CÓRDOBA.− En las últimas semanas se aceleraron las firmas de acuerdos entre Nación y algunas de las provincias que mantienen sus cajas de jubilaciones. Son 13 las que sostienen bajo su órbita los sistemas previsionales y a las que, por ley, la Anses debe girarles fondos para cubrir una parte del déficit en función de sus auditorías. Esas fiscalizaciones que la administración libertaria puso como condición para el pago vienen atrasadas: en la mayoría de los casos llegan hasta el 2020.

Los acuerdos se hacen “a cuenta” de las determinaciones futuras. Cálculos preliminares a los que accedió estiman el monto de los déficits que debería cubrir Anses este año en unos $2,5 billones.

Como los adelantos cubren una parte menor de ese monto, la deuda con las provincias se sigue acumulando. Hay que tener en cuenta que son esos $2,5 billones menos los adelantos (cuando los hubo, porque hubo largo tiempo sin que existieran) multiplicados por los años que faltan computar, que son entre cinco y siete.

Aunque el financiamiento de estas cajas tiene problemas estructurales, desde que se inició la gestión de Javier Milei, la Anses había suspendido estas transferencias y solo las realizaba por orden de la Justicia −varias provincias acudieron a la Corte Suprema con cautelares− o a partir de la firma de acuerdos. En las últimas semanas no solo se suscribieron nuevos, sino que se aumentaron los giros a algunos distritos.

Las complicaciones en el frente fiscal de las provincias también son claves para acelerar los tiempos. Aun a sabiendas de que el stock de deuda es creciente, los mandatarios provinciales optan por garantizarse un flujo mensual menor. Los acuerdos −salvo el caso pampeano− privilegian a los distritos “dialoguistas”, cuya colaboración en el Congreso es clave para los libertarios.

El santafesino Maximiliano Pullaro fue uno de los últimos en firmar; lo hizo por $120.000 millones en 12 cuotas de $10.000 millones. “Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos”, dijo el gobernador, quien aclaró que no se renuncia al reclamo en la Justicia sino que se suspende por 180 días. En este caso, las auditorías alcanzarían hasta 2019.

También Juan Pablo Valdés suscribió el “adelanto de financiamiento previsional” por $40.000 millones que también se pagarán en 12 cuotas. Para el gobernador de Corrientes, es un “acuerdo histórico que reivindica a los jubilados correntinos”. Las auditorías a su caja están más atrasadas, recién habrían completado el 2017.

También este mes, la Unicameral de Córdoba ratificó el nuevo acuerdo alcanzado por Martín Llaryora para que los giros pasen de $5000 millones mensuales (como marcaba el convenio anterior) a $10.000 millones, también en 12 pagos. Quedan varios años de auditoría por completar por parte de la Anses. El mandatario sostuvo la necesidad de “garantizar previsibilidad financiera”.

Ignacio Torres, de Chubut, firmó a fines de marzo para que en un año le transfieran $48.000 millones. “Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”, planteó. La estimación es que faltan auditar más de seis años.

También cerró un convenio el misionero Hugo Passalacqua, aunque no hay detalles. El comunicado oficial provincial señala que el acuerdo “constituye un avance institucional significativo en el proceso de regularización de esta deuda histórica y reafirma la posición sostenida por la Provincia respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional con las jurisdicciones que mantienen sus sistemas previsionales bajo administración propia”. No da cifras.

A fines del 2024 −igual que en el caso de Córdoba, con intervención de la Corte Suprema−, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, cerró el primer acuerdo, el que después renovó por $48.000 millones, siempre en 12 pagos. Quedan por auditar entre seis y siete años.

Desde noviembre pasado, el chaqueño Leandro Zdero recibe giros mensuales de Anses. lo hará hasta completar las 12 cuotas por $ 40.000 millones.

El pampeano Sergio Ziliotto es el único gobernador del peronismo más duro que cerró un acuerdo con la Anses. Con unos cinco años por auditar, consiguió una primera transferencia de $2500 millones en 2025 y, en el corriente, 12 cuotas mensuales de $5000 millones. En total, son $62.500 millones.

