POLITICA
En dos años, el gobierno de Santiago del Estero le transfirió más de $1200 millones a una empresa vinculada a Toviggino
La investigación judicial que derivó en un pedido de detención del tesorero y del presidente de la AFA reveló el flujo de dinero que partió desde las arcas del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, conducido en las últimas dos décadas por Gerardo Zamora, a un grupo de empresas ligadas a Pablo Toviggino. El dictamen del fiscal federal Pedro Simón se focaliza en las transferencias dirigidas a Segon SRL, que ganó una licitación en 2024 para hacerse cargo de la seguridad del Hospital Regional de la capital santiagueña. Fueron más de $1200 millones, solo en los últimos dos años.
Esa firma, controlada por SOMA -otra de las empresas vinculadas al tesorero de la AFA-, también recibió fondos públicos de la Municipalidad de Frías, gobernada por un intendente zamorista, y de la propia AFA. El dinero ingresaba a una cuenta del Banco de Santiago de Estero y se repartía en menos de 48 horas.
El dictamen de Santiago del Estero revela que en 2024 hubo más de 50 transferencias desde las arcas provinciales a la empresa Segon por un total de $633.550.169,32.
¿Cómo se justifica ese dinero? El mismo dictamen menciona un decreto provincial, publicado en el Boletín Oficial de Santiago del Estero el 5 de junio del 2024, donde se adjudica a la empresa Segon el servicio de seguridad del Hospital Regional Ramón Carrillo, el más grande de la capital provincial. El contrato original era por $380.160.000, durante un plazo de doce meses. Pero las transferencias a la empresa arrancaron en enero de 2024 y llegaron hasta diciembre de 2025.
Solo el año pasado, la gobernación le transfirió a Segon $609.385.635,24.
A fines de 2023, la empresa ya había ganado otra licitación para brindar el servicio de seguridad en el Centro Integral de Salud Termas de Río Hondo y Ex Hospital Zonal de Termas de Río Hondo. Ese dato no aparece en el dictamen del fiscal pero consta en el Boletín Oficial. En ese caso, la licitación era por un plazo de 24 meses. El decreto lleva la firma de Zamora, Elías Miguel Suárez y Natividad Nassif.
consultó al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, pero al momento de publicación de este artículo, no obtuvo respuesta.
La empresa Segon empezó a facturar en 2022 por la venta de combustibles, servicio de alojamiento en hoteles y sistemas de seguridad. “El monto total facturado ese año fue de $45.547.600,76 y el principal receptor de las facturas fue el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero por un total de $33.233.000”, destacó el fiscal en su dictamen.
En 2024, la empresa sumó la actividad “servicios de seguridad e investigación n.c.p.” y al año siguiente otra docena de rubros como “pompas fúnebres y servicios conexos”, “extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos”, y hasta “servicios de peluquería”.
Un análisis de la estructura societaria revela que sus socios eran Alejandro Sebastián Taborda Magallanes y Rosalía Argañaras pero luego vendieron sus cuotas sociales a favor de SOMA SRL, una de las empresas ligadas a Toviggino, y a Orlando Martín López, quien aparece en varias firmas vinculadas al tesorero de la AFA.
Mansión de Villa Rosa atribuida a la AFA en PilarNicolas Suarez
En 2022, SOMA adquirió las acciones de Malte, utilizada para comprar la mansión de Villa Rosa. Para ese entonces, los socios de SOMA eran Juan Pablo Beacon, otro allegado que supo ser muy cercano al tesorero de AFA, y Carlos Bruno Seguel, a su vez vinculado a varios de los 54 vehículos encontrados en la mansión.
Sobre Taborda Magallanes, quien fue accionista de Segon durante 2024 y 2025, el fiscal sostiene: “Su rol se asemeja a un ‘tenedor temporal’ que permite que la propiedad de la empresa salga del círculo íntimo y regrese meses después, dándole una apariencia de operación entre terceros”. Este hombre adquirió las acciones de Segon en 2022, cedidas por Mauro Javier Paz, quien fue gerente de Soma, Norte Argentino SRL y Malte. Y luego las vendió en diciembre de 2025.
Al analizar las transferencias que recibió Segon en el Banco del Santiago del Estero, el fiscal detectó que el dinero entraba y salía en menos de 48 horas. “El 95% de los fondos netos (descontando impuestos) se transfiere a Segón SRL (misma titularidad). Esto sugiere que la operatoria comercial real, el pago a empleados o el gasto operativo final no se realiza desde esta cuenta, sino que esta se utiliza solo para percibir los cobros y derivarlos inmediatamente a otra entidad financiera, dificultando la trazabilidad directa del destino final del dinero desde este extracto en particular”, explicó.
