La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible un recurso de Máximo y Florencia Kirchner contra el embargo preventivo sobre 13 inmuebles de las empresas familiares Los Sauces y Hotesur, incluido el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su condena de seis años de prisión.

El fallo deja firmes los embargos de esos bienes, incluido el domicilio del barrio de Constitución, porque están destinados a ser ejecutados para cubrir los 645 millones de dólares que se deben decomisar como parte de la condena por el juicio contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por el que está detenida.

La resolución de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña deja firme lo resuelto por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2, que había dispuesto esa medida cautelar.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió -por mayoría- declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

Los hijos de la expresidenta buscaban anular la decisión del tribunal oral que dispuso embargos preventivos sobre inmuebles pertenecientes a las empresas Los Sauces y Hotesur, en el marco de la ejecución patrimonial de la condena contra la expresidenta.

Esa condena quedó firme el 10 de junio de 2025. Allí el Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el proceso para el decomiso y actualizó el monto de los bienes a decomisar hasta la suma de 684.990.350.139 de pesos.

Entre los bienes embargados se encuentra el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La resolución de la Cámara Federal de Casación quedó conformada por la mayoría de los jueces Hornos y Barroetaveña, que señalaron que la decisión del tribunal oral no era recurrible.

El juez Borinsky sostuvo una posición distinta y propició que el recurso recibiera el trámite correspondiente.

En su voto, Borinsky señaló que correspondía analizar los agravios de los hijos de la expresidenta, vinculados con la relación temporal de la adquisición de los bienes y el delito.

Borinsky viene sosteniendo que hay que anular el decomiso de estos bienes en particular porque ingresaron al patrimonio antes del inicio de la maniobra delictiva, por la que fue condenada Cristina Kirchner, por lo que no podían ser considerados como “producto del delito”.

El Tribunal Oral Federal 2 había ordenado el 11 de agosto pasado embargar preventivamente diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo.

Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y en Santa Cruz. Las sociedades Hotesur y Los Sauces tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.

La mayoría de la Sala IV señaló que lo sometido a revisión era únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció.

Recordó que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.

Los jueces Hornos y Barroetaveña consideraron que la medida dispuesta es de carácter cautelar, patrimonial y provisional.

Añadieron que, aun si se admitiera hipotéticamente que la medida fuera equiparable a definitiva, los hijos de la expresidenta no demostraron la existencia de una cuestión federal suficientemente fundada que habilitara la intervención de la Cámara de Casación. Por esas razones, concluyeron que el recurso de casación era inadmisible.

Los jueces también destacaron que la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter restrictivo y que, para que una impugnación basada en ella prospere, deben demostrarse defectos que descalifiquen la decisión recurrida como acto jurisdiccional válido, extremo que no fue acreditado en el caso.

El gobierno británico afirmó este viernes que tiene “derecho” a explotar el petróleo y el resto de los recursos naturales del área de las Islas Malvinas, después de que Argentina pidiera sanciones más severas contra proyectos petroleros en el territorio administrado por el Reino Unido.

La respuesta británica llega luego de que el presidente Javier Milei enviara al Congreso un proyecto que endurece las sanciones contra las empresas que operen en Malvinas.

La iniciativa prohíbe el desarrollo de cualquier recurso natural sin autorización de Buenos Aires y eleva la pena establecida en una ley anterior a un máximo de 20 años de prisión.

La Casa Rosada también presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por realizar perforaciones en un importante yacimiento petrolero frente a las Malvinas.

“El gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo”, declaró este viernes la Cancillería británica en un comunicado.

“Estos cargos contra empresas y personas son inaceptables y no tienen justificación legal”, agregó.

Navitas posee una participación mayoritaria en el proyecto petrolero marino Sea Lion, mientras que la británica Rockhopper tiene el resto.

Ambas empresas insisten en que cuentan con licencias de exploración respaldadas por el Reino Unido.

Milei afirma que el proyecto viola una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de realizar acciones unilaterales en las islas.

Como había anticipado , la iniciativa legislativa no solo endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos que exploten la zona, sino que “resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.

También modifica la ley 23.554 de Defensa Nacional para redefinir el concepto de Defensa Nacional. La nueva formulación amplía su alcance a la protección de la soberanía e independencia del país, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y la vida y libertad de sus habitantes “frente a riesgos, amenazas y desafíos externos, tanto estatales como no estatales, sean de carácter cinético o no cinético”.

A ello se suma una ampliación en la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres.

“En lo que hace a la protección de estos espacios, el rasgo distintivo consiste en someter a reglas de actuación claras y transparentes la toma de decisiones que hoy se adoptan sobre bases dispersas”, se precisa.

Con información de AFP