posteriores a su ingreso.
La Ley 24.747, sancionada en 1996, reglamentó ese derecho y estableció las condiciones para ejercerlo. A diferencia de las iniciativas impulsadas por legisladores o por el Poder Ejecutivo, estos proyectos nacen por fuera de las estructuras estatales y requieren reunir adhesiones ciudadanas antes de avanzar en el trámite parlamentario.
Para presentar una propuesta, los impulsores deberán obtener firmas equivalentes a al menos el 1,5 % del padrón electoral utilizado en la última elección de diputados nacionales. Además, los respaldos deberán provenir de un mínimo de seis distritos electorales.
En las iniciativas de alcance regional, el porcentaje se calcula únicamente sobre los padrones de las provincias incluidas en esa región. La nueva plataforma no modifica esas exigencias y podrá complementar las planillas tradicionales.
La legislación excluye de este mecanismo los proyectos sobre reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Los promotores también tendrán que identificar a los responsables de la iniciativa, presentar el articulado con formato de ley, fundamentar la propuesta e informar los gastos y el origen de los recursos utilizados.
La Justicia Electoral administrará y controlará el sistema
La acordada fue firmada por Alberto Ricardo Dalla Via, los jueces Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, junto con los secretarios Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. La resolución asignó la administración exclusiva de la plataforma a la Cámara Nacional Electoral.
La Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales será la encargada de administrar, mantener y operar el servicio. También deberá realizar controles periódicos y fijar los resguardos técnicos para garantizar la identificación de los firmantes, la autenticidad de las adhesiones y la protección de los datos personales.
Quienes quieran utilizar la plataforma tendrán que solicitar previamente su habilitación ante esa oficina. El procedimiento no tendrá costo. La resolución todavía no estableció una fecha para la apertura pública del sistema ni detalló los pasos que deberá cumplir cada ciudadano para emitir su adhesión.
El tribunal consideró que las firmas electrónicas podrán respaldar las iniciativas populares si cumplen las condiciones técnicas exigidas. La decisión se apoya en la Ley 25.506 de Firma Digital y en antecedentes judiciales sobre la eficacia jurídica de modalidades electrónicas de suscripción documental.
La acordada diferenció la firma digital de la firma electrónica, aunque sostuvo que esta última puede equipararse a una rúbrica manuscrita cuando ofrece garantías de autenticidad, integridad y no repudio. Los magistrados citaron fallos comerciales y civiles para extender esos criterios al ámbito electoral, bajo las condiciones de seguridad y verificación correspondientes.
Una prueba piloto antecedió a la decisión del tribunal
La decisión se basó, entre otros elementos, en una experiencia piloto autorizada por la Cámara el 21 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, el tribunal habilitó una plataforma propuesta por una organización no gubernamental para complementar la recolección de respaldos en iniciativas populares.
Las verificaciones posteriores concluyeron que existían condiciones técnicas para vincular de manera unívoca a cada firmante con el documento que apoyaba. También se evaluaron procedimientos para autenticar las adhesiones, identificar a los usuarios y preservar su información personal.
A partir de esos resultados, la Cámara resolvió avanzar con una herramienta de alcance general que quedará administrada de forma directa por la Justicia Electoral y podrá emplearse en distintas propuestas ciudadanas.
La resolución además mencionó experiencias de Alemania, España, Estonia, Finlandia y Letonia con modalidades electrónicas para reunir apoyos ciudadanos. Según el tribunal, esos sistemas ofrecen antecedentes favorables en participación, trazabilidad y validación de identidad.
La validación de las adhesiones seguirá bajo control judicial
La digitalización no reemplazará la revisión institucional prevista por la Ley 24.747. La norma dispone que la Justicia Electoral debe verificar las adhesiones mediante un procedimiento de muestreo, con un plazo máximo de veinte días que puede extenderse a través de una resolución fundada.
Ese control determinará si cada iniciativa cumplió las condiciones legales para ser presentada. La plataforma apunta a facilitar la recepción y comprobación de los respaldos, pero no modifica la intervención judicial ni el posterior trámite legislativo.
Una vez verificados los requisitos, los proyectos ingresarán a la Cámara de Diputados de la Nación para su tratamiento parlamentario. La obligación constitucional de tratarlos dentro de los doce meses permanece vigente, aunque no implica que el Congreso deba aprobarlos.
La Cámara Nacional Electoral dispuso comunicar la acordada a la Cámara de Diputados y a los jueces federales con competencia electoral de todo el país. La puesta en marcha del sistema quedará sujeta a las definiciones técnicas que adopte el área informática del tribunal.
POLITICA
Con apoyo de EE.UU., el Gobierno impulsa el proyecto del tren a Vaca Muerta para potenciar inversiones energéticas
El Gobierno coordina con las provincias la reactivación de una conexión ferroviaria entre Vaca Muerta y Bahía Blanca y prepara nuevos procesos para incorporar inversión privada en otros corredores de cargas. El esquema incluye el futuro del trazado actualmente operado por Ferroexpreso Pampeano y de la línea Roca a cargo de Ferrosur, mientras avanza por separado la privatización de Belgrano Cargas.
La planificación coincide con la puesta en marcha del Corredor Andes-Atlántico, el acuerdo de infraestructura firmado con Estados Unidos en septiembre. En Nación aseguran que los proyectos ferroviarios ya estaban bajo análisis antes de ese entendimiento, pero que se está trabajando en línea con sus objetivos y que la intención es lanzar nuevas licitaciones en lugar de continuar prorrogando las concesiones vencidas.
Uno de los principales proyectos es la conexión ferroviaria de Vaca Muerta con Bahía Blanca. El Gobierno mantiene conversaciones con las provincias involucradas para resolver cuestiones operativas y definir cómo estructurar el trazado. La posición de la administración libertaria es que las inversiones necesarias sean realizadas mayoritariamente por privados.
El antecedente directo es el Corredor Norpatagónico, conocido también como el tren a Vaca Muerta. El proyecto oficial contempla unir Bahía Blanca con Añelo, en Neuquén, mediante la rehabilitación de vías existentes y la construcción de un nuevo acceso ferroviario al centro de la formación hidrocarburífera.
La última configuración técnica oficial prevé intervenir 665 kilómetros de vías: renovar 208 kilómetros, mejorar otros 374 y construir alrededor de 83 kilómetros nuevos. El trazado pasa por Bahía Blanca, Cipolletti y Cinco Saltos antes de llegar a Añelo. El proyecto permanece formalmente suspendido y el Gobierno todavía no definió si conservará exactamente ese diseño o lo reformulará dentro del nuevo esquema.
El plan original buscaba resolver uno de los principales problemas logísticos de Vaca Muerta: el traslado de arena, caños, equipos e insumos hacia Neuquén y la salida de producción hacia los puertos. Una convocatoria realizada para el proyecto había calculado una capacidad de hasta cuatro millones de toneladas anuales, aunque ese parámetro corresponde al diseño anterior y no está confirmado para la nueva etapa.
La necesidad de ampliar esa infraestructura también aparece en documentos oficiales recientes. Al extender provisoriamente la concesión de Ferroexpreso Pampeano, el Ministerio de Economía señaló que se esperan mayores movimientos ferroviarios de arena, equipos e insumos y que hacen falta inversiones significativas para aumentar la capacidad y garantizar la fluidez logística vinculada con Vaca Muerta.
POLITICA
Comenzó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: ya reubicaron a los primeros 326 internos – Nexofin
El traslado de los presos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz comenzó este fin de semana con un fuerte operativo de seguridad. En la primera etapa, las autoridades reubicaron a 326 internos, en el marco del plan para concretar el cierre definitivo del penal porteño.
El procedimiento se inició luego de un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, que establece las condiciones para avanzar con el traslado progresivo de los aproximadamente 1500 detenidos alojados en Devoto.
La medida forma parte del compromiso que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había asumido con los vecinos del barrio para cerrar la cárcel.
El nuevo establecimiento fue construido por la Ciudad de Buenos Aires y entregado al Ministerio de Seguridad de la Nación para su funcionamiento.
Nación y Ciudad firmaron el plan “Ley y Orden” para trasladar a los presos de Devoto a Marcos Paz
“Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia”, escribió Macri en su cuenta de X tras el inicio del operativo.
Cómo fue el operativo
Para organizar los traslados se conformó un Comando Unificado integrado por fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. El organismo está a cargo de planificar, coordinar y ejecutar el procedimiento, que se desarrollará de manera gradual y progresiva.
El esquema contempla las características y el perfil criminológico de cada interno, además de medidas de prevención para reducir los riesgos durante el recorrido hasta el nuevo complejo penitenciario.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, también confirmó el traslado de los primeros detenidos y destacó el trabajo conjunto de las fuerzas federales.
“Empezamos a trasladar a los presos de Devoto. Hoy llevamos a los primeros 326 internos a Marcos Paz, en un operativo histórico coordinado por un Comando Unificado que reúne a nuestras cinco Fuerzas Federales para garantizar la seguridad durante todo el traslado”, publicó la funcionaria.
“Un paso más en el proceso de mudanza que vamos a hacer de manera gradual y planificada. Seguimos. Ley y orden”, agregó.
Cómo es el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz
La nueva cárcel se construyó sobre un terreno de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad, con capacidad total para 2232 presos.
La obra estuvo paralizada durante cinco años, hasta que la gestión de Jorge Macri la reactivó en diciembre de 2024. Su puesta en funcionamiento permitirá trasladar a los internos de Devoto y ampliar la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario nacional.
El plan no contempla únicamente la reubicación de los presos de la cárcel porteña. Una vez que finalice ese proceso, está previsto trasladar a otros 350 detenidos que actualmente permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición del Poder Judicial de la Nación.
De esa manera, las autoridades buscan liberar espacio en las dependencias policiales porteñas y reducir la cantidad de personas detenidas en establecimientos que no fueron concebidos como cárceles de permanencia prolongada.
El plan para cerrar la cárcel de Villa Devoto
El traslado de los primeros 326 internos representa el comienzo de un proceso que continuará durante las próximas etapas. La reubicación de los aproximadamente 1500 presos alojados en Devoto se realizará de forma planificada, bajo la coordinación de las autoridades nacionales y porteñas.
La finalización del operativo permitirá avanzar con el cierre definitivo del penal, uno de los compromisos asumidos por Jorge Macri con los vecinos de la zona. Al mismo tiempo, la incorporación del complejo de Marcos Paz busca reorganizar el alojamiento de los detenidos que dependen de la Justicia nacional.
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Cárcel de Devoto,Jorge Macri,marcos paz,traslado de presos
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