Desde mayo próximo, Neuquén recibirá 12 giros mensuales de la Anses por $4000 millones, hasta cubrir los $48.000 millones que acordó Rolando Figueroa. Destacó que el entendimiento representa “un logro significativo” para la provincia ya que “destraba un reclamo histórico vinculado al financiamiento del sistema previsional provincial”. El retraso en las auditorías acumularía unos siete años.

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz −cuya determinación de rojo todavía no consta en Anses− seguirá en manos de la provincia, de acuerdo a lo que señaló el gobernador Claudio Vidal en la apertura de sesiones legislativas. Su déficit anual ronda los $270.000 millones, monto que la provincia cubre íntegramente con recursos propios. Hay un reclamo en la Corte Suprema que incluye fondos no transferidos en 2023 y 2024.

Buenos Aires tiene la caja jubilatoria provincial más grande del país. Axel Kicillof mantiene un reclamo judicial contra el Gobierno Nacional por una deuda estimada en $2,2 billones. La Corte Suprema fijó una audiencia para este martes, 21 de abril. Tampoco hay avances con las transferencias de la Anses para las cajas de jubilaciones de Tierra del Fuego y de Formosa, ambas provincias gobernadas por kirchneristas.

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, dijo que es preferible darse “con todo” ahora y no en 2027, luego de la interna que explotó en redes sociales alrededor de la figura de Sebastián Pareja, el armador político de LLA en la provincia de Buenos Aires, cercano a Karina Milei y a los Menem.

El propagandista del Gobierno, Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, había invitado a hacer lo mismo el viernes: “Las trompadas nos las tenemos que meter ahora, que no es año electoral”. Lemoine sostuvo esta noche, por LN+, que coincide con él en eso. “Démonos con todo ahora”, afirmó la diputada en La Cornisa, el programa de Luis Majul.

“Es una discusión que pueden tener dos personas que opinan distinto en algunas cosas. Nos permitimos decírnoslo y está genial, porque además no estamos hablando de una cuestión irreconciliable, estamos hablando de ideas, de formas, de opiniones y lo hacemos a cielo abierto”, afirmó Lemoine.

Y agregó: “Algunos dirán que los trapitos sucios se tienen que lavar en casa. Eso es lo que hace el kirchnerismo, lo que hace el Pro y lo que hacen los radicales. Nosotros no, somos diferentes. Además, como bien dijo Dan, démonos con todo ahora, resolvamos las cosas“.

Por otra parte, sostuvo que no puede ser una disputa por espacios de poder porque “Dan no es funcionario, no quiso ser candidato”.

Este capítulo de la interna dentro del oficialismo comenzó con la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a once tuiteros por supuestas amenazas contra Sebastián Pareja, ladero de Karina Milei.

En ese marco, Parisini cruzó a Lemoine por haber sugerido que los militantes que no respaldan a Pareja deben “dejar de seguir” al Presidente. La respuesta del referente de la agrupación Las Fuerzas del Cielo apuntó a señalar que ella no tiene “potestad para echar a nadie”.

Más tarde, Lemoine retrucó: “Bancaste a [Victoria] Villarruel y a [Marcela] Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al Gobierno. Perdón. Me cansé”.

De inmediato, Parisini buscó defenderse. “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó”, escribió.

Sobre la denuncia de Pareja contra los tuiteros, Lemoine planteó que haber apoyada a Javier Milei para que llegue a ser presidente “eso no te deja exento de que si cometés un error, que de hecho te hace cometer una ilegalidad, no tengas que pagar una consecuencia”.

En ese sentido, subrayó: “No es que Pareja se puso a denunciar tuiteros”. Y detalló que la acción judicial se dio por Pareja porque “le filtraron el número de teléfono y, como consecuencia de eso, empezó a recibir mensajes muy violentos a su número privado”.

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