En esa misma cuenta, Segon también recibió transferencias millonarias de la Municipalidad de Frías, gobernada por el intendente Humberto Salim, muy cercano al exgobernador Gerardo Zamora, y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En Santiago del Estero sobran los actores judiciales y políticos que sospechan que el requerimiento del fiscal Simón es parte de una maniobra para intentar llevarse la investigación de la AFA a ese “terreno amigo”. Otros creen que se mezcló una feroz interna judicial entre el fiscal y el juez Sebastián Argibay, que acumula fallos a pedido del zamorismo y ahora debería decidir sobre las detenciones y los allanamientos. En cualquiera de los escenarios, la investigación está plagada de datos e informes oficiales sobre el universo de empresas supuestamente utilizadas por Toviggino.
contactó al tesorero de la casa madre del fútbol argentino, sin embargo, no obtuvo respuesta.
Toviggino y Claudio Tapia están acusados de haber liderado una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018. Según la acusación del fiscal, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.
El dinero circulaba entre las empresas y se terminaba lavando, según la acusación. La Justicia analizó decenas de operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, viajes al exterior, y hasta la instalación de la bodega “La Vigilia”, ubicada en la provincia de Mendoza, y en el centro de belleza “La Fleur de Sartí” (a nombre de las empresas de la mujer de Toviggino). Solo de vehículos, son casi 20 páginas.
“Las maniobras descriptas habrían tenido por finalidad introducir tales activos en el circuito económico formal, disimular su origen y conferirles apariencia de licitud, mediante la utilización de sociedades instrumentales y la simulación de operaciones comerciales”, explicó Simón al pedir las detenciones.
¿Solo la empresa Segón recibió fondos públicos en Santiago del Estero? El fiscal detectó que la “Mutual Acceda Ya”, donde Toviggino ocupó un puesto jerárquico, recibió dinero del Gobierno provincial y municipal. Entre 2024 y 2025, fueron $17.844.204,49. Todos esos movimientos están ahora en la mira de la Justicia.
Esa mutual, según los datos que surgen del Boletín oficial, ahora está a cargo de Mauro Paz, uno de los nombres que se repiten en el universo de empresas investigadas.
El goteo no se termina ahí. Según lo informado por Naranja X, el ex cuñado de Toviggino, Manuel Hernán del Castillo Orellana “recibió grandes acreditaciones en su cuenta, por montos superiores a $5.000.000 que los transfería en el mismo momento que los recibía”. Las transferencias, casualmente, se hacían a empleados de la provincia de Santiago del Estero.
El 29 de diciembre de 2025, ingresó a la cuenta de Castillo Orellana una transferencia de $5.900.000. Minutos después, el dinero fue a la cuenta de una empleada del gobierno provincial. Algo similar ocurrió el 26 de diciembre, En ese caso, el dinero terminó en la cuenta de otra empleada provincial. “Entre el 01 y el 06 de noviembre recibió $ 14.972.942,88 que fueron transferidos a distintos CBU los mismos días que se acreditaron en la cuenta”, destacó el fiscal. Todavía no hay respuesta para ese “pasamanos”.
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Con la colaboración de Ricardo Brom
un pedido de detención del tesorero y del presidente de la AFA,SOMA adquirió las acciones de Malte, utilizada para comprar la mansión de Villa Rosa,una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018.,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,AFA,Pablo Toviggino,Santiago del Estero,Conforme a,AFA,,Pérdida millonaria. Una sugestiva ausencia de Messi y el cambio de sede repentino: qué dice la demanda contra la AFA en Miami,,¿Es justa la cantidad? AFA suspendió por cuatro fechas a Marcos Rojo a raíz de la expulsión ante River y el insulto al árbitro,,»Representación negligente». Demandaron a Messi y a la AFA por no haber jugado un amistoso en Estados Unidos
Pese a las advertencias del Enacom, el Gobierno de la Ciudad avanzó con la licitación del Canal de la Ciudad y preadjudicó la señal porteña a Cale Group Media SA, la firma de Augusto Marini. El empresario es socio del influencer libertario Daniel Parisini -más conocido en redes sociales como Gordo Dan- en el canal de streaming Carajo. También es propietario de la señal opositora Blender.
La administración de Jorge Macri había lanzado la licitación para concesionar los medios públicos el pasado 12 de marzo. Ahora, se encamina a ceder la gestión técnica, operativa y comercial de la televisión pública porteña por cinco años. En el gobierno local aclaran que la decisión de concesionar su gerenciamiento no afecta la titularidad del medio, que seguirá en manos de la Ciudad.
Por la gestión del Canal de la Ciudad, Cale Group Media SA pagará un total de $3.000 millones, lo que equivale a un canon mensual de $50 millones. Se trata, según consta en el acta de preadjudicación publicada en el Boletín Oficial, de la oferta más alta para quedarse con la señal de televisión porteña.
La otra firma que competía por el gerenciamiento del Canal de la Ciudad era Argentinos Media SA, del empresario Marcelo González, propietario de la radio AM 950. Su compañía había propuesto un canon de $15 millones por mes, es decir, menos de un 50% de lo que ofrecía la empresa seleccionada.
Además, según especificaron en la Dirección General de Concesiones y Permisos del Ministerio de Hacienda, la firma de González no entregó toda la información exigida en el pliego licitatorio. Si bien presentó toda la documentación legal y técnica, omitió presentar algunos datos económicos y financieros exigidos como los estados contables ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y los detalles sobre su plan de inversión.
Por este motivo, la administración macrista decidió preadjudicar el gerenciamiento del Canal de la Ciudad a la empresa Cale Group SA. Marini, presidente de la empresa, es socio del tuitero oficialista Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en Carajo, el canal de streaming oficialista donde recalan influencers alineados con las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
Marini es, a su vez, dueño de la señal de streaming Blender, que mantiene una línea editorial alejada de La Libertad Avanza (LLA) y donde tallan comunicadores como Tomás Rebord, con nexos con algunos sectores del Partido Justicialista.
La concesión de los medios públicos de la ciudad también alcanzaba a las radios AM 1110 y La 2×4. Sin embargo, en esta primera instancia de la licitación, no se registraron ofertas para ambas señales radiales por lo que se resolvió declarar desierto el proceso.
Con la publicación del acta en el Boletín Oficial, se abrió un breve período para presentar impugnaciones a la asignación. En caso de que no se presenten objeciones o ninguna prospere, el gobierno de Jorge Macri quedará en condiciones de formalizar la concesión a la firma de Marini.
El gobierno de Jorge Macri decidió avanzar con la licitación de los medios públicos pese a las advertencias del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). A mediados de abril, el organismo público, que conduce Juan Luis Ozores, había advertido a la administración porteña que concesionar el gerenciamiento del Canal de la Ciudad y las radios públicas podría colisionar con el marco legal vigente.
En particular, en la nota enviada al jefe de gobierno porteño, el Enacom señaló que la iniciativa podría violar la Ley Nacional N°26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prohíbe la delegación de la explotación de licencias audiovisuales. Es decir que es el titular de los medios -en este caso el Gobierno de la Ciudad- quien debe estar a cargo de su explotación y no un tercero.
Sin embargo, la administración macrista desestimó, por entonces, las advertencias del organismo regulatorio. Sucede que, en la previa del debate de candidatos a legisladores porteños del año pasado, el jefe de gabinete Manuel Adorni -quien lideraba la lista de LLA en la Capital- había anticipado que su espacio buscaría cerrar la señal estatal.
“Rumbo al Canal de la Ciudad para el debate de candidatos a legisladores porteños. Pro prometió cerrar este canal hace 17 años: hoy le destina 4500 millones de pesos anuales de presupuesto. El kirchnerismo si pudiera lo llenaría de ñoquis y militantes. Nosotros vamos a cerrarlo. Fin”, había escrito el ministro coordinador de Milei.
propietario de la señal opositora Blender,acta de preadjudicación,otra firma que competía,Fuerzas del Cielo,podría colisionar con el marco legal vigente,jefe de gabinete Manuel Adorni,April 29, 2025,Jorge Macri,Conforme a,Jorge Macri,,Adhesión a la reforma laboral. La Ciudad obligará al transporte y a recolectores de residuos a dar cobertura mínima en caso de paro,,»Si sos trapito, te meto preso». El duro mensaje que compartió Jorge Macri tras la aprobación de penas más duras contra cuidacoches,,Acuerdo en la Legislatura. Pro y LLA aprobaron la desregulación de la VTV en la Ciudad y la ley de “hojarasca” porteña
POLITICA
Lorenzetti descartó una revisión de la condena a Cristina Kirchner: “Desde el punto de vista jurídico está terminado”
Ricardo Lorenzetti se refirió este martes a la situación judicial de Cristina Kirchner y fue contundente al ser consultado sobre una eventual revisión de la condena en la causa Vialidad. En una entrevista con Solo una vuelta más por TN, el ministro fue consultado sobre si existe alguna posibilidad de que la Corte vuelva a intervenir en la condena que pesa sobre la expresidenta. La respuesta fue categórica: “Desde el punto de vista jurídico está terminado. No hay mucho más para decir”.
La frase del magistrado aparece en medio de las repercusiones políticas y judiciales que sigue generando el expediente Vialidad, una de las causas de mayor impacto institucional de los últimos años.
“Encarcelar expresidentes es una tragedia institucional”
Si bien descartó cualquier novedad desde el plano jurídico, Lorenzetti también reflexionó sobre las consecuencias institucionales que implica una situación de estas características.
“Encarcelar expresidentes es una tragedia institucional”, sostuvo el integrante de la Corte. Sin embargo, aclaró que la tarea del tribunal se limitó a analizar los aspectos estrictamente legales del caso.
“Nuestra función fue revisar lo estrictamente jurídico”, remarcó.
En la misma entrevista, Lorenzetti también señaló que el Poder Judicial debe mantenerse al margen de las decisiones políticas y legislativas. Al ser consultado sobre una eventual interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que “el Poder Judicial no puede inmiscuirse, opinar o sugerir sobre lo que tiene que hacer el Congreso”.
Noticia que está siendo actualizada.-
Ricardo Lorenzetti, Corte Suprema de Justicia, cristina kirchner
CÓRDOBA.- El juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, fundó el fallo de fondo de la cautelar que hace un mes había dictado en la que ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación (Incluir Salud) normalizar y regularizar el pago de las prestaciones a instituciones y prestadores de discapacidad. “Solo le cumplieron al actor, pero a nivel individual, desconocieron al colectivo. Concedí la apelación pero sin efectos suspensivos“, explicó el magistrado a .
El nuevo fallo conmina a que en 72 horas se regularicen los pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 a todo el colectivo.
La acción de amparo fue presentada por la señora A. A. del C., quien actúa en carácter de curadora definitiva de su hijo, M. I. C.. El hijo de la amparista presenta un diagnóstico de “Retraso Mental Grave” y es beneficiario del sistema de salud por su condición de discapacidad.
La demanda se interpuso como una acción de amparo colectiva en la que AA del C es curadora de su hijo M.I.C quien tiene “retraso mental grave” y representa a un colectivo integrado por titulares de pensiones no contributivas que cuentan con un Certificado Único de Discapacidad y reciben cobertura a través de Incluir Salud o PAMI y también de un grupo secundario conformado por los progenitores, tutores, curadores, apoyos y cuidadores de esas personas con discapacidad.
El fallo señala que, aunque el Estado Nacional intentó demostrar cumplimiento con pagos individuales al hijo de la amparista, esa conducta no desvirtúa el incumplimiento generalizado hacia el resto.
Durante el proceso, Incluir Salud acreditó pagos al joven por diciembre de 2025 y enero de 2026. El juez interpreta que esa cancelación demuestra que el organismo tenía la obligación de pagar y la disponibilidad de fondos para hacerlo, lo que evidenciaba que la demora en el resto de los casos era injustificada.
El texto advierte que, mientras se cumplía con el caso individual de la amparista, persistía la “desatención del resto de los integrantes del colectivo”. Esto se corroboró con los informes de diversas instituciones (como Apadim, Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría), que informaron deudas pendientes de más de cinco meses.
El fallo resalta una contradicción en la postura de Nación, ya que por un lado, Incluir Salud sostenía que la Provincia de Córdoba era la “primera obligada” a brindar las prestaciones a M.I.C pero, por otro lado, terminó pagando esas mismas facturas en mayo pasado.
Como el cumplimiento fue solo “parcial e individualizado”, Vaca Narvaja considera que la resolución debe tener efecto expansivo a todo el colectivo representado y ordena que se cancelen las facturas de todos los beneficiarios que cumplen con los requisitos de la clase, no solo del caso testigo.
Es decir, para el magistrado el cumplimiento con la amparista individual fue una estrategia que terminó por confirmar la arbitrariedad de la demora respecto al resto de las personas con discapacidad, quienes permanecían en un estado de “desamparo e incertidumbre”.
cautelar que hace un mes,Concedí la apelación pero sin efectos suspensivos,Gabriela Origlia,Conforme a
Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad a la empresa del dueño de Carajo y Blender